Decreto Ejecutivo No. PCM-011-2026 — Aprobación de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030 y creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia
Considerandos
- 1.Que de conformidad con el Artículo 245, Numerales 2 y 19, de la Constitución de la República, es atribución del Presidente de la República administrar la Hacienda Pública y dirigir la política económica y financiera del Estado.
- 2.Que de conformidad al Artículo 252 de la Constitución de la República, el Presidente de la República convoca y preside el Consejo de Secretarios de Estado, el cual se reunirá para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional.
- 3.Que de conformidad al Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, Centralizada y Descentralizada, pudiendo actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.
- 4.Que la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC-OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), ratificadas por Honduras, obligan al Estado a mantener órganos eficaces, con recursos suficientes y con el grado necesario de independencia para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, y a garantizar la continuidad institucional de dichas funciones.
- 5.Que la política nacional anticorrupción comprende tres ejes estratégicos inseparables: Prevención e integridad pública; coordinación interinstitucional y reforma normativa; y, acompañamiento a la investigación, el litigio y la recuperación de activos. -- 1 of 100 -- ABG. JUAN MANUEL GALVEZ ORDONEZ DIOSSANA GUADALUPE FLORES LEIVA Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ´ ͂
- 6.Que es imperativo fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado y demás instituciones del sistema anticorrupción, bajo una conducción estratégica unificada.
- 7.Que la cooperación técnica de organismos internacionales (UNODC, OCDE, GAFILAT, BID, Banco Mundial, la Unión Europea y otros que correspondan), requiere de una contraparte nacional con mandato legal claro, autonomía funcional y capacidad de suscribir acuerdos de asistencia técnica vinculantes, es decir, una coordinación nacional robusta y la existencia de un punto focal con autoridad y mandato claros para liderar la preparación institucional.
- 8.Que se requiere contar con la aprobación de una Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026 - 2030 por parte del Gobierno de la República, que establezca como eje institucional central al Comisionado Presidencial para la Transparencia, cuya creación mediante el presente Decreto Ejecutivo es el primer y necesario paso de implementación de dicha Estrategia. El presente Decreto Ejecutivo se subordina en todos sus extremos al marco rector de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026 - 2030 y debe interpretarse de manera sistemática y coherente con sus diez ejes estratégicos.
Articulos
Articulo 1
Aprobar, en todas y cada una de sus partes, la “ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 – 2030” que tiene por objeto, entre otros: a) Instituir el cargo de Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) como la autoridad que ejerce la rectoría política, coordinación estratégica e interlocución nacional e internacional en materia anticorrupción y, que ejerce sus atribuciones con plena autonomía funcional -- 2 of 100 -- que asegure su independencia técnica y su credibilidad ante la ciudadanía y la cooperación internacional; b) Establecer el Mecanismo Nacional de Coordinación A n t i c o r r u p c i ó n ( M N C A ) c o m o i n s t a n c i a interinstitucional de articulación técnica bajo la conducción del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT); y, c) Aprobar el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI) y habilitar al Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) para su gestión y coordinación.
Articulo 2
Créase el cargo de Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), instituido como el eje institucional central de la “ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 – 2030”, nombrado por el Presidente de la República como máxima autoridad ejecutiva en materia de transparencia, anticorrupción y coordinación interinstitucional y, estará adscrito a la Presidencia de la República.
Articulo 3
El Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) no es un órgano de investigación penal, ni de representación legal del Estado en sede judicial. La persecución penal de la corrupción por ley corresponde en exclusiva al Ministerio Público; asimismo la representación y defensa legal del Estado como litigante por ley corresponde a la Procuraduría General de la República. El Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) es el articulador estratégico del sistema, no el sustituto de ninguna de estas instituciones.
Articulo 4
A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo y de su nombramiento, el Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) presentará oportunamente ante la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, su propuesta de atribuciones, funcionamiento interno y requerimientos incluso de personal y logísticos para su correspondiente y oportuna aprobación por la Presidencia de la República.
Articulo 5
Se instruye, a su vez, la publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, por su orden, del presente Decreto Ejecutivo y, la “ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026 – 2030”.
