Acuerdo Ejecutivo No. 565-2024 — Autorización para suscribir Contrato de Préstamo con Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada, y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. A ese efecto, el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.

Que el artículo248de la Constitución de la República en su párrafo primero establece, que los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y providencias de la Presidenta de la República, deberán ser autorizadas por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los Subsecretarios en su caso. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal.

Que el Decreto No.83-2004 que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 73 establece que la negociación de los empréstitos del Sector Público corresponderá a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Dirección General de Crédito Público, de conformidad a los lineamientos contenidos en esta Ley y demás leyes aplicables. En la negociación se definirán las condiciones contractuales, como ser: Destino del financiamiento, plazos de amortización, período de gracia, tasas máximas de interés y moneda para el pago, sin perjuicio de las demás condiciones que son propias en esta clase de negociación. Esta negociación y la posterior formalización estarán determinadas por las prioridades del Programa de Inversión Pública, en consonancia con el Marco Macroeconómico y Programa Financiero de Mediano y Largo Plazo que defina el Gobierno de la República.

Que Honduras es uno de los países más expuestos a los eventos climáticos del mundo, y el que tiene menor capacidad económica para responder a un posible evento catastrófico en América Latina y el Caribe agravando la pobreza del país.

Que el país sufre con frecuencia el impacto de las inundaciones, que se concentran en zonas específicas de Honduras, especialmente en el Valle de Sula el cual tiene una superficie de 2.500 km2 y que se localiza en la parte baja de los ríos Chamelecón y Ulua, se distribuye por tres departamentos, Cortés, Yoro y Atlántida, y 12 municipios (Choloma, El Negrito, El Progreso, La Lima, Pimienta, Potrerillos, San Manuel, San Pedro Sula, Santa Rita, Puerto Cortés, Tela y Villanueva).

Que el Valle de Sula es el principal centro de desarrollo económico del país caracterizándose por el desarrollo de diversas actividades productivas como la agricultura, la industria, el comercio y los servicios. El ratio de pobreza promedio en los municipios del Valle de Sula es del 37%, con valores que varían entre el 68% del municipio de Santa Rita al 27% de Pimienta.

Que el Valle de Sula fue la zona más impactada por las tormentas ETA e IOTA en 2020 y Julia en 2022; afectando de forma indirecta a toda la población de los municipios situados en el Valle de Sula (unos 2 millones de personas) y de forma directa a 53 mil viviendas, en las que residen unos 160 mil habitantes en el área inundable; con pérdidas económicas en el sector comercio e industria equivalente al 2.24% del PIB nacional de 2020.

Que el Gobierno de la República de Honduras ha priorizado dentro de su programa de inversión pública utilizar los recursos con honestidad y responsabilidad y por tal razón se ha formulado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID)el Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de Sula en Honduras, dirigido a incrementar la resiliencia ante inundaciones de las familias vulnerables en el Valle de Sula, Honduras, mediante obras de control, fortalecimiento institucional, gobernanza inclusiva y capacidad comunitaria, con un enfoque especial en género, discapacidad y comunidades afrodescendientes.

Que el Programa para Incrementar la Resiliencia ante Inundaciones del Valle de Sula en Honduras, estima mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Valle de Sula; los beneficios se medirán en términos de reducción del riesgo de inundaciones, alcanzando de manera indirecta a la población de 1.4 millones del Valle de Sula y de forma directa a las 30 mil personas que se sitúan en zonas inundables y cuyo riesgo de ser impacta dos por la inundación se reducirá como resultado de la intervención del Programa.