Acuerdo No. 03-2018 — Reglamento de la Unidad Especial de Protección de las Personas Operadoras de Justicia Adscritas al Poder Judicial

OBJETO EI presente Acuerdo expide el Reglamento de la Unidad Especial de Protección de las personas que ejercen la labor de operadoras de justicia adscritas al Poder Judicial y tiene por objeto desarrollar las facultades necesarias para su operación. Establece los niveles de coordinación y la ejecución de funciones para el respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad de las personas operadoras de justicia del Poder Judicial, reconociendo el enfoque diferencial y de género en todas sus actuaciones. Se entenderá que la Unidad protegerá a las siguientes personas operadoras de justicia adscritas al Poder Judicial (en adelante personas operadoras de justicia u operadoras de justicia): Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados(as) de Cortes de Apelaciones, tanto propietarios, integrantes permanentes, Letra dos, Asistentes de Cortes de Apelaciones, Jueces(zas), Relatores(as), Defensores(as) Públicos, Secretarios(as), Receptores y Auxiliares Jurisdiccionales y el personal que labora en órganos administrativos y aquel que ejerce funciones administrativas en órganos jurisdiccionales.

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO 1) PRO-PERSONA: Todas las disposiciones, procedimientos y medidas de prevención y protección establecidas en este Reglamento están dirigidas a garantizar el respeto a la vida y a la dignidad de las personas que ejercen la labor de jueces, magistrados, defensores públicos y en general de cualquier persona operadora de justicia del Poder Judicial, se deben interpretar de conformidad con la Constitución de la República y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras. 2) NO RESTRICCIÓN DE DERECHOS: No son aplicables ni compatibles con la naturaleza y función de la Unidad las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan o restrinjan el ejercicio de los derechos y garantías establecidas para estos funcionarios. 3) GOCE EFECTIVO DE DERECHOS: Atendiendo a la obligación de protección por parte del Estado, se considera que a las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial no se les podrá limitar el acceso a la Unidad Especial de Protección y el Estado no podrá alegar ninguna condición o restricción, siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos que están establecidos en el presente Reglamento. 4) PREVENCIÓN: La Unidad así como las instituciones responsables e implicadas en la protección, tienen el deber permanente de establecer y adoptar todas las estrategias y medidas efectivas que eviten cualquier riesgo dirigido a las personas Operadoras de Justicia y que por lo tanto prevengan amenazas contra su vida, integridad, libertad y seguridad; ataques verbales; acosos judiciales, fiscales o policiales; intimidacion es; restricciones a sus derechos de reunión, asociación o participación; sanciones o inhabilitaciones injustificadas. En este sentido la Unidad tendrá la facultad de emitir alertas tempranas para desarrollar acciones integrales de prevención desde la máxima autoridad del Poder Judicial y las instituciones competentes del Estado. 5) BUENA FE: Todas las actuaciones que se lleven a cabo ante la Unidad, así como las disposiciones, resoluciones y actuaciones derivadas de la misma, están sujetas a los postulados de la buena fe. 6) VOLUNTARIEDAD: La solicitud de medidas preventivas y de protección, la aceptación de las mismas y la decisión por parte del beneficiario de su retiro son de carácter voluntario. Lo anterior señala que cualquier medida definida por la Unidad debe adoptarse en consulta con los beneficiarios para garantizar su oportunidad, pertinencia, eficacia y permitir el desarrollo de sus labores como operador de justicia. 7) CONSENTIMIENTO: La aceptación de medidas preventivas y de protección requerirá una manifestación por U D I-D EG T-U N AH parte del beneficiario de que se trata de una decisión propia, expresa, libre y voluntaria. 8) CONFIDENCIALIDAD: Todos los procesos, procedimientos e información relativa a la protección de personas beneficiarias de la Unidad, tendrán carácter reservado y se mantendrá bajo confidencialidad para no comprometer su seguridad, la de su familia o equipo de trabajo. Los beneficiarios de las medidas también están obligados a guardar dicha reserva. 9) PRINCIPIO DE CONCERTACIÓN O CONSULTA: Es indispensable establecer canales directos de consulta e interlocución estable y mesas de concertación y diálogo respetuosos y constructivos, con las asociaciones y organizaciones de jueces, magistrados y defensores públicos, para conocer sus necesidades y evaluar el desempeño de las medidas de protección otorgadas. 