Decreto Legislativo — Ejecución del Servicio de la Deuda Pública a través del SIAFI y SIGADE

Esta ley permite al Consejo Nacional Electoral (CNE) contratar bienes, servicios y obras de forma rápida y directa para las Elecciones Primarias 2025, sin seguir los trámites normales de licitación. El CNE debe publicar estos contratos en HonduCompras y reportarlos a los órganos de fiscalización para garantizar transparencia y evitar demoras en la organización electoral.

Este decreto amplía hasta el 26 de enero de 2022 el plazo para ejecutar la construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca, financiado con un préstamo de Corea de $33 millones. Permite que el Ministerio de Salud continúe el proyecto, que estaba retrasado porque aún no cumplía con el 75% de los recursos comprometidos al iniciar las obras en 2018.

Este reglamento ordena a instituciones públicas, bancos y organismos del Estado cancelar y liquidar los fideicomisos que fueron derogados por ley, transfiriendo inmediatamente todo el dinero, inversiones y ganancias a la Tesorería General de la República. Busca recuperar recursos públicos y establecer procedimientos claros para cumplir con obligaciones contraídas antes de la cancelación de estos fideicomisos.

Esta ley autoriza al gobierno a usar fondos públicos para reconstruir Honduras después de la pandemia de COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA. Asigna miles de millones de lempiras para carreteras, hospitales, agricultura y otros servicios, permitiendo que instituciones públicas ejecuten programas con procedimientos simplificados para acelerar la recuperación económica y el empleo.

Este decreto autoriza al gobierno a ejecutar programas de reconstrucción y reactivación económica tras la pandemia y desastres naturales, permitiendo a instituciones públicas gestionar presupuestos de manera flexible, solicitar créditos internos y externos, y realizar contrataciones directas en proyectos específicos de infraestructura y servicios. Afecta a ciudadanos mediante inversión en carreteras, hospitales y servicios, pero también establece que funcionarios que despidan injustificadamente a empleados serán responsables financieramente.