Decreto Ejecutivo No. PCM-008-2025 — Prórroga de la intervención de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)

Considerandos

1. 1.Que la Constitución de la República, establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir Acuerdos y Decretos conforme a Ley (artículos 235 y 245 numerales 2) y 11)).
2. 2.Que la Ley General de la Administración Pública dispone que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y en el ejercicio de sus funciones podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
3. 3.Que mediante Decreto Legislativo No. 58-2015 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 07 de septiembre de 2015, edición número 3,828, se creó el Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911), como un servicio público y de seguridad nacional, bajo la coordinación jerárquica del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (artículo 1).
4. 4.Que mediante Decreto Legislativo No. 49-2021 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 02 de agosto de 2021, edición número 35,675, se adscribió -- 43 of 55 -- la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911), a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (artículo 1).
5. 5.Que la Ley General de la Administración Pública establece que el Poder Ejecutivo puede intervenir total o parcialmente, todos los entes, órganos o unidades de la Administración Pública que operen con pérdidas, no cumplan con sus funciones o no presten adecuadamente los servicios por los cuales fueron creados. De proceder la intervención, estará a cargo de una Comisión Interventora que se encargará de la administración de la entidad, órgano o unidad intervenida y realizará una evaluación de la misma, con la Asesoría del Tribunal Superior de Cuentas; dicha Comisión Interventora tiene las facultades que les correspondan a los administradores de las mismas ejerciendo su representación legal y tendrá las potestades necesarias para establecer las recomendaciones oportunas, que permitan a los Poderes del Estado tomar las acciones pertinentes y oportunas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales (artículos 98, 99 y 100).
6. 6.Que debido a la heredada situación de calamidad en que se encontraba la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911), poniendo en riesgo los intereses nacionales de la sociedad y la seguridad nacional, se ordenó la intervención de dicha institución, mediante