Decreto Legislativo No. 215-2026 — Reforma al Artículo 5 de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano

Esta reforma excluye los juicios laborales y de personal de entidades descentralizadas del procedimiento de conciliación centralizado de la Procuraduría General. Permite que estas instituciones realicen conciliaciones directas con solo aprobación de sus áreas legal y financiera, acelerando la resolución de conflictos laborales sin trámites burocráticos innecesarios que retrasen justicia a trabajadores.

Que mediante el Decreto Legislativo No.17-2026, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 27 de Febrero de 2026, se emitió la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el propósito de implementar un régimen de medidas fiscales y financieras extraordinarias, excepcionales y temporales orientadas a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, promover el crecimiento económico sostenible, el desarrollo humano y el fortalecimiento institucional del Estado, todo ello en el marco de la racionalización del gasto público y la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado.

Que el Artículo 5 de la referida Ley faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar conciliaciones judiciales y otros mecanismos alternativos de solución de controversias en los que participe el Estado, con el objeto de evitar perjuicios económicos mayores, sujetando tales acuerdos a la disponibilidad presupuestaria, dictámenes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y, en su caso, a la opinión de una Comisión Especial del Congreso Nacional, para luego ser homologados judicialmente.

Que si bien el mecanismo previsto en el Artículo 5 contribuye a la eficiente gestión de los litigios estatales y a la reducción de contingencias económicas, su aplicación indiscriminada a los juicios laborales tramitados trativa, financiera, técnica y se rigen por leyes orgánicas específicas que les otorgan órganos de dirección propios. Sujetarlas de manera obligatoria al procedimiento de conciliación judicial centralizado de la Procuraduría General de la República (PGR) en todos los tipos de litigios resulta contrario al principio constitucional de descentralización, genera capas adicionales de tramitación que retrasan la resolución de controversias y desconoce la capacidad de estas entidades para gestionar de forma responsable y ágil sus propios conflictos, bajo el control de sus órganos internos y con las debidas garantías financieras y jurídicas.

Que, con el propósito de respetar la autonomía de las Instituciones Descentralizadas, preservar los regímenes especiales laborales y de personal y al mismo tiempo permitir la resolución pacífica y eficiente de las controversias, es necesario establecer un mecanismo de conciliación extrajudicial qué, bajo el control interno de las propias instituciones mediante dictámenes favorables de sus áreas financiera y legal, permita alcanzar acuerdos que garanticen la satisfacción de las pretensiones o el desistimiento de la acción, asegurando el cierre definitivo del proceso judicial de manera expedita, sin los requisitos más gravosos previstos para los acuerdos gestionados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Que este mecanismo de conciliación extrajudicial, combinado con una homologación judicial preferente y simplificada, permitirá resolver de forma ágil los conflictos, contribuyendo directamente a la descongestión de los tribunales de justicia, a la reducción de la mora judicial, a la racionalización del gasto público asociado a litigios prolongados y al fortalecimiento de la seguridad ante los Juzgados del Trabajo y a los asuntos de materia de personal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo genera procedimientos administrativos y judiciales extensos y complejos que resultan contrarios a los objetivos de celeridad, eficiencia y descongestión de los tribunales de justicia que inspiran la Ley, incrementando en lugar de reducir la mora judicial en materias que por su naturaleza requieren respuestas ágiles y protectoras de derechos fundamentales.

Que la Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo obligación ineludible de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales, incluyendo los derechos laborales y de los servidores públicos. Asimismo, el Artículo 128 y siguientes de la Carta Magna, junto con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Honduras, imponen al Estado el deber de tutelar de forma efectiva los derechos de los trabajadores y de garantizar procesos justos, expeditos y con las garantías procesales específicas que corresponden a estas materias.

Que resulta imperativo excluir de la aplicación del procedimiento de conciliación judicial del Artículo 5 de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, a los juicios laborales y a los de materia de personal contencioso administrativo, cualquiera que sea la institución demandada, a fin de preservar la integridad de los regímenes procesales especiales que protegen estos derechos y evitar que trámites burocráticos extensos menoscaben el acceso efectivo a la justicia de los trabajadores y servidores públicos.

Que las Instituciones Descentralizadas poseen personalidad jurídica propia, autonomía adminis- jurídica, todo ello en consonancia con los fines de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

Que la presente reforma se dicta en uso de las facultades que confiere al Congreso Nacional el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras, que es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.