ARTICULO 1. LOS TRABAJADORES Y LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR EL PODER EJECUTIVO PARA OPERAR, ESTAN OBLIGADAS A APLICAR Y CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19 APORBADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, A FIN DE GARANTIZAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y LA POBLACION EN GENERAL.

Este instructivo técnico permite que importadores y fabricantes de insumos médicos, equipos médicos, antisépticos y desinfectantes no paguen impuestos sobre ventas ni aranceles de importación durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Beneficia a empresas que producen estos bienes para consumo nacional y requiere autorización de la agencia sanitaria (ARSA) para aplicar la exención.

Esta ley ayuda a empresas y trabajadores afectados por la pandemia de COVID-19 mediante: prórroga de pagos de impuestos para pequeños negocios, descuentos tributarios, autorización para que el banco de desarrollo otorgue créditos con garantías flexibles a pequeñas empresas, y un fondo de emergencia para hospitales y servicios de salud. Los trabajadores suspendidos reciben aportaciones solidarias del Estado y pueden mantener acceso a salud.

Durante la emergencia por COVID-19, la Administración Aduanera de Honduras suspendió labores parcialmente del 24 al 31 de mayo y del 1 al 7 de junio de 2020, manteniendo operaciones en aduanas y pausando plazos legales para proteger a empleados y ciudadanos. Los trabajadores debían quedarse en casa excepto personal de aduanas, SINAGER y COPECO, mientras se garantizaba la tramitación de procedimientos aduaneros esenciales.

Esta ley permite a trabajadores hondureños con deudas altas consolidarlas en un solo préstamo con mejores condiciones de pago a través del sistema financiero, deduciendo la cuota directamente del salario. Beneficia a empleados que trabajan en entidades reguladas y busca mejorar su situación económica mediante educación financiera y acceso a crédito sin importar su historial crediticio previo.

Esta ley autoriza medidas de emergencia fiscal, laboral y financiera para proteger empresas y trabajadores durante la pandemia COVID-19. Prorroga pagos de impuestos, autoriza crédito público para fondos de emergencia sanitaria, flexibiliza financiamiento en BANHPROVI para sectores productivos, establece aportaciones solidarias para trabajadores suspendidos, y acelera transformación digital en telecomunicaciones.