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Esta ley establece normas para la gestión de programas y proyectos de inversión pública en Honduras. Requiere que todas las instituciones registren sus proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, mantengan actualizada la información financiera, y cumplan procedimientos específicos para obtener financiamiento, becas y transferencias presupuestarias.
Decreto 323-2013
Este decreto establece el presupuesto fiscal de Honduras para 2024 con un gasto del 3.9% del PIB, incluyendo inversión en proyectos prioritarios del gobierno, cambio climático y protección social. También autoriza transferencias de fondos fiduciarios a BANADESA, asigna 950 millones de lempiras para infraestructura y becas educativas, y abre créditos del Banco Central para vivienda y producción, beneficiando a comunidades vulnerables y sectores productivos.
Congreso Nacional
La Empresa Nacional Portuaria debe entregar 100 millones de lempiras al gobierno en cuotas mensuales hasta noviembre de 2024. Si no paga, el gobierno puede descontar el dinero directamente de sus cuentas bancarias. La ENP no puede usar estos fondos para otros propósitos.
Decreto 197 | Poder Ejecutivo
Esta ley de 1998 estimula la producción y competitividad en Honduras mediante incentivos fiscales y regula cómo las empresas depositan contribuciones para turismo, telecomunicaciones y servicios públicos. Beneficia a empresas, instituciones públicas e industrias estratégicas al permitirles reinvertir recursos no utilizados, agilizar inversiones y acceder a financiamiento para proyectos de desarrollo económico y social.
Decreto 131-98 | Poder Ejecutivo
El Estado puede comprar combustibles sin seguir los procedimientos normales de contratación pública, porque sus precios están fijados por una fórmula oficial del Gobierno. Esto significa que estas compras no necesitan licitación ni figuran en el plan anual de compras, agilizando el abastecimiento de combustible.
Decreto 167
Esta ley aprueba el presupuesto del Estado para 2024 por 407,137.5 millones de lempiras, con aumento del 3.7% respecto a 2023. Establece cómo las instituciones públicas deben gastar este dinero en servicios, inversión social, salarios y deuda, sin crear nuevos impuestos. Sanciona con multas a quienes incumplan estas normas presupuestarias.
Decreto 62-2023 | Congreso Nacional
La Secretaría de Finanzas crea un comité que evalúa si Honduras tiene capacidad económica para aceptar nuevos proyectos financiados con créditos externos o donaciones. Este comité, formado por cuatro direcciones especializadas, emite un informe técnico que determina si el país puede asumir estas nuevas deudas u obligaciones financieras.
Decreto 182
Esta ley asigna presupuesto a instituciones públicas hondureñas: a la CNPP para ajustar su plan operativo 2024, L25 millones a la SAG para investigación agrícola, y L47 millones para programas del Plan Bicentenario. También obliga a todas las instituciones públicas a pagar transferencias pendientes al IHADFA antes de octubre 2024, con sanciones por incumplimiento.
Decreto PCM-050-2013
Esta ley obliga a las instituciones que usan créditos externos a comprobar ante Finanzas que tienen presupuesto disponible antes de solicitar dinero. Finanzas verifica que haya dinero en el presupuesto y lo confirma por escrito. Si una institución no registra el gasto en el sistema en 15 días, se le suspenden las solicitudes de desembolsos.
Decreto 174
El Decreto 60-2023 concede amnistía vehicular por 6 meses a propietarios de vehículos en mora con sus obligaciones tributarias. Les perdona el pago de multas, recargos e intereses si pagan la deuda principal, reduciendo costos y buscando mejorar la recaudación de impuestos.
Congreso Nacional
Un tribunal ordena a Banco Ficohsa cancelar y reponer un certificado de depósito a plazo fijo de L50,000 a nombre de Emilia Lemus García que se perdió o dañó. Esta orden protege a la propietaria asegurando que recupere su documento bancario válido.
Decreto 0501-2022-02393
Estos avisos publicitan tres tipos de documentos legales: convocatorias de asambleas de accionistas de empresas (LAFISE Valores y Banco LAFISE) para el 29 de abril de 2024; demandas laborales de ciudadanos contra instituciones estatales pidiendo nulidad de despidos y pago de salarios; y un aviso de título supletorio de dominio sobre un terreno. Afectan a accionistas, trabajadores despedidos y propietarios de inmuebles.