Articulo 6
El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026). COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. NASRY JUAN ASFURA ZABLAH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA -- 3 of 100 -- JUAN CARLOS GARCÍA MEDINA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA FÁTIMA IDALMA JUÁREZ PADILLA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL EMILIO ENRIQUE HERNÁNDEZ HÉRCULES SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS SULMY YAMILETH ORTÉZ MALDONADO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, POR LEY EILLIM FLORES IRÁCHEZ SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, POR LEY FERNANDO ANTONIO FORTÍN MACÍAS SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR LEY NOLVIA PATRICIA HERRERA ESPINOZA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER GERZON ONÁN VELÁSQUEZ AGUILERA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD JUSTO RAFAEL CANO MARTÍNEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA, POR LEY JOSÉ MIGUEL CASTILLO HURTADO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, POR LEY -- 4 of 100 -- JUAN CARLOS RAMOS RAMÍREZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE IVETTE ARELY ARGUETA PADILLA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN LEDA LIZETHE GARCÍA PAGÁN SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS MOISES ABRAHAM MOLINA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA EDUARDO OVIEDO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA JUAN CARLOS RODRIGUEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LEY ANDRÉS DE JESÚS EHRLER MARTÍNEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO ELVIN LENIN CABRERA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS, POR LEY LUIS RENE SUAZO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES, POR LEY FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS -- 5 of 100 -- . -- 6 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 1 GLOSARIO DE SIGLAS Sigla Significado completo BID Banco Interamericano de Desarrollo APNFD Actividades y Profesiones No Financieras Designadas CNBS Comisión Nacional de Banca y Seguros CPP Código Procesal Penal de Honduras CPT Comisionado Presidencial para la Transparencia PJ Poder Judicial EDCA Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas GAFILAT Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional CI Cooperante Internacional IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública IPC Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional) MESICIC Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC (OEA) MNCA Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción MP Ministerio Público OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OEA Organización de los Estados Americanos ONCAE Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado PATI Plan de Asistencia Técnica Internacional PGR Procuraduría General de la República ROS Reportes de Operaciones Sospechosas SAR Servicio de Administración de Rentas SEFIN Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas SIAFI Sistema de Administración Financiera Integrada TSC Tribunal Superior de Cuentas FAC Fiscalía Anti-Corrupción UIF Unidad de Inteligencia Financiera UNCAC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -- 7 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 2 I. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Compatriotas: Honduras llega al año 2026 enfrentando importantes desafíos para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejores oportunidades para la población. Durante muchos años, las debilidades en los sistemas de control, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas han limitado la capacidad del Estado para responder con eficacia a las necesidades de los hondureños, afectando la calidad de los servicios públicos y el desarrollo del país. Este gobierno asume la responsabilidad de impulsar una nueva etapa de gestión pública basada en resultados, transparencia y cercanía con la gente. Nuestra convicción es sencilla: los recursos del pueblo deben administrarse con honestidad, eficiencia y sentido de responsabilidad. Vamos a trabajar con orden, cuentas claras y supervisión permanente, promoviendo una cultura de integridad en todas las instituciones del Estado. Más allá de los discursos, nuestro compromiso es demostrar con acciones concretas que es posible gobernar de manera transparente, fortalecer la confianza ciudadana y construir un país con más oportunidades para todos. La Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026–2030 es nuestra hoja de ruta, refleja el compromiso de gobernanza y transparencia contenidos en acuerdos y estándares internacionales. Tiene tres pilares inseparables: primero, la creación del Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA) y la activación del Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), que fortalece —no sustituye— a nuestras instituciones nacionales; segundo, la reforma del marco legal e institucional para un efectivo control y justicia; y tercero, la participación formal de la sociedad civil especializada en la promoción de la transparencia y combate a la corrupción, independiente política y financieramente, como blindaje permanente frente a cualquier intento de regresión institucional. Esta estrategia no es solo del gobierno. Invito a los partidos políticos, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al sector privado, a la sociedad civil especializada, a las iglesias, a la academia, a los medios de comunicación y a cada ciudadana y ciudadano hondureño a ser parte activa de esta transformación estructural. La historia juzgará lo que hagamos en estos cuatro años. Nosotros estamos listos para responder con resultados, con transparencia y con la frente en alto. Nasry Juan Asfura Zablah / Presidente de la República de Honduras -- 8 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 3 II. RESUMEN EJECUTIVO Honduras enfrenta en 2026 un momento de encrucijada institucional. La ausencia de un mecanismo de acompañamiento internacional efectivo durante el período 2022–2026, el gobierno hereda instituciones debilitadas, un marco legal con múltiples disposiciones que limitan la efectividad del sistema de control y justicia, y una ciudadanía organizada que exige resultados concretos, verificables y sostenidos. La Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026–2030, integra tres insumos fundamentales: (a) los elementos preventivos, de gobierno abierto y participación ciudadana contenidos en la propuesta de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH) 2022–2026, preservando los aportes de la cooperación internacional y las voces ciudadanas recabadas en su proceso de formulación participativa; (b) los estándares internacionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de dicha Convención (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y (c) el marco institucional creado por el Decreto Ejecutivo de creación del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) y su Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI). Enfoque estratégico La estrategia opera en tres velocidades: construcción institucional sostenida con transferencia de capacidades entre 2027 y 2028; impulso a reformas inmediatas de alto impacto político y normativo en el primer año a partir de su aprobación; y, consolidación con validación mediante métricas internacionales entre 2029 y 2030. Diez ejes estratégicos La estrategia se organiza en 10 ejes: (1) Activación del PATI y el MNCA; (2) Impulso de propuesta de reforma del marco legal anticorrupción, penal y procesal penal; (3) Impulso de propuestas para el fortalecimiento de órganos de control, MP y Poder Judicial; (4) Transparencia, datos abiertos y gobierno digital; (5) Contrataciones públicas limpias; (6) Integridad pública y conflictos de interés; (7) Combate a redes de corrupción y lavado de activos; (8) Participación ciudadana y auditoría social; (9) Transparencia electoral y financiamiento político; y (10) Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Condición crítica — Agenda legislativa en el primer año de gobierno La implementación efectiva de esta estrategia requerirá el fortalecimiento progresivo del marco normativo e institucional en materia de transparencia, integridad pública y combate a la corrupción. En ese sentido, el Poder Ejecutivo propondrá/impulsará ante el Congreso Nacional un conjunto de reformas prioritarias identificadas en el marco del acompañamiento técnico internacional como relevantes para consolidar las capacidades nacionales de: (i) prevención, investigación, judicialización, sanción y penalización de estructuras de corrupción compleja, (ii) facilitar la viabilidad y efectividad de los mecanismos de asistencia técnica y cooperación internacional; y, (iii) evitar la elusión y defraudación fiscal. -- 9 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 4 III. DIAGNÓSTICO: CORRUPCIÓN EN HONDURAS 3.1 Estado de situación Honduras obtuvo 23 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional en 2021, mínimo histórico que la ubica en el puesto 157 de 180 países evaluados. Los datos del IPC 2024–2025 no evidencian mejoras estructurales. Esta posición refleja un sistema en el que la corrupción ha dejado de ser un fenómeno individual o episódico para convertirse en un mecanismo sistémico de malversación de recursos públicos por redes político-empresariales con capacidad de captura institucional demostrada. 3.2 Patrones estructurales de corrupción El Equipo de Expertos (EdE) de Naciones Unidas identificó dos niveles complementarios de obstáculos estructurales: En primer lugar, un marco normativo que dificulta la investigación y persecución penal efectiva de altos funcionarios, incluyendo amnistías con efectos retroactivos que han incidido en determinados procesos judiciales vinculados a corrupción. De igual forma, resulta necesario fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia procesal mediante la revisión técnica y armonización de las normas que regulan la inmunidad parlamentaria, los procedimientos especiales para altos funcionarios y los mecanismos de antejuicio, garantizando simultáneamente la protección de las funciones constitucionales que dichas instituciones tutelan y la efectividad de la respuesta del sistema de justicia frente a la corrupción; y, en segundo lugar, un andamiaje legal que facilita la malversación de recursos públicos mediante normativa tributaria, registral y de concesiones que beneficia a grupos con acceso privilegiado al poder. La ENTAH 2022–2026 documentó que la tasa de efectividad para presentar casos y obtener sentencias favorables ante los juzgados es estructuralmente baja, lo que demuestra limitada efectividad de la justicia y desincentiva la denuncia ciudadana. 3.3 Hallazgos principales de la ENTAH 2022–2026 La ENTAH identificó las siguientes debilidades del marco normativo e institucional: ausencia de mecanismos articulados de gestión de conflictos de interés; regulación laxa del fenómeno de puerta giratoria entre sector público y privado; debilidad sistémica del régimen disciplinario del servicio civil; La regulación dispersa de las técnicas especiales de investigación y la ausencia de una incorporación integral de estas herramientas en el Código Procesal Penal generan desafíos para su aplicación uniforme en investigaciones de corrupción, criminalidad organizada y otros delitos complejos; la implementación de las reformas al Código Penal ha generado interpretaciones y debates respecto del alcance práctico de determinadas penas y mecanismos de agravación en delitos contra la administración pública, lo que evidencia la necesidad de realizar evaluaciones técnicas periódicas sobre su efectividad, proporcionalidad y capacidad disuasoria; captura y agravamiento de muchas instituciones e insuficiencia de los mecanismos de participación ciudadana y auditoría social. 3.4 Brechas de la ENTAH frente al contexto 2026–2030 • Limitadas capacidades para identificar, investigar y judicializar estructuras de corrupción compleja mediante enfoques de criminalidad organizada y análisis de redes criminales. • Débil abordaje del sistema de justicia en sus dimensiones estructurales: independencia funcional de instituciones relacionadas. -- 10 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 5 • Fragmentación y escasa continuidad en los procesos de reforma normativa e institucional, generando respuestas reactivas y de corto plazo frente a fenómenos complejos de corrupción y criminalidad organizada. • Tratamiento insuficiente de la corrupción y de los fenómenos de captura y agravamiento institucional y regulatoria. • Indicadores sin líneas base verificables, sin valores de partida documentados ni responsables institucionales explícitos. • Falta de mecanismos de cumplimiento, seguimiento independiente y sanción por incumplimiento institucional. IV. VISIÓN 2030 Y PRINCIPIOS RECTORES 4.1 Visión Visión 2030 Para 2030, Honduras luchará por contar con un Estado transparente, con instituciones de control fortalecidas e independientes, un sistema de justicia que investiga y penaliza la corrupción con efectividad, sin distinciones políticas, mecanismos de participación ciudadana efectivos y capacidades permanentes para combatir la corrupción más allá de los ciclos electorales. El PATI habrá acompañado y transferido capacidades verificables al Estado hondureño, dejando un legado institucional duradero. 