10) CAUSALIDAD: El otorgamiento de medidas preventivas y de protección se fundamenta en el grado de conexidad directa entre la existencia del riesgo y el ejercicio de las labores de la persona operadora de justicia. Es decir que el riesgo se presente con ocasión o por razón de éstas. 11) PROPORCIONALIDAD: Las medidas preventivas o de protección se adoptarán e implementarán de acuerdo con el nivel de riesgo, teniendo en cuenta la gravedad de la amenaza y la capacidad de concretarse el daño sobre los beneficiarios de conformidad con el Estudio de Riesgo. Asimismo estas medidas deben corresponder a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presenta el riesgo. 12) INTEGRIDAD: Este principio hace extensiva la prevención y protección a las acciones de articulación, coordinación, cooperación, información y seguimiento que se realicen para impulsar las investigaciones que el Ministerio Público realice sobre los hechos denunciados y que motivaron la protección de las personas Operadoras de Justicia. 13) EFICACIA: Las medidas de protección o de seguridad tienen el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación. 14) IDONEIDAD: Las medidas de protección deben ser adecuadas a la situación de riesgo y procurar adaptarse a las condiciones particulares de las personas protegidas. Asimismo la coordinación, adopción y prestación de las medidas de protección debe ser sencilla, accesible y tramitada de conformidad con las necesidades de los jueces, magistrados y defensores públicos en riesgo. 15) OPORTUNIDAD: Las medidas de prevención y protección se otorgarán de forma ágil y expedita. 16) TEMPORALIDAD: Las medidas preventivas y de protección serán de carácter temporal y serán decretadas y mantenidas mientras dure la situación de riesgo. 17) EXCLUSIVIDAD: Las medidas preventivas y de protección estarán destinadas exclusivamente y por el tiempo de su duración a las personas Operadoras de Justicia designadas como beneficiarias del programa y, de existir riesgo extensivo, a sus familiares o miembros de sus equipos de trabajo. 18) GRATUIDAD: Las medidas preventivas y de protección no tendrán ningún costo que deba ser asumido por los beneficiarios de las mismas. 19) IGUALDAD DE TRATO, NO DISCRIMINACIÓN, ENFOQUE DIFERENCIADO Y DE GÉNERO: No se establecerá diferencia alguna por condición de género, etnia, condición social o económica, preferencia u orientación sexual, nacionalidad, religión, opinión política y cualquier otra para la prestación del servicio. Sin embargo se deben adoptar medidas especiales y específicas para atender a las personas Operadoras de Justicia que, debido a su condición de género y las labores que desarrollan, pueden tener un mayor riesgo o vulnerabilidad. 20) COORDINACIÓN: La Unidad Especial de Protección actuará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónicamente con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección, para garantizar los derechos a la vida, la integridad, libertad, seguridad y los derechos de reunión, asociación, participación; así como para garantizar U D I-D EG T-U N AH las condiciones que permiten la imparcialidad e independencia de las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial. 21) CONCURRENCIA: La Unidad Especial de Protección y las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección establecido en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y su Reglamento, en todos los niveles territoriales del Estado aportarán las medidas preventivas y de protección de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos protegidos a las personas beneficiarias de la Unidad. 22) ESPECIALIZACIÓN: Todas las instituciones del Estado que coordinen y cooperen en la adopción e implementación de medidas preventivas y de protección, velarán porque sus funcionarios encargados de la atención, cuerpos de seguridad o escoltas, estén capacitados para brindar adecuadamente la protección de personas en riesgo y vulnerabilidad. Lo anterior implica que éstos deberán tener conocimientos y ser permanentemente actualizados en buenas prácticas en derechos humanos, responsabilidad estatal y derecho internacional de los derechos humanos; asimismo se hace indispensable que sus procesos de selección e incorporación a la función pública, estén de acuerdo con políticas de transparencia que involucren la participación de la población objeto de la Unidad Especial de Protección. 23) INTERPRETACIÓN: El presente Reglamento se interpretará observando los anteriores principios y de manera complementaria se observarán los principios y fundamentos establecidos en la Constitución, la Ley de Protección y su Reglamento. 24) OBJETIVIDAD: La Unidad Especial de Protección realizará sus actuaciones siempre libre de prejuicios y fundada en criterios certeros de la investigación.

