Leyes
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Esta ley autoriza a SEDENA a gastar directamente su presupuesto en alimentos, combustibles, repuestos y servicios militares sin pasar por trámites centralizados, agilizando así la defensa nacional. Los responsables de compras deben demostrar que estas contrataciones son urgentes. La ley beneficia a las Fuerzas Armadas permitiéndoles actuar más rápidamente.
Decreto 110-2024
Este decreto permite a instituciones públicas, empresas, institutos y municipalidades contratar bienes, servicios y obras a través de un procedimiento simplificado. El proceso requiere publicar los requerimientos en HonduCompras, recibir ofertas públicamente, y adjudicar al mejor oferente según precio y requisitos. Solo aplica para contratos mayores a L600,000.
Decreto 102-2024
Este decreto establece que todas las modificaciones presupuestarias en Honduras deben tramitarse usando el formulario FMP-05 del sistema SIAFI, con el mismo valor legal que una resolución oficial. Excepto para cambios de salarios y estructura de puestos, que requieren resolución adicional de la Dirección de Presupuesto. Las instituciones públicas deben presentar solicitudes de forma electrónica y física a Finanzas.
Decreto 230-2024
Esta ley obliga a los directivos de instituciones públicas descentralizadas a enviar mensualmente a Finanzas un listado completo de su personal con salarios, dentro de 10 días después de terminar cada mes. Esto permite al gobierno supervisar y controlar los gastos de nómina en estas organizaciones públicas.
Decreto 258-2024
Este decreto establece que las instituciones descentralizadas pueden reorganizar funciones y renombrar puestos de trabajo, pero deben obtener aprobación de su máximo órgano de decisión, evitar duplicar funciones y mantener el salario de las plazas igual. Además, deben actualizar estos cambios en el sistema SIREP según la ley.
Decreto 248-2024
Las instituciones públicas deben registrar obligatoriamente en el sistema SIARH todos los cambios en sus estructuras de puestos durante el año fiscal en que se aprueban, o máximo dentro de 30 días antes del siguiente año fiscal. Esto aplica a todas las instituciones de Servicio Civil, independientemente de si el cambio afecta el presupuesto.
Decreto 246-2024
Este decreto establece que las instituciones descentralizadas pueden modificar sus puestos de trabajo solo si lo autoriza su órgano superior y respeta sus leyes especiales. Si los cambios cuestan dinero, deben tener presupuesto disponible y pedir permiso a la SEFIN antes de ejecutarlos.
Decreto 247-2024
Los Institutos de Previsión Social no pueden cambiar los beneficios de pensionados o jubilados sin autorización de la CNBS. Deben presentar un estudio técnico que demuestre que tienen dinero suficiente. Los aumentos de pensiones no pueden ser mayores que la inflación anual y solo se aprueban si el Instituto tiene capacidad financiera comprobada.
Decreto 239-2024
Esta ley autoriza al Ministerio de Salud a reasignar presupuesto entre hospitales y centros de salud del primer nivel de atención (regiones departamentales) para optimizar recursos. Permite disminuir fondos a gestores que terminen sus servicios o convenios, trasladando esos recursos a otras unidades de salud que los necesiten.
Decreto 238-2024
Esta ley permite que los contratistas reciban anticipo de dinero en proyectos de obras públicas, pero solo hasta el 20% del valor total del contrato. Para empresas extranjeras, se permite anticipo solo si el proyecto está financiado al menos 80% con dinero de fuentes externas.
Decreto 114-2024
El gobierno destina 250 millones de lempiras para subsidiar el transporte urbano de buses y mantener las tarifas accesibles para los ciudadanos. El dinero se entrega al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que las personas puedan pagar menos por sus pasajes.
Decreto 228-2024
El Estado debe preferir proveedores locales, emprendedores y pequeñas empresas al comprar bienes y servicios, documentando su ubicación geográfica. Solo permite contratación directa bajo condiciones especiales de la ley existente.
