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Este decreto aprueba la Política de Protección Social de Honduras, que busca mejorar las condiciones de vida de personas en pobreza y vulnerabilidad. Beneficia a ciudadanos pobres, excluidos y en riesgo social al crear oportunidades para que generen bienestar y se integren activamente en la sociedad.
Decreto 008-2012 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo excluye permanentemente de la flota pesquera nacional a 73 embarcaciones que no han operado activamente, cancelando sus permisos de pesca. Afecta a los propietarios de estas naves y permite que el gobierno reasigne estos permisos a nuevos operadores, protegiendo los recursos marinos y las fuentes de trabajo del país.
Decreto 072-2012 | Poder Ejecutivo
Este manual establece las normas técnicas y administrativas que regulan cómo capturar, cazar, reproducir y comercializar la vida silvestre en Honduras. El Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) otorga permisos y licencias a personas y empresas, exigiendo estudios poblacionales, planes de manejo y pagos de cuotas para asegurar que las actividades sean sostenibles y no dañen el ecosistema. Afecta a cazadores, científicos, empresas de zoocriaderos, viveros y cualquiera que quiera trabajar con flora y fauna.
Decreto 1897-2011 | Poder Ejecutivo
Esta ley crea un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación para mejorar la calidad y equidad educativa en Honduras. Establece la Comisión Nacional (CONEVAL) como autoridad que supervisa todas las instituciones educativas públicas y privadas, evalúa sus programas mediante criterios de calidad, y otorga acreditaciones temporales a las que cumplan estándares de excelencia académica y equidad.
Decreto 262-2011 | Congreso Nacional
Decreto 01-2012/IAIP | Congreso Nacional
Este decreto extiende indefinidamente la Comisión Interventora que administra el INPREMA (fondo de pensiones de maestros) hasta que se apruebe una nueva estructura institucional. La comisión continúa identificando y corrigiendo problemas financieros, administrativos y actuariales de la institución para recuperar su estabilidad.
Decreto 195-2011 | Congreso Nacional
Esta ley establece qué información deben mostrar las etiquetas de alimentos empaquetados vendidos en Centroamérica. Obliga a los fabricantes a incluir el nombre del producto, ingredientes, fecha de vencimiento, registro sanitario, país de origen y otras datos clave en español, para que los consumidores sepan qué compran y puedan consumir alimentos seguros.
Decreto 280-2012
Esta ley promueve y regula el voluntariado en Honduras, permitiendo que ciudadanos trabajen voluntariamente en organizaciones sin fines de lucro para contribuir al desarrollo del país. Establece derechos y deberes de los voluntarios, crea el Consejo Nacional del Voluntariado (CONAVOL) para coordinar estas actividades, y prohíbe que el trabajo voluntario sustituya empleos remunerados.
Decreto 177-2011 | Congreso Nacional
Este decreto crea el PRONADERS, un programa que unifica esfuerzos para promover el desarrollo rural y urbano sostenible en Honduras. Establece su estructura organizacional, funciones y manual operativo para ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de comunidades pobres, rurales y urbanas, a través de iniciativas productivas, infraestructura y acceso a crédito.
Decreto 137-2011
Honduras aprueba un tratado internacional con cinco países centroamericanos para trabajar juntos en mejorar la calidad de vida, educación, salud y vivienda de sus ciudadanos. El tratado crea instituciones y consejos regionales que coordinan políticas sociales comunes, con el objetivo de reducir la pobreza y asegurar que todos tengan acceso a servicios básicos.
Decreto 209-2011 | Congreso Nacional
Un ciudadano demandó a la Municipalidad de Valle de Ángeles ante los tribunales para que le paguen dinero por incumplimiento de un contrato de servicios profesionales, solicitando indemnización por daños, perjuicios e intereses. Esta demanda establece un proceso legal donde un juez decidirá si la municipalidad debe pagar lo reclamado.
Decreto 464-2011
Una empresa constructora demanda al municipio de Amapala por decisiones administrativas que considera ilegales, solicitando que se anulen esos actos y que le paguen el total de un contrato incumplido más daños, perjuicios y gastos del juicio. El juzgado administrativo notifica públicamente el inicio de este proceso legal iniciado en agosto de 2010.
Decreto 478-10