Se aprueba Protocolo de Busqueda de Personas Desaparecidas
Categoria: Penal
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Leyes relacionadas
Acuerdo Ejecutivo No. FGR-JAZ-015-2024 — Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas — Este acuerdo establece el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Honduras, que crea un sistema coordinado entre la Policía Nacional, Ministerio Público y otras instituciones para buscar de forma inmediata a personas desaparecidas. El protocolo obliga a todas las autoridades a iniciar búsquedas sin demora, respetando los derechos humanos y facilitando la participación de las familias, con el objetivo de localizar a las personas con vida o, en su defecto, restituir sus restos dignamente. (Decreto FGR-JAZ-015-2024, 2024)
Acuerdo No. FGR-005-2022 — Protocolo de Procedimientos y Uso de la Unidad Móvil para Atención Integral a Sectores Vulnerables — Este acuerdo crea un protocolo para una unidad móvil del Ministerio Público que brinda atención integral a personas vulnerables (niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad) víctimas de violencia en zonas de alto crimen. La unidad ofrece servicios legales, psicológicos, médico-forenses y de salud en el terreno, practicando investigaciones iniciales y derivando casos a instituciones especializadas. (Decreto FGR-005-2022, 2022)
Acuerdo-FGR-JAZ-015-2024 — Este acuerdo aprueba el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Honduras, un documento que estandariza cómo policía, fiscalía y otras instituciones deben buscar, localizar e identificar personas desaparecidas. El protocolo obliga a todas las autoridades a iniciar búsqueda inmediata sin demoras, respetando derechos humanos y con coordinación interinstitucional para encontrar a desaparecidos con vida o, si fallecieron, asegurar la dignidad de sus restos. (Decreto FGR-JAZ-015-2024, 2024)
Acuerdo FGR-JAZ-003-2024 mediante el cual se deroga el Acuerdo FGR-007-2022 que contienen las reformas al Estatuto de la Carrera del Ministerio Público — El Fiscal General deroga dos acuerdos de 2022 que reformaron el sistema disciplinario del Ministerio Público porque carecían de procedimientos que garantizaran el debido proceso a los funcionarios investigados (notificaciones, audiencias, evacuación de pruebas, plazos definidos). Esto afectaba a empleados y funcionarios, generando recursos rechazados por los tribunales. El objetivo es restablecer un régimen disciplinario constitucional que proteja derechos fundamentales. (Decreto 21-2024, 2022)