Acuerdos
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Decreto 35-2018 | Poder Ejecutivo
Este reglamento crea y organiza la Supervisión General del Poder Judicial (SGPJ), una dependencia que supervisa a jueces y empleados judiciales para garantizar una justicia eficiente. Establece cómo investigar denuncias contra personal judicial, realizar inspecciones en juzgados y proteger los derechos de quienes denuncian y son denunciados, asegurando transparencia y respeto al debido proceso.
Decreto 04-2018 | Congreso Nacional
Este acuerdo delega poderes a la Gerente Administrativa de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras para firmar documentos, contratos y órdenes de compra, ejecutar presupuestos aduaneros y gestionar licitaciones y contrataciones, mientras se establece la nueva Administración Aduanera. No incluye cambios presupuestarios ni decisiones de personal.
Decreto 35-2018 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo le otorga a Jessy Lisbeth Raudales Archaga, Gerente Administrativa de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), autoridad para firmar documentos, contratos y ejecutar el presupuesto aduanero, así como administrar proveedores y bienes de la institución. Busca agilizar operaciones aduaneras mientras se institucionaliza la nueva Administración Aduanera.
Decreto 35-2018 | Poder Ejecutivo
Decreto 839-A-2018 | Congreso Nacional
Decreto 01-2019 | Directorio del Banco Central de Honduras
Decreto 023-2018 | Presidencia de la República
Decreto 064-C-2018 | Presidencia de la República
Decreto 064-E-2018 | Presidencia de la República
Decreto 770-A-2003 | Presidencia de la República
Decreto 064-D-2018 | Presidencia de la República
Decreto IDECOAS-025-2018 | Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS)
Decreto 01087 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Decreto IDECOAS-029-2018 | Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS)
Este decreto establece los salarios mínimos que deben pagar los empleadores en Honduras a partir del 1 de enero de 2020, variando según el sector económico, tamaño de la empresa y cantidad de trabajadores. Afecta a todos los trabajadores y empleadores del país, garantizando ingresos básicos dignos en diferentes industrias como agricultura, manufactura, comercio y servicios.
Esta tabla establece el salario mínimo mensual y por hora que deben recibir los trabajadores hondureños durante 2019, variando según el sector económico y el tamaño de la empresa. Afecta a todos los empleadores y trabajadores, asegurando ingresos mínimos dignos en diferentes industrias como agricultura, manufactura, comercio y servicios.
Esta corrección corrige un error en el reglamento de sanciones del Tribunal Superior de Cuentas añadiendo las multas específicas para carros (de 5,000 a 10,000 lempiras) que faltaban en la clasificación de transporte terrestre. Afecta a personas o empresas sancionadas por el TSC y entra en vigencia desde el 8 de noviembre de 2018.
Decreto 002-2018-TSC
Este acuerdo ajusta los montos de ingresos sobre los que se cobra impuesto a personas naturales en Honduras, aumentándolos un 4.22% para 2019 según la inflación. Afecta a todos los trabajadores y empleados del país, permitiendo que ganen más dinero antes de pagar impuestos sobre la renta.
Decreto SAR-015-2019 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo actualiza la tabla de impuestos sobre la renta para trabajadores hondureños en 2019, aumentando los montos a cobrar en un 4.22% según la inflación reportada por el Banco Central. Los empleadores deben usar esta nueva tabla para calcular las retenciones mensuales de impuestos a sus empleados a partir del 1 de enero de 2019.
Decreto 015-2019 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo aumenta automáticamente los límites de ingresos en la escala de impuestos que pagan las personas naturales en Honduras. El ajuste del 4.22% se aplica anualmente según la inflación (variación del Índice de Precios al Consumidor), para que los contribuyentes no paguen más impuestos solo por inflación.
Decreto SAR-015-2019
Este acuerdo clasifica como información reservada los datos tributarios, aduaneros y financieros de contribuyentes en Honduras, incluyendo declaraciones de impuestos, informes de terceros y detalles técnicos de seguridad de la Secretaría de Finanzas. La información permanece reservada mientras subsista la causa, y después de 10 años puede desclasificarse. Esto protege la privacidad fiscal y la seguridad de sistemas del Estado.
Decreto 842-2018