Leyes
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Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto 109-2024
Esta ley establece que el presupuesto para jornales solo puede usarse para pagar trabajadores por día, nunca para empleados administrativos o técnicos. Antes de contratar a alguien, se debe verificar en SIREP si trabaja en otra institución. Se prohíbe contratar jornaleros para hacer funciones que no correspondan a trabajos de jornada diaria.
Decreto 87-2024
Este decreto ordena a todas las entidades públicas ajustar anualmente el salario mínimo de sus empleados basándose en la negociación salarial de la categoría de Servicios Comunales. Cada institución debe identificar cómo financiar este aumento con sus propios ahorros, mientras que el Ministerio de Finanzas autorizado a realizar los cambios presupuestarios necesarios. Los municipios quedan excluidos de esta obligación.
Decreto 77-2024
Esta ley autoriza a la ONCAE a crear normas y procedimientos para que el gobierno, municipalidades y empresas públicas compren bienes y servicios de forma más rápida y eficiente. Esto incluye establecer reglas para licitaciones, plazos, compras locales y evaluación de proveedores, buscando agilizar gastos públicos y mejorar servicios a la población.
Decreto 101-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones, programas y proyectos de asistencia social a incluir políticas de protección social y desarrollo de la primera infancia en sus planes y presupuestos. El gobierno debe evaluar cada trimestre si se cumplen estos compromisos hacia la población vulnerable y las instituciones deben reportar su avance cada tres meses.
Decreto 266-2024
Esta ley ordena a los gerentes administrativos de instituciones públicas publicar y controlar información sobre compras y contrataciones en el sistema HONDUCOMPRAS. Obliga a instituciones públicas a publicar sus planes anuales de compras, documentar modificaciones y permitir que el Estado supervise cómo gastan el dinero público. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) verificará el cumplimiento y aplicará sanciones si no se publica la información.
Decreto 118-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones de gobierno a registrar mensualmente su gasto y avance de planes en un sistema financiero central (SIAFI), y enviar reportes trimestrales a Finanzas dentro de 15 días. Finanzas debe publicar estos informes en su sitio web y enviarlos al Congreso, la Corte de Cuentas y otras entidades para que el público pueda supervisar cómo se ejecutan los presupuestos públicos.
Decreto 253-2024
Esta ley permite que todas las instituciones públicas de Honduras aumenten sin límites el dinero destinado a gastos judiciales (como abogados y costos legales) para cumplir sus obligaciones legales. Si necesitan reducir este gasto, deben pedir permiso a Finanzas con justificación.
Decreto 218-2024
Este decreto obliga a las entidades que ejecutan proyectos con dinero de préstamos externos a realizar auditorías periódicas y presentar los resultados ante Finanzas en máximo 15 días. El objetivo es garantizar que los recursos del crédito externo se usen correctamente.
Decreto 256-2024
Este decreto asigna 100 millones de lempiras a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, provenientes de fondos liquidados. El dinero se usará para: expandir servicios (50 millones), construir y mantener casas refugio para mujeres víctimas de violencia (30 millones) y prevenir violencia contra mujeres (20 millones).
Decreto 202-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS los procesos para contratar empresas, garantizando transparencia y que cualquier ciudadano pueda conocer las contrataciones del gobierno. Solo hay excepciones en casos especiales por seguridad o emergencia.
Decreto 108-2024
Este decreto establece cuánto dinero requiere cada tipo de contrato público (obras, consultorías, suministros) y qué proceso debe seguirse: desde licitación pública para los más costosos hasta una simple cotización para los pequeños. Así el Estado sabe cómo contratar de forma ordenada según el monto.
Decreto 104-2024
Este decreto acelera la incorporación de donaciones y apoyo presupuestario no reembolsable al presupuesto nacional. Permite que instituciones públicas reciban y registren estos recursos externos de forma más rápida usando un formulario del sistema SIAFI, simplificando el proceso administrativo para beneficiar programas y proyectos en el año fiscal actual.
Decreto 231-2024
Esta ley permite extender los plazos de proyectos que reciben dinero de organismos internacionales o del gobierno. La Dirección de Crédito Público gestiona las ampliaciones ante organismos externos, mientras que Finanzas decide sobre proyectos financiados con fondos nacionales, notificando directamente a las instituciones ejecutoras si aprueban o rechazan la solicitud.
Decreto 242-2024
Esta ley ordena al Congreso Nacional revisar y analizar los gastos del gobierno a través de audiencias públicas donde pueden participar ciudadanos y organizaciones. También establece que cada semestre se revise específicamente cómo el gobierno gasta en programas para mujeres e igualdad de género, con participación obligatoria de organizaciones femeninas y municipales.
Decreto 254-2024 | Congreso Nacional
Esta ley autoriza al INFOP a continuar sus convenios con empresas públicas y privadas para capacitar jóvenes en tecnología e informática en todo Honduras. También le permite comprar equipos, maquinaria y construir nuevos centros de formación profesional usando 500 millones de lempiras del Banco Central distribuidos entre 2024 y 2025.
Decreto 221-2024
Esta ley obliga al Estado a pagar sus contribuciones a los institutos de pensiones sin exceder los porcentajes legales, y prohíbe usar ese dinero para otros fines. Los administradores que no cumplan son responsables personalmente de cualquier daño.
Decreto 98-2024
Esta ley establece multas para empresas que no cumplan con los plazos en contratos públicos: cobran 0.36% del saldo del contrato por cada día de retraso. Aplica a obras públicas, compras por catálogo electrónico y contratos de bienes y servicios del sector público, protegiendo el cumplimiento oportuno.
Decreto 113-2024
El Estado ordena a SENPRENDE (institución que apoya emprendedores) destinar al menos 5 millones de lempiras de su presupuesto para el Fondo CREDIMUJER, que otorga créditos a mujeres emprendedoras. Esta medida busca facilitar el acceso al financiamiento para que las mujeres inicien o expandan sus negocios.
Decreto 203-2024
Esta ley ordena cómo los municipios deben gastar el dinero que reciben del gobierno central. El 35% se usa en programas sociales (educación, salud, agua), el 5% en programas para mujeres, el 20% en cultura y convivencia, el 10% en desarrollo administrativo, el 1% en transparencia municipal, el 20% en gastos de funcionamiento, y el resto en infraestructura. Los municipios que no inviertan el 5% en programas para mujeres serán multados.
Decreto 205-2024
Esta ley establece cómo Honduras pagará su deuda pública usando sistemas informáticos especializados (SIAFI y SIGADE). Los fondos que se ahorren por alivio de deuda se destinarán a programas contra la pobreza, provenientes de iniciativas internacionales como HIPC, MDRI y Club de París.
Decreto 215-2024
Este decreto encarga a DIGER (Dirección de Gestión por Resultados) monitorear y evaluar cómo trabajan las instituciones públicas para verificar si cumplen sus metas. DIGER creará directrices, registrará los avances en un sistema llamado SIGPRET y publicará los resultados anualmente. También será responsable de la transformación digital del gobierno.
Decreto 252-2024
Esta ley obliga a justificar y notificar cualquier transferencia de maestros o plazas docentes a la Secretaría de Finanzas antes de aprobarla. Busca garantizar que hay presupuesto disponible y evitar problemas financieros en las instituciones educativas. Aplica a todos los traslados de personal docente en Honduras.
Decreto 84-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas hondureñas a incluir en sus presupuestos acciones específicas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. Deben reportar trimestralmente a SEMUJER cómo gastan el dinero en equidad de género, usando datos desagregados para identificar dónde hay más desigualdad y priorizar ayuda donde más se necesita.
Decreto 261-2024