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Un tribunal administrativo notifica una demanda presentada contra el Estado de Honduras y la Administración Aduanera por anular un acuerdo de despido de un empleado. El demandante solicita declarar nulo el acto administrativo, ser reintegrado a su puesto, recibir salarios atrasados, bonificaciones y compensación por daños causados por lo que considera un despido ilegal e injustificado.
Decreto 0501-2024-00071-LAP | Poder Judicial
Este acuerdo acepta la renuncia irrevocable del Doctor Carlos Roberto Aguilar Pineda como Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), efectiva desde el 27 de mayo de 2024. La Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, con facultades delegadas por la Presidencia, formaliza esta aceptación.
Decreto SETRASSS-171-2024
Un trabajador demanda al Estado hondureño a través de SEPRENDE para anular su despido como conserje, argumentando que fue ilegal e inconstitucional. Busca ser reintegrado a su puesto y recibir todas las compensaciones laborales correspondientes por la cancelación injustificada.
Decreto 0801-2023-00979 | Poder Judicial
Un juzgado notifica que dos ciudadanas demandaron al Estado de Honduras para anular dos decisiones administrativas del Instituto de la Propiedad que consideran ilegales, y solicitan que se les paguen salarios no percibidos e indemnizaciones laborales por despidos injustificados.
Poder Judicial
Una mujer demanda al Estado de Honduras por cancelarla injustamente de su trabajo en el Instituto de la Propiedad sin seguir los procedimientos legales. Ella solicita que la readmitan en su puesto, le paguen los salarios no percibidos desde su despido, más beneficios como vacaciones y bonificaciones, argumentando que el acto fue ilegal y abusivo.
Este documento contiene avisos judiciales sobre: 1) Cancelación y reposición de un título accionario de 1,803 acciones de la empresa ARHSA a favor de Francis Miriam Zelaya Gómez. 2) Dos demandas laborales contra el Estado y sus institutos para anular despidos y ordenar la reintegración de empleados con pago de salarios adeudados. Afecta a los trabajadores despedidos y sus derechos laborales.
Decreto 0801-2024-01712-CV | Poder Judicial
Esta ley establece los porcentajes que empleadores, trabajadores y el Estado deben aportar al IHSS para la pensión de vejez e invalidez: 3.5% empleadores, 2.5% trabajadores y 0.5% el Estado. También fija los techos máximos de salario sobre los que se calcula el aporte para 2024 y 2025, y destina los fondos acumulados anteriormente a mejorar los servicios de salud del instituto.
Decreto 48-2024 | Congreso Nacional
Esta ley crea un fondo de reserva laboral administrado por el RAP que obliga a los patronos a ahorrar el 4% del salario mensual de cada trabajador para pagarle cesantía o antigüedad cuando termine su empleo. El fondo es individual, protegido contra embargos, y los trabajadores reciben el dinero acumulado más intereses al perder su trabajo, independientemente de la causa.
Decreto 47-2024 | Congreso Nacional
Decreto 48-2024 | Congreso Nacional
Esta ley restaura las contribuciones al IHSS que se habían eliminado por una sentencia judicial, fijando nuevas tasas de aporte: empleadores contribuyen 3.5%, trabajadores 2.5% y el Estado 0.5% para pensiones por invalidez, vejez y muerte. Afecta a todos los trabajadores y empleadores afiliados al IHSS, buscando financiar los servicios de seguridad social que estaban en crisis.
Decreto 48-2024 | Congreso Nacional
Esta ley crea un fondo de ahorro laboral administrado por el RAP donde los patronos aportan el 4% mensual del salario de cada trabajador. El dinero acumulado se entrega al trabajador cuando pierde su empleo, ya sea como indemnización por despido o como compensación por antigüedad. El fondo no puede ser embargado y está exento de impuestos para proteger los ingresos de los trabajadores sin empleo.
Decreto 47-2024 | Congreso Nacional
Esta ley crea un fondo de reserva laboral donde los empleadores depositan el 4% del salario mensual de cada trabajador para garantizar el pago de indemnización por despido o antigüedad cuando termina la relación laboral. El fondo es administrado por el RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) y beneficia a todos los trabajadores del sector privado, protegiéndolos económicamente en caso de desempleo.