4.2 Principios Rectores Principio Contenido Legalidad Toda acción anticorrupción se sustenta en el Estado de derecho, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las reformas institucionales deben tener base legal, no solo ejecutiva. Independencia institucional Las instituciones de control —MP, Poder Judicial, TSC, IAIP— ejercen sus funciones sin interferencia política, con mandatos protegidos por ley y presupuesto autónomo garantizado normativamente. Transparencia radical La información del Estado es un bien público. Toda restricción al acceso debe estar taxativamente justificada por ley, ser proporcional y estar sujeta a revisión judicial independiente. Rendición de cuentas Todo funcionario público es responsable de su gestión ante la ciudadanía, con obligación de demostrar —no solo declarar— integridad mediante mecanismos de verificación. Participación ciudadana real La sociedad civil especializada e independiente en la materia constituye un componente sustantivo de esta estrategia. En ese marco, se reconoce y garantiza su rol en los procesos de veeduría, seguimiento y control social, asegurando el acceso oportuno a la información pública y los mecanismos institucionales necesarios para formular observaciones, realizar auditorías sociales y promover las acciones que correspondan conforme al marco jurídico vigente. -- 11 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 6 Principio Contenido Interculturalidad y equidad de género Las políticas anticorrupción reconocen el impacto diferenciado de la corrupción en mujeres, pueblos indígenas, comunidades rurales y otros sectores vulnerables, e incorporan mecanismos de acceso diferenciados. Sostenibilidad institucional Las reformas impulsadas deberán consolidarse mediante instrumentos legales de carácter permanente, procurando su aprobación por vía legislativa cuando corresponda, a fin de asegurar su estabilidad institucional, continuidad en el tiempo y plena vigencia más allá de los ciclos electorales y las transiciones de gobierno. Efectividad en control de corrupción Ningún cargo público, investidura, fuero o vínculo político podrá constituirse en mecanismo de impunidad o de obstaculización de la acción de la justicia frente a actos contrarios a la ley, sin perjuicio de las garantías constitucionales y los procedimientos especiales establecidos para la protección de determinadas funciones públicas, los cuales deberán aplicarse de manera compatible con los principios de legalidad, igualdad ante la ley y rendición de cuentas. 4.3 Principales Instancias La implementación de la Estrategia requiere una estructura de gobernanza que garantice liderazgo, coordinación efectiva y apoyo técnico especializado. Para ello, se establecen instancias con funciones complementarias orientadas a dirigir, articular y fortalecer los esfuerzos institucionales en materia de transparencia, integridad pública y lucha contra la corrupción, promoviendo la colaboración entre las entidades del Estado y el aprovechamiento de la cooperación internacional para el logro de los objetivos estratégicos. En ese sentido, a continuación, se detallan las principales instancias de articulación de la Estrategia: a) Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT): Autoridad que ejerce la rectoría política, coordinación estratégica e interlocución nacional e internacional en materia de transparencia y, que ejerce sus atribuciones con plena autonomía funcional que asegure su independencia técnica y su credibilidad ante la ciudadanía y cooperación internacional. El CPT será nombrado por el presidente de la República como máxima autoridad ejecutiva en materia de transparencia, anticorrupción y coordinación interinstitucional y, estará adscrito a la Presidencia de la República. El CPT no es un órgano de investigación penal, ni de representación legal del Estado en sede judicial. La persecución penal de la corrupción por ley corresponde en exclusiva al Ministerio Público; asimismo la representación y defensa legal del Estado como litigante por ley corresponde a la Procuraduría General de la República. El Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT) es el articulador estratégico del sistema, no el sustituto de ninguna de estas instituciones; -- 12 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 7 b) Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA): Instancia interinstitucional de articulación técnica bajo la conducción del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT); y, c) Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI): Constituye el mecanismo central de cooperación técnica externa de la Estrategia. Se formalizará mediante la suscripción de Memorandos de Entendimiento (MdE) con cada organismo cooperante que apoye la Estrategia. Su propósito es fortalecer las capacidades del Estado hondureño mediante la incorporación temporal de expertos nacionales e internacionales que trabajarán de manera conjunta con las instituciones nacionales en áreas relacionadas con la prevención, investigación, análisis, recuperación de activos, fortalecimiento institucional y combate de la corrupción y los delitos económicos. V. PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL (PATI) — EJE CENTRAL El Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), gestionado y coordinado por el Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), es el mecanismo central de cooperación técnica externa de esta estrategia. El PATI no es un órgano sustituto de las instituciones nacionales sino un mecanismo de fortalecimiento de capacidades permanentes del Estado hondureño, con transferencia verificable de metodologías, herramientas y conocimiento especializado. Principio rector del PATI Los expertos nacionales e internacionales trabajan con y junto a las instituciones nacionales, transfiriéndoles capacidades que permanecen en el Estado hondureño al término de cada cooperación. Ningún acuerdo del PATI podrá comprometer la independencia institucional o la soberanía de Honduras. El PATI complementa las reformas internas del Estado; no las sustituye. 