Ley General del Ambiente mediante Decreto 104-93, a través del Diario Oficial La Gaceta.

Esta ley establece normas para que todos en Honduras manejen correctamente los residuos sólidos (basura) desde su generación hasta su disposición final. Afecta a municipalidades, empresas y ciudadanos, buscando proteger la salud y el ambiente mediante la reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos domésticos, comerciales, industriales y especiales.

Esta ley obliga a escuelas, gobiernos locales y empresas a trabajar juntos para proteger el ambiente mediante proyectos comunitarios como reforestación, reciclaje y conservación del agua. Beneficia a todos los ciudadanos al promover conciencia ambiental desde las comunidades y garantizar presupuesto para estas acciones.

Esta ley regula la explotación minera en Honduras, estableciendo que el Estado es dueño de todos los minerales del territorio nacional. Define tipos de minería (exploración, explotación, beneficio), otorga derechos y obligaciones a empresas mineras, establece pagos obligatorios (canon territorial e impuestos), protege el ambiente mediante licencias ambientales y planes de cierre, y permite participación ciudadana mediante consultas antes de autorizar proyectos mineros grandes.

Este acuerdo regional de 1992 prohíbe que los países centroamericanos importen desechos peligrosos desde otros continentes y viertan desechos tóxicos en mares y aguas interiores. Aplica a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, protegiendo la salud humana y el ambiente mediante sanciones penales a quien trafique ilegalmente con estos desechos.

Este decreto autoriza al municipio de La Lima (Cortés) a incorporar sus ingresos municipales —20% de peajes y tasas del aeropuerto— a un fideicomiso nacional para financiar obras de infraestructura y servicios públicos. Beneficia a la municipalidad y a la comunidad local al canalizar fondos específicos para mejoras de infraestructura.