Instruir a todas las instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas del estado que en todo acto que se celebre entre cualquier persona natural o jurí­dica de derecho pí­blico o privado, debe incluirse el Registro Tributario Nacional (RTN), de dichas personas en dichos actos celebrados.

El Congreso Nacional aprueba un contrato de 20 años entre la empresa CASTOR, S.A. y la ENEE para vender electricidad de una planta hidroeléctrica de 3,919 kilovatios ubicada en Santa Bárbara. La empresa generadora recibirá pagos basados en costos marginales de energía con incentivos por usar energía renovable durante los primeros 15 años de operación.

Este decreto aprueba un contrato entre el gobierno hondureño y la empresa Pacific Solar Energy para construir y operar una planta de energía solar de 49.9 megavatios en Nacaome, Valle, durante 50 años. La empresa genera electricidad limpia que alimenta el sistema nacional, recibe incentivos fiscales y puede vender energía a distribuidoras o consumidores grandes, mientras el Estado supervisa su operación y puede comprar la planta si termina el contrato.

Este acuerdo reforma el artículo 8 del Reglamento de Negociación de Divisas del Banco Central de Honduras. Cambia la composición del Comité de Subastas al excluir la participación directa de la Auditoría Interna, permitiendo solo su presencia como observador invitado. Esto garantiza la independencia de la auditoría interna, conforme a las normas de control interno del banco.

Este decreto aprueba un contrato entre la empresa pública ENEE y la empresa privada Biogás y Energía para que esta última suministre electricidad generada con biogás durante 20 años. La planta, ubicada en Trujillo, Colón, producirá hasta 1,200 kilovatios de energía renovable, beneficiando al país al reducir costos de importación de combustible y contaminación ambiental.

Este decreto aprueba la personalidad jurídica y estatutos de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad de Las Flores en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. La junta opera como organización sin fines de lucro para construir, mantener y administrar el sistema de agua potable local, cobrando tarifas mensuales a los usuarios y rindiendo cuentas anuales al Estado.