304 resultados en Categoria: Penal
Esta ley permite al Estado confiscar permanentemente bienes, dinero e instrumentos obtenidos de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, incluso sin condenar penalmente al propietario. El proceso es independiente de juicios penales y busca desmantelar organizaciones criminales eliminando su poder económico.
Decreto 26-2010 | Congreso Nacional
Este decreto reforma cómo se distribuye el dinero y bienes incautados a criminales. El dinero decomisado se reparte así: 55% a policía, fiscalía y juzgados que investigaron; 4% a la oficina administrativa; 2% a víctimas; 2% a protección de testigos; 1% a informantes; y 15% a deportes. Beneficia a instituciones de seguridad, víctimas del crimen y programas sociales.
Decreto 258-2011 | Congreso Nacional
Decreto 69-2007 | Congreso Nacional
Este reglamento organiza el funcionamiento técnico del sistema penitenciario hondureño, estableciendo cómo se evalúa, clasifica y atiende a personas privadas de libertad. Define las funciones del Consejo Técnico que elabora planes de atención individualizados, regulan el trabajo penitenciario como parte del proceso de rehabilitación, y establece procedimientos para descuentos de pena por trabajo y visitas íntimas, afectando a reclusos y funcionarios penitenciarios.
Poder Ejecutivo
Esta ley permite que personas encarceladas con enfermedades terminales e incurables sean liberadas para vivir con dignidad en su familia, hospitales o instituciones de asistencia. Los jueces usan criterios médicos específicos (como la escala de Karnofsky) para evaluar si alguien cumple los requisitos, y pueden imponer medidas de seguridad si es necesario.
Decreto 5-2007 | Congreso Nacional
Honduras aprueba un tratado con México para cooperar en asuntos penales. Ambos países se ayudarán mutuamente recopilando pruebas, localizando personas, entregando documentos y proporcionando información en investigaciones criminales, siempre respetando las leyes nacionales de cada país.
Decreto 152-2006 | Congreso Nacional
Esta ley protege a las mujeres de Honduras contra la violencia doméstica en todas sus formas (física, psicológica, sexual y económica). Establece medidas de protección inmediata como separar al agresor del hogar, prohibir su acercamiento y retener armas. Sanciona a quienes incumplen estas medidas con servicios comunitarios y puede derivar a pena penal si la violencia persiste.
Decreto 132-97 | Congreso Nacional
Decreto 136-2008 | Congreso Nacional
Esta ley fortalece la protección de derechos de autor y combate la corrupción. Castiga con 3 a 6 años de cárcel a quien copie, importe o venda obras sin permiso, y sanciona con 5 a 7 años a funcionarios que reciban sobornos y a personas que los ofrezcan, tanto dentro como fuera de Honduras.
Decreto 14-2006 | Congreso Nacional
Esta ley castiga la violación de derechos de autor y propiedad intelectual con cárcel de 3 a 6 años y multas de 50 mil a 100 mil lempiras, incluyendo eludir protecciones tecnológicas. También aumenta penas por soborno doméstico e internacional de funcionarios públicos a 5-7 años de cárcel. Beneficia a autores, artistas e inversionistas, y protege a quienes denuncien corrupción.
Decreto 16-2006 | Congreso Nacional
Este Código Penal establece las reglas fundamentales del derecho penal hondureño: define qué es delito, quién es responsable, qué penas se aplican y cómo se ejecutan. Afecta a toda persona que cometa un hecho delictivo en Honduras, garantizando que nadie sea castigado por algo no previsto en ley y que las penas sean proporcionales al delito.
Decreto 144-83 | Congreso Nacional
Esta ley crea un programa especial del Ministerio Público que protege a testigos en juicios penales que corren riesgo por su testimonio. Ofrece medidas como reubicación, cambio de identidad, protección policial y beneficios laborales, de forma gratuita y confidencial. También protege a familiares y allegados del testigo que estén en peligro.
Decreto 63-2007 | Congreso Nacional
Esta ley castiga el lavado de activos (convertir dinero ilícito en aparentemente legal) con 15 a 20 años de cárcel. Obliga a bancos y entidades financieras a identificar clientes, reportar transacciones sospechosas y mantener registros. Los bienes incautados se administran a través de la OABI para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Decreto 45-2002 | Congreso Nacional
Esta ley crea un sistema para resolver miles de casos penales pendientes en Honduras mediante reglas claras de prescripción y procedimientos rápidos. Establece una Comisión Interinstitucional que coordina entre la Corte Suprema, Fiscalía y otras instituciones para definir políticas criminales y modernizar el sistema penal, con el objetivo de terminar los procesos estancados y evitar retrasos en la justicia.
Decreto 31-2002
Decreto 168-2013 | Congreso Nacional
Decreto 141-2001 | Congreso Nacional
Esta ley crea el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, una institución encargada de combatir el tráfico de drogas en Honduras. El Consejo, presidido por el Presidente de la República e integrado por ministros y altos funcionarios, tiene amplias facultades para diseñar y evaluar la política estatal contra el narcotráfico, y todas las autoridades civiles y militares deben colaborar con él bajo pena de desacato.
Decreto 35-90 | Congreso Nacional
Esta ley regula el sistema penitenciario hondureño, estableciendo cómo se ejecutan las penas y cómo se rehabilita a los delincuentes. Crea la Dirección General de Establecimientos Penales para administrar cárceles y penitenciarías, e implementa un sistema progresivo de tratamiento que incluye educación, trabajo remunerado y preparación para la reintegración social, afectando a todos los condenados y procesados en el país.
Decreto 173-84 | Congreso Nacional
Este protocolo facilita la cooperación judicial entre países americanos para enviar y recibir solicitudes legales (exhortos o cartas rogatorias). Establece procedimientos estandarizados con formularios, designa autoridades centrales en cada país, regula costos, y permite que los juzgados de un país comuniquen órdenes judiciales a los de otro de forma rápida y eficiente.
Esta ley protege a los deudores limitando los intereses que pueden cobrar los prestamistas privados. Establece que cobrar intereses excesivos (usura) es delito, y los tribunales deben reducir esas obligaciones al límite máximo permitido y devolver el dinero pagado en exceso. También prohíbe cobrar comisiones en préstamos.
Decreto 100-62 | Congreso Nacional
Esta ley obliga a los servidores públicos a declarar sus bienes antes de tomar posesión del cargo y penaliza el enriquecimiento ilícito mediante penas de cárcel. La Dirección General de Probidad Administrativa verifica las declaraciones, investiga irregularidades y denuncia delitos para recuperar bienes mal habidos del Estado.
Decreto 301-1975 | Congreso Nacional