Poder Judicial
Este aviso judicial notifica que dos personas solicitaron ante el juzgado la cancelación y reposición de un certificado de depósito a plazo fijo por L.901,500.00 que perdieron o fue dañado. El juzgado publica este aviso para que cualquier persona que tenga información sobre el documento original pueda presentarla antes de proceder con la reposición.
Decreto 0501-2023-03454-LCV | Poder Judicial
Un juzgado civil anuncia públicamente que cancelará y reemitirá un certificado de depósito a plazo fijo de L.15,000.00 en Banco Davivienda a nombre de Karen Melissa Menocal Cover. Esta acción beneficia a la propietaria del título perdido o dañado, permitiéndole recuperar su valor mediante un nuevo documento válido.
Poder Judicial
Este aviso judicial notifica que Juan Carlos Andino Pinto solicitó ante el Juzgado Civil cancelar y reponer dos certificados de depósito del Banco Promerica: uno por 1 millón de lempiras (2021) y otro por 50 mil dólares (2021). Se publica para que terceros interesados conozcan estos trámites legales.
Decreto 0801-2023-01219-CV | Poder Judicial
Un abogado presentó una demanda ante el tribunal contencioso administrativo contra la Secretaría de Finanzas para anular una resolución tributaria que considera ilegal y abusiva. El tribunal notifica públicamente sobre este proceso legal para que las partes involucradas comparezcan a las audiencias correspondientes y se resuelva si la decisión de la Secretaría fue correcta.
Decreto 0801-2023-00039 | Poder Judicial
Un juzgado civil autoriza la cancelación y reposición de un certificado de depósito a plazo fijo de L 500,000 en BANCO FICOHSA a nombre de Ángel Ebdulio Valle Ortez. Este aviso notifica al público sobre esta operación legal para que cualquier interesado pueda presentar objeciones si las tiene.
Decreto 0801-2025-06660-CV
Esta ley ordena que cuatro institutos de pensiones (INPREMA, INJUPEMP, INPREUNAH e IPM) equilibren los préstamos que otorgan con los que recuperan, para que no haya pérdidas netas. Solo en casos especiales y con aprobación de la CNBS pueden hacer excepciones. Afecta a empleados públicos que reciben préstamos de estos institutos.
Decreto 223-2024 | Poder Ejecutivo
Este decreto asigna 150 millones de lempiras del presupuesto 2024 a la Secretaría de Derechos Humanos para financiar el Fondo que atiende y protege a personas desplazadas por la violencia en Honduras. El dinero permite que el fondo funcione y brinde servicios a ciudadanos forzados a abandonar sus hogares.
El Estado asigna 950 millones de lempiras para construir obras pequeñas de infraestructura, mejorar comunidades y otorgar becas de estudio en todos los niveles educativos. Estos fondos se distribuirán a través de instituciones como el FHIS, SIT, SEDESOL y EDUCREDITO, beneficiando a comunidades, alcaldías, juntas de agua y estudiantes de todo el país.
Este decreto obliga a las entidades que ejecutan proyectos con dinero de préstamos externos a realizar auditorías periódicas y presentar los resultados ante Finanzas en máximo 15 días. El objetivo es garantizar que los recursos del crédito externo se usen correctamente.
Decreto 256-2024
Este decreto ordena a todas las instituciones públicas reportar trimestralmente información sobre demandas judiciales, presupuestos y ejecución de gastos a las entidades de control financiero. También establece reglas para transferencias municipales, retenciones de pagos a deudas y exige que municipios presenten planes de inversión, rendiciones de cuentas y estados financieros para recibir fondos del gobierno.
Decreto 267-2024 | Congreso Nacional
Esta ley exime de todos los impuestos y contribuciones a los extranjeros que reciban pagos por bonos soberanos de Honduras, pero mantiene las obligaciones fiscales para los hondureños residentes en el país. Su propósito es facilitar la inversión extranjera en deuda pública reduciendo la carga tributaria para inversionistas internacionales.
Decreto 211-2024
Permite que instituciones públicas y empresas del Estado compren y vendan bonos entre sí directamente, sin intermediarios, siempre que sea para invertir sus propios recursos y no para especular. Los precios de estas transacciones pueden variar según las condiciones del mercado en el momento de la venta.
Decreto 208-2024