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El Estado ordena a SENPRENDE (institución que apoya emprendedores) destinar al menos 5 millones de lempiras de su presupuesto para el Fondo CREDIMUJER, que otorga créditos a mujeres emprendedoras. Esta medida busca facilitar el acceso al financiamiento para que las mujeres inicien o expandan sus negocios.
Decreto 203-2024
Los funcionarios que autorizen gastos no permitidos en programas públicos enfrentan responsabilidad administrativa, civil y penal. Las instituciones públicas deben suspender solicitudes de dinero, reembolsar gastos ilegales y el Ministerio de Finanzas no aprobará nuevos préstamos hasta que corrijan estos problemas.
Decreto 177
Esta ley obliga a todas las instituciones de gobierno a registrar mensualmente su gasto y avance de planes en un sistema financiero central (SIAFI), y enviar reportes trimestrales a Finanzas dentro de 15 días. Finanzas debe publicar estos informes en su sitio web y enviarlos al Congreso, la Corte de Cuentas y otras entidades para que el público pueda supervisar cómo se ejecutan los presupuestos públicos.
Decreto 253-2024
Esta ley obliga a justificar y notificar cualquier transferencia de maestros o plazas docentes a la Secretaría de Finanzas antes de aprobarla. Busca garantizar que hay presupuesto disponible y evitar problemas financieros en las instituciones educativas. Aplica a todos los traslados de personal docente en Honduras.
Decreto 84-2024
Esta ley permite que todas las instituciones públicas de Honduras aumenten sin límites el dinero destinado a gastos judiciales (como abogados y costos legales) para cumplir sus obligaciones legales. Si necesitan reducir este gasto, deben pedir permiso a Finanzas con justificación.
Decreto 218-2024
Esta ley ordena al Ministerio de Finanzas incluir la perspectiva de género al evaluar y aprobar nuevas inversiones públicas, considerando indicadores sobre igualdad de género, programas para mujeres, derechos humanos, cambio climático, seguridad alimentaria e infraestructura. Beneficia especialmente a las mujeres y garantiza que el dinero público se use de manera más equitativa.
Decreto 184
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros certifica la aprobación de una reforma a las normas de gestión de riesgo ambiental y social en el sector financiero hondureño. Esta reforma busca fortalecer los controles ambientales y sociales que deben cumplir los bancos y aseguradoras al otorgar créditos e inversiones.
Las instituciones públicas que ejecutan proyectos de inversión deben informar regularmente a SEFIN sobre sus planes de compras, avance de obras, gasto de dinero y inversión por región. Esta información permite al gobierno supervisar y controlar cómo se usan los recursos públicos en proyectos de desarrollo.
Decreto 172
Esta ley ordena al gobierno y sus instituciones terminar y liquidar todos sus contratos de fideicomiso con BANADESA (excepto FIMA), exigiendo que BANADESA presente informes de cómo manejó los recursos en 90 días. Los activos y dinero de estos fideicomisos pasan a ser patrimonio de BANADESA, mientras que las instituciones estatales deben ajustar su contabilidad para eliminar estos saldos.
Esta ley autoriza a SEFIN (ministerio de finanzas) a manejar el dinero del gobierno en 2024 según las necesidades del país, incluyendo trasladar presupuesto entre instituciones públicas. Permite cambiar fondos destinados a construcciones o equipos hacia gastos operativos, siempre coordinado con el comité de presupuestos correspondiente.
Decreto 236-2024
Este decreto asigna 100 millones de lempiras a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, provenientes de fondos liquidados. El dinero se usará para: expandir servicios (50 millones), construir y mantener casas refugio para mujeres víctimas de violencia (30 millones) y prevenir violencia contra mujeres (20 millones).
Decreto 202-2024
Este decreto obliga a las entidades que ejecutan proyectos con dinero de préstamos externos a realizar auditorías periódicas y presentar los resultados ante Finanzas en máximo 15 días. El objetivo es garantizar que los recursos del crédito externo se usen correctamente.
Decreto 256-2024
Esta ley ordena que cuatro institutos de pensiones (INPREMA, INJUPEMP, INPREUNAH e IPM) equilibren los préstamos que otorgan con los que recuperan, para que no haya pérdidas netas. Solo en casos especiales y con aprobación de la CNBS pueden hacer excepciones. Afecta a empleados públicos que reciben préstamos de estos institutos.
Decreto 223-2024 | Poder Ejecutivo
Permite que instituciones públicas y empresas del Estado compren y vendan bonos entre sí directamente, sin intermediarios, siempre que sea para invertir sus propios recursos y no para especular. Los precios de estas transacciones pueden variar según las condiciones del mercado en el momento de la venta.
Decreto 208-2024
Esta ley permite que instituciones públicas soliciten a Hacienda cambios técnicos, financieros o metodológicos en proyectos ya aprobados (como costos, ubicación, componentes o ejecutor), mediante un dictamen técnico. Cambios simples de financiamiento solo requieren actualizar el sistema. Modificaciones del objetivo del proyecto se consideran un proyecto nuevo.
Decreto 179
Las instituciones públicas deben revisar su ejecución presupuestaria e identificar traslados de fondos internos según prioridades, solicitando a SEFIN modificaciones presupuestarias. SEFIN analiza estas solicitudes y redistribuye el dinero entre instituciones sin cambiar el presupuesto total, excepto para proyectos de inversión pública ya aprobados por el Congreso.
Decreto 232-2024 | Congreso Nacional
Este decreto establece que todas las modificaciones presupuestarias en Honduras deben tramitarse usando el formulario FMP-05 del sistema SIAFI, con el mismo valor legal que una resolución oficial. Excepto para cambios de salarios y estructura de puestos, que requieren resolución adicional de la Dirección de Presupuesto. Las instituciones públicas deben presentar solicitudes de forma electrónica y física a Finanzas.
Decreto 230-2024
Esta ley requiere que las instituciones presenten cuatro documentos obligatorios ante la Dirección General de Inversiones Públicas antes de cambiar la categoría de un proyecto: presupuesto aprobado, recursos disponibles, informe de ejecución acumulada y justificación del cambio solicitado. El propósito es garantizar transparencia y control en la modificación de proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento.
Decreto 244-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a reembolsar gastos que fueron rechazados en un proyecto ambiental transfronterizo financiado por el Banco Mundial. SEFIN debe transferir esos recursos a SERNA para completar el proyecto, aunque se continúan investigando las responsabilidades administrativas en el Tribunal Superior de Cuentas.
Decreto 207-2024
Este decreto acelera la incorporación de donaciones y apoyo presupuestario no reembolsable al presupuesto nacional. Permite que instituciones públicas reciban y registren estos recursos externos de forma más rápida usando un formulario del sistema SIAFI, simplificando el proceso administrativo para beneficiar programas y proyectos en el año fiscal actual.
Decreto 231-2024
Esta ley permite que instituciones públicas traspasen dinero presupuestario entre diferentes áreas internas (como servicios y materiales) sin tramitación externa, pero limita estas transferencias a máximo 40 cambios por año. Busca dar flexibilidad administrativa mientras mantiene control sobre el uso de fondos públicos.
Decreto 234-2024
Este decreto proporciona electricidad subsidiada a aproximadamente 1 millón de hondureños que consumen 150 kWh o menos mensuales. El gobierno cubre el 60% del costo, mientras que empresas grandes de alto consumo cubren el 40% restante. Beneficia a familias de bajos ingresos, reduciendo sus gastos en energía eléctrica.
Decreto PCM-057-2023