Decreto 112-2024
Esta ley obliga a que en licitaciones privadas cualquier persona interesada pueda participar solicitándolo por escrito o por internet. Las empresas contratantes deben entregarles la invitación, las bases y documentos relacionados, dejando constancia de todo. Si hay requisitos previos de calificación, solo participan los pre-aprobados.
Decreto 107-2024
Esta ley regula los contratos especiales de hasta 90 días en instituciones públicas para complementar actividades específicas. Permite contrataciones temporales con pagos mensuales, pero exige justificación a la Dirección de Presupuesto, verifica que no haya conflictos laborales en SIREP, y excluye beneficios como vacaciones, aguinaldo y compensaciones sociales propias de empleados permanentes.
Decreto 88-2024
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas contraten personal temporal cuando ya existen plazas permanentes aprobadas para esos mismos trabajos. También impide contratar como temporales a personas que, por ley, deben ser nombradas directamente por la Presidenta. El objetivo es evitar abusos y garantizar que se usen las plazas existentes.
Decreto 86-2024
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas aumenten el presupuesto destinado a contratar personal temporal. Los directivos deben seleccionar a los contratados por mérito y competencia, los contratos solo valen durante el año fiscal, no incluyen vacaciones pagadas y no pueden exceder 200 días anuales para evitar problemas financieros.
Decreto 85-2024
Esta ley autoriza a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a vender bonos y títulos del gobierno que quedaron sin colocar anteriormente. El dinero que se obtenga podrá usarse para financiar los gastos prioritarios del gobierno según lo aprobado en el presupuesto actual.
Decreto 212-2024
Esta ley obliga a los gerentes administrativos a verificar que los contratos estén publicados en HONDUCOMPRAS y respeten los límites de gasto permitidos antes de autorizar pagos. Si se incumplen estos techos de contratación, se aplica una multa equivalente al valor total del contrato.
Decreto 105-2024
Esta ley establece que el presupuesto para jornales solo puede usarse para pagar trabajadores por día, nunca para empleados administrativos o técnicos. Antes de contratar a alguien, se debe verificar en SIREP si trabaja en otra institución. Se prohíbe contratar jornaleros para hacer funciones que no correspondan a trabajos de jornada diaria.
Decreto 87-2024
Este decreto ordena a todas las entidades públicas ajustar anualmente el salario mínimo de sus empleados basándose en la negociación salarial de la categoría de Servicios Comunales. Cada institución debe identificar cómo financiar este aumento con sus propios ahorros, mientras que el Ministerio de Finanzas autorizado a realizar los cambios presupuestarios necesarios. Los municipios quedan excluidos de esta obligación.
Decreto 77-2024
Esta ley autoriza a la ONCAE a crear normas y procedimientos para que el gobierno, municipalidades y empresas públicas compren bienes y servicios de forma más rápida y eficiente. Esto incluye establecer reglas para licitaciones, plazos, compras locales y evaluación de proveedores, buscando agilizar gastos públicos y mejorar servicios a la población.
Decreto 101-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones, programas y proyectos de asistencia social a incluir políticas de protección social y desarrollo de la primera infancia en sus planes y presupuestos. El gobierno debe evaluar cada trimestre si se cumplen estos compromisos hacia la población vulnerable y las instituciones deben reportar su avance cada tres meses.
Decreto 266-2024
Esta ley ordena a los gerentes administrativos de instituciones públicas publicar y controlar información sobre compras y contrataciones en el sistema HONDUCOMPRAS. Obliga a instituciones públicas a publicar sus planes anuales de compras, documentar modificaciones y permitir que el Estado supervise cómo gastan el dinero público. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) verificará el cumplimiento y aplicará sanciones si no se publica la información.
Decreto 118-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones de gobierno a registrar mensualmente su gasto y avance de planes en un sistema financiero central (SIAFI), y enviar reportes trimestrales a Finanzas dentro de 15 días. Finanzas debe publicar estos informes en su sitio web y enviarlos al Congreso, la Corte de Cuentas y otras entidades para que el público pueda supervisar cómo se ejecutan los presupuestos públicos.
Decreto 253-2024