CRITERIOS Y DEFINICIONES. 1) OPERADORES DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL: La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia define en su Artículo 5 a los Operadores de Justicia como: “las y los funcionarios o empleados que participan en el proceso de aplicación o administración de la Ley como policías, fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados del Poder Judicial y abogados en función de las labores de defensorías que realicen en el ejercicio de su profesión”. Derivado de lo anterior se reconoce a las juez as y los jueces como contralores de la constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como impartido res de justicia en una sociedad democrática. Por su parte los defensores públicos desempeñan un rol esencial para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado. 2 ) GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD: Deber del Estado de procurar que las personas Operadoras de Justicia no estén expuestos a presiones indebidas y de ofrecer las condiciones necesarias para que sus decisiones y actuaciones no estén sometidas a interferencias de otros poderes del Estado o injerencias de terceros. 3) GARANTÍAS REFORZADAS DE ESTABILIDAD: Deber del Estado que permite a las personas Operadoras de Justicia desarrollar su labor sin perjuicio de afectar su seguridad laboral, otorgando el acceso a la justicia a todas las personas de su jurisdicción, el derecho a la defensa y el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. 4) DERECHOS POLÍTICOS DE LAS PERSONAS OPERADORAS DE JUSTICIA: Las personas Operadoras de Justicia gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión, que solo debe ser restringido cuando se afecte su imparcialidad, independencia y el secreto profesional en el ejercicio de sus funciones. Asimismo se reconoce el derecho que tienen las personas Operadoras de Justicia a constituir asociaciones que tengan por objeto defender la independencia judicial, representar sus intereses y promover su formación profesional, las restricciones a estos derechos deberán ser previstas por la ley, perseguir un fin legítimo y, deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. U D I-D EG T-U N AH 5) RIESGO: La posibilidad que una amenaza en un lugar y tiempo determinado se convierta en una violación efectiva a un derecho fundamental de las personas Operadoras de Justicia. Se construye en función de dos dimensiones: la amenaza, referida a la naturaleza explícita evidente y generadora del evento causal y la vulnerabilidad, de naturaleza intrínseca, específica y particular de la persona operadora de justicia, a que se le infrinja un daño o afectación. Asimismo, las capacidades de las personas Operadoras de Justicia entendidas como sus opciones y estrategias para afrontar el riesgo contrarrestan la vulnerabilidad, de allí que disminuya la probabilidad de que se materialice la amenaza. 6) AMENAZA: Factor de valoración del riesgo relacionado con las situaciones o hechos externos con la potencialidad de causar daño a una persona operadora de justicia o grupo de las mismas, a través de una acción intencionada y por cualquier medio. 7) VULNERABILIDAD: Factor de valoración del riesgo, complementario al contexto, relacionado con las debilidades asociadas a las personas beneficiarias que las exponen de una manera excepcional, para hacer frente al riesgo en el que se encuentran derivado del ejercicio de su actividad. En este sentido se deberá atender particularmente las condiciones de vulnerabilidad a las que pueden estar expuestas las personas operadoras de justicia en razón de género o preferencia sexual. 8) CAPACIDAD: Factor de valoración del riesgo, complementario al contexto, relacionado con las fortalezas asociadas a las personas beneficiarias y sus redes políticas y sociales, que contrarrestan la vulnerabilidad y por lo tanto aumentan sus niveles de respuesta para hacer frente al riesgo en el que se encuentran derivado del ejercicio de su actividad. 9) AGRESIÓN: Hechos específicos que dañen la integridad física, psicológica, moral o económica de los operadores de justica; éstas se configuran por acción u omisión. 10) VÍCTIMA: Aquella persona que haya sufrido un daño físico, mental, emocional o lesión de sus bienes jurídicos o afectación en el ejercicio de sus derechos como consecuencia de la ocasión de un delito o violación de sus derechos humanos. Para los efectos de la interpretación del presente Reglamento y en concordancia con la Ley de Protección y su Reglamento, las personas beneficiarias y su núcleo familiar o las afectadas por el “riesgo extensivo”, podrán ostentar dicha mención, para lo cual el Estado está obligado a brindar todas las acciones necesarias mediante las demás instancias y mecanismos institucionales creados para cumplir dicha labor, independientemente de las medidas de protección a las que hubiese lugar. 11) RIESGO EXTENSIVO: Es aquel que se deriva del riesgo en el que se encuentran expuestas las personas beneficiarias como consecuencia de su labor como operador de justicia, que puede afectar, tanto al núcleo familiar - cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, hijos, dependientes de las personas en riesgo- como a aquellas personas que participan en las mismas actividades del grupo, organización o asociación, de acuerdo a lo que se determine en el Estudio de Evaluación de riesgo. 12) RIESGO ORDINARIO (Moderado): Es al que están sometidos todas las personas Operadoras de Justicia o su núcleo familiar, en igualdad de condiciones, por el hecho de desarrollar su función, lo que genera para el Estado la obligación de adoptar medidas generales de seguridad a través de la observancia de las reglas mínimas de seguridad, prudencia y la coordinación eficaz de los recursos que le facilita la institución durante el desempeño de su labor. 13) RIESGO EXTRAORDINARIO (Grave): Es aquel que las personas Operadoras de Justicia o su núcleo familiar, no están jurídicamente obligados a soportar y, por tal motivo, conlleva el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte de sus autoridades institucionales o de otras del sistema de seguridad del Estado destinadas a tal fin, de acuerdo a las siguientes características:

