Decreto Legislativo No. 64-2012 — Reformas por adición a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional - Artículos 21-A, 21-B, 25-A, 56-A, 63-A y 106-B

REFORMAR por adición los artículos 21-A, 21-B, 25-A, 56- A, 63- A y 106-B al Decreto No. 64-2012 contentivo de la “Ley del Sistema Penitenciario Nacional” de fecha 14 de mayo del año 2012 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 03 de diciembre del año 2012, y sus reformas, el cual en adelante se leerá así: “ARTÍCULO 21-A. FUERZA ÉLITE PENITENCIARIA. Créase la Fuerza Especial Penitenciaria como una unidad especializada del Instituto Nacional Penitenciario, responsable de la custodia, la seguridad, el control y el manejo operacional de las personas sujetas al régimen especial de permanencia, así como de los establecimientos y módulos de máxima seguridad. Le corresponderá de igual manera la ejecución de los traslados de alta seguridad y la respuesta inmediata ante motines, fugas y demás incidentes graves de seguridad. Su personal será seleccionado, formado, capacitado, evaluado y equipado conforme a las exigencias especiales que fije el Reglamento. La estructura organizacional, la cadena de mando, los requisitos de ingreso

y permanencia, el régimen de carrera y el funcionamiento operativo de la Fuerza Especial Penitenciaria serán regulados en el Reglamento que al efecto emita el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario”. “ARTÍCULO 21-B. RESPONSA- BILIDAD DEL PERSONAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL. El servidor del Instituto Nacional Penitenciario que ingrese, facilite o tolere el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos o módulos de máxima seguridad, o que de cualquier otra forma colabore con las personas sujetas al régimen especial o con las asociaciones a que éstas pertenecen, será puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público para que se ejerza contra él la acción penal por el delito de colaboración con asociación terrorista previsto en el Artículo 588 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad por otros delitos y de la responsabilidad administrativa que corresponda”. “ARTÍCULO 25-A. IDENTIFI- CACIÓN BIOMÉTRICA Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS. El Instituto Nacional Penitenciario implementará el sistema de identificación biométrica obligatorio para las personas privadas de libertad, visitantes, profesionales del derecho que actúen como defensores y personal institucional, en cada ingreso y egreso de los establecimientos y módulos de máxima seguridad. Los datos recopilados serán tratados bajo el principio de estricta confidencialidad y la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. La acreditación de los profesionales del derecho que actúen como defensores requerirá la verificación previa de su colegiación con el Colegio de Abogados de Honduras y su designación formal dentro del proceso penal correspondiente. El uso indebido o fraudulento comprobado de la acreditación dará lugar a su revocación inmediata, sin perjuicio de la comunicación formal al Ministerio Público y al Colegio de Abogados de Honduras para los efectos legales y disciplinarios pertinentes”.

“ARTÍCULO 56-A. AISLA- MIENTO DISCIPLINARIO. La sanción del numeral 9) del Artículo 56 solo procede por faltas graves, mediante resolución fundada dictada conforme al procedimiento disciplinario, y se cumplirá en una celda individual sin contacto con otras personas privadas de libertad. Su duración no excederá de sesenta (60) días. Durante su cumplimiento se garantizan la comunicación con el defensor y con las autoridades judiciales, la alimentación, el agua, la higiene, la luz, la ventilación suficiente, el tiempo mínimo al aire libre y el contacto humano diario con el personal médico o técnico”. “ARTÍCULO 63-A. ASEO Y PRESENTACIÓN PERSONAL. Por razones de higiene, salubridad, identificación y seguridad, incluidas la prevención del uso de distintivos de jerarquía o pertenencia y la suplantación de identidad, las personas sujetas al régimen especial de máxima o alta seguridad mantendrán el cabello corto, dentro de la longitud máxima que fije el Reglamento y el rostro debidamente rasurado, además del uso permanente de una camiseta color blanca y pantalón corto (shorts) color negro. El corte de cabello se realizará periódicamente por personal calificado del establecimiento, mediante el uso de instrumental esterilizado y en espacios que garanticen la privacidad de la atención. Queda estrictamente prohibida la realización de tatuajes dentro de los establecimientos, así como la exhibición de símbolos, señas o distintivos alusivos a asociaciones ilícitas. Tatuarse o tatuar a un tercero constituirá falta disciplinaria grave. Los tatuajes preexistentes al ingreso deberán registrarse detalladamente en el expediente individual de la persona privada de libertad”. “ARTÍCULO 106-B. CONTROL Y NEUTRALIZACIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS. El Instituto Nacional Penitenciario, mediante personal debidamente capacitado y certificado, estará facultado para detectar, inutilizar o neutralizar aeronaves no tripuladas (drones) que sobrevuelen sin autorización formal los establecimientos penitenciarios o su franja de seguridad perimetral.

