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Esta ley asigna presupuesto a instituciones públicas hondureñas: a la CNPP para ajustar su plan operativo 2024, L25 millones a la SAG para investigación agrícola, y L47 millones para programas del Plan Bicentenario. También obliga a todas las instituciones públicas a pagar transferencias pendientes al IHADFA antes de octubre 2024, con sanciones por incumplimiento.
Decreto PCM-050-2013
Esta ley ordena al gobierno y sus instituciones terminar y liquidar todos sus contratos de fideicomiso con BANADESA (excepto FIMA), exigiendo que BANADESA presente informes de cómo manejó los recursos en 90 días. Los activos y dinero de estos fideicomisos pasan a ser patrimonio de BANADESA, mientras que las instituciones estatales deben ajustar su contabilidad para eliminar estos saldos.
Esta ley establece que todos los pagos del gobierno a través del Banco Central de Honduras deben ser autorizados por la Secretaría de Finanzas mediante documentos oficiales. El BCH solo puede retirar dinero de las cuentas del gobierno con permiso expreso, excepto en casos especiales como pagos de deuda pública, en los cuales debe informar y registrar cada operación para mantener control sobre el endeudamiento.
Decreto 214-2024
Los Institutos de Previsión Social no pueden cambiar los beneficios de pensionados o jubilados sin autorización de la CNBS. Deben presentar un estudio técnico que demuestre que tienen dinero suficiente. Los aumentos de pensiones no pueden ser mayores que la inflación anual y solo se aprueban si el Instituto tiene capacidad financiera comprobada.
Decreto 239-2024
Esta ley exime de todos los impuestos y contribuciones a los extranjeros que reciban pagos por bonos soberanos de Honduras, pero mantiene las obligaciones fiscales para los hondureños residentes en el país. Su propósito es facilitar la inversión extranjera en deuda pública reduciendo la carga tributaria para inversionistas internacionales.
Decreto 211-2024
Esta ley autoriza al Ministerio de Salud a reasignar presupuesto entre hospitales y centros de salud del primer nivel de atención (regiones departamentales) para optimizar recursos. Permite disminuir fondos a gestores que terminen sus servicios o convenios, trasladando esos recursos a otras unidades de salud que los necesiten.
Decreto 238-2024
Esta ley establece que los programas y proyectos continuos del gobierno deben ejecutarse dentro de los límites presupuestarios establecidos, considerando el dinero recibido antes y los gastos planeados. Si un programa no tiene ingresos y gastos definidos, debe solicitar aprobación presupuestaria a través del Comité de Incorporaciones de la Secretaría de Finanzas.
Decreto 170
La ley autoriza al PANI a transferir 450 millones de lempiras de un convenio con Canadá al Gobierno Central para 2024. El dinero financia instituciones de atención a menores, juventud y merienda escolar. Si hay ingresos adicionales, se destinan a programas sociales prioritarios.
Decreto 196
Esta ley obliga a todas las entidades públicas (Poderes del Estado, gobiernos e instituciones) a comprar seguros siguiendo reglas especiales establecidas en la Ley de Contratación del Estado y bajo supervisión de la CNBS. Además, prohíbe a los institutos de pensiones contratar seguros directamente con intermediarios para proteger sus bienes y créditos.
Decreto 162
Banco del País convoca a sus accionistas a una asamblea el 12 de febrero de 2024 para revisar estados financieros, elegir junta directiva y comisarios, y modificar el pacto social. Los accionistas presentantes o representados podrán votar sobre estos temas y tomar decisiones importantes sobre la administración del banco.
Esta ley obliga al Estado a pagar sus contribuciones a los institutos de pensiones sin exceder los porcentajes legales, y prohíbe usar ese dinero para otros fines. Los administradores que no cumplan son responsables personalmente de cualquier daño.
Decreto 98-2024
Este decreto regula cómo el gobierno de Honduras administra el presupuesto público en 2024. Establece que las instituciones públicas deben usar un sistema informático llamado SIAFI para registrar y controlar sus gastos, publicar información sobre el dinero de forma transparente, y presentar reportes financieros periódicos. También autoriza operaciones de manejo de deuda pública, destina recursos específicos para prevenir femicidios y violencia contra mujeres, e instruye a instituciones crear unidades de modernización.