• a)

  Que el riesgo sea específico e individualizable;

• b)

  Que el riesgo sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos, confirmado mediante el perfil de riesgo y no fundado en suposiciones abstractas;

• c)

  Que el riesgo sea presente, no fundado en hechos ya consumados o eventuales; U D I-D EG T-U N AH d. Que el riesgo sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física y psíquica para el servidor o funcionario; e. Que el riesgo sea de materialización probable, atendiendo a las circunstancias del caso; f. Que el riesgo sea claro y discernible; g. Que el riesgo sea excepcional, cuando se trata de una situación que no debe ser soportada por ninguna persona; h. Cualquier otro criterio que sea de consideración objetiva y necesaria por parte de la autoridad designada para su análisis. 14) RIESGO INMINENTE O EXTREMO (Muy Grave): Es aquel que amenaza los derechos a la vida e integridad y se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario. Adicionalmente, este tipo de riesgo debe ser:

  • a)

    Grave e inminente;

  • b)

    Dirigido contra la vida o la integridad personal, con el propósito evidente de violentar tales derechos. 15) MEDIDAS PREVENTIVAS: Acciones que buscan garantizar con eficacia celeridad y prontitud la disminución del riesgo y la vulnerabilidad de las personas beneficiarias. Éstas son de naturaleza individual o colectivas, idóneas, eficaces y temporales, las cuales serán determinadas en el Estudio de Evaluación de Riesgo. 16) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Acciones que buscan proteger al beneficiario o un grupo de beneficiarios organizados y/o asociados, para evitar que se materialice la intención de causar daño. 17) ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO: Documento final del procedimiento de análisis llevado a cabo para determinar el nivel de riesgo de un beneficiario o un grupo de beneficiarios organizados y/o asociados. 18) TRÁMITE EXTRAORDINARIO: Procedimiento que se lleva a cabo cuando se determina el riesgo inminente y excepcional, en éste se adoptarán medidas urgentes de protección de carácter provisional para las personas beneficiarias de la Unidad Especial de Protección. 19) TRÁMITE ORDINARIO: Procedimiento que se surte después de conocer la solicitud de protección por parte de una persona operadora de justicia o un colectivo, cuando se considera que no existen indicios de riesgo inminente y excepcional. 20) REEVALUACIÓN DEL RIESGO: Procedimiento que tiene lugar una vez se vence la vigencia de las medidas adoptadas por el Comité Técnico para la protección de una persona operadora de justicia. También puede determinarse a partir del conocimiento de nuevos hechos asociados al riesgo por petición del beneficiario o a consideración de la Coordinación General o el Comité Técnico. 21) LEY: Este término en el presente Reglamento hace referencia a la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. 22)REGLAMENTO:Este término en el presente Reglamento hace referencia al Reglamento aprobado en agosto de 2015 y reglamentario a la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Ninguna solicitud de protección presentada por una persona Operadora de Justicia del Poder Judicial en el territorio nacional será desestimada por la Unidad Especial de Protección. TÍTULO II DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PREVENCION DE SUS VIOLACIONES CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PREVENCIÓN DE ACTOS O AGRESIONES CONTRA LOS OPERADORES DE U D I-D EG T-U N AH JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. Son aquellas medidas de prevención dirigidas a reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones a las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial, así como a combatir las causas estructurales que las producen, para lo cual la Unidad Especial de Protección, deberá:

• 1)

  Realizar y presentar ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia un análisis periódico de los riesgos internos y externos asociados al Poder Judicial para Jueces, Magistrados y Defensores Públicos.

• 2)

  Llevar el registro de afectaciones y agresiones en contra de las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial. Este registro debe tener un nivel de confidencialidad que proteja a las víctimas, sus familiares y equipos de trabajo, pero debe producir estadísticas que identifiquen patrones y tipos de agresiones que permitan adecuar las medidas preventivas y de protección adoptadas por la Unidad y por las instituciones encargadas de generar medidas complementarias en el ejercicio de corresponsabilidad asignado por la Ley. 3)Presentar ante el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, informes de coyuntura sobre situaciones de orden público y judicial, así como alertas tempranas sobre marcos legales, políticas públicas o directrices institucionales, que puedan afectar los principios de imparcialidad, independencia y estabilidad de las personas Operadoras de Justicia, o poner en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad. 4) Implementar y realizar acciones dirigidas a enfrentar las agresiones de cualquier tipo contra las personas Operadoras de Justicia, lo que implica que la Unidad deberá actuar ante las instancias encargadas de las investigaciones por las agresiones contra las personas Operadoras de Justicia y exigir que éstas trabajen de manera seria, profesional y científica en todas las investigaciones por estos hechos, destinando todos los medios para enfrentar la impunidad, identificar los autores intelectuales y materiales, procesar los y reparar adecuadamente a las víctimas. 6) Capacitar a todos los funcionarios públicos, en particular a aquellos que laboran en las dependencias involucradas en el proceso de implementación de la Unidad que reglamenta el presente Reglamento, a través de formación constante sobre las garantías para la independencia y la obligación de protección en favor de las personas Operadoras de Justicia. 7) Impulsar el intercambio de experiencias con otros países que puedan aportar en el diseño de medidas y estrategias de prevención y protección. 8) Otras, que sean definidas para la prevención y evitar la materialización de riesgos. TÍTULO III ESTRUCTURA, CARGOS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN CAPÍTULO I SOBRE EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA

RELACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA CON LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL. 1) La Unidad Especial de Protección realizará todas las acciones establecidas en este Reglamento y gozará de autonomía administrativa para desarrollar sus labores. El Presidente o Presidenta de la Corte Suprema asegurará que la Unidad Especial de Protección cuente con los recursos de personal y financieros necesarios para el cumplimiento de su objeto para lo cual podrá hacer uso de las facultades legales y realizar convenios de cooperación con instituciones nacionales o internacionales. 2) Las personas beneficiarias Operadoras de Justicia, podrán acudir al Consejo Nacional para presentar sus apreciaciones sobre el tratamiento brindado en sus casos particulares, en cuyo caso el Consejo Nacional podrá solicitar información a la Unidad Especial de Protección sobre las acciones de protección y las medidas ordenadas, pudiendo evaluar su efectividad y exhortan do a la Unidad Especial de Protección a su debida implementación. Para todos los efectos, el Consejo U D I-D EG T-U N AH Nacional de Protección en su función de órgano consultivo de la Unidad no podrá intervenir en el tratamiento de los casos bajo su estudio y competencia, ni fungirá como órgano revisor de sus decisiones. CAPÍTULO II COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

ADSCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN. El Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con sus facultades legales y reglamentarias, designará la Dependencia, los niveles de jerarquía y coordinación en los cuales se inscriba la Unidad Especial de Protección en el Poder Judicial y realizará los nombramientos del personal para sus funciones, quienes deberán cumplir con los perfiles determinados en el presente Reglamento. Igualmente realizará las acciones administrativas y previsiones presupuestarias para dotar a la Unidad Especial de Protección de los recursos necesarios y suficientes, tanto para su funcionamiento, como para la implementación de las medidas de protección.

DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE LA COORDINACIÓN GENERAL. El Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, velará y asegurará que para proceder al nombramiento de la persona que desempeñe el cargo de la Coordinación General de la Unidad Especial de Protección, ésta cumpla con los requisitos y el perfil adecuado para su correcto desempeño. En particular deberá tener formación de Licenciatura en Derecho o su equivalente, amplia experiencia en materia de derechos humanos, derecho penal y administración de justicia; conocimiento sobre protección de las personas Operadoras de Justicia y no contar con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Como criterios específicos se verificará que cumpla con por lo menos los siguientes requerimientos:

• a)

  Conocimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos;

• b)

  Conocimiento de la organización del Poder Judicial en Honduras;

• c)

  Conocimiento del sector de justicia y en especial de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y colectivos creados por las personas Operadoras de Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus garantías, libertades y derechos;

• d)

  Conocimiento de los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos;

• e)

  Conocimiento de los mecanismos y programas de protección que ofrece el Estado hondureño;

• f)

  Conocimiento de las políticas públicas de derechos humanos del Estado hondureño;

• g)

  Conocimiento de la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional en materia de las obligaciones estatales de prevención y protección;

• h)

  Conocimiento de metodologías de identificación y valoración de riesgos;

• i)

  Conocimiento de metodologías de investigación;

• j)

  Conocimiento de las políticas de administración de personal del Poder Judicial.

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN GENERAL. Para el funcionamiento de la Coordinación General se creará una estructura operativa conformada de la siguiente forma: a. Oficina Técnica de Asesoría Jurídica. b. Oficina Técnica de Soporte Administrativo. c. Oficina de Recepción de Casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo. d. Oficina de Análisis de Riesgo e Implementación de Medidas Preventivas y de Protección.

OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA. Es una oficina asesora de la Coordinación General y realizará las siguientes funciones: U D I-D EG T-U N AH 1)Apoyar en la elaboración de insumos para la elaboración de los informes anuales y semestrales que se deberán presentar ante el Consejo Nacional de Protección; 2) Convocar mensualmente a las reuniones ordinarias del Comité Técnico, para lo cual enviará a sus integrantes con por lo menos cuatro (4) días hábiles de antelación, verificando que sus miembros reciban toda la información que este órgano requiera para su funcionamiento y toma de decisiones, en particular elaborar sus actas de reunión, minutas, ayudas de memoria, resoluciones, órdenes de protección y demás documentos para su adecuado funcionamiento; 3) Llevar las actas del Comité Técnico, mantenerlas actualizadas y verificar que se cumplan sus mandatos y resoluciones; 4) Apoyar en la respuesta a la Coordinación General y sus oficinas en el trámite de peticiones, quejas por el servicio y reclamos de las personas beneficiarias, previendo que se les preste una adecuada y oportuna atención. Igualmente verificar que se atiendan las solicitudes de información del Consejo Nacional; 5) Atender los recursos de transparencia y acceso a la información y mantener actualizados los datos, estadísticas y toda la información sobre la operación de la Unidad Especial de Protección; 6) Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y protección ordenadas por el Sistema Interamericano relacionadas con las personas Operadoras de Justicia y coordinar las acciones con las instancias competentes; 7) Realizar los convenios interinstitucionales que requiera la Unidad Especial de Protección y que son necesarios para garantizar la atención integral; la adopción de medidas de prevención y protección por las diferentes instituciones con competencia directa y la adopción de medidas complementarias por instituciones y entidades involucradas; 8) Todas las demás funciones que la Coordinación General le asigne para su adecuado desempeño.

DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO EN LA OFICINA TÉCNICA DE ASESORÍA JURÍDICA. La Coordinación General verificará que la persona que realice las funciones como encargada de la Asesoría Técnica Jurídica cumpla con el perfil adecuado y las cualificaciones para el correcto desempeño de las funciones asignadas. En particular debe tener formación de Licenciatura en Derecho o su equivalente; amplia experiencia en administración pública, en materia de derechos humanos, derecho penal y administración de justicia, no contar con sentencias por violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo menos los siguientes requerimientos:

• a)

  Conocimiento de la Constitución Nacional y de la organización del Estado hondureño;

• b)

  Conocimiento del Sector de la Justicia y en especial de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y colectivos creados por las personas Operadoras de Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus garantías, libertades y derechos;

• c)

  Conocimiento de la normatividad nacional de derechos humanos.

OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO. Es una oficina asesora de la Coordinación General y realizará, en su representación las siguientes funciones:

• 1)

  Desarrollar y mantener actualizados los indicadores de impacto, resultado y gestión sobre medidas preventivas y de protección adoptadas, su implementación y eficacia a partir del seguimiento efectuado;

• 2)

  Realizar un control detallado de las medidas de protección ordenadas por el Comité Técnico y cumplido el tiempo establecido en la resolución que ordena las medidas, enviará el caso de manera automática a la oficina de Análisis de Riesgo para su reevaluación;

• 3)

  Dar seguimiento a la implementación de las medidas, su calidad e idoneidad, definidas por el Comité Técnico;

• 4)

  Enviar el caso de manera automática a la oficina de Análisis de Riesgo para su reevaluación cuando sea solicitado por la Coordinación General o la persona beneficiaria; U D I-D EG T-U N AH 5) Coordinar los traslados de las personas en riesgo para que éstas puedan asistir de manera presencial cuando sean requeridas por la Unidad Especial de Protección; 6) Será responsable de atender el archivo físico y digital de la Unidad, con la información generada desde las diferentes oficinas que la conforman, para lo cual se guiará por los lineamientos del Poder Judicial en esta materia; 7) Coordinar la logística de las sesiones del Comité Técnico; 9)Gestionar todos los aspectos logísticos para el desplazamiento de los funcionarios de la Unidad, así como los aspectos logísticos y administrativos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones; 10) Elaborar el presupuesto anual, según la metodología definida por el Poder Judicial para tal fin; 11) Identificar necesidades de capacitación y formación del personal; 12) Todas las demás funciones que la Coordinación General le asigne para su adecuado desempeño.

DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO EN LA OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO. La Coordinación General verificará que la persona que realice las funciones como encargada del Soporte Administrativo cumpla con el perfil adecuado y las cualificaciones para el correcto desempeño de las funciones asignadas. En particular debe tener formación de Licenciatura en Ciencias Sociales o su equivalente; amplia experiencia en administración pública y administración de justicia, no contar con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo menos los siguientes requerimientos:

• a)

  Conocimiento de la Constitución Nacional y de la organización del Estado hondureño;

• b)

  Conocimiento del Sector de la Justicia y en especial de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y colectivos creados por las personas Operadoras de Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus garantías, libertades y derechos;

• c)

  Conocimiento de la normatividad nacional de derechos humanos;

• d)

  Conocimiento de políticas de administración de personal;

• e)

  Conocimiento para la elaboración de presupuestos y de proyectos de inversión y funcionamiento público en el sector.

OFICINA DE RECEPCIÓN DE CASOS, REACCIÓN INMEDIATA Y GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO. Este equipo de trabajo contará con al menos un coordinador y un funcionario para desarrollar a cabalidad las siguientes funciones:

• 1)

  Recibir las solicitudes de ingreso a la Unidad Especial de Protección de las personas Operadoras de Justicia del Poder Judicial, por cualquier medio. Para formalizar el trámite de ingreso se deberá solicitar al peticionario la autorización o ratificación por escrito de la solicitud de ingreso.

• 2)

  Realizar siempre que sea posible una entrevista de primer contacto con la persona peticionaria.

• 3)

  Decidir el trámite ordinario o extraordinario que demanda cada solicitud de protección e informarlo a la Coordinación General de la Unidad Especial de Protección.

• 4)

  Llevar a cabo el procedimiento extraordinario, garantizando una reacción inmediata, implementando las medidas de protección urgentes en los tiempos establecidos por la Ley. Se deberá evaluar en todo momento el riesgo extensivo a familiares y grupos de trabajo.

• 5)

  Gestionar las medidas de protección complementarias con las instituciones competentes y verificar su implementación inmediata en el trámite extraordinario.

• 6)

  Brindar asesoría y acompañamiento para que la persona peticionaria presente las denuncias formales frente al Ministerio Público y las autoridades competentes, asegurándose que se adelante una investigación sobre el caso. U D I-D EG T-U N AH 7) Establecer un canal de comunicación claro y directo con la persona peticionaria, su familia o su equipo de trabajo, en caso de existir riego extensivo. Se verificará que la información sobre la Unidad Especial de Protección sea allegada a todos los posibles beneficiarios de medidas de protección. Cuando el trámite sea ordinario se informará sobre los tiempos que tarda la Unidad Especial de Protección en realizar el análisis de riesgo y se definirán e implementarán las medidas preventivas y de protección que se deriven del mismo. 9) Cuando el trámite sea ordinario se remitirá el caso a la oficina de Análisis de Riesgo e Implementación de Medidas de Protección. El mismo funcionario o funcionaria que ha mantenido la comunicación con el peticionario será el encargado de comunicarle quien llevará su Estudio de Evaluación de Riesgo y suministrarle todos los datos requeridos garantizando el contacto permanente y flujo constante de información que alert e nuevos hechos de riesgo. 10)Abrir el expediente de cada caso e ingresar la documentación que da cuenta de todos los trámites seguidos en esta oficina para brindar una atención integral. Este expediente deberá contener un cronograma detallado donde se evidencie la fecha de incorporación a la Unidad Especial de Protección, el intervalo de tiempo durante el cual se realizará el Estudio de Evaluación de Riesgo, la implementación de medidas y la fecha en la cual se debe realizar la revisión del Estudio de Evaluación del Riesgo. 11) Actuar de oficio en la revisión de variables de riesgo en la asignación de los casos a las personas Operadoras de Justicia, comunicándose directamente con posibles sujetos de riesgo, para evaluar de manera preventiva la necesidad de incorporarlos a la Unidad Especial de Protección. 12) Actuar de oficio en la detección temprana de riesgos a través de medios de comunicación, denuncias de asociaciones, colegios de profesionales, información suministrada por los organismos de investigación e inteligencia sobre posibles hechos que pueden atentar contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas Operadoras de Justicia. 13) Contactar se de oficio con cualquier persona Operadora de justicia del Poder Judicial que pueda estar en riesgo a partir de la detección temprana de riesgos, para ofrecer les la incorporación a la Unidad Especial de Protección. 14) Analizar el contexto en que las personas Operadoras de Justicia realizan su labor e identificar las situaciones y casos que los ubiquen en una situación de riesgo y elaborar alertas tempranas. 15) Actuar de oficio en el requerimiento de información a las autoridades competentes del Poder Judicial sobre procesos y procedimientos disciplinarios o de transferencia, reubicación o reasignación de casos que puedan indicar una posible situación de riesgo o una afectación para el desarrollo de los principios de independencia e imparcialidad en la labor de justicia. 16) Administrar una línea de comunicación telefónica para emergencias que deberá funcionar las 24 horas al día durante toda la semana. Asimismo esta oficina requiere contar con personal que responda por los trámites extraordinarios y la reacción inmediata las 24 horas del día durante toda la semana. 17) Gestionar con las dependencias encargadas para tal fin en la estructura del Estado, atención psicológica y de salud que requieran los peticionarios o beneficiarios, especialmente brindar atención en crisis y medidas de atención psicológica y médica de urgencia a la persona beneficiaria o a su núcleo familiar. 18) Identificar las entidades con que se requieren realizar los convenios, que permita la atención preferencial y urgente a las personas solicitantes y beneficiarias, cuando así se requiera. 19) Todas las demás funciones que la Coordinación General le asigne.

DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE COORDINADOR DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE CASOS, REACCIÓN INMEDIATA Y GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO. La Coordinación General verificará que la persona encargada de la oficina de Recepción de Casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo, cumpla con los requisitos y perfil adecuados para el correcto desempeño de las funciones. En particular debe tener formación de Licenciatura o su equivalente en Ciencias Sociales, experiencia en atención de personas víctimas de U D I-D EG T-U N AH violaciones a los derechos humanos, experiencia en lectura y análisis de datos e información sobre el riesgo y no contar con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo menos los siguientes requerimientos:

• a)

  Conocimiento del sector de justicia y en especial de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y colectivos creados por Operadores de Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus garantías, libertades y derechos;

• b)

  Conocimiento de metodologías de identificación y valoración de riesgos;

• c)

  Conocimiento de metodologías de investigación;

• d)

  Conocimiento de situaciones de atención y manejo de personas en situación de crisis.

OFICINA DE ANÁLISIS DE RIESGO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN. Este equipo de trabajo contará con al menos un coordinador y dos funcionarios para desarrollar a cabalidad las siguientes funciones: Elaborar los Estudios de Evaluación de Riesgo necesarios para que el Comité Técnico efectúe el análisis de riesgo y determine las medidas preventivas y de protección de las personas Operadoras de Justicia que solicitan protección ante la Unidad Especial de Protección, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 1) Recibir los casos de la oficina de Recepción de Casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo para adelantar los Estudios de Evaluación de Riesgo para ser presentados ante la Coordinación General de la Unidad y el Comité Técnico. 2) Realizar los Estudios de Evaluación de Riesgo de trámite ordinario y extraordinario. De acuerdo con el nivel de riesgo individual o colectivo proponer planes integrales de protección cumpliendo los plazos previstos en el Reglamento. 4) Bajo la supervisión y previa revisión por parte de la Coordinación General de la Unidad Especial de Protección, sustentar cada Estudio de Evaluación de Riesgo para poner a consideración ante el Comité Técnico el nivel de riesgo detectado y los planes integrales de protección. 5)Requerir la presencia de los peticionarios y sus representantes –si los hubiese- en las reuniones de análisis de riesgo y determinación de medidas de protección con el Comité Técnico, para que asistan a la deliberación de sus casos y den su consentimiento sobre las medidas preventivas y de protección asignadas. La oficina deberá citar por medios comprobables a las partes mencionadas, sin que recaiga en la oficina la responsabilidad de que éstos acudan o no a la sesión. El Comité Técnico deberá definir los criterios para proceder en este sentido. 6) Preparar los insumos para que el Comité Técnico pueda efectuar el análisis de riesgo sobre la eficacia y pertinencia de las medidas de protección brindadas para garantizar el cumplimiento de las Medidas Cautelares y Provisionales ordenadas por el Sistema Interamericano en el que los beneficiarios sean personas operadoras del Poder Judicial. El análisis del Estudio de Evaluación de Riesgo y la decisión del Comité Técnico se realizará exclusivamente para determinar si las medidas de protección son suficientes para lograr su objetivo de protección y bajo ninguna circunstancia la Coordinación General de la Unidad o el Comité Técnico podrán ordenar revocar, suspender o disminuir las medidas otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley de Protección. Para la implementación de lo dispuesto, esta oficina preparará un Protocolo adecuado de transferencia de aquellas medidas que se encuentren en proceso de implementación en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos o en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Pública. 7) Comunicarse permanentemente con el peticionario durante la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo para: resolver las dudas e incluir en el Estudio nuevos hechos asociados a la amenaza y la concreción del riesgo que tuvieran lugar durante su realización, informarle sobre el resultado U D I-D EG T-U N AH final del mismo, explicar le el plan de medidas preventivas y de protección asignado y concertar fechas y cronogramas para su implementación oportuna y efectiva. 9) Si durante la realización del Estudio de Evaluación de Riesgo se presentan hechos que evidencien la inminencia y concreción de la amenaza, efectuar el trámite extraordinario y la implementación de medidas urgentes de protección en coordinación con la oficina de Recepción de casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo. 10) Informar al superior jerárquico de la persona operadora de justicia sobre su incorporación a la Unidad Especial de Protección y sobre las consideraciones en prevención y protección que el mismo debe llevar a cabo para garantizar la seguridad e integridad de las personas, como retiro de casos, respeto por rutinas laborales diferentes, establecer garantías para que pueda cumplir su trabajo desde otros lugares, brindarle un trato especial en función de su situación de riesgo. 11) Solicitar a las autoridades la implementación de los planes y medidas de prevención y protección ordenadas por el Comité Técnico. 12) Realizar la notificación oficial a las personas beneficiarias y/o su representante de las medidas de prevención y protección en atención a lo ordenado por el Comité Técnico. 13) Coordinar con las autoridades encargadas y designadas por la Ley y señaladas por el Comité Técnico, la implementación ágil, eficiente y expedita de las medidas preventivas y protección ordenadas. 14) Realizar una revaluación del estudio de riesgo, de conformidad con la temporalidad definida en la Ley que establece 6 meses, o antes si hay hechos sobrevinientes y utilizando la metodología definida para tal fin, sustentar los en las reuniones de análisis de riesgo ante el Comité Técnico previo conocimiento y visto bueno de la Coordinación General de la Unidad Especial de Protección. 15)Adelantar el procedimiento de cierre de los casos atendidos de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación General de la Unidad Especial de Protección y el Comité Técnico. 16) Realizar estudios de seguridad de las instalaciones en donde opera el Poder Judicial, siguiendo las metodologías definidas para tal fin, por solicitud de la Coordinación de la Unidad Especial de Protección. 17) Proponer protocolos de seguridad para las instalaciones, el personal y el manejo de la información. 18) Brindar recomendaciones de auto protección a los peticionarios, a fin de disminuir sus vulnerabilidades. 19) Incentivar que los peticionarios presenten las denuncias ante las autoridades encargadas de la investigación de las agresiones ante las autoridades del Ministerio Público.

