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Esta ley ordena a los gerentes administrativos de instituciones públicas publicar y controlar información sobre compras y contrataciones en el sistema HONDUCOMPRAS. Obliga a instituciones públicas a publicar sus planes anuales de compras, documentar modificaciones y permitir que el Estado supervise cómo gastan el dinero público. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) verificará el cumplimiento y aplicará sanciones si no se publica la información.
Decreto 118-2024
Este decreto establece cómo el Estado desembolsará dinero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en tres pagos: 40% inicial, 40% después de comprobar el primer pago, y 20% final tras verificar los anteriores. Las ONG deben presentar un informe completo con resultados, comprobantes financieros y auditoría dentro de dos meses de terminar el proyecto, siendo responsables del uso correcto del dinero.
Decreto 201-2024
Las instituciones públicas que ejecutan programas y proyectos deben clasificar sus presupuestos según criterios de cambio climático (mitigación, adaptación y gestión de desastres). La Dirección General de Inversiones Públicas coordina esta tarea con las unidades de planificación de cada institución para identificar qué recursos se destinan a acciones climáticas.
Decreto 189
Este convenio permite que el Registro Nacional de Personas y la Secretaría de Relaciones Exteriores cooperen para gestionar ingresos. El RNP recibe el 32% de lo que cobra por reponer documentos de identidad en el extranjero, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico recibe el 20% de multas por competencia desleal. Las instituciones deben reportar estos ingresos mensualmente o pierden el derecho a reclamarlos.
Esta ley establece que la Procuraduría General de la República funciona de forma independiente en sus decisiones, excepto cuando la ley le ordene seguir instrucciones especiales. También asigna un presupuesto propio y separado para que la institución pueda operar sin depender de otros organismos.
Decreto 74
Esta ley permite que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) use directamente el 80% de sus ingresos por servicios aéreos para cubrir gastos operacionales, sin pasar por el presupuesto estatal. Busca que la agencia funcione de manera más ágil y eficiente en sus operaciones.
Decreto 4-2015
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a actualizar el documento oficial de sueldos cuando hacen cambios en su personal. Prohíbe ocupar nuevos puestos hasta que los cambios estén registrados en ese documento. Si el proceso se retrasa, pueden continuarlo al año siguiente usando la autorización anterior, pero deben solicitar presupuesto a Finanzas si no tienen fondos.
Decreto 249-2024
Este aviso informa que Banco Promerica demandó al Estado de Honduras (a través de la CNBS) ante el Juzgado Contencioso Administrativo para que se declaren nulas dos resoluciones administrativas por considerarlas ilegales, fuera de competencia y abusivas. La demanda busca anular esos actos administrativos y restaurar la situación legal de la empresa.
Todo programa o proyecto financiado con dinero público en Honduras debe obtener un certificado que demuestre que se alinea con las prioridades del Gobierno. La Dirección de Planificación debe emitir este certificado en máximo 10 días hábiles. Si no lo hace en ese plazo, la institución puede continuar con el trámite de financiamiento de todas formas.
Decreto 181
Este documento contiene varios decretos y acuerdos del gobierno hondureño de 2023. El principal reorganiza BANADESA (banco agrícola) restaurando su junta directiva para mejorar el financiamiento del sector agropecuario. Los demás acuerdos autorizan préstamos internacionales para censos, seguridad policial, carreteras, agricultura y registro de identidad.
Decreto 27-2020 | Congreso Nacional
Esta ley obliga a las instituciones públicas a garantizar que los proyectos de inversión sigan funcionando después de terminar. Deben planificar y presupuestar el personal y recursos necesarios para mantener las obras y servicios, informando a Finanzas tres meses antes del cierre del proyecto.
Decreto 187
Esta ley designa a la Secretaría de Planificación Estratégica como responsable de ayudar y revisar los planes de todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Todas las secretarías e instituciones autónomas deben crear o actualizar sus planes alineados con el Plan de Gobierno Bicentenario y enviarlos para aprobación antes del 30 de abril de 2024.
Decreto 251-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley asigna anualmente al menos 10 millones de lempiras al IHADFA para coordinar y fortalecer las acciones contra el tabaco. Los recursos financiarán el Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones (CENATRAH 24/7), que brindará atención de salud mental a personas con adicciones durante las 24 horas del día.
Decreto 200-2024
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) abre una licitación pública para contratar una empresa que proporcione servicios de respaldo y recuperación de datos para sus sistemas informáticos durante 2024. Las empresas interesadas deben presentar sus propuestas selladas antes del 30 de enero de 2024 en la dirección indicada.
Decreto LPN-CNBS-009-2023
Esta ley obliga al ministerio de Finanzas a enviar reportes trimestrales al ministerio de la Mujer sobre cuántos hombres y mujeres ocupan puestos directivos y de decisión en el gobierno. El propósito es monitorear la representación de género en cargos de liderazgo y contar con datos para el Observatorio Nacional de Género.
Decreto 260-2024
Decreto PCM-054-2023 | Poder Ejecutivo
El gobierno pagará el 50% del seguro médico para diplomáticos y funcionarios que trabajan en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores financia esta cantidad desde su presupuesto operativo mientras estos empleados estén asignados al servicio exterior.
Decreto 161
Esta ley establece los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas para solicitar ampliar el plazo de ejecución de proyectos de inversión. Exigen documentos como análisis de escenarios, informe de avance, reprogramación de actividades y demostrar que al menos el 75% de los recursos están comprometidos, con gastos administrativos no mayores al 10%. La solicitud debe presentarse con 3 meses de anticipación.
Decreto 243-2024
Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto 109-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones que ejecutan proyectos de inversión pública en Honduras a presentar reportes trimestrales a la DGIP detallando el avance financiero y físico de cada proyecto. Los informes deben entregarse dentro de 15 días después de cada trimestre e incluir gastos, avances de obra, contratos firmados y otra información relevante.
Decreto 257-2024
Esta ley obliga al Instituto Forestal a depositar todos los ingresos que genera (por actividades propias o eventuales) en una cuenta del Banco Central de Honduras, a través de la Tesorería General. También establece que el ERSAP debe depositar el 100% de los ingresos por servicios de supervisión y vigilancia de agua potable en la misma cuenta estatal.
Decreto 156-2007
Este decreto permite que las Secretarías de Seguridad y Salud compren alimentos, medicinas, combustible y servicios médicos de urgencia sin la autorización usual de compras del Estado, si no están disponibles en el catálogo oficial. También autoriza a Salud a contratar servicios de diálisis por cotización cuando las licitaciones fracasan, garantizando atención a pacientes. La Seguridad puede pagar deudas de arrendamiento de 2023 si cumplen normas y precios justos.
Decreto 111-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS y sus portales de transparencia todos los procesos de compra, contratos y selección de proveedores, desde el plan anual hasta las órdenes finales. Busca garantizar transparencia y combatir la corrupción en las compras estatales, con multas de 3 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan.
Decreto 117-2024
Esta ley exige que cualquier cambio en los puestos de trabajo del gobierno central sea aprobado por la Secretaría de Finanzas y pagado con el presupuesto ya asignado a cada institución. Solo se exceptúan cambios internos de empleados públicos que no cuesten dinero extra y mantengan el mismo nivel de puesto.
Decreto 245-2024