Decreto Legislativo — Ratificación de Artículos del Presupuesto General 2021 para Ejercicio Fiscal 2022

Este decreto aprueba medidas de emergencia sanitaria por COVID-19 que limitan derechos constitucionales como la libre circulación, reunión y trabajo en Honduras. Restringe el horario de circulación de 5 a.m. a 10 p.m., cierra bares, cines y gimnasios, pero permite que bancos, supermercados y comercios funcionen. Afecta a todos los ciudadanos excepto funcionarios públicos autorizados.

Este decreto ratifica la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales en Honduras (como libertad de circulación y detención sin orden) desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023. La medida busca que la policía combata el crimen organizado y la extorsión en sectores específicos del Distrito Central y San Pedro Sula. Afecta principalmente a los habitantes de esas zonas y pretende restaurar la seguridad y el orden público.

Este decreto autoriza la suspensión de derechos constitucionales por 45 días (del 6 de enero al 20 de febrero de 2023) en zonas específicas de Honduras para combatir la criminalidad organizada, extorsiones y violencia. Permite a la policía y fuerzas militares detener personas sospechosas en barrios identificados del Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios, respetando principios de necesidad y proporcionalidad.

Este decreto ratifica las decisiones presidenciales que suspendieron derechos constitucionales entre julio y agosto de 2020 para contener la pandemia de COVID-19. La ley limita libertades como circulación, reunión y trabajo en municipios afectados, permitiendo solo actividades esenciales, mientras autoriza reaperturas graduales en otras regiones con protocolos de bioseguridad.

Este decreto ratifica tres decisiones presidenciales que suspendieron derechos constitucionales entre mayo 2020 durante el COVID-19. Permitió restricciones a la libertad de movimiento, reunión y circulación en zonas afectadas, con excepciones para servicios esenciales y funcionarios públicos. El Congreso aprobó estas medidas de emergencia sanitaria por 45 días renovables.