304 resultados en Categoria: Penal
Este acuerdo amplía la competencia de los juzgados especializados en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente para que conozcan casos en todo el territorio nacional. Define qué delitos pueden juzgar (narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, contaminación ambiental, entre otros) y establece que sus sedes funcionarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, beneficiando a ciudadanos que requieren justicia especializada en estos delitos graves.
Decreto CSJ-08-2023 | Poder Judicial
Esta ley crea el marco legal para prevenir la trata de personas, castigar a los tratantes y proteger a las víctimas en Honduras. Establece la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, garantiza derechos a las víctimas (atención médica, legal, alojamiento seguro), facilita su reintegración social y obliga a las autoridades a denunciar casos.
Decreto 59-2012 | Congreso Nacional
Esta ley crea y organiza el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para administrar las cárceles y centros penales de Honduras. Establece que las prisiones deben rehabilitar a los reclusos, respetando sus derechos humanos, bajo un sistema progresivo de tratamiento supervisado por jueces. Define la estructura, funciones y responsabilidades de las autoridades penitenciarias, así como las reglas de disciplina y derechos de las personas privadas de libertad.
Decreto 64-2012 | Congreso Nacional
Esta ley obliga a las personas en prisiones hondureñas a trabajar 5 horas diarias como parte de su rehabilitación y readaptación social. El trabajo busca que generen recursos para su manutención, eviten problemas de conducta y adquieran habilidades laborales. Para los prisioneros considerados de alta peligrosidad, establece un régimen especial con aislamiento en celdas de máxima seguridad y restricciones severas.
Decreto 101-2015 | Congreso Nacional
Esta ley reforma el sistema judicial y penitenciario hondureño para implementar vigilancia electrónica como medida alternativa al encarcelamiento. Permite a jueces monitorear a personas acusadas o condenadas mediante dispositivos electrónicos en sus domicilios, reduciendo hacinamiento en cárceles y garantizando seguridad pública. Afecta a personas en procesos penales, condenados y al Instituto Nacional Penitenciario.
Decreto 95-2017 | Congreso Nacional
Esta ley permite al Estado usar inmediatamente el dinero y bienes incautados por delitos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y programas sociales, sin esperar sentencias judiciales finales. Distribuye estos recursos entre Ministerio Público (26.7%), Seguridad (26.7%), Defensa (26.6%), Programa Bono 10 Mil (10%) y Desarrollo Social (10%), garantizando devolución si los tribunales lo ordenan.
Decreto 23-2012 | Congreso Nacional
Esta ley permite a jueces autorizar intervenciones de comunicaciones privadas (llamadas, mensajes, correos) como herramienta excepcional para investigar delitos graves. Solo el Ministerio Público puede solicitarlo, el juez debe autorizar por escrito en máximo 4 horas, y crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones para ejecutar estas medidas bajo vigilancia judicial. Protege la privacidad exigiendo confidencialidad, plazos limitados (máximo 3 meses prorrogables) y sanciona duramente a quien divulgue información.
Decreto 243-2011 | Congreso Nacional
Decreto 222-2012 | Congreso Nacional
Decreto 07 | Poder Judicial
Decreto PCSJ-06-2011 | Poder Judicial
Decreto 5-2011 | Poder Judicial
Decreto 47-SJDDHH-2011 | Poder Ejecutivo
Este reglamento establece las normas para el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras. Regula los derechos y obligaciones de los reclusos, el régimen disciplinario con sanciones proporcionales, la clasificación en cuatro niveles de seguridad, los beneficios preliberacionales para facilitar la reinserción social, y las condiciones de visita. Su propósito es garantizar seguridad, orden, rehabilitación y respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad.
Decreto Acuerdo 027-2011 | Poder Ejecutivo
Este decreto crea la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, un organismo permanente que reúne a las principales instituciones del sistema judicial hondureño (Corte Suprema, Fiscalía, Defensa Pública, Ministerio Público y otras) para coordinar políticas, evaluar el funcionamiento de la justicia penal y proponer mejoras. Beneficia a todos los ciudadanos al fortalecer la eficiencia y transparencia del sistema de justicia para adultos y jóvenes infractores.
Decreto 248-2010 | Congreso Nacional
Esta ley crea juzgados especiales con jurisdicción en todo el país para juzgar delitos de crimen organizado (homicidios, drogas, secuestros, lavado de dinero, trata de personas y terrorismo). Beneficia a la ciudadanía y autoridades al fortalecer la lucha contra bandas criminales organizadas, permitiendo que estos casos sean investigados y juzgados por jueces independientes capacitados, sin importar dónde ocurran los delitos.
Decreto 247-2010 | Congreso Nacional
Esta ley penaliza el financiamiento del terrorismo en Honduras con penas de 30 a 40 años de prisión. Obliga a bancos, empresas y profesionales a detectar y reportar fondos vinculados a terroristas, congela bienes sospechosos y facilita extradiciones internacionales. También castiga a organizaciones que ayuden terroristas con multas y cierre definitivo.
Decreto 241-2010 | Congreso Nacional
Esta ley permite que el Estado use dinero y bienes incautados a criminales para fortalecer instituciones de seguridad y programas sociales. Distribuye estos fondos entre la Fiscalía, Seguridad, Defensa y programas de ayuda social, mientras garantiza devolver lo que pertenezca legalmente a otros. Tuvo validez por 180 días desde su publicación en 2010.
Decreto 235-2010 | Congreso Nacional
Esta ley reforma la Ley de Privación de Bienes de Origen Ilícito para permitir que el Estado incaute y distribuya bienes robados, drogas, armas y dinero obtenido ilegalmente. Los bienes incautados se usan para financiar programas sociales, seguridad y protección de víctimas, beneficiando principalmente a instituciones de justicia, municipios y poblaciones vulnerables.
Decreto 153-2010 | Congreso Nacional
Esta resolución crea la Fiscalía Especial de Privación Definitiva del Dominio (FEPRIDD) dentro del Ministerio Público para investigar y recuperar bienes obtenidos ilícitamente. La FEPRIDD coordina denuncias, análisis patrimonial, investigaciones de campo y procesos judiciales para confiscar permanentemente estos bienes, protegiendo la identidad de denunciantes y coordinando con otras instituciones estatales.
Decreto Reglamento-MP-FEPRIDD-2010 | Congreso Nacional