297 resultados en Categoria: Penal
Este reglamento organiza cómo el Ministerio Público gestiona el Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN. Establece quién puede proporcionar muestras de ADN (condenados, imputados, víctimas y voluntarios), cómo se recolectan, almacenan y usan para identificar personas en casos criminales, civiles o humanitarios, protegiendo la privacidad de los datos.
Decreto Acuerdo FGR-001-2025
Este reglamento organiza el Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN en Honduras, administrado por la Dirección de Medicina Forense. Permite recolectar, almacenar y comparar perfiles genéticos para investigaciones criminales, civiles y humanitarias, facilitando la identificación de autores de delitos, personas desaparecidas y restos humanos. Establece protocolos de consentimiento, cadena de custodia y confidencialidad de datos.
Decreto FGR-001-2025
El Juzgado Penal incauta diversos equipos y herramientas (motor de lancha, cortadora, bombas, motosierra, batería, inversor y regulador) como parte de una investigación de criminalidad organizada o corrupción. Esta medida busca asegurar bienes que pueden ser evidencia o producto de actividades ilícitas. El aviso notifica públicamente sobre estos bienes incautados.
Poder Judicial
Decreto 1145-2024 | Poder Ejecutivo
Decreto PCM-031-2024 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo establece el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Honduras, que crea un sistema coordinado entre la Policía Nacional, Ministerio Público y otras instituciones para buscar de forma inmediata a personas desaparecidas. El protocolo obliga a todas las autoridades a iniciar búsquedas sin demora, respetando los derechos humanos y facilitando la participación de las familias, con el objetivo de localizar a las personas con vida o, en su defecto, restituir sus restos dignamente.
Decreto FGR-JAZ-015-2024 | Congreso Nacional
Este acuerdo aprueba el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Honduras, un documento que estandariza cómo policía, fiscalía y otras instituciones deben buscar, localizar e identificar personas desaparecidas. El protocolo obliga a todas las autoridades a iniciar búsqueda inmediata sin demoras, respetando derechos humanos y con coordinación interinstitucional para encontrar a desaparecidos con vida o, si fallecieron, asegurar la dignidad de sus restos.
Decreto FGR-JAZ-015-2024 | Congreso Nacional
Esta ley ordena crear talleres técnicos en todas las cárceles de Honduras para que los presos reciban formación profesional y se preparen para trabajar al salir. El Instituto Penitenciario debe planificar e implementar estos talleres gradualmente con ayuda del INFOP, empresas privadas y organizaciones internacionales, incluyendo fondos en su presupuesto anual.
Decreto 56-2024 | Congreso Nacional
Este acuerdo amplía la competencia de los juzgados especializados en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente para que conozcan casos en todo el territorio nacional. Define qué delitos pueden juzgar (narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, contaminación ambiental, entre otros) y establece que sus sedes funcionarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, beneficiando a ciudadanos que requieren justicia especializada en estos delitos graves.
Decreto CSJ-08-2023 | Poder Judicial
Este acuerdo establece formularios estandarizados que la Fiscalía General utiliza para ordenar investigaciones sobre delitos específicos como trato degradante, abandono de menores, incumplimiento de manutención, discriminación y acoso laboral. Los formularios guían a la policía sobre qué pruebas recopilar, a quién interrogar y qué protecciones ofrecer a las víctimas, asegurando que todas las investigaciones se realicen de manera uniforme y ordenada.
Decreto FGR-JAZ-010-2024
Esta ley castiga con 4 a 6 años de prisión a quienes elaboren, vendan o distribuyan material pornográfico usando menores de 18 años o personas con discapacidad. También penaliza poseer este material: las mismas penas si es para vender, o penas reducidas si es solo para consumo personal. Las penas aumentan si la víctima es menor de 6 años, el material es degradante, o hay participación de grupos criminales organizados.
Este documento ordena al investigador (policía o fiscal) que investigue denuncias de exhibicionismo sexual ante menores o personas con discapacidad. Establece qué diligencias realizar: entrevistar a la víctima, testigos, realizar evaluaciones médicas y psicológicas, inspeccionar el lugar, e identificar al acusado. El delito castiga con 1-3 años de prisión según la edad de la víctima.
Este documento es una orden judicial que instruye al Ministerio Público a investigar casos de incesto. Establece 30 pasos específicos para recopilar evidencia, proteger a la víctima (especialmente menores de edad), evaluar su salud física y mental, y reunir pruebas contra el acusado. El objetivo es determinar si el delito ocurrió y garantizar que la víctima reciba apoyo y protección durante el proceso.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad obligados a mendigar. Define 23 acciones investigativas (recolectar evidencia, analizar dispositivos electrónicos, proteger víctimas) y establece que quien explote mendicidad enfrenta prisión de 2 a 3 años si usa violencia o drogas, o arresto domiciliario de 1 a 2 años en casos simples.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de estupro (actos sexuales con engaño o abuso de poder contra menores de 18 años). Establece 37 diligencias obligatorias como entrevistar a la víctima, hacer peritajes médicos y de ADN, proteger al denunciante y recopilar pruebas contra el acusado. Busca recopilar toda evidencia para determinar responsabilidad y garantizar protección a las víctimas.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación sexual de menores y personas con discapacidad. Establece 30 diligencias investigativas específicas (declaraciones de víctimas, pruebas forenses, seguimiento financiero, intervención de comunicaciones) para recopilar evidencia y proteger a las víctimas. El delito se castiga con 6 a 12 años de prisión según la gravedad.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de agresiones sexuales mediante diligencias específicas: entrevistas a la víctima con protecciones especiales, evaluaciones médicas y psicológicas, análisis de ADN, recopilación de evidencia física, y medidas de protección como casas refugio. Busca esclarecer los hechos, proteger a la víctima y recopilar pruebas contra el acusado en casos de agresiones sexuales.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias por violación de forma integral. Instruye recopilar pruebas de la víctima (médicas, psicológicas, testimonios), del agresor (ADN, antecedentes) y del lugar de los hechos para determinar si el delito ocurrió y responsabilidad del denunciado, garantizando protección a la víctima durante todo el proceso.