5.0 Marco de Gobernanza del PATI La operatividad técnica del PATI contará con una arquitectura de gobernanza que garantice independencia funcional, rendición de cuentas interna y posibles mecanismos de superación de controversias. Los elementos constitutivos de dicho marco son los siguientes: Elemento de gobernanza Descripción operativa Base legal El PATI opera bajo el amparo del PCM de creación del CPT y de los Memorandos de Entendimiento (MdE) suscritos con cada organismo cooperante. Los MdE tienen rango de instrumento de derecho internacional y son depositados en la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. El CPT es el punto focal nacional. -- 13 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 8 Elemento de gobernanza Descripción operativa Órgano de conducción El CPT coordina al PATI, integrado por un representante designado por cada organismo internacional cooperante, un representante de la sociedad civil especializada e independiente con voz y voto, pudiendo integrarse otras instituciones que se consideren procedentes y oportunas. Mecanismo de posible superación de controversias Las diferencias de criterio técnico se superan, de ser necesario, integrando un panel técnico ad hoc de tres miembros designados por el CPT con participación de la sociedad civil especializada. Sus propuestas no limitan la soberanía jurisdiccional del Estado. Supervisión del CPT El CPT es designado y nombrado por el Presidente de la República pero ejerce sus funciones con autonomía técnica. Transparencia y rendición de cuentas del PATI El PATI publica semestralmente: (a) un informe de transferencia de capacidades con indicadores verificables; (b) el detalle de recursos de cooperación recibidos y ejecutados; (c) el listado de expertos desplegados con sus términos de referencia; y, (d) el estado de cumplimiento de los MdE. Todos los documentos son accesibles en el portal público del CPT. Evaluación del CPT La sociedad civil especializada en la materia e independiente puede solicitar, ante el MNCA, una o más evaluaciones del desempeño del CPT. Sus conclusiones servirán para proponer las mejoras o enmiendas que correspondan. 5.1 Organismos priorizados del PATI El Poder Ejecutivo invitará a conformar el PATI, entre otros, a los siguientes organismos y agencias internacionales, cuya enumeración tiene carácter meramente enunciativo y no limitativo: Organismo Área de asistencia técnica indicativa UNODC Fortalecimiento del MP en casos de alta complejidad, lavado de activos, colaboración eficaz y recuperación de activos. OCDE Integridad pública, gestión de conflictos de interés, contratación pública, registro de actores que representan intereses ante el sector público, financiamiento político y revisión por pares de política anticorrupción. Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales / OCDE Mecanismo internacional técnico que fija y supervisa estándares de transparencia fiscal para combatir la elusión y defraudación mediante el intercambio de información entre países. GAFILAT / GAFI Evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, regulación de APNFD, fortalecimiento de la UIF, preparación para la evaluación de cuarta ronda GAFI. BID y Banco Mundial Fortalecimiento de HonduCompras, transparencia presupuestaria, SIAFI, gobierno digital y sistemas de gestión de riesgo de corrupción en contratación pública. MESICIC / OEA Seguimiento de las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción; evaluación por pares del ciclo en curso. -- 14 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 9 Organismo Área de asistencia técnica indicativa Unión Europea Estado de derecho, reforma judicial, fortalecimiento de la sociedad civil especializada, periodismo de investigación y programa de protección de fiscales y jueces. GIZ / IDL España Servicio civil, carrera judicial, formación de jueces y fiscales, e intercambio de experiencias comparadas en reformas anticorrupción. Transparencia Internacional Fortalecimiento de la sociedad civil especializada, transparencia presupuestaria, protección de periodistas y comunicación estratégica anticorrupción. 5.2 Ruta crítica del PATI En el marco del acompañamiento técnico internacional, el Poder Ejecutivo propondrá ante el Congreso Nacional un conjunto de reformas identificadas, tales como: Fase Acciones indicativas Responsables indicativos Fase 0 — Condiciones normativas Proponer reformas para fortalecer la investigación y persecución de la corrupción y la criminalidad organizada, incluyendo la incorporación de Técnicas Especiales de Investigación y mecanismos de justicia premial al Código Procesal Penal, la reforma de los Artículos 414 al 417 del CPP, la revisión del Decreto No. 117-2019, la derogación del Decreto No. 04-2022 y el fortalecimiento de la autonomía del MP Congreso Nacional con opinión de CSJ (Según corresponda). Fase 1 — Formalización del PATI CPT suscribe primeros MdE con UNODC, OCDE y GAFILAT, etc. Publicar hoja de ruta del PATI con plazos y entregables verificables. CPT / Cancillería/SEFIN. Fase 2 — Despliegue de expertos Expertos nacionales e internacionales se integran a unidades nacionales contraparte: MP, TSC, IAIP, ONCAE. Inicio de transferencia de metodologías. CPT / Instituciones contraparte. Fase 3 — Primeros entregables Diagnóstico institucional independiente publicado. Primera evaluación de capacidades nacionales. Ajuste del plan de trabajo según hallazgos. CPT / UNODC / OCDE. Fase 4 — Operación plena PATI en plena operación en todos los ejes. Primer informe de avance publicado. Transferencia de capacidades verificable y documentada. CPT / todos los organismos. Fase 5 — Evaluación y consolidación Evaluación externa independiente al Año 2. Ajuste del mandato y extensión si es necesario. Métricas públicas de capacidades transferidas. CPT / Sociedad civil / Cooperación. VI. AGENDA LEGISLATIVA PRIORITARIA La implementación efectiva de esta estrategia requerirá el fortalecimiento progresivo del marco normativo e institucional en materia de transparencia, integridad pública y combate a la corrupción. En ese sentido, el Poder Ejecutivo propondrá ante el Congreso Nacional un -- 15 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 10 conjunto de reformas prioritarias identificadas en el marco del acompañamiento técnico internacional como relevantes para consolidar las capacidades nacionales de: (i) investigación, judicialización y penalización de estructuras de corrupción compleja, (ii) facilitar la viabilidad y efectividad de los mecanismos de asistencia técnica y cooperación internacional; y, (iii) evitar la elusión y defraudación fiscal. # Instrumentos a Proponer Contenido esencial Institución responsable 1 Reforma al Código Procesal Penal (CPP) Incorporar Técnicas Especiales de Investigación, mecanismos de justicia premial y colaboración eficaz para fortalecer la investigación y judicialización de casos de corrupción, delitos económicos y criminalidad organizada Congreso Nacional / CSJ (opinión) 2 Reforma a los Arts. 414–417 CPP Delimitar el alcance del procedimiento especial para altos funcionarios y sus efectos sobre coimputados, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficiencia procesal. Congreso Nacional / CSJ (opinión) 3 Eliminación / Derogación Decreto 04-2022 Garantizar que los hechos de corrupción y demás delitos graves sean investigados y juzgados conforme al régimen ordinario de responsabilidad penal Congreso Nacional 4 Ley de Protección de Denunciantes, Testigos y Alertadores Protección integral para funcionarios, periodistas, activistas y ciudadanos. Incluye