597 resultados en Categoria: Constitucional
Esta ley reconoce legalmente a la Iglesia Evangélica de Honduras y garantiza su libertad de culto, asociación y funcionamiento. Le otorga derechos como establecer escuelas, hospitales, medios de comunicación y exoneración de impuestos, mientras se compromete a respetar las leyes nacionales y mantener neutralidad política.
Decreto 185-2010 | Congreso Nacional
Este decreto instala formalmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con 5 comisionados (2 hondureños y 3 extranjeros) para investigar los hechos ocurridos alrededor del golpe de Estado de junio 2009. La comisión funcionará por al menos 8 meses para esclarecer lo sucedido y ayudar a evitar que se repita en el futuro.
Decreto 001-2010 | Poder Ejecutivo
Esta ley crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un organismo independiente formado por 5 miembros (2 hondureños y 3 internacionales) con duración de al menos 8 meses. Su función es investigar los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 durante la crisis política, emitir un informe público con recomendaciones para fortalecer la democracia y prevenir futuros conflictos, promoviendo la reconciliación entre hondureños.
Decreto 011-2010 | Poder Ejecutivo
Este decreto cancela la prohibición de portar armas de fuego que había estado vigente desde noviembre de 2009. Permite que los ciudadanos hondureños vuelvan a solicitar permisos para portar armas, ya que el gobierno consideró que las razones que justificaban el desarmé general habían cesado y era necesario restablecer este derecho.
Decreto PCM-005-2010 | Poder Ejecutivo
Esta ley establece cómo funcionan el plebiscito y el referendo, dos mecanismos que permiten a los hondureños votar directamente sobre decisiones importantes del país. El plebiscito consulta sobre asuntos que el gobierno aún no ha decidido, mientras que el referendo permite ratificar o rechazar leyes ya aprobadas. Los resultados son obligatorios si participa al menos el 51% de ciudadanos y la mayoría vota a favor.
Decreto 135-2009 | Congreso Nacional
Decreto 655-2008 | Congreso Nacional
Esta ley crea el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), un organismo independiente que supervisa periódicamente los lugares de detención en Honduras para prevenir torturas y malos tratos. El comité, integrado por tres expertos designados por el Ejecutivo, Congreso y organizaciones civiles, inspecciona cárceles, recibe denuncias, emite recomendaciones y colabora con autoridades para proteger los derechos de personas privadas de libertad.
Decreto 136-2008 | Congreso Nacional
Esta ley regula los procesos electorales, partidos políticos y organismos electorales en Honduras. Establece que el Tribunal Supremo Electoral es autónomo e independiente y coordina todas las elecciones por voto universal. Garantiza participación equitativa de partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes en un sistema electoral libre, transparente e imparcial.
Decreto 44-2004 | Congreso Nacional
Esta ley establece cómo se organiza y funciona el sistema judicial de Honduras. Define que los juzgados y tribunales tienen poder para juzgar casos, prohíbe a los jueces participar en política, crear nuevos juzgados (de paz, letras, cortes de apelación y Corte Suprema) con sus requisitos y responsabilidades, y regula el nombramiento y funcionamiento de todos los jueces y magistrados.
Decreto 175-2003 | Congreso Nacional
Decreto 15-2008 | Congreso Nacional
Decreto 46-2002 | Congreso Nacional
Esta ley garantiza que las personas con discapacidad en Honduras tengan igualdad de derechos y oportunidades en educación, salud, trabajo, transporte y acceso a espacios públicos. Prohíbe la discriminación contra ellas, obliga a empresas y el Estado a contratar personas con discapacidad, ofrece descuentos en servicios, y crea la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad para supervisar su cumplimiento.
Decreto 160-2005 | Congreso Nacional
Decreto 35-1985 | Congreso Nacional
Decreto 2-95 | Congreso Nacional
Decreto 90-1990 | Congreso Nacional
Este reglamento crea la Inspectoría General de Tribunales para vigilar que la justicia se administre de forma rápida, eficaz e imparcial. Los inspectores pueden visitar juzgados, investigar denuncias de ciudadanos sobre el funcionamiento de los tribunales y el comportamiento de jueces y empleados judiciales, remitiendo los hallazgos a la Corte Suprema de Justicia.
Poder Judicial
Decreto 57-2025 | Congreso Nacional
Decreto 128-94 | Congreso Nacional