Decreto Legislativo — Artículo 268 - Orden a INVEST-H para ejecutar proyectos en departamentos con recursos del fideicomiso de infraestructura vial

La Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 34 del Decreto Legislativo 120-2013 que permitía a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) crear sus propias políticas educativas. La decisión protege la autoridad exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre educación superior, evitando que las ZEDE establezcan sistemas educativos paralelos que violarían derechos constitucionales e internacionales.

La Municipalidad del Distrito Central contrata a ASP-CONSULTORES por L. 4,807,973.32 para supervisar la construcción del paso a desnivel Bulevar Fuerzas Armadas durante 240 días. El supervisor debe presentar informes preliminar, mensuales, especiales y final, verificar el cumplimiento técnico y financiero de las obras, y coordinar con instituciones como ENEE, Hondutel y SANAA para reubicación de servicios básicos.

Este decreto aprueba el presupuesto público de Honduras para 2023 y establece normas sobre salarios, contrataciones y gasto en el sector público. Obliga a instituciones a registrar empleados en sistemas de control, prohíbe aumentos salariales injustificados, autoriza transferencias de dinero a empresas específicas y regula cómo se deben manejar las prestaciones y beneficios de los empleados públicos.

Esta ley autoriza al gobierno a usar fondos públicos para reconstruir Honduras después de la pandemia de COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA. Asigna miles de millones de lempiras para carreteras, hospitales, agricultura y otros servicios, permitiendo que instituciones públicas ejecuten programas con procedimientos simplificados para acelerar la recuperación económica y el empleo.

Este decreto autoriza al gobierno a ejecutar programas de reconstrucción y reactivación económica tras la pandemia y desastres naturales, permitiendo a instituciones públicas gestionar presupuestos de manera flexible, solicitar créditos internos y externos, y realizar contrataciones directas en proyectos específicos de infraestructura y servicios. Afecta a ciudadanos mediante inversión en carreteras, hospitales y servicios, pero también establece que funcionarios que despidan injustificadamente a empleados serán responsables financieramente.