Financiero y Tributario
Decreto Ejecutivo No. 11-2022 — Subsidio del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para cilindros de uso doméstico durante 2023
Este decreto congela los precios del gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros de uso doméstico durante 2023 para proteger a las familias hondureñas. El gobierno subsidiará la diferencia cuando los precios internacionales suban, y las empresas envasadoras recibirán pagos del Estado si cumplen requisitos como reportes de ventas y auditorías.
Decreto Ejecutivo PCM-09-2023 mediante el cual se instruye la rescisión y liquidación del Contrato de Fideicomiso para Administrar Fondos de la Beca Internacional del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20
Este decreto ordena liquidar el fideicomiso del Programa de Becas Honduras 20/20 y transferir todos sus fondos (dinero, inversiones y ganancias) a la Tesorería General de la República para que el Estado controle directamente estos recursos según el presupuesto nacional. También cancela el programa anterior y crea uno nuevo de Becas Solidarias administrado por la Secretaría de Desarrollo Social.
Decreto Ejecutivo No. PCM-09-2023 — Rescisión de contrato de fideicomiso para administrar fondos de la Beca Internacional Honduras 20/20 y creación de Becas Solidarias
Ley Contra el Lavado de Activos
La Ley Contra el Lavado de Activos (Decreto 45-2002) crea la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para guardar y administrar bienes decomisados por delitos. Beneficia a la justicia al garantizar control transparente de bienes confiscados y protege los derechos del Estado sobre estos recursos.
Acuerdo Ejecutivo No. 01-2023 — Derogación del Acuerdo No. 07/2022 sobre Reglamento de Recaudación, Manejo y Entero de Fondos del Cuerpo de Bomberos
Este acuerdo cancela una regulación anterior del Banco Central que controlaba cómo las aseguradoras recaudaban y depositaban el 5% de contribución obligatoria sobre primas de seguros contra incendios para el Cuerpo de Bomberos. La derogación ocurre porque el Congreso modificó la ley eliminando la obligación del Banco Central de emitir esa regulación, permitiendo que los fondos continúen siendo recaudados sin ese reglamento específico.
Acuerdo Ejecutivo No. J.D. 001-02-02-2023 — Ampliación de plazo para aplicación de criterios de provisiones en cooperativas de ahorro y crédito hasta 31 de diciembre de 2023
Esta ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 las normas de provisión (reservas de dinero) más flexibles para cooperativas de ahorro y crédito, que vencían en 2022. Beneficia a las cooperativas permitiéndoles seguir con criterios menos exigentes por la pandemia, aunque deben presentar reportes trimestrales comparando el impacto de aplicar las normas antiguas versus las nuevas.
Decreto Legislativo No. 145-2022 — Aprobación de Convenio PRONADERS-171-2021 para Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en Lempira y otros instrumentos jurídicos
Este decreto aprueba tres instrumentos jurídicos: un convenio para construir un mercado en Lempira por L. 70 millones, una modificación de contrato de consultoría para proyectos de energía renovable, y una enmienda para ampliar sistemas fotovoltaicos a más hogares rurales. Los fondos provienen del Estado para mejorar infraestructura y acceso a electricidad en comunidades pobres.
Licitación No. 10-2022 — Licitación Pública Nacional - Adquisición de Seguro Colectivo de Vida y Médico Hospitalario para Poder Judicial
El Poder Judicial convoca a una licitación pública para contratar un seguro colectivo de vida y hospitalario para sus funcionarios y empleados durante dos años (febrero 2023 a febrero 2025). Las empresas aseguradoras interesadas deben adquirir los documentos de licitación pagando 200 lempiras y presentar sus ofertas selladas el 27 de diciembre de 2022, con garantía de mantenimiento según lo especificado en las bases.
Diario Oficial La Gaceta
Acuerdo Ejecutivo — Normas para el Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas
Esta norma establece que las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas deben organizar, administrar y controlar adecuadamente sus tecnologías de información (TIC) para reducir riesgos. Requiere que creen estructuras de gobierno de TIC, políticas de seguridad, planes de continuidad operativa y sistemas de auditoría según su tamaño. Las cooperativas tienen 3 años para cumplir estas disposiciones.
Decreto Ejecutivo No. PCM-06-2023 — Ratificación de Resolución del Banco Central de Honduras sobre prórroga de presentación de informes de auditoría
PCM-05-2023
Este decreto prorroga el estado de emergencia alimentaria en Honduras para 2023, permitiendo que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) otorgue créditos directos a productores agrícolas sin trámites lentos, con auditorías internas para garantizar transparencia. Beneficia a familias en pobreza extrema y pequeños agricultores que necesitan financiamiento para producir alimentos.
Acuerdo-SAR-014-2023
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) aumenta los tramos de impuesto sobre la renta para personas naturales en un 9.80% a partir de 2023, siguiendo la inflación reportada por el Banco Central. Esto afecta a todos los trabajadores hondureños y a los empleadores que retienen impuestos, ajustando automáticamente cuánto dinero descuentan mensualmente.
Acuerdo Ejecutivo No. 301-2018 — Reglamento General de Negociación de Valores Gubernamentales
Este acuerdo regula cómo Honduras maneja su deuda pública y endeudamiento. Establece un límite máximo de deuda del 55% del PIB, autoriza al Ministerio de Finanzas a renegociar y refinanciar deudas para reducir riesgos, y obliga a las instituciones públicas a registrar préstamos internacionales en el sistema financiero integrado del Estado. También permite contratar seguros contra desastres naturales para proteger las finanzas públicas.
Decreto No. 58-2011 — Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública
Decreto No. 166-2011 — Reforma a la Ley de Seguridad Poblacional
Esta ley reforma las normas de presupuesto público en Honduras, estableciendo cómo las instituciones del Estado deben solicitar, modificar y ejecutar sus presupuestos. Obliga a las entidades públicas a reprogramar sus gastos internamente cuando necesitan recursos adicionales, requiere que quienes reciban pagos del Estado comprueben estar al día con impuestos, y simplifica los procedimientos para incorporar donaciones y fondos externos al presupuesto nacional.
Decreto Legislativo — Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023
Decreto No. 278-2013 — Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión
Esta ley organiza cómo el Estado recibe y distribuye dinero de multas, sanciones y recuperaciones. Establece que la Procuraduría General recibe el 10% de ingresos por sus gestiones, el Ministerio de Trabajo recibe el 90% de sanciones laborales, y los municipios recuperan el 90% de fondos que se les hayan quitado. También permite al Gobierno usar ingresos extras para reactivación económica, deuda pública y protección social.
Decreto Legislativo — Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023
Decreto Legislativo — Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023
Este decreto aprueba el presupuesto fiscal 2023 de Honduras. Establece reglas sobre cómo las instituciones públicas deben registrar y pagar sueldos, controlar personal, gestionar becas y administrar recursos. Afecta a todos los empleados públicos y entidades del Estado, asegurando que el dinero se use correctamente.
Acuerdo Ejecutivo No. 217-2014 — Normas Técnicas del Subsistema de Tesorería General de la República
Decreto Legislativo No. 232-2011 — Ley de Regulación de Precios de Transferencias
Esta ley regula cómo el Estado hondureño compra bienes, contrata servicios y realiza obras públicas. Establece requisitos de transparencia, competencia y publicidad en todas las compras, obliga a usar el sistema HONDUCOMPRAS para publicar procesos, fija límites a gastos (como prohibir primera clase aérea), controla precios mediante análisis de transferencias entre empresas relacionadas, y responsabiliza a funcionarios por incumplir estas normas.