Decreto 47-2024 | Congreso Nacional
Un trabajador demanda al Estado de Honduras para anular su despido del 19 de abril de 2024 por considerar que fue ilegal e injusto. Solicita ser reintegrado a su cargo, recibir los salarios no pagados desde su cancelación, ajustes salariales de dos años y una indemnización por daños causados.
Decreto 0501-2024-00068-LAP | Poder Judicial
Este protocolo establece los procedimientos que deben seguir los inspectores de trabajo en Honduras para detectar, investigar y sancionar la discriminación de género en el empleo y ocupación. Afecta a empleadores y trabajadores, creando un sistema uniforme para recibir denuncias sobre acoso laboral, hostigamiento sexual, brecha salarial y otras formas de discriminación, con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades en el trabajo.
Decreto SETRASS-160-2024 | Poder Ejecutivo
Este protocolo de inspección del trabajo establece procedimientos para que inspectores identifiquen, investiguen y sancionen discriminación de género en el empleo. Aplica a todas las empresas e inspectores laborales de Honduras, buscando garantizar igualdad salarial, oportunidades y respeto por género en la admisión, permanencia y despido de trabajadores.
Decreto 266-2013 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo aprueba un protocolo que instruye a los inspectores de trabajo en Honduras sobre cómo identificar, investigar y sancionar la discriminación de género en el empleo. Establece procedimientos unificados para atender denuncias de malos tratos, acoso laboral, hostigamiento sexual y brechas salariales, protegiendo los derechos de trabajadores y trabajadoras mediante inspecciones ordinarias, extraordinarias y de asesoría técnica.
Decreto SETRASS-160-2024 | Poder Ejecutivo
Un trabajador demanda al Instituto de la Propiedad para anular su despido y exige ser reintegrado a su puesto con salarios adeudados, prestaciones laborales y reconocimiento de antigüedad. Esta demanda contencioso-administrativa busca restaurar sus derechos laborales que fueron violados según el demandante.
Decreto 120-2023 | Poder Judicial
Una trabajadora de SENAF demanda al Estado hondureño para anular su despido por cesantía, argumentando que violó la Ley de Servicio Civil. Pide que la reintegren al cargo, le paguen los salarios adeudados y le cubran los gastos del juicio. El juzgado publica este aviso para notificar a los interesados sobre el proceso.
Decreto 0801-2024-00085 | Poder Judicial
Un empleado de la Secretaría de Seguridad demanda al Estado para anular su despido y exige ser reintegrado al trabajo con el pago de los salarios que dejó de recibir. La demanda busca reconocer que su despido fue injusto y obtener compensación por los daños causados.
Decreto 0801-2024-00001 | Poder Judicial
Un trabajador de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil demanda al Estado para anular su despido, alegando que violó la ley y sus derechos. Solicita ser reinstalado en su puesto o uno similar, y recibir todos los salarios e beneficios que dejó de percibir desde que fue despedido.
Decreto 0801-2022-01824 | Poder Judicial
Una empleada del Instituto de la Propiedad demanda al Estado hondureño para anular su despido y exigir su reintegro laboral con salarios adeudados, reconocimiento de antigüedad y derechos laborales. La demanda cuestiona la legalidad del acuerdo que terminó su relación laboral, buscando que se declare nulo por violar la ley.
Decreto 118-2023 | Poder Judicial
Diana Lizeth Merlo Santender demandó al Instituto de la Propiedad para anular su despido de octubre de 2023, que considera ilegal. Solicita ser reintegrada a su puesto de auxiliar de auditoría, recibir los salarios no pagados, beneficios laborales y compensación por daño moral. El juzgado notifica públicamente el inicio de este juicio contencioso administrativo.
Decreto 0801-2023-01248
Este documento publica tres avisos legales de demandas contra el Estado hondureño: una sobre un despido ilegal en COPECO, otra sobre cancelación injustificada en ERSAPS, y una tercera sobre despido en la Secretaría de Seguridad. Los demandantes buscan anular los despidos, ser reintegrados a sus empleos y recibir salarios adeudados más indemnizaciones.
Poder Judicial