Decreto Legislativo No. 40-2026 — Regularización excepcional de aportaciones al RAP e integración del Fondo de Pensiones al FOVIIF

Que la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, imponiendo la obligación de garantizar condiciones que aseguren la dignidad, estabilidad económica y protección social de los trabajadores.

Que la seguridad social y la previsión laboral constituyen instrumentos esenciales para la justicia social, orientados a garantizar la protección económica del trabajador y su familia frente a contingencias de carácter personal, social y laboral que puedan afectar la continuidad de sus ingresos y su estabilidad socioeconómica.

Que el RÉGIMEN DE APORTA- CIONES PRIVADAS (RAP), es una institución financiera privada de interés social, sin fines de lucro, que administra aportaciones obrero-patronales, con el objeto de promover la previsión social, el ahorro y el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Que existe un número significativo de empleadores que no se encuentran afiliados al RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), principalmente por limitaciones de liquidez para asumir pagos retroactivos acumulados, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que es imperativo otorgar un período excepcional a efecto de que estas empresas se regularicen y queden de ahora en adelante afiliadas sin obligación de pagar aportaciones retroactivas, ni intereses, multas, recargos o sanciones derivadas de la falta de afiliación previa.

Que el RÉGIMEN DE APORTA- CIONES PRIVADAS (RAP), actualmente administra tres (3) fondos, el primero de ellos, creado en la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que se denomina Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF); el segundo de ellos, denominado Fondo de Pensiones, el cual fue creado por mandato de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, contenido en el Decreto No. 56-2015, misma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, como consecuencia, este Fondo de Pensiones administrado por el RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP), continúa existiendo únicamente para la administración, inversión y protección de los fondos acumulados hasta que estuvo vigente la relacionada Ley Marco del Sistema de Protección Social pero, se encuentra cerrado a la captación de nuevas aportaciones; y, el tercero de ellos, el Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual creado mediante Decreto No. 47-2024.

Que de los tres (3) fondos relacionados en el Considerando anterior, dos (2) de ellos comparten una finalidad previsional común diseñada para otorgar cobertura y asistencia económica ante las contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y son: El Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) y el Fondo de Pensiones y, sumado a lo anterior, el Fondo de Pensiones, como se reitera, continúa existiendo únicamente para la administración, inversión y protección de los fondos acumulados pero, se encuentra cerrado a la captación de nuevas aportaciones, por la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, de la cual se deriva, resultando imperativa la integración del Fondo de Pensiones al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF), dado que el período de cotización acumulado en el Fondo de Pensiones es, por sí solo, insuficiente para alcanzar las tasas de reemplazo necesarias por lo que su integración al FONDO DE VIVIENDA E INCLUSIÓN FINANCIERA (FOVIIF), se vuelve determinante para dar cumplimiento al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio que impone al Estado y a las instituciones de previsión la obligación de asegurar prestaciones que permitan al trabajador y a su familia mantener un nivel de vida digno, oportuno y suficiente ante cualquier contingencia social.

Que de conformidad con el Artículo 205, Atribuciones 1) 19) y 36) de la Constitución de la República es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; asimismo, aprobar o improbar los contratos que llevan involucrados exenciones, incentivos y concesiones fiscales; y, aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.