canales de denuncia anónima, reintegro laboral, compensación económica y protección física para casos de riesgo grave. Congreso Nacional 5 Fortalecimiento del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal Fortalecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción, soborno transnacional, lavado de activos y otros delitos graves, conforme a estándares internacionales y compromisos asumidos por Honduras. Congreso Nacional 6 Reforma a Ley Orgánica del MP Fortalecer la independencia funcional del MP, regular las atribuciones y competencias en decisiones investigativas, garantizar estabilidad en el cargo de fiscales anticorrupción por mérito y carrera. Congreso Nacional / Fiscal General 7 Paquete de Leyes contra Lavado de Activos y financiamiento al terrorismo Paquete de 4 proyectos de ley conforme a las recomendaciones y modificaciones solicitadas por el FMI para cumplir con la revisión que hará GAFILAT en su próxima revisión. Reforma la Ley Especial contra lavado de activos Reforma a la Ley para la de las APNFD. Reforma la Ley contra financiamiento al terrorismo. Nueva Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final. Ya remitidas al Congreso Nacional Congreso Nacional Opinión técnica de la Secretaría de Finanzas 8 Ratificación de convenio MAAC Ratificación del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) – instrumento habilitante para el intercambio de información entre estados, mismo que se encuentra firmado pero pendiente de su ratificación. Congreso Nacional -- 16 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 11 VII. EJES ESTRATÉGICOS 2026–2030 Es importante resaltar que la presente Estrategia se promueve desde el Poder Ejecutivo, sin embargo, las acciones de fortalecimiento contenidas en la misma involucran otros actores, como ser órganos constitucionales con independencia propia, por lo que el compromiso del Ejecutivo es proponer, impulsar y coadyuvar en esfuerzos para el logro efectivo de la misma. Eje 1 — Activación del PATI y el MNCA Objetivo: Impulsar la creación de las condiciones jurídicas, institucionales y políticas para activar el PATI, asegurando la transferencia de capacidades permanentes al Estado hondureño bajo la coordinación del MNCA, tales como: • Proponer la aprobación de reformas legislativas mínimas. • Formalizar primeros MdE del PATI. Instalar el MNCA bajo conducción del CPT. • PATI en plena operación con expertos desplegados. Impulsar la creación de una Unidad Fiscal de Alta Complejidad del MP operativa. • Fortalecimiento del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. • Evaluación de impacto al Año 4. Capacidades transferidas y documentadas. Instituciones nacionales con autonomía demostrable. Eje 2 — Reforma del marco legal anticorrupción y penal Objetivo: Impulsar la creación de un marco jurídico que permita investigar, procesar y sancionar efectivamente todos los delitos de corrupción, incluyendo la responsabilidad penal de personas jurídicas y la tipificación del financiamiento electoral ilícito, mediante las propuestas siguientes: • Reforma para el fortalecimiento del régimen aplicable a los delitos de corrupción, lavado de activos, delincuencia organizada y otros delitos conexos, incluyendo la revisión de tipos penales, agravantes, inhabilitaciones y responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a estándares internacionales. • Reforma para la incorporación de un régimen integral de Técnicas Especiales de Investigación y mecanismos de justicia premial, así como fortalecer la claridad normativa y eficiencia procesal de los procedimientos especiales aplicables a altos funcionarios. • Incorporación de un régimen integral de colaboración eficaz y cooperación con la justicia, con garantías procesales y control judicial efectivo. • Fortalecimiento del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para adecuarlo a los estándares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y las mejores prácticas internacionales. • Revisión, reforma o derogación de disposiciones normativas que limiten indebidamente la investigación, judicialización y sanción de actos de corrupción, garantizando su compatibilidad con los principios de legalidad, igualdad ante la ley, rendición de cuentas y acceso a la justicia. • Tipificación de delitos de financiamiento electoral ilícito en el Código Penal. Eje 3 — Fortalecimiento del MP, Poder Judicial y órganos de control -- 17 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 12 Objetivo: Contribuir a garantizar que el MP, el Poder Judicial, el TSC, el IAIP, la CNBS y la PGR cuenten con independencia funcional, presupuesto suficiente y personal idóneo seleccionado por mérito para cumplir sus mandatos específicos, mediante las propuestas siguientes: • Creación de una División o Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad dentro del Ministerio Público, dotada de capacidades avanzadas de análisis financiero, patrimonial y de redes criminales, así como de acceso legal y oportuno a información relevante para la investigación de delitos complejos, garantizando el respeto a los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad e intimidad. • Fortalecimiento del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ampliando capacidades en manejo y juzgamiento de casos de corrupción, delitos financieros y crimen organizado. • Reformas para garantizar estabilidad de fiscales, adecuar facultades y atribuciones de altos cargos del MP. • Leyes para garantizar independencia estructural del Poder Judicial. • Fortalecimiento presupuestario del IAIP. • Mecanismo de protección integral de jueces, fiscales y otros cargos, incluso de esta estrategia, que lo requieran. Eje 4 — Transparencia, datos abiertos y gobierno digital Objetivo: Contribuir a garantizar que la información del Estado sea de acceso público, en tiempo real, en formatos abiertos y verificables y, que los sistemas digitales detecten proactivamente irregularidades mediante alertas automatizadas, de conformidad a las propuestas siguientes: • HonduCompras 2.0: procurando la actualización con datos abiertos en tiempo real, alertas automáticas ante irregularidades y cruce con Registro Mercantil para detectar conflictos de interés. • Portal Único de Transparencia Presupuestaria proveniente del SIAFI en formato amigable y datos abiertos. • Ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a información ambiental. • Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado y los mecanismos de intercambio interinstitucional de datos relevantes para la prevención, investigación y persecución de la corrupción y la criminalidad organizada, respetando las reservas legales sobre información financiera, bancaria, tributaria y demás información protegida por ley. • Plataforma de denuncia ciudadana