Derogar expresamente el Decreto No. 6, de la Ley de Estado de Sitio.

Este decreto elimina la Ley de Estado de Sitio que permitía suspender derechos fundamentales durante emergencias. Honduras derogó esta ley porque violaba tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución que protege la dignidad humana. Así se impide que futuros gobiernos usen esta herramienta para instaurar regímenes autoritarios o crear tribunales especiales.

Que la Constitución de la República de Honduras en su Artículo 59 establece, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla y que la dignidad del ser humano es inviolable.

Que Honduras es un Estado de Derecho, constituida como República libre, democrática e independientemente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

Que en Honduras no se aplicarán leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversen.

Que el Estado de Honduras, ha suscrito una serie de tratados o convenciones internacionales que lo obliga a la observancia irrestricta, promoción y protección a los Derechos Humanos.

Que la Ley de Estado de Sitio se incorporó como Ley Constitutiva en la Constitución de la República de Honduras aprobadas el 10 de septiembre de 1924, Artículos 178 y 199 aprobó el 15 de abril de 1936 y Artículo 188 del Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, que contiene la Constitución de la República de Honduras vigente.

Que la Ley de Estado de Sitio vigente en Honduras, contraviene en forma flagrante la normativa contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros Tratados o Convenciones Internacionales y los Derechos y Garantías Individuales consignada en la Constitución de la República de Honduras.

Que el Artículo 188 de la Constitución de la República de Honduras establece que: "El territorio en la que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el Artículo 187, se regirá durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio".

Que de conformidad con el Artículo 304 constitucional, se prohíbe los tribunales de excepción. Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción.

Que la suspensión de derechos fundamentales de las personas, en el medio utilizado frecuentemente para instaurar gobiernos despóticos, autoritarios y dictatoriales para asumir funciones de control político de los Poderes del Estado utilizando medios de fuerza, yolviendo nugatorio el Derecho Constitucional otorgado a los ciudadanos de defender el orden constitucional.