Decreto Legislativo No. 258-2026 — Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas

Esta ley fortalece las herramientas legales para investigar y castigar a miembros de maras, pandillas y asociaciones terroristas. Permite prisión preventiva obligatoria en cárceles de máxima seguridad, registros sin orden judicial en casos urgentes, y eliminación inmediata de símbolos criminales. Afecta principalmente a personas acusadas de pertenecer a estas organizaciones y a la ciudadanía mediante medidas de seguridad intensificada.

Que conforme a los artículos 1 y 287 de la Constitución de la República, Honduras se constituye un Estado de Derecho y se crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como el máximo Órgano permanente encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia.

Que el Congreso Nacional de la República de Honduras es la máxima expresión de la voluntad popular y el órgano constitucional encargado de legislar y ejercer control político en nombre del pueblo hondureño, teniendo la obligación primordial en el marco del contrato social, de garantizar la seguridad y la tranquilidad pública que los ciudadanos han confiado al Estado.

Que el Decreto Legislativo No.84- 2026, de fecha 19 de mayo del año 2026, facultó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para diseñar y rectorar la Política Criminal en contra de las asociaciones terroristas y de las estructuras criminales, así como para determinar cuándo una organización criminal será considerada como organización terrorista.

Que mediante Oficio No.SEP-709-2026 de fecha 21 de septiembre del año 2026, la Secretaría de Estado de la Presidencia remitió a este Poder del Estado el Proyecto de Decreto que surge del Tercer Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrado el 18 de septiembre del año 2026, orientado a reformar el marco normativo contenido en el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Que en el Tercer Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se designaron tres (3) organizaciones criminales como asociaciones terroristas y se acordó remitir un paquete de reformas que habiliten la persecución, combate y captura de los miembros de maras y pandillas ahora designados como terroristas.

Que mediante el Decreto Legislativo No. 208-2026, de fecha 22 de septiembre del año 2026, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 26 de septiembre del año 2026, estableció un régimen especial de máxima seguridad y herramientas operativas para el combate a las asociaciones terroristas, maras y pandillas; Sin embargo, resulta necesario complementar dicho marco con reformas penales y procesales que perfeccionen la tipificación del delito, garanticen la prisión preventiva en regímenes de alta seguridad y faculten la eliminación inmediata de la simbología criminal, a fin de garantizar una respuesta integral, coherente y eficaz del Estado frente a esta amenaza.

Que las asociaciones terroristas, particularmente aquellas estructuradas bajo la forma de maras o pandillas, han evolucionado de simples agrupaciones delictivas a complejas estructuras de criminalidad organizada que, mediante el uso sistemático de la violencia, la intimidación, el control territorial y la comisión de delitos graves, atentan contra la seguridad ciudadana, la paz social y el Estado de Derecho, resultando el régimen legal vigente insuficiente para neutralizar de manera efectiva su capacidad operativa, prevenir la reincidencia y garantizar la protección de la población.

Que la realidad de la seguridad pública del país se encuentra marcada por la presencia y expansión de asociaciones terroristas, maras, pandillas y demás estructuras criminales organizadas que mediante el uso sistemático de la violencia, la intimidación colectiva y el control territorial, generan temor en la población, debilitan la autoridad del Estado y afectan el libre ejercicio de derechos fundamentales, lo que hace impostergable el fortalecimiento del Marco Penal, Procesal y Penitenciario destinado a su investigación, persecución, juzgamiento y sanción de manera más eficaz y proporcional.

Que resulta necesario actualizar y ampliar las disposiciones del Código Penal relativas a la legítima defensa, la exclusión de beneficios de preliberación y libertad condicional, la punibilidad de actos preparatorios y tentativa, los atentados, la introducción de objetos prohibidos mediante aeronaves no tripuladas y especialmente, la tipificación de la asociación terrorista, a fin de comprender de manera expresa a las maras y pandillas en sus distintas denominaciones, reconocer la pertenencia como delito de mera actividad de consumación permanente y sancionar la utilización de símbolos, tatuajes, grafitis y expresiones visuales como instrumentos de intimidación, pertenencia y dominio territorial.

Que las reformas al Código Procesal Penal resultan indispensables para dotar a las autoridades de herramientas operativas adecuadas frente a la naturaleza permanente, violenta y organizada de estas estructuras, mediante la autorización excepcional de entradas y registros sin orden judicial previa en casos de urgencia, la imposición obligatoria de prisión preventiva en establecimientos o módulos de máxima o alta seguridad, la exclusión de medidas cautelares alternativas y la ampliación del término de detención en investigaciones complejas, todo ello sin menoscabo de las garantías constitucionales y bajo control judicial posterior.

Que es preciso fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional con la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, la implementación de identificación biométrica, normas de aseo y presentación personal orientadas a impedir el uso de distintivos de jerarquía o pertenencia, la facultad de neutralizar aeronaves no tripuladas, así como autorizar a los cuerpos de seguridad la eliminación inmediata de expresiones visuales y simbólicas alusivas a estas organizaciones criminales, a fin de impedir que los centros de reclusión se conviertan en espacios de continuidad delictiva y de restablecer el orden público y la percepción de seguridad ciudadana.

Que por décadas las expresiones visuales o símbolos alusivos a las maras, pandillas y demás organizaciones criminales, se han convertido en un mecanismo de intimidación, pertenencia, proyección de control territorial y dominio sobre comunidades enteras, siendo esencial que el Estado elimine esta simbólica del terror a través de los cuerpos de seguridad, para proteger la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Que, cumpliendo con el Mandato Constitucional previsto en el Artículo 219 de la Constitución de la República de Honduras, este Congreso Nacional solicitó la Opinión Jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al proyecto de Decreto, recibiéndose mediante Oficio PCSJ No. 0511-2026 de fecha 20 de Octubre del año 2026, en la cual el Pleno de Magistrados se pronunció sobre el proyecto de reforma haciendo sus observaciones en las opiniones jurídicas según oficio No. 3378-SGCSJ-2026 de la misma fecha.

Que con estas herramientas normativas actualizadas, el Estado de Honduras reafirma su compromiso constitucional de garantizar la seguridad, la paz pública y el orden social, cumpliendo con el fin primordial del contrato social: Proteger a los ciudadanos para que puedan ejercer libremente sus derechos y contribuir al desarrollo integral de la nación, libre del flagelo de las asociaciones terroristas, maras, pandillas y de la violencia, restableciendo el orden público y la paz en Honduras.

Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.