Acuerdos
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Este documento ordena la investigación de casos de explotación sexual forzada de adultos. Instruye a las autoridades realizar diligencias como tomar declaraciones a víctimas, recopilar pruebas forenses, analizar registros financieros y electrónicos, e implementar medidas de protección. El delito se castiga con 5 a 8 años de prisión y multa.
Este acuerdo establece formularios estandarizados que la Fiscalía General utiliza para ordenar investigaciones sobre delitos específicos como trato degradante, abandono de menores, incumplimiento de manutención, discriminación y acoso laboral. Los formularios guían a la policía sobre qué pruebas recopilar, a quién interrogar y qué protecciones ofrecer a las víctimas, asegurando que todas las investigaciones se realicen de manera uniforme y ordenada.
Decreto FGR-JAZ-010-2024
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de violencia contra la mujer. Instruye recopilar pruebas sobre la víctima (declaración, evaluaciones médicas y psicológicas, antecedentes) y sobre el denunciado (antecedentes penales, laborales, historial de violencia). Busca determinar si ocurrió el delito, proteger a la víctima y reunir evidencia para el proceso judicial.
Este documento es una orden judicial que instruye al Ministerio Público a investigar casos de incesto. Establece 30 pasos específicos para recopilar evidencia, proteger a la víctima (especialmente menores de edad), evaluar su salud física y mental, y reunir pruebas contra el acusado. El objetivo es determinar si el delito ocurrió y garantizar que la víctima reciba apoyo y protección durante el proceso.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de agresiones sexuales mediante diligencias específicas: entrevistas a la víctima con protecciones especiales, evaluaciones médicas y psicológicas, análisis de ADN, recopilación de evidencia física, y medidas de protección como casas refugio. Busca esclarecer los hechos, proteger a la víctima y recopilar pruebas contra el acusado en casos de agresiones sexuales.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación de menores, ancianos o personas con discapacidad obligados a mendigar. Define 23 acciones investigativas (recolectar evidencia, analizar dispositivos electrónicos, proteger víctimas) y establece que quien explote mendicidad enfrenta prisión de 2 a 3 años si usa violencia o drogas, o arresto domiciliario de 1 a 2 años en casos simples.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias de estupro (actos sexuales con engaño o abuso de poder contra menores de 18 años). Establece 37 diligencias obligatorias como entrevistar a la víctima, hacer peritajes médicos y de ADN, proteger al denunciante y recopilar pruebas contra el acusado. Busca recopilar toda evidencia para determinar responsabilidad y garantizar protección a las víctimas.
Este documento ordena al investigador (policía o fiscal) que investigue denuncias de exhibicionismo sexual ante menores o personas con discapacidad. Establece qué diligencias realizar: entrevistar a la víctima, testigos, realizar evaluaciones médicas y psicológicas, inspeccionar el lugar, e identificar al acusado. El delito castiga con 1-3 años de prisión según la edad de la víctima.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar casos de explotación sexual de menores y personas con discapacidad. Establece 30 diligencias investigativas específicas (declaraciones de víctimas, pruebas forenses, seguimiento financiero, intervención de comunicaciones) para recopilar evidencia y proteger a las víctimas. El delito se castiga con 6 a 12 años de prisión según la gravedad.
Este documento ordena al Ministerio Público investigar denuncias por violación de forma integral. Instruye recopilar pruebas de la víctima (médicas, psicológicas, testimonios), del agresor (ADN, antecedentes) y del lugar de los hechos para determinar si el delito ocurrió y responsabilidad del denunciado, garantizando protección a la víctima durante todo el proceso.