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Leyes
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Este decreto establece que todas las modificaciones presupuestarias en Honduras deben tramitarse usando el formulario FMP-05 del sistema SIAFI, con el mismo valor legal que una resolución oficial. Excepto para cambios de salarios y estructura de puestos, que requieren resolución adicional de la Dirección de Presupuesto. Las instituciones públicas deben presentar solicitudes de forma electrónica y física a Finanzas.
Decreto 230-2024
Esta ley requiere que las instituciones presenten cuatro documentos obligatorios ante la Dirección General de Inversiones Públicas antes de cambiar la categoría de un proyecto: presupuesto aprobado, recursos disponibles, informe de ejecución acumulada y justificación del cambio solicitado. El propósito es garantizar transparencia y control en la modificación de proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento.
Decreto 244-2024
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas aumenten el presupuesto destinado a contratar personal temporal. Los directivos deben seleccionar a los contratados por mérito y competencia, los contratos solo valen durante el año fiscal, no incluyen vacaciones pagadas y no pueden exceder 200 días anuales para evitar problemas financieros.
Decreto 85-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a reembolsar gastos que fueron rechazados en un proyecto ambiental transfronterizo financiado por el Banco Mundial. SEFIN debe transferir esos recursos a SERNA para completar el proyecto, aunque se continúan investigando las responsabilidades administrativas en el Tribunal Superior de Cuentas.
Decreto 207-2024
Esta ley designa a la Secretaría de Planificación Estratégica como responsable de ayudar y revisar los planes de todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Todas las secretarías e instituciones autónomas deben crear o actualizar sus planes alineados con el Plan de Gobierno Bicentenario y enviarlos para aprobación antes del 30 de abril de 2024.
Decreto 251-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley autoriza a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a vender bonos y títulos del gobierno que quedaron sin colocar anteriormente. El dinero que se obtenga podrá usarse para financiar los gastos prioritarios del gobierno según lo aprobado en el presupuesto actual.
Decreto 212-2024
Esta ley obliga al ministerio de Finanzas a enviar reportes trimestrales al ministerio de la Mujer sobre cuántos hombres y mujeres ocupan puestos directivos y de decisión en el gobierno. El propósito es monitorear la representación de género en cargos de liderazgo y contar con datos para el Observatorio Nacional de Género.
Decreto 260-2024
Esta ley obliga a los gerentes administrativos a verificar que los contratos estén publicados en HONDUCOMPRAS y respeten los límites de gasto permitidos antes de autorizar pagos. Si se incumplen estos techos de contratación, se aplica una multa equivalente al valor total del contrato.
Decreto 105-2024
Esta ley autoriza que ciertos funcionarios públicos reciban pagos de su servicio de telefonía celular como parte de sus beneficios laborales, estableciendo límites máximos mensuales. Si un funcionario supera el consumo autorizado, la deducción sale de su salario. Se prohíbe pagar estos servicios con dinero externo a la institución.
Decreto 227-2024
Esta ley autoriza a SEFIN a emitir Letras de Tesorería (préstamos a corto plazo) para cubrir falta temporal de dinero en caja del Estado. Estos instrumentos deben devolverse en el mismo año fiscal y no afectan el presupuesto oficial, permitiendo al gobierno gestionar sus finanzas sin crear deuda permanente.
Decreto 213-2024
Las instituciones públicas hondureñas deben registrar en el sistema SIAFI los cambios a su plan operativo anual dentro de 30 días, validados por Planificación Estratégica. También deben ajustar sus planes de compras (PACC) con aprobación previa de la Secretaría de Transparencia para garantizar el uso correcto de recursos presupuestarios.
Decreto 240-2024
Esta ley permite que SEFIN contrate directamente servicios especializados para emitir y vender bonos internacionales del Estado, como bancos de inversión, asesores financieros, calificadoras de riesgo y agentes fiscales, sin seguir licitación pública. Los servicios pueden durar hasta que venza el bono y SEFIN puede asignar presupuesto para pagarlos.