DEL PERFIL PARA DESEMPEÑAR EL CARGO EN LA OFICINA DE ANÁLISIS DE RIESGO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. La Coordinación General verificará que la persona que realice las funciones como encargada de la oficina de Análisis de Riesgo e implementación de medidas de protección, cumpla con los requisitos y el perfil adecuado para el correcto desempeño de sus funciones. En particular debe tener formación de Licenciatura en Ciencias Sociales o su equivalente; formación en sociología y/o administración pública o afines; conocimiento sobre estudios de evaluación de riesgos y protección de personas o colectivos y no contar con sentencias por agresiones, violaciones o afectaciones a los derechos humanos. Como criterios específicos verificará que cumpla con por lo menos los siguientes requerimientos:

• a)

  Conocimiento del sector de justicia y en especial de las organizaciones, agremiaciones, asociaciones y colectivos creados por Operadores de Justicia para la defensa y promoción de su ejercicio profesional y sus garantías, libertades y derechos;

• b)

  Conocimiento de la normatividad nacional e internacional de derechos humanos;

• c)

  Conocimiento de metodologías de identificación y valoración de riesgos;

• d)

  Conocimiento de metodologías de investigación; U D I-D EG T-U N AH e. Conocimiento de actividades de protección y cuidado de personas.

ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Especial de Protección, la Coordinación General observará y aplicará en su accionar lo siguiente:

• 1)

  Coordinar y Supervisar el trabajo de las Oficinas reglamentariamente establecidas. Para tal efecto, resolverá todos los conflictos de competencias que se produzcan entre las mismas y garantizará que la información que cada una de éstas genere y requiera para el desarrollo de sus funciones sea entregada por las otras;

• 2)

  Actuar bajo los principios definidos en el Reglamento y verificar que todas las oficinas a su cargo las apliquen de manera estricta;

• 3)

  Verificar que todas las decisiones, resoluciones, acuerdos y demás actos de la Coordinación General y las oficinas, sean debidamente notificadas y cumplidas de manera adecuada por las autoridades encargadas de su implementación;

• 4)

  Establecer procedimientos, manuales y formatos de actuación que privilegien la participación y el consentimiento de la persona solicitante y beneficiaria en todo el proceso y trámite;

• 5)

  Diseñar protocolos seguros para el manejo de la información física y digital de la Unidad Especial de Protección;

• 6)

  Diseñar formatos de operación, protocolos y demás instrumentos que se requieran para garantizar el correcto funcionamiento de la Unidad Especial de Protección verificando siempre que éstos contemplen el enfoque diferencial y de género y velar por su implementación;

• 7)

  Coordinar la capacitación constante del personal de la Unidad Especial de Protección;

• 8)

  Identificar necesidades de fortalecimiento de la Unidad Especial de Protección y posibles fuentes de financiación;

• 9)

  Elaborar un reporte semestral de actividades dirigido al Pleno y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

• 10)

  Verificar que las personas asignadas para desempeñar las funciones de coordinación cumplan con las cualificaciones establecidas en el presente Reglamento; 11)Atender las quejas y denuncias sobre el mal funcionamiento de la Unidad Especial de Protección y tramitar las medidas necesarias para implementar los correctivos a los que haya lugar; 12) Generar los canales de comunicación con el Ministerio Público con el objeto de impulsar los avances en las investigaciones respecto de las agresiones a la población objeto de protección del presente Reglamento; 13) Las demás que le sean designadas por el Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL. Las personas designadas como coordinadores de las oficinas de la Unidad Especial de Protección actuarán en representación de la Coordinación General en todos los trámites donde se requiera una acción urgente o esté comprometida una acción oportuna para garantizar la protección de los beneficiarios, esto incluye la decisión sobre el trámite urgente y ordinario, así como los oficios y comunicaciones oficiales para solicitar la activación de medidas de protección. En caso de ausencia temporal de la persona encargada de la Coordinación General, ésta será suplida en sus funciones y facultades por la persona encargada de la oficina técnica que se designe para tal efecto.

VÍNCULO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PROTECCIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE PROTECCIÓN DEL PODER JUDICIAL. Para garantizar el debido funcionamiento y la articulación necesaria, la Coordinación General en su relación con el Comité Técnico