con acceso por código Unstructured Supplementary Service Data (USSD por sus siglas en Inglés) sin necesidad de internet. Eje 5 — Contrataciones públicas limpias y compras estratégicas Objetivo: Impulsar la eliminación de los mecanismos de corrupción sistémica en la contratación pública, especialmente en sectores de alto riesgo: medicamentos, infraestructura, energía, seguridad y programas sociales, mediante las propuestas siguientes: • Reforma integral de la Ley de Contratación del Estado y fortalecimiento de la ONCAE. • Regulación de adjudicaciones directas dentro de umbrales mínimos y con justificación técnica. -- 18 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 13 • Sistema de alertas tempranas en HonduCompras para contratos con empresas vinculadas a funcionarios. • Auditoría/veeduría obligatoria de contratos de infraestructura, salud, educación y energía. • Publicación obligatoria del beneficiario final para empresas contratistas del Estado. • Implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (EDCA) como requisito para todos los contratos del Estado. Eje 6 — Integridad pública, servicio civil y conflictos de interés Objetivo: Impulsar la construcción de un servicio civil profesional, meritocrático y con mecanismos efectivos de gestión de conflictos de interés y regulación del fenómeno de puerta giratoria, mediante las propuestas siguientes: • Fortalecimiento del sistema de declaraciones patrimoniales con verificación de ingresos y propiedad patrimonial. • Reforma del proceso de selección de altos funcionarios cuando la ley así lo establezca, procurando la participación de la sociedad civil especializada e independiente. • Reforma del Código de ética del servidor público con sistema de sanción disciplinaria efectivo y autonomía funcional. • Establecimiento de mecanismos de evaluación continua de integridad y prevención de conflictos de interés para servidores públicos, particularmente en áreas de contratación, administración financiera, recaudación, control y justicia. • Programas de integridad sectorial diferenciados en sectores de alto riesgo: salud, educación, energía, infraestructura y seguridad. Eje 7 — Combate a redes de corrupción, crimen organizado y lavado de activos Objetivo: Contribuir a desmantelar las redes de corrupción que operan en la intersección entre crimen organizado, política y empresas, recuperando activos ilícitos para el Estado mediante mecanismos de privación de dominio y cooperación judicial internacional, mediante las propuestas siguientes: • Optimización de los mecanismos de análisis, diseminación y utilización de inteligencia financiera para apoyar la investigación y judicialización de casos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada, conforme a los estándares nacionales e internacionales aplicables. • Fortalecimiento de la privación de dominio y el comiso como herramientas de recuperación de activos mediante juzgado especializado en el circuito. • Cooperación judicial internacional: activar acuerdos de asistencia legal mutua, extradición y recuperación de activos con diversas jurisdicciones. • Aprobación de las reformas a la Ley Especial contra lavado de activos; la Ley de las APNFD; la Ley contra financiamiento al terrorismo. • Aprobación de la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final. • Ratificación del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC). -- 19 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 14 Eje 8 — Participación ciudadana, auditoría social y protección de denunciantes Objetivo: Contribuir a garantizar que la sociedad civil especializada e independiente —política y financieramente— sea un actor con funciones formales, acceso a información y capacidad verificable de incidir en la política anticorrupción, contribuyendo a la rendición de cuentas entre instituciones/poderes del Estado, mediante las propuestas siguientes: • Creación de un Observatorio Ciudadano de Transparencia (OCT) encargado de monitorear indicadores de contratación pública, ejecución presupuestaria y cumplimiento de obligaciones de transparencia, mediante la publicación periódica de reportes y tableros de desempeño institucional. • Plataforma de denuncia ciudadana bajo custodia técnica del IAIP, accesible sin internet por código USSD. • Ley de Protección de Denunciantes, Testigos y Alertadores: protección efectiva con canales anónimos, reintegro laboral y compensación económica. • Versiones en lenguas indígenas —lenca, garífuna y misquito— de todos los mecanismos de denuncia. • Evaluación anual del impacto diferenciado de la corrupción en mujeres, pueblos indígenas y zonas rurales. Eje 9 — Transparencia electoral y financiamiento político Objetivo: Contribuir a eliminar la captura del sistema político por el financiamiento ilegal de campañas, garantizar que los partidos políticos sean sujetos obligados de la política anticorrupción, y fortalecer los mecanismos de fiscalización del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Congreso Nacional en materia de financiamiento partidario, mediante las propuestas siguientes: • Tipificación de delitos de financiamiento electoral ilícito en el Código Penal, con tipos penales autónomos para financiamiento de origen ilícito, financiamiento encubierto y financiamiento transnacional. • Declaración pública obligatoria de fuentes de financiamiento de partidos y candidatos: publicación en tiempo real durante períodos electorales. • Fortalecimiento de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF), incluyendo el establecimiento de mecanismos de intercambio de información con la SAR, la CNBS y otras instituciones competentes, de conformidad con las reservas legales aplicables y las garantías de protección de datos. • Regulación del gasto electoral con umbrales máximos verificables por el TJE, con auditoría independiente obligatoria. • Extensión de la Ley Antisoborno a partidos políticos como sujetos obligados de integridad. • Publicidad obligatoria de auditorías externas de finanzas partidarias antes de cada proceso electoral. • Regulación del financiamiento de campañas en redes sociales y medios digitales, con trazabilidad de origen y contenido. • Prohibición expresa de donaciones en efectivo a campañas políticas por encima de umbrales mínimos con trazabilidad bancaria obligatoria. • Mecanismo de denuncia ciudadana ante el UFTF por financiamiento irregular, con canal específico y plazos de resolución. • Incorporación del CNE como miembro del MNCA en los períodos preelectorales, con obligación de reportar irregularidades al MP. -- 20 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 15 Eje 10 — Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas Objetivo: Contribuir a garantizar que el cumplimiento de la estrategia sea verificable, público, independiente del gobierno de turno y sometido a mecanismos internacionales de revisión por pares, tales como: • MNCA: sesiones trimestrales bajo la coordinación del CPT, con participación de la sociedad civil especializada con voz y voto. • Informe trimestral de transparencia del gobierno. • Evaluación externa independiente al Año 2 (2028) y al Año 4 (2030). • Mecanismo de seguimiento del MESICIC/OEA y revisión por pares de la OCDE. VIII. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA En el marco de sus atribuciones el Poder Ejecutivo con el acompañamiento técnico nacional- internacional, impulsará el fortalecimiento institucional de las instituciones y operadores del sistema de justicia en Honduras. 8.1 Ministerio Público (MP) Considerando que el Ministerio Público constituye el eje central de la investigación y persecución penal de la corrupción, se propondrán reformas orientadas a fortalecer sus capacidades institucionales, incluyendo la selección de fiscales anticorrupción mediante procesos basados en mérito, capacidad e integridad, con estabilidad en el cargo; la creación de una División o Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad especializada en corrupción, criminalidad organizada y delitos económicos, con acceso legal y oportuno a información relevante y mecanismos de intercambio interinstitucional de información financiera, patrimonial y corporativa; el fortalecimiento de su autonomía funcional, técnica y suficiencia presupuestaria; proponer la reforma de su Ley Orgánica para adecuar las facultades y atribuciones de sus órganos de dirección; y, el establecimiento de mecanismos integrales de protección para fiscales, investigadores, peritos y demás personal vinculado a investigaciones de alto riesgo. 8.2 Poder Judicial En el marco de la independencia judicial se propondrá el fortalecimiento al cumplimiento de las Leyes que la promuevan y fortalezcan la carrera judicial; propuesta de reforma al proceso de designación de magistrados de la CSJ con participación de la sociedad civil especializada; fortalecimiento del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción; Juzgado de Privación de Dominio fortalecido e integrado al circuito; y, programa de protección integral de jueces y demás funcionarios judiciales que conocen de casos de corrupción compleja. 8.3 Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Proponer reformas a la Ley Orgánica del TSC orientadas a fortalecer su independencia, capacidades técnicas y mecanismos de coordinación con el Ministerio Público; incorporar la participación formal de la sociedad civil especializada en los procesos de selección de magistrados mediante esquemas que fortalezcan la transparencia y legitimidad institucional; y optimizar los procedimientos para la remisión, análisis y aprovechamiento de auditorías, investigaciones -- 21 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 16 especiales y hallazgos con relevancia penal, administrativa o civil mediante protocolos de coordinación interinstitucional formalizados. 8.4 Procuraduría General de la República (PGR) La PGR actúa como abogado y representante legal del Estado y, de conformidad a su ley Orgánica podrá participar en la recuperación judicial de activos una vez que el MP ha judicializado los casos. IX. CONTRATACIÓN PÚBLICA Los informes de veeduría social muestran que los sectores de mayor riesgo de corrupción en Honduras son: medicamentos e insumos médicos; infraestructura vial y construcción; energía y concesiones; seguridad y adquisiciones; y programas sociales de transferencias. La estrategia focaliza aspiraciones o metas diferenciadas por sector de riesgo. Sector de riesgo Aspiración o meta prioritaria Indicador clave Medicamentos e insumos médicos Procesos de contratación transparentes y en base a ley. Registro de proveedores con auditoría de precios. Comités de veeduría ciudadana en hospitales y donde corresponda. % procesos de compra legales vs. adjudicación directa. Infraestructura vial y construcción EDCA obligatorio. Supervisión técnica independiente. Publicación de contratos en tiempo real. % de contratos publicados en EDCA. N.° de auditorías con hallazgos. Energía y concesiones Auditoría de contratos de energía. Nuevas licitaciones con EDCA y beneficiario final. N.° de contratos revisados. Ahorros documentados. Programas sociales Registro único de beneficiarios. Geolocalización de entregas. Auditoría social comunitaria. % de transferencias con verificación de beneficiario. Denuncias procesadas. X. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN 2026–2030 Con el propósito de asegurar un efectivo monitoreo y cumplimiento de la Estrategia, a continuación, se presenta una matriz que comprende para cada eje estratégico, la meta principal propuesta, plazo aproximado, el responsable institucional y el indicador clave. La línea base proviene de fuentes verificables. El CPT deberá presentar en el término aproximado de tres (3) a seis (6) meses a partir de su nombramiento, un plan de trabajo para procurar el cumplimiento efectivo de la Estrategia, la cual se trabajará en coordinación con el MNCA y PATI. Eje Meta principal propuesta Plazo aproximado Responsable Indicador clave Línea base 2026 Eje 1: PATI / MNCA PATI activado, expertos desplegados y MNCA operativo 6 meses CPT / Cancillería MdE suscritos 0/ MdE suscritos -- 22 of 100 -- ESTRATEGIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2026–2030 Gobierno de Honduras | Presidencia de la República — 17 Eje Meta principal propuesta Plazo aproximado Responsable Indicador clave Línea base 2026 Eje 2: Marco Legal Paquete legislativo mínimo remitido por parte del Ejecutivo, al Congreso Nacional para aprobación Año 1 (Depende del Congreso Nacional) CPT/Presidencia / Congreso Nacional Leyes aprobadas 0/ 9 instrumentos aprobados Eje 3: Sistema de Justicia División o Unidad Fiscal y Circuito de Alta Complejidad operativos Año 1 (Depende del MP) MP / CSJ Casos activos y resueltos en circuito especializado 0/ casos en circuitos especializados Eje 4: Transparencia Digital HonduCompras 2.0 con alertas y EDCA activo Año 2 ONCAE / IAIP / SEFIN % de contratos en formato abierto EDCA <5% de contratos en EDCA (2025) Eje 5: Contratación Pública Procesos de contratación transparentes y en base a ley en sectores críticos al 100% Año 3 ONCAE / Secretarías de Estado y otras instituciones % de adjudicaciones directas justificadas Estimado >40% sin justificación Eje 6: Integridad Pública 100% de funcionarios con declaración patrimonial verificable Año 2 CPT / TSC % de declaraciones verificadas <30% declaraciones verificadas Eje 7: Lavado de Activos Fortalecer los mecanismos de coordinación y diseminación de inteligencia financiera entre la UIF y el MP. Año 2 UIF / MP Número de produc