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Un juzgado civil anuncia públicamente que cancelará y reemitirá un certificado de depósito a plazo fijo de L.15,000.00 en Banco Davivienda a nombre de Karen Melissa Menocal Cover. Esta acción beneficia a la propietaria del título perdido o dañado, permitiéndole recuperar su valor mediante un nuevo documento válido.
Poder Judicial
Un juzgado civil autoriza la cancelación y reposición de un certificado de depósito a plazo fijo de L 500,000 en BANCO FICOHSA a nombre de Ángel Ebdulio Valle Ortez. Este aviso notifica al público sobre esta operación legal para que cualquier interesado pueda presentar objeciones si las tiene.
Decreto 0801-2025-06660-CV
Este decreto regula cómo el gobierno de Honduras administra el presupuesto público en 2024. Establece que las instituciones públicas deben usar un sistema informático llamado SIAFI para registrar y controlar sus gastos, publicar información sobre el dinero de forma transparente, y presentar reportes financieros periódicos. También autoriza operaciones de manejo de deuda pública, destina recursos específicos para prevenir femicidios y violencia contra mujeres, e instruye a instituciones crear unidades de modernización.
Congreso Nacional
Esta ley obliga a las instituciones que usan créditos externos a comprobar ante Finanzas que tienen presupuesto disponible antes de solicitar dinero. Finanzas verifica que haya dinero en el presupuesto y lo confirma por escrito. Si una institución no registra el gasto en el sistema en 15 días, se le suspenden las solicitudes de desembolsos.
Decreto 174
Esta ley establece cómo Honduras pagará su deuda pública usando sistemas informáticos especializados (SIAFI y SIGADE). Los fondos que se ahorren por alivio de deuda se destinarán a programas contra la pobreza, provenientes de iniciativas internacionales como HIPC, MDRI y Club de París.
Decreto 215-2024
Esta ley autoriza a los jefes de instituciones públicas a solicitar desembolsos de dinero de préstamos y donaciones internacionales. Sus directores y gerentes pueden hacer los trámites administrativos. El objetivo es garantizar que estos fondos se usen correctamente.
Decreto 176
Esta ley ordena al gobierno y sus instituciones terminar y liquidar todos sus contratos de fideicomiso con BANADESA (excepto FIMA), exigiendo que BANADESA presente informes de cómo manejó los recursos en 90 días. Los activos y dinero de estos fideicomisos pasan a ser patrimonio de BANADESA, mientras que las instituciones estatales deben ajustar su contabilidad para eliminar estos saldos.
El Estado debe dedicar al menos el 10% de su presupuesto a acciones de igualdad y justicia de género. Las instituciones que participan en el Programa Ciudad Mujer deben reportar mensualmente cómo gastan estos recursos, detallando cada gasto y adjuntando documentos como contratos y facturas.
Esta ley asigna presupuesto a instituciones públicas hondureñas: a la CNPP para ajustar su plan operativo 2024, L25 millones a la SAG para investigación agrícola, y L47 millones para programas del Plan Bicentenario. También obliga a todas las instituciones públicas a pagar transferencias pendientes al IHADFA antes de octubre 2024, con sanciones por incumplimiento.
Decreto PCM-050-2013
Esta ley permite al gobierno pagar hasta el 50% de sus aportes obligatorios a los institutos de previsión social (jubilación y pensiones) usando bonos en lugar de dinero en efectivo. También autoriza pagar deudas de años anteriores de esta forma si es necesario negociar porcentajes mayores.
Decreto 100-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley obliga a las instituciones públicas hondureñas a solicitar autorización para cambios presupuestarios ANTES de gastar dinero, no después. Si una institución gasta sin autorización previa, ese gasto no será registrado como válido y será reportado a la Corte de Cuentas para investigación.
Decreto 229-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a emitir Letras de Tesorería (préstamos a corto plazo) para cubrir falta temporal de dinero en caja del Estado. Estos instrumentos deben devolverse en el mismo año fiscal y no afectan el presupuesto oficial, permitiendo al gobierno gestionar sus finanzas sin crear deuda permanente.
