304 resultados en Categoria: Penal
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de estupro (actos sexuales con engaño o abuso de poder contra menores de 18 años). Establece 37 diligencias obligatorias como entrevistar a la víctima, hacer peritajes médicos y de ADN, proteger al denunciante y recopilar pruebas contra el acusado. Busca recopilar toda evidencia para determinar responsabilidad y garantizar protección a las víctimas.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias por provocación sexual (venta o difusión de material pornográfico a menores o personas con discapacidad). Establece diligencias como tomar declaraciones de víctimas, decomisar dispositivos electrónicos, realizar peritajes y evaluaciones médicas. El delito se castiga con servicios comunitarios o cárcel de 6 meses a 2 años, más multa.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad obligados a mendigar. Define 23 acciones investigativas (recolectar evidencia, analizar dispositivos electrónicos, proteger víctimas) y establece que quien explote mendicidad enfrenta prisión de 2 a 3 años si usa violencia o drogas, o arresto domiciliario de 1 a 2 años en casos simples.
Esta ley castiga con 4 a 6 años de prisión a quienes elaboren, vendan o distribuyan material pornográfico usando menores de 18 años o personas con discapacidad. También penaliza poseer este material: las mismas penas si es para vender, o penas reducidas si es solo para consumo personal. Las penas aumentan si la víctima es menor de 6 años, el material es degradante, o hay participación de grupos criminales organizados.
Este documento ordena al investigador (policía o fiscal) que investigue denuncias de exhibicionismo sexual ante menores o personas con discapacidad. Establece qué diligencias realizar: entrevistar a la víctima, testigos, realizar evaluaciones médicas y psicológicas, inspeccionar el lugar, e identificar al acusado. El delito castiga con 1-3 años de prisión según la edad de la víctima.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación sexual de menores y personas con discapacidad. Establece 30 diligencias investigativas específicas (declaraciones de víctimas, pruebas forenses, seguimiento financiero, intervención de comunicaciones) para recopilar evidencia y proteger a las víctimas. El delito se castiga con 6 a 12 años de prisión según la gravedad.
Este documento es una orden judicial que instruye al Ministerio Público a investigar casos de incesto. Establece 30 pasos específicos para recopilar evidencia, proteger a la víctima (especialmente menores de edad), evaluar su salud física y mental, y reunir pruebas contra el acusado. El objetivo es determinar si el delito ocurrió y garantizar que la víctima reciba apoyo y protección durante el proceso.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de agresiones sexuales mediante diligencias específicas: entrevistas a la víctima con protecciones especiales, evaluaciones médicas y psicológicas, análisis de ADN, recopilación de evidencia física, y medidas de protección como casas refugio. Busca esclarecer los hechos, proteger a la víctima y recopilar pruebas contra el acusado en casos de agresiones sexuales.
Este acuerdo establece formularios estandarizados que la Fiscalía General utiliza para ordenar investigaciones sobre delitos específicos como trato degradante, abandono de menores, incumplimiento de manutención, discriminación y acoso laboral. Los formularios guían a la policía sobre qué pruebas recopilar, a quién interrogar y qué protecciones ofrecer a las víctimas, asegurando que todas las investigaciones se realicen de manera uniforme y ordenada.
Decreto FGR-JAZ-010-2024
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias por violación de forma integral. Instruye recopilar pruebas de la víctima (médicas, psicológicas, testimonios), del agresor (ADN, antecedentes) y del lugar de los hechos para determinar si el delito ocurrió y responsabilidad del denunciado, garantizando protección a la víctima durante todo el proceso.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de violencia contra la mujer. Instruye recopilar pruebas sobre la víctima (declaración, evaluaciones médicas y psicológicas, antecedentes) y sobre el denunciado (antecedentes penales, laborales, historial de violencia). Busca determinar si ocurrió el delito, proteger a la víctima y reunir evidencia para el proceso judicial.
Este documento ordena la investigación de casos de explotación sexual forzada de adultos. Instruye a las autoridades realizar diligencias como tomar declaraciones a víctimas, recopilar pruebas forenses, analizar registros financieros y electrónicos, e implementar medidas de protección. El delito se castiga con 5 a 8 años de prisión y multa.
Decreto 62-2023 | Poder Ejecutivo
Decreto 009-2023 | Congreso Nacional
Decreto PCM-053-2023 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo modifica las reglas para emitir constancias de antecedentes penales en Honduras. Ahora se pueden imprimir en papel común con códigos de seguridad digital, en lugar de papel especial costoso, manteniendo igual validez que las versiones digitales. Esto ahorra dinero al Poder Judicial y garantiza que todos los ciudadanos sigan recibiendo este servicio esencial de forma gratuita.
Decreto CSJ-10-2023 | Poder Judicial
Esta ley crea un Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN administrado por el Ministerio Público para almacenar y comparar perfiles genéticos en investigaciones criminales, civiles y humanitarias. Permite identificar personas en delitos graves, casos de desaparición y restos humanos, protegiendo la privacidad de los datos y prohibiendo su uso para seguros, créditos o lucro.
Decreto 57-2023 | Congreso Nacional
Esta ley crea un sistema nacional de bases de datos de ADN administrado por el Ministerio Público para almacenar y analizar perfiles genéticos. Permite identificar personas en casos criminales, civiles y humanitarios (desapariciones, desastres masivos), comparando automáticamente muestras de ADN. Protege la privacidad de los datos y establece restricciones sobre su uso, prohibiendo utilizarlos para seguros, créditos o inteligencia artificial.
Decreto 57-2023 | Congreso Nacional
Esta ley crea un sistema nacional de bases de datos de ADN administrado por el Ministerio Público para almacenar y comparar información genética. Busca facilitar investigaciones criminales, civiles y humanitarias, identificar personas desaparecidas y restos humanos, protegiendo la privacidad y prohibiendo usos discriminatorios o comerciales de los datos.
Decreto 57-2023 | Congreso Nacional
Este acuerdo aprueba el Manual de Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras. El manual establece normas claras para que los policías usen la fuerza de manera gradual, proporcional y legal, priorizando siempre la protección de los derechos humanos. Aplica a todos los miembros de la Policía Nacional en sus intervenciones.
Decreto 1147-2023 | Poder Ejecutivo
Decreto CSJ-6-2023 | Poder Judicial
Este decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a comprar directamente materiales y servicios (sin licitación) para construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne y terminar otra en Naco. Se emite debido a la crisis de violencia en las cárceles controladas por criminales, permitiendo contrataciones de emergencia para resolver el problema penitenciario del país.
Decreto PCM-29-2023 | Poder Ejecutivo