Congreso Nacional
Esta ley regula cómo el gobierno y entidades públicas de Honduras pueden alquilar edificios e inmuebles. Establece que los alquileres se calculan por el monto anual, deben pagarse en lempiras, y limita los gastos en acondicionamiento a 250,000 lempiras anuales por edificio. También autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar oficinas en el exterior para embajadas y consulados.
Decreto 25-1963
Este decreto acelera la incorporación de donaciones y apoyo presupuestario no reembolsable al presupuesto nacional. Permite que instituciones públicas reciban y registren estos recursos externos de forma más rápida usando un formulario del sistema SIAFI, simplificando el proceso administrativo para beneficiar programas y proyectos en el año fiscal actual.
Decreto 231-2024
Este decreto aprueba el presupuesto de ingresos del gobierno central de Honduras para 2024 por L248.775 mil millones, incluyendo impuestos, tasas, donaciones internacionales y préstamos. Afecta a todos los ciudadanos y empresas porque financia los servicios públicos mediante tributos sobre ingresos, ventas, importaciones y servicios.
Decreto 199
El Estado puede comprar combustibles sin seguir los procedimientos normales de contratación pública, porque sus precios están fijados por una fórmula oficial del Gobierno. Esto significa que estas compras no necesitan licitación ni figuran en el plan anual de compras, agilizando el abastecimiento de combustible.
Decreto 167
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas aumenten el presupuesto destinado a contratar personal temporal. Los directivos deben seleccionar a los contratados por mérito y competencia, los contratos solo valen durante el año fiscal, no incluyen vacaciones pagadas y no pueden exceder 200 días anuales para evitar problemas financieros.
Decreto 85-2024
Esta ley de 1998 estimula la producción y competitividad en Honduras mediante incentivos fiscales y regula cómo las empresas depositan contribuciones para turismo, telecomunicaciones y servicios públicos. Beneficia a empresas, instituciones públicas e industrias estratégicas al permitirles reinvertir recursos no utilizados, agilizar inversiones y acceder a financiamiento para proyectos de desarrollo económico y social.
Decreto 131-98 | Poder Ejecutivo
Esta ley establece cómo Honduras pagará su deuda pública usando sistemas informáticos especializados (SIAFI y SIGADE). Los fondos que se ahorren por alivio de deuda se destinarán a programas contra la pobreza, provenientes de iniciativas internacionales como HIPC, MDRI y Club de París.
Decreto 215-2024
Esta ley autoriza a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a vender bonos y títulos del gobierno que quedaron sin colocar anteriormente. El dinero que se obtenga podrá usarse para financiar los gastos prioritarios del gobierno según lo aprobado en el presupuesto actual.
Decreto 212-2024
Esta ley obliga a las instituciones que ejecutan programas y proyectos a incluir dinero propio (contraparte nacional) en sus presupuestos. Para proyectos con crédito externo, deben aportar hasta el 10% del total; para proyectos con donaciones, hasta el 20%, preferiblemente en bienes o servicios en lugar de dinero.
Decreto 185
Esta ley permite extender los plazos de proyectos que reciben dinero de organismos internacionales o del gobierno. La Dirección de Crédito Público gestiona las ampliaciones ante organismos externos, mientras que Finanzas decide sobre proyectos financiados con fondos nacionales, notificando directamente a las instituciones ejecutoras si aprueban o rechazan la solicitud.
Decreto 242-2024
Esta ley ordena al Congreso Nacional revisar y analizar los gastos del gobierno a través de audiencias públicas donde pueden participar ciudadanos y organizaciones. También establece que cada semestre se revise específicamente cómo el gobierno gasta en programas para mujeres e igualdad de género, con participación obligatoria de organizaciones femeninas y municipales.
Decreto 254-2024 | Congreso Nacional
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas hondureñas a incluir en sus presupuestos acciones específicas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Deben reportar trimestralmente a SEMUJER cómo gastan el dinero en equidad de género, usando datos desagregados para identificar dónde hay más desigualdad y priorizar ayuda donde más se necesita.
Decreto 261-2024