Decreto 213-2024
Esta ley protege el dinero destinado a empleados diplomáticos en el exterior (como compensación por abandono de hogar) y para gastos operativos de embajadas y consulados. Prohíbe que estos recursos se usen para aumentar sueldos o se destinen a otros propósitos, garantizando que se utilicen solo para sus fines específicos.
Decreto 78-2024
Esta ley permite que Honduras financie proyectos nuevos usando bonos temáticos (créditos especializados) o canjeando deuda antigua. Los proyectos deben cumplir requisitos específicos de calidad. La Dirección General de Crédito Público es responsable de aprobar, clasificar y gestionar estos financiamientos, decidiendo montos y estrategias.
Decreto 175
La Secretaría de Finanzas crea un comité que evalúa si Honduras tiene capacidad económica para aceptar nuevos proyectos financiados con créditos externos o donaciones. Este comité, formado por cuatro direcciones especializadas, emite un informe técnico que determina si el país puede asumir estas nuevas deudas u obligaciones financieras.
Decreto 182
Esta ley permite que SEFIN contrate directamente servicios especializados para emitir y vender bonos internacionales del Estado, como bancos de inversión, asesores financieros, calificadoras de riesgo y agentes fiscales, sin seguir licitación pública. Los servicios pueden durar hasta que venza el bono y SEFIN puede asignar presupuesto para pagarlos.
Decreto 210-2024
Las instituciones públicas hondureñas deben registrar en el sistema SIAFI los cambios a su plan operativo anual dentro de 30 días, validados por Planificación Estratégica. También deben ajustar sus planes de compras (PACC) con aprobación previa de la Secretaría de Transparencia para garantizar el uso correcto de recursos presupuestarios.
Decreto 240-2024
Esta ley requiere que las instituciones presenten cuatro documentos obligatorios ante la Dirección General de Inversiones Públicas antes de cambiar la categoría de un proyecto: presupuesto aprobado, recursos disponibles, informe de ejecución acumulada y justificación del cambio solicitado. El propósito es garantizar transparencia y control en la modificación de proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento.
Decreto 244-2024
Esta ley autoriza al Banco Central de Honduras (BCH) a entregar 8 mil millones de lempiras adicionales al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), alcanzando 33 mil millones en total. El dinero financiará créditos para vivienda y producción durante 25 años, con ganancias que se reinvertirán en nuevos préstamos y el BCH recibiendo el 2% anual de rendimientos.
Esta ley establece que todos los pagos del gobierno a través del Banco Central de Honduras deben ser autorizados por la Secretaría de Finanzas mediante documentos oficiales. El BCH solo puede retirar dinero de las cuentas del gobierno con permiso expreso, excepto en casos especiales como pagos de deuda pública, en los cuales debe informar y registrar cada operación para mantener control sobre el endeudamiento.
Decreto 214-2024
Esta ley ordena las finanzas públicas de Honduras estableciendo cómo se distribuyen los ingresos del Estado. Define que organismos como la Procuraduría reciben el 10% de sus ingresos, las municipalidades recuperan el 90% de fondos recuperados por reparos, el Instituto de Migración financia su presupuesto con ingresos de pasaportes y servicios, y la Secretaría de Infraestructura recibe el 100% de ventas de energía de la hidroeléctrica José Cecilio del Valle.
Decreto 278-2013
Esta ley ordena que las instituciones públicas depositen todos sus ingresos en la cuenta general de la Tesorería, pero permite que SEFIN autorice a algunas dependencias usar hasta el 50% de sus recursos propios. Sin embargo, ciertas instituciones (como RNP, CENET, SENASA, Poder Judicial y otras) pueden usar el 100% de sus ingresos por servicios prestados sin límite.
Poder Judicial
Esta ley exime de todos los impuestos y contribuciones a los extranjeros que reciban pagos por bonos soberanos de Honduras, pero mantiene las obligaciones fiscales para los hondureños residentes en el país. Su propósito es facilitar la inversión extranjera en deuda pública reduciendo la carga tributaria para inversionistas internacionales.
Decreto 211-2024