De cada procedimiento efectuado se levantará el acta administrativa correspondiente y se notificará de forma inmediata a la autoridad de aeronáutica civil y a las demás autoridades de seguridad competentes".

PREEMINENCIA NORMATIVA. Lo establecido en el Artículo anterior, tiene preeminencia sobre cualquier disposición legal o reglamentaria vigente que forme parte del Marco Normativo del Sistema Penitenciario Nacional, en todo lo relativo a su aplicación.

ADECUACIÓN Y ARMONIZA- CIÓN REGLAMENTARIA. Con el fin de garantizar la eficacia del alcance material del Artículo 4 y 5 del presente Decreto, así como de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo No.208-2026, de fecha 22 de Septiembre de 2026, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 26 de Septiembre del año 2026 y asegurar la coherencia normativa, el Poder Ejecutivo, por medio del órgano máximo del Instituto Nacional Penitenciario, emitirá, adecuará o reformará las reglamentaciones necesarias en el marco del Sistema Penitenciario Nacional dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este Decreto.

AUTORIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE EXPRE- SIONES VISUALES ALUSIVAS - A ASOCIACIONES TERRO- RISTAS, MARAS Y PANDILLAS. Se autoriza a la Policía Nacional, a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a la Policía Municipal y a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones de prevención, control y combate de la criminalidad organizada, a proceder de manera inmediata a la destrucción, borrado, eliminación o neutralización de textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier otra expresión visual o simbólica colocadas en barrios, colonias, parques, escuelas, cementerios u otros bienes de dominio público o privado, que hagan alusión a las asociaciones terroristas, maras, pandillas u otras estructuras criminales organizadas indistintamente de su denominación. Además, cuando dichas expresiones

transmitan amenazas, intimidación, mensajes de pertenencia o aludan a control territorial, dominio social o presencia en comunidades, barrios, colonias o sectores de la población. La actuación se realizará con el único fin de eliminar de la sociedad cualquier símbolo o mensaje que contribuya a generar temor, promover la actividad delictiva o proyectar control territorial por parte de dichas estructuras, restableciendo el orden público y la percepción de seguridad ciudadana.

Para los efectos del Artículo anterior, se establece el procedimiento y las facultades operativas siguientes:

• 1)

  Los miembros de los cuerpos de seguridad mencionados podrán actuar de oficio o por denuncia, sin necesidad de orden judicial previa, cuando las expresiones visuales o símbolos alusivos a estas estructuras criminales, se encuentren en bienes de dominio público o en lugares de libre acceso;

• 2)

  Cuando las expresiones o símbolos se hallen en bienes de dominio privado, se notificará al propietario, poseedor o administrador del inmueble para que en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, proceda a su eliminación. En caso de negativa, renuencia o imposibilidad, los cuerpos de seguridad quedarán facultados para ejecutar la destrucción o borrado, dejando constancia escrita o fotográfica del acto;

• 3)

  Se podrá requerir el apoyo de personal de la Policía Municipal, empresas de servicio público o de voluntarios debidamente identificados, bajo la dirección y supervisión de la autoridad policial o militar competente; y,

• 4)

  Los cuerpos de seguridad deberán documentar las acciones mediante registro fotográfico o videográfico y remitir el informe a la autoridad jerárquica correspondiente, sin perjuicio de las investigaciones penales que se deriven de la identificación de los responsables de la colocación de dichas expresiones;

Las actuaciones realizadas conforme a los artículos 7 y 8 del presente Decreto, se consideran actos

legítimos de autoridad y no generan responsabilidad civil, penal o administrativa para los miembros de los cuerpos de seguridad, siempre que se ejecuten dentro de los límites de la presente norma.

Queda prohibida la reposición, reconstrucción o colocación de nuevas expresiones visuales alusivas a las asociaciones terroristas, maras, pandillas u otras estructuras criminales organizadas indistintamente de su denominación en el mismo lugar o en cualquier otro. Quien incumpla esta prohibición será sancionado conforme a lo establecido en el Artículo 587 del Código Penal, sin perjuicio de las que correspondan por los delitos específicos que se cometan.

DEROGAR el Decreto No.36-2020 aprobado en fecha 24 de abril del año 2020 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de junio del año 2020, que contenía disposiciones en el contexto de la Pandemia del COVID-19.

VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil veintiséis. JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA PRESIDENTE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO SECRETARIO FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA SECRETARIO Al Poder Ejecutivo Por Tanto: Ejecútese. Tegucigalpa, M.D.C., 29 de octubre de 2026 NASRY JUAN ASFURA ZABLAH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)