Decreto 210-2024
Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto 109-2024
Esta ley requiere que las cotizaciones de precios provengan de proveedores independientes entre sí, no vinculados. Cada cotización debe incluir datos generales del proveedor y su número de Registro Tributario Nacional (RTN). El objetivo es garantizar transparencia y evitar acuerdos entre proveedores relacionados que pudieran manipular precios.
Decreto 106-2024
Esta ley permite al gobierno pagar hasta el 50% de sus aportes obligatorios a los institutos de previsión social (jubilación y pensiones) usando bonos en lugar de dinero en efectivo. También autoriza pagar deudas de años anteriores de esta forma si es necesario negociar porcentajes mayores.
Decreto 100-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley establece que el presupuesto para jornales solo puede usarse para pagar trabajadores por día, nunca para empleados administrativos o técnicos. Antes de contratar a alguien, se debe verificar en SIREP si trabaja en otra institución. Se prohíbe contratar jornaleros para hacer funciones que no correspondan a trabajos de jornada diaria.
Decreto 87-2024
Esta ley reconoce y autoriza el pago de tiempo extraordinario a empleados específicos de instituciones públicas como controladores aéreos, motoristas de autoridades, personal de seguridad y tesorería del Banco Central, que realizan misiones oficiales críticas como traslado de valores y custodia de dinero.
Decreto 95-2024
Esta ley obliga a las instituciones públicas hondureñas a solicitar autorización para cambios presupuestarios ANTES de gastar dinero, no después. Si una institución gasta sin autorización previa, ese gasto no será registrado como válido y será reportado a la Corte de Cuentas para investigación.
Decreto 229-2024
Este decreto permite que las Secretarías de Seguridad y Salud compren alimentos, medicinas, combustible y servicios médicos de urgencia sin la autorización usual de compras del Estado, si no están disponibles en el catálogo oficial. También autoriza a Salud a contratar servicios de diálisis por cotización cuando las licitaciones fracasan, garantizando atención a pacientes. La Seguridad puede pagar deudas de arrendamiento de 2023 si cumplen normas y precios justos.
Decreto 111-2024
Este decreto obliga a PROHECO a pagar los salarios mensuales de sus docentes contratados directamente mediante depósitos bancarios automáticos, usando una plataforma tecnológica conectada con los sistemas financieros del gobierno. Cuando un docente pasa a puesto permanente, su pago se realiza a través del sistema SIARH.
Decreto 82-2024
Este decreto ordena a todas las entidades públicas ajustar anualmente el salario mínimo de sus empleados basándose en la negociación salarial de la categoría de Servicios Comunales. Cada institución debe identificar cómo financiar este aumento con sus propios ahorros, mientras que el Ministerio de Finanzas autorizado a realizar los cambios presupuestarios necesarios. Los municipios quedan excluidos de esta obligación.
Decreto 77-2024
Esta ley protege el dinero destinado a empleados diplomáticos en el exterior (como compensación por abandono de hogar) y para gastos operativos de embajadas y consulados. Prohíbe que estos recursos se usen para aumentar sueldos o se destinen a otros propósitos, garantizando que se utilicen solo para sus fines específicos.
Decreto 78-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS y sus portales de transparencia todos los procesos de compra, contratos y selección de proveedores, desde el plan anual hasta las órdenes finales. Busca garantizar transparencia y combatir la corrupción en las compras estatales, con multas de 3 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan.
Decreto 117-2024
Esta ley autoriza a la ONCAE a crear normas y procedimientos para que el gobierno, municipalidades y empresas públicas compren bienes y servicios de forma más rápida y eficiente. Esto incluye establecer reglas para licitaciones, plazos, compras locales y evaluación de proveedores, buscando agilizar gastos públicos y mejorar servicios a la población.
Decreto 101-2024