Leyes

Resolución GE No.1139/25-06-2013 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante la cual se reforman las Normas Sobre Seguridad Para Operar Cajeros Automáticos

Esta resolución reforma las normas de seguridad para cajeros automáticos en Honduras. Obliga a los bancos y emisoras de tarjetas a instalar cámaras de vigilancia, mantener videos por tres meses, proteger físicamente los cajeros, y conservar registros de incidentes. Si hay fraude, el banco debe probar con video o auditoría que la transacción se realizó; si no puede, debe devolver el dinero inmediatamente.

Ley de Mecanismos de Participacion Ciudadana (4,6mb)

Esta ley crea tres mecanismos para que los ciudadanos participen directamente en decisiones importantes: referéndum (votar para aprobar o rechazar leyes), plebiscito (consultar sobre temas que el gobierno no ha decidido) e iniciativa ciudadana (3,000 ciudadanos pueden proponer nuevas leyes). Los resultados son vinculantes si participa al menos el 55% de votantes y gana la mayoría.

Ley Marco de Políticas Públicas Sociales (Decreto 38-2011)

Esta ley crea el marco legal para coordinar y ejecutar las políticas públicas sociales en Honduras, enfocándose en reducir la pobreza y proteger a grupos vulnerables. Establece el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CONCAPS) y asigna a la Secretaría de Desarrollo Social la responsabilidad de planificar, evaluar y articular programas sociales del Estado con principios de equidad, participación ciudadana y transparencia.

Decreto de ratificación de la modificación de la Región de La Mosquitia (Decreto 286-2009)

El gobierno de Honduras reconoce oficialmente la Región de La Mosquitia, que incluye seis municipios del departamento de Gracias a Dios (Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales y Wampusirpi). Esta decisión cumple un acuerdo con la organización indígena Masta para desarrollar un modelo de desarrollo respetando la identidad y cosmovisión indígena en el territorio.

Ley del Servicio Diplomatico y Consular de Honduras (12,5mb)

Esta ley establece y regula el Servicio Diplomático y Consular de Honduras, profesionalizando el sistema de representación internacional del país. Define la estructura, requisitos, derechos y obligaciones de los diplomáticos y funcionarios consulares, así como las normas para su ingreso, ascenso, evaluación y disciplina para que Honduras ejecute efectivamente su política exterior.

Ley del Programa Voluntario de Rescate - Sector Telecomunicaciones (1,4mb)

Esta ley crea un programa que permite a empresas de comunicación (radios, televisoras, periódicos y medios digitales) pagar sus deudas con el Estado mediante publicidad. Las empresas pueden canjear espacios publicitarios por el pago de impuestos, tasas y otros deberes financieros, con valor máximo del 80% del precio de mercado. Solo la Presidencia puede negociar estos acuerdos con las empresas que se acojan voluntariamente al programa.

Decreto Legislativo No. 56-2013 — Reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal - Sustitución de la Prisión Preventiva

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (4,9mb)

Esta ley establece políticas y programas para promover la lectura y el libro en Honduras, beneficiando a estudiantes, maestros y ciudadanos. Crea un Consejo Nacional que coordina entre gobierno, escuelas, bibliotecas y empresas privadas para garantizar acceso a libros, fortalecer la industria editorial y mejorar la comprensión lectora en todo el país.

Ley de fomento para la lectura y el libro (Decreto 218-2012)

Esta ley impulsa la lectura y edición de libros en Honduras, creando políticas para que todos tengan acceso a libros y desarrollar la industria editorial nacional. Beneficia a estudiantes, lectores, autores, editores y librerías, con un Consejo Nacional que coordina esfuerzos entre el gobierno, educación, cultura y sectores privados para fortalecer la cadena del libro.

Ley Especial de Intervencion al Ministerio Publico (2,1mb)

Esta ley crea una Comisión Interventora temporal (60 días) para supervisar y reformar el Ministerio Público. La Comisión, elegida por el Congreso, asume funciones del Fiscal General, realiza evaluaciones de empleados, reorganiza estructuras internas, contrata personal calificado y define políticas de la institución para mejorar su eficiencia en la persecución del delito.

Ley de Inteligencia Nacional (5,2mb)

Esta ley crea la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para proteger la seguridad y defensa del país. Coordina el trabajo de instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía y otros organismos para prevenir amenazas internas y externas, combatir terrorismo y crimen organizado. Establece su estructura, funciones, presupuesto y protege la privacidad de sus operaciones clasificadas.

Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013)

Esta ley establece el procedimiento para juzgar políticamente a altos funcionarios públicos como el Presidente, diputados y magistrados. El Congreso Nacional es el único órgano que puede llevar a cabo estos juicios por denuncias de corrupción, incapacidad o acciones contra la Constitución, y el resultado solo puede ser la destitución del cargo, sin afectar otras responsabilidades legales.

