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Permite que instituciones públicas y empresas del Estado compren y vendan bonos entre sí directamente, sin intermediarios, siempre que sea para invertir sus propios recursos y no para especular. Los precios de estas transacciones pueden variar según las condiciones del mercado en el momento de la venta.
Decreto 208-2024
Las instituciones públicas deben revisar su ejecución presupuestaria e identificar traslados de fondos internos según prioridades, solicitando a SEFIN modificaciones presupuestarias. SEFIN analiza estas solicitudes y redistribuye el dinero entre instituciones sin cambiar el presupuesto total, excepto para proyectos de inversión pública ya aprobados por el Congreso.
Decreto 232-2024 | Congreso Nacional
Este decreto establece que todas las modificaciones presupuestarias en Honduras deben tramitarse usando el formulario FMP-05 del sistema SIAFI, con el mismo valor legal que una resolución oficial. Excepto para cambios de salarios y estructura de puestos, que requieren resolución adicional de la Dirección de Presupuesto. Las instituciones públicas deben presentar solicitudes de forma electrónica y física a Finanzas.
Decreto 230-2024
Esta ley requiere que las instituciones presenten cuatro documentos obligatorios ante la Dirección General de Inversiones Públicas antes de cambiar la categoría de un proyecto: presupuesto aprobado, recursos disponibles, informe de ejecución acumulada y justificación del cambio solicitado. El propósito es garantizar transparencia y control en la modificación de proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento.
Decreto 244-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a reembolsar gastos que fueron rechazados en un proyecto ambiental transfronterizo financiado por el Banco Mundial. SEFIN debe transferir esos recursos a SERNA para completar el proyecto, aunque se continúan investigando las responsabilidades administrativas en el Tribunal Superior de Cuentas.
Decreto 207-2024
Este decreto asigna 100 millones de lempiras a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, provenientes de fondos liquidados. El dinero se usará para: expandir servicios (50 millones), construir y mantener casas refugio para mujeres víctimas de violencia (30 millones) y prevenir violencia contra mujeres (20 millones).
Decreto 202-2024
Esta ley permite que instituciones públicas traspasen dinero presupuestario entre diferentes áreas internas (como servicios y materiales) sin tramitación externa, pero limita estas transferencias a máximo 40 cambios por año. Busca dar flexibilidad administrativa mientras mantiene control sobre el uso de fondos públicos.
Decreto 234-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a emitir Letras de Tesorería (préstamos a corto plazo) para cubrir falta temporal de dinero en caja del Estado. Estos instrumentos deben devolverse en el mismo año fiscal y no afectan el presupuesto oficial, permitiendo al gobierno gestionar sus finanzas sin crear deuda permanente.
Decreto 213-2024
Las instituciones públicas hondureñas deben registrar en el sistema SIAFI los cambios a su plan operativo anual dentro de 30 días, validados por Planificación Estratégica. También deben ajustar sus planes de compras (PACC) con aprobación previa de la Secretaría de Transparencia para garantizar el uso correcto de recursos presupuestarios.
Decreto 240-2024
Esta ley permite que SEFIN contrate directamente servicios especializados para emitir y vender bonos internacionales del Estado, como bancos de inversión, asesores financieros, calificadoras de riesgo y agentes fiscales, sin seguir licitación pública. Los servicios pueden durar hasta que venza el bono y SEFIN puede asignar presupuesto para pagarlos.
Decreto 210-2024
Esta ley ordena al gobierno y sus instituciones terminar y liquidar todos sus contratos de fideicomiso con BANADESA (excepto FIMA), exigiendo que BANADESA presente informes de cómo manejó los recursos en 90 días. Los activos y dinero de estos fideicomisos pasan a ser patrimonio de BANADESA, mientras que las instituciones estatales deben ajustar su contabilidad para eliminar estos saldos.
Esta ley ordena que las instituciones públicas depositen todos sus ingresos en la cuenta general de la Tesorería, pero permite que SEFIN autorice a algunas dependencias usar hasta el 50% de sus recursos propios. Sin embargo, ciertas instituciones (como RNP, CENET, SENASA, Poder Judicial y otras) pueden usar el 100% de sus ingresos por servicios prestados sin límite.
Poder Judicial
Esta ley autoriza al Banco Central de Honduras (BCH) a entregar 8 mil millones de lempiras adicionales al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), alcanzando 33 mil millones en total. El dinero financiará créditos para vivienda y producción durante 25 años, con ganancias que se reinvertirán en nuevos préstamos y el BCH recibiendo el 2% anual de rendimientos.
Esta ley permite que el gobierno reduzca las transferencias presupuestarias aprobadas a instituciones públicas si no recauda suficientes ingresos durante el año. SEFIN notifica a las instituciones afectadas para que ajusten sus planes de gastos. También aplica a instituciones privadas financiadas con dinero del Tesoro Nacional.
Decreto 193
Esta ley permite al gobierno pagar hasta el 50% de sus aportes obligatorios a los institutos de previsión social (jubilación y pensiones) usando bonos en lugar de dinero en efectivo. También autoriza pagar deudas de años anteriores de esta forma si es necesario negociar porcentajes mayores.
Decreto 100-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley obliga a las instituciones públicas hondureñas a solicitar autorización para cambios presupuestarios ANTES de gastar dinero, no después. Si una institución gasta sin autorización previa, ese gasto no será registrado como válido y será reportado a la Corte de Cuentas para investigación.
Decreto 229-2024
Este artículo aprueba los ingresos esperados de instituciones descentralizadas para 2024 por L158,362 millones, incluyendo contribuciones sociales, ventas de servicios (especialmente energía eléctrica), intereses de préstamos, transferencias del gobierno y endeudamiento externo. Afecta a todas las instituciones públicas descentralizadas y financia sus operaciones durante el año fiscal.
Poder Ejecutivo
Esta ley protege el dinero destinado a empleados diplomáticos en el exterior (como compensación por abandono de hogar) y para gastos operativos de embajadas y consulados. Prohíbe que estos recursos se usen para aumentar sueldos o se destinen a otros propósitos, garantizando que se utilicen solo para sus fines específicos.
Decreto 78-2024
El Estado debe dedicar al menos el 10% de su presupuesto a acciones de igualdad y justicia de género. Las instituciones que participan en el Programa Ciudad Mujer deben reportar mensualmente cómo gastan estos recursos, detallando cada gasto y adjuntando documentos como contratos y facturas.
Esta ley permite que Honduras financie proyectos nuevos usando bonos temáticos (créditos especializados) o canjeando deuda antigua. Los proyectos deben cumplir requisitos específicos de calidad. La Dirección General de Crédito Público es responsable de aprobar, clasificar y gestionar estos financiamientos, decidiendo montos y estrategias.
Decreto 175
Esta ley establece que todos los pagos del gobierno a través del Banco Central de Honduras deben ser autorizados por la Secretaría de Finanzas mediante documentos oficiales. El BCH solo puede retirar dinero de las cuentas del gobierno con permiso expreso, excepto en casos especiales como pagos de deuda pública, en los cuales debe informar y registrar cada operación para mantener control sobre el endeudamiento.
Decreto 214-2024
Esta ley permite que los institutos de pensiones y seguridad social usen sus ganancias extras para invertir en bonos, depósitos bancarios y acciones, siguiendo reglas establecidas. Beneficia a estos institutos al permitirles hacer crecer sus fondos de manera segura. El propósito es maximizar los recursos disponibles para pagar pensiones futuras.
Decreto 224-2024
Los Institutos de Previsión Social no pueden cambiar los beneficios de pensionados o jubilados sin autorización de la CNBS. Deben presentar un estudio técnico que demuestre que tienen dinero suficiente. Los aumentos de pensiones no pueden ser mayores que la inflación anual y solo se aprueban si el Instituto tiene capacidad financiera comprobada.
Decreto 239-2024
Este decreto acelera la incorporación de donaciones y apoyo presupuestario no reembolsable al presupuesto nacional. Permite que instituciones públicas reciban y registren estos recursos externos de forma más rápida usando un formulario del sistema SIAFI, simplificando el proceso administrativo para beneficiar programas y proyectos en el año fiscal actual.
Decreto 231-2024