Acuerdo Ejecutivo No. 050-DP-2026 — Autorización a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para suscribir prórrogas de contratos de arrendamiento de vehículos

Este acuerdo autoriza a la Secretaría de Seguridad a renovar contratos de arrendamiento de vehículos para la Policía Nacional durante 2026, incluyendo pagos retroactivos por servicios ya prestados. Busca garantizar que la policía tenga transporte disponible para cumplir sus operaciones de seguridad pública, excluyendo vehículos de lujo y limitando blindados solo a los ya arrendados por razones de seguridad.

Que conforme al Artículo 245 Numerales 2 y 11 de la Constitución de la República de Honduras, corresponde al Presidente de la República dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir Acuerdos, Decretos, expedir reglamentos y resoluciones conforme a la ley.

Que la Ley General de la Administración Pública, en su Artículo 11 establece que el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.

Que corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad por medio de la Policía Nacional velar por la conservación del orden público; la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones; proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, síquica y moral, sus libertades, bienes y derechos; auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y funcionarios públicos y el auxilio a los poderes públicos, dentro del marco de la Ley; la seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas; ABG. JUAN MANUEL GALVEZ ORDONEZ DIOSSANA GUADALUPE FLORES LEIVA Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ´ ͂ la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos; la regulación y control de los servicios privados de seguridad; el registro y control de actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público tales como la producción comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos.

Que la estructura del crimen organizado secuestra y corrompe a la población hondureña, en especial a través de una participación cada vez más activa de niños y adolescentes, comprometiendo a las futuras generaciones, por lo que resulta fundamental garantizar la protección inmediata de los derechos de estos grupos vulnerables de niños y adolescentes, tomando medidas excepcionales para combatir el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.

Que la ciudadanía demanda de una respuesta inmediata en las actuaciones de la Policía Nacional, para la cual el Estado debe proporcionarle las herramientas apropiadas para cumplir con la misión de prevenir, investigar y combatir el delito en todas sus modalidades, en virtud que la delincuencia y el crimen organizado no dan tregua, por lo que es imperativo contar con todo el equipo necesario para hacerle frente a este tipo de situaciones que causan inseguridad en la población hondureña.

Que es deber ineludible del Presidente de la República tomar las acciones necesarias para mantener el orden, la seguridad y la paz en la Nación.

Que el Artículo 134 de las Disposiciones Presupuestarias contenidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, aprobado mediante Decreto 62-2026, fue reformado mediante Decreto Número 117-2026, el cual fue publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 18 de junio de 2026 y, de conformidad a esta reforma en su Artículo 2 la misma establece que la Presidencia de la República mediante Acuerdo Ejecutivo designará las Instituciones Públicas autorizadas para el arrendamiento de vehículos y, en el cual se puede autorizar la prórroga del contrato anterior incluso si estuviere vencido por el presente Ejercicio Fiscal 2026, autorizándose el pago de los servicios efectivamente prestados antes de la suscripción de la prórroga.