Decreto No.34-2017 Ley de Inclusion Financiera y Consolidacion de Deudas

Esta ley crea programas de financiamiento para trabajadores y pequeñas empresas, permitiendo que instituciones bancarias administren préstamos deducibles de salarios para vivienda, educación, consolidación de deudas y negocios. Beneficia a empleados activos y emprendedores al ofrecer tasas más bajas y acceso a crédito formal, mejorando su situación económica.

Ley de programa opcional de consolidación de deudas (Decreto 34-2013)

Esta ley crea un programa opcional que permite a trabajadores hondureños consolidar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos de alto costo a través de instituciones previsionales públicas y privadas, con tasas de interés más bajas (mínimo 8%) y plazos de hasta 84 meses. Los trabajadores que paguen puntualmente reciben devolución del 30% de intereses en una cuenta individual para mejorar sus beneficios de jubilación.

Ley de Indulto (7,1mb)

Esta ley actualiza y regula el proceso de indulto en Honduras, permitiendo que el Presidente(a) pueda perdonar o reducir penas de personas condenadas que cumplan ciertos requisitos, como haber cumplido más de la mitad de su condena, sin antecedentes previos por delitos graves, y haber mostrado buen comportamiento. Protege a víctimas y a la sociedad al prohibir indultos para delitos graves como crímenes de lesa humanidad, asesinato y tráfico de drogas.

Decreto Legislativo No. 238-2012 — Ley General de Minería

Esta ley regula todas las actividades de minería en Honduras, estableciendo que el Estado es dueño de los minerales del país y otorga permisos a empresas para explorar y extraer minerales. Define derechos y obligaciones de las mineras, fija impuestos y tasas que deben pagar, y exige protección ambiental, cierre de minas y consulta con comunidades antes de nuevos proyectos.

Ley de Minería (Decreto 238-2012)

Esta ley regula la explotación minera en Honduras, estableciendo que el Estado es dueño de todos los minerales del territorio nacional. Define tipos de minería (exploración, explotación, beneficio), otorga derechos y obligaciones a empresas mineras, establece pagos obligatorios (canon territorial e impuestos), protege el ambiente mediante licencias ambientales y planes de cierre, y permite participación ciudadana mediante consultas antes de autorizar proyectos mineros grandes.

Ley del Programa para la Consolidacion de Deudas Trabajador Hondureño (2,4mb)

Esta ley permite que institutos de pensiones públicos y el régimen privado de aportaciones otorguen préstamos a sus trabajadores afiliados para consolidar deudas de tarjetas de crédito y otros financiamientos costosos. Los trabajadores pagan con descuentos de nómina, reciben tasas de interés más bajas (mínimo 8% real) y acumulan un 30% de los intereses pagados a tiempo en una cuenta para mejorar sus pensiones futuras.

Decreto Legislativo No. 205-2012 — Reforma a la Ley de Propiedad - Artículos 75, 77, 126, 5, 91 y 92

Esta ley facilita que personas que hayan ocupado terrenos nacionales durante 10 años o más obtengan títulos de propiedad sin pagar impuestos, y regulariza asentamientos humanos establecidos antes de 2010. También permite que el Instituto de la Propiedad declare derechos sobre tierras a través de prescripción adquisitiva cuando se cumplan los requisitos legales, beneficiando principalmente a pobladores de bajos recursos y comunidades.

Ley de Propiedad (reformas de Artículos 75-77-126)

Esta ley permite que personas que ocupen terrenos nacionales o fiscales durante 10 años continuos reciban título de propiedad del Instituto de la Propiedad. También declara de necesidad pública la regularización de asentamientos humanos establecidos antes de 2010, eximiendo estos títulos del pago de impuestos y notaría, facilitando el acceso a la propiedad para pobladores de bajos recursos.

Decreto Legislativo No. 235-2012 — Reforma a los Artículos 189 y 205 Atribución 3) de la Constitución de la República sobre modernización del Poder Legislativo

Decreto Legislativo No. 234-2012 — Reforma al Artículo 279 de la Constitución de la República sobre el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

Ley Especial del Juicio Politico (2,5mb)

Esta ley establece el procedimiento para enjuiciar políticamente a altos funcionarios hondureños (presidente, diputados, magistrados, alcaldes) por graves violaciones constitucionales, negligencia o incapacidad. El Congreso Nacional es responsable de investigar denuncias, garantizar defensa al acusado, y votar su destitución con mayorías calificadas. El proceso tiene dos fases: investigación de 30 días máximo y votación en 5 días.

Decreto de amnistía para el pago de intereses sobre cantidades reparadas por el Tribunal Superior de Cuentas (Decreto 309-2013)

Este decreto otorga amnistía por 6 meses para que personas y entidades paguen sin intereses las cantidades que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) les ordenó reparar. Beneficia a deudores del Estado al condonar los intereses acumulados, facilitando el pago de sus obligaciones durante este período.