Resolución No. 241-2015 — Licencia de Distribuidor Exclusiva para Expresso Americano, S.A.

Considerandos

1. 1.Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma.-
2. 2.Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima que los impetrantes ostentan los presupuestos de legitimación necesarios para demandar la inconstitucionalidad de mérito, ello en virtud de que fueron detenidos, sin orden emitida por autoridad competente, ni convalidada por ésta, sino que la aplicación de la Ley que se señala de inconstitucional, les afectó directamente, pues fueron obligados a cumplirla, lo que les acarreó consecuencias directas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, en el caso presente se les vulneró su derecho a la libertad.
3. 3.Que en el decurso del proceso, el Ministerio Público emitió dictamen en fecha treinta de mayo de dos mil trece, pronunciándose la Agente Fiscal REYNA SUYAPA PINEDA, de la siguiente manera; Dictamen:….V.- OPINION: Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público dictamina que se OTORGUE el Recurso de Inconstitucionalidad Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 18 of 28 -- UDI -DEGT-UNAH Sección B Avisos Legales planteado.
4. 4.Que los artículos señalados de inconstitucional, están contenidos en la Ley de Policía y Convivencia Social, misma que fue aprobada por el Congreso Nacional, mediante el ya mencionado Decreto Legislativo número 226-2001, de fecha veintitrés de enero de dos mil dos, publicado en el diario oficial La Gaceta número 33,364, en fecha doce de noviembre de dos mil diez; y son los siguientes: Artículos 17, 18, 19, 20, 99, 100, 101, 119, 128 numerales 3 y 11, 131, 140, 154, 156 y 157.
5. 5.Que previo a entrar al análisis puntual peticionado en la presente acción constitucional, es menester resumir el hecho expuesto por los recurrentes y que dio origen al recurso que se conoce exponen los ciudadanos ERLYN JONATAN MARADIAGAAMADOR, KEVIN ALBAN ORELLANA CHACON y WALTER ANTONIO JIMENES RAPALO, que fueron detenidos en momentos distintos, en las cercanías de un mercadito chino que se encuentra ubicado cerca del Estado Mayor, en Comayagüela, cuando un grupo de Agentes de Policía, los detuvieron sin dar explicaciones, los subieron a la patrulla en donde habían otros muchachos y los llevaron a la cuarta estación de policía; ahí los mantuvieron detenidos por más de veinticuatro horas. Aseguran que los detuvieron en aplicación a los artículos de la LEY DE POLICIA Y CONVIVENCIA SOCIAL que ahora señalan de inconstitucionales.
6. 6.Que estiman los recurrentes que el contenido de las disposiciones transcritas, vulneran el principio-derecho a la igualdad y el derecho fundamental a la dignidad humana, ya que sancionan la pobreza convirtiéndola en un comportamiento delictivo. Señalan que el ejercicio de la mendicidad, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y la pobreza en general, deben ser calificados en una ley como comportamientos sujetos a la tutela de Estado y no como comportamientos delictivos en base a lo que manda el artículo 17 de la Constitución de la República, asimismo señalan que dicha ley contiene una serie de terminología completamente ambigua, por ejemplo el término “vagos”, conductas que atenten contra el honor y “Buenas costumbres”, entre otras.
7. 7.Que una Ô vez analizados los artículos antes indicados como inconstitucionales, esta Sala estima procedente declarar la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Policía y Convivencia Social que establece: “Artículo 99: Serán considerados y sancionados como vagos: las personas que no tengan modo honesto de vivir conocido; en consecuencia se reputan vagos; los mendigos sin patentes, los rufianes, prostitutas ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahúres.” También se declara inconstitucional el artículo 100 que literalmente dice: Artículo 100: “La persona que se encuentre vagando en forma sospechosa, si no da razón de su presencia, será conducido a la estación de policía, con el objeto de ser identificado y será sometido a vigilancia en defensa de la sociedad. Deberán ser sometidos a vigilancia policial, las personas vagas en estado de peligrosidad social, tales como los que no trabajen ni tengan modo de vivir conocido y tengan dinero para gastar.” Y en último término se declara inconstitucional el artículo 119 que dispone: Artículo 119: “Se prohíbe la mendicidad sin permiso Municipal el que sólo se concederá sin impedimentos para trabajar, así como la mendicidad valiéndose de menores, lisiados, paralíticos, ciegos, ancianos, enfermos o fingiendo una enfermedad o impedimento, los mendigos serán conducidos a un centro de beneficencia, para disuadir de esta conducta antisocial, y los que se valieren de ellos se les impondrá multa y se les sancionará de acuerdo con la legislación penal”.
8. 8.Que la Sala de lo Constitucional, después del estudio y análisis del recurso de inconstitucionalidad que nos ocupa, motiva la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 99, 100 y 119 de la Ley de Policía y Convivencia Social, de la manera siguiente: 1.- Con relación al artículo 99, esta norma define quienes serán considerados como vagos; ofreciendo una lista de números clausus en la que indica que son considerados vagos: a.- los mendigos sin patentes, b.-los rufianes, c.-prostitutas ambulantes, d.-los drogadictos, e.- ebrios; y, f.-tahúres. No obstante esta clasificación, es menester señalar para mejor ilustración, que la Real Academia Española define el término VAGO asi: vago 1 , ga. (Del lat. vacuus). 1. adj. Vacío, desocupado. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 19 of 28 -- UDI -DEGT-UNAH Sección B Avisos Legales 2. adj. Dicho de una persona: Sin oficio y mal entretenida. U. t. c. s.; 3. adj. Holgazán, perezoso, poco trabajador. U. t. c. s.- 4. adj. ant. Vacante, vaco.- 5. m. Ar. Solar vacío.- en vago. También lo define como: 1. loc. adv. Sin firmeza ni consistencia, o con riesgo de caerse, o sin apoyo en que estribar y mantenerse. 2. loc. adv. Sin el sujeto u objeto a que se dirige la acción. Golpe en vago. 3. loc. adv. En vano, o sin el logro de un fin o intento que se deseaba, o engañándose en lo que se juzgaba”. Al realizar un análisis conceptual, se observa la inexactitud de los significados, determinándose los dados por la Ley en estudio, como vulneradores de derechos fundamentales para ciertas minorías. Por ejemplo, no debe ser sancionado un ebrio, sólo por el hecho de estar en esa condición, ya que, para que el Estado sancione a un ciudadano mediante una autoridad competente, éste debe haber cometido una acción u omisión que provoque un daño a bienes jurídicos protegidos de terceros y sea considerado falta, delito, o que sin llegar a catalogarse como tal, exista determinada conducta previamente señalada y sancionda en una ley, siempre y cuando como se dijo, haya una lesión a bienes jurídicos protegidos que castigar. Además de la definición anterior, esta ley también define el término vago como, “las personas que no tengan un modo honesto de vivir conocido”. Al respecto, se debe mencionar que la frase “un modo honesto de vivir conocido” es completamente ambigua e indeterminada, puesto que para algunos la mendicidad puede ser un modo honesto de vivir, si se hace un parangón con aquellos que se dedican a delinquir para vivir; contradiciendo las técnicas de redacción de normas legales, que indican que las leyes deben ser claras y precisas. Esta definición está íntimamente relacionada con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley en análisis, norma que dispone que deberá ser sometido a vigilancia policial, la persona que se encuentre vagando “de forma sospechosa”; lo que obliga a preguntarse, no sólo se sanciona la vagancia en sí, sino que la sospecha de la misma?. El artículo 100 también nos brinda otro concepto o presupuesto a considerar; y es determinado así, “Personas vagas en estado de peligrosidad” y señala que “son aquellas que no trabajen ni tengan modo de vivir conocido y tengan dinero para gastar”, podría constituir un ejemplo los vendedores de droga???, aquéllos que solo pasan parados en las esquinas, y sin embargo tienen dinero para gastar?.- La respuesta es NO. Constituiría una detención ilegal el privar de libertad a una persona sólo por el hecho de no realizar ninguna actividad legalmente remunerada.
9. 9.Que además de las contradicciones conceptuales graves que tienen las normas en análisis, éstas sancionan a las personas cuya situación económica-social es producto de una realidad innegable de un país tercermundista, como lo son los países centroamericanos. La ebriedad en las personas es una enfermedad, y no una forma de vagancia…la falta de empleo, es una de las tantas consecuencias de países que atraviesan grandes y permanentes crisis económicas, así como la mendicidad ejercida tanto por la niñez o por personas de la tercera edad, minorías que por mandato constitucional deben ser protegidas por el Estado y no castigadas. Esta Sala estima que la falta de protección vulnera, en el caso de los niños lo dispuesto en el artículo 111 y 119 de la Constitución de la República, que establecen que el Estado tiene la obligación de proteger la infancia, así como el artículo 117 constitucional que dispone que los ancianos merecen una protección especial del Estado, vale mencionar que es sinónimo del vocablo merecer, el vocablo obtener, entiéndase entonces, los ancianos deben obtener una protección especial del Estado. El no obtener dicha protección, vulnera su dignidad como seres humanos. En otro orden de ideas, se manifiesta que el artículo 100, relativo a la práctica de la mendicidad, manda que sólo lo podrán ejercerla aquéllos que tengan permiso municipal, el cual tiene un costo económico, decisión del legislador que conlleva una enorme contradicción, pues la mayoría de las personas que practican la mendicidad, es por que no poseen una entrada económica para sufragar los gastos más elementales de supervivencia, cómo alimentos, vestuario, techo, por lo que cabe preguntarse: como financiar el costo de la autorización extendida por la Alcaldía Municipal, si no se tiene lo elemental para vivir.
10. 10.Que se debe señalar que de conformidad al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, se presume que éstas han sido aprobadas por el legislador Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 20 of 28 -- UDI -DEGT-UNAH Sección B Avisos Legales ordinario, de conformidad o con apego a las normas y principios plasmados en el Texto Fundamental, de ahí que solamente cuando el recurrente acredite que una ley es contraria a la Constitución podrá decretarse la inconstitucionalidad de la misma. En este sentido, las declaratorias de inconstitucionalidad deben ser en principio aisladas, esporádicas o accidentales, puesto de otro modo, y de dictarse de manera sistemática y continua tales declaratorias, quedaría en evidencia un sistema jurídico que adolece de graves contradicciones, con los efectos negativos que ello comportaría para su estabilidad y para la seguridad jurídica imprescindible en toda sociedad.
11. 11.Que en el caso de autos los recurrentes han logrado desvirtuar la presunción de constitucionalidad parcial del Decreto Legislativo impugnado, se constata entonces la vulneración al derecho fundamental a la libertad (Art. 69 CH), a la dignidad (Art,59 CH) y a la igualdad de derechos y a la no discriminación (Art. 60 CH), asimismo se violenta el contenido del artículo 98 constitucional, que establece que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa, por obligaciones que no provengan de delito o falta; y por ende, al demostrarse la incompatibilidad de los artículos 99, 100 y 119 de la Ley de Policía y Convivencia Social con las normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades antes mencionados, y la prohibición de aplicar leyes cuando disminuyen, tergiversen o disminuyen derechos y garantías fundamentales, deben declararse CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad presentado ante esta Sala.
12. 12.Que la JUNTA ADMINIS- TRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE ROMA, se crea como asociación civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.
13. 13.Que el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de este acto administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública, Artículos 83 y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
14. 14.Que mediante Acuerdo Ministerial No. 200-A-2008 de fecha 11 de febrero de 2008, el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, delegó en el Subsecretario de Estado en el Ramo de Justicia, JOSÉ RICARDO LARA WATSON, la facultad de firmar resoluciones de extranjería y trámites varios, asimismo subdelegó en el citado funcionario la firma de Resoluciones de personalidad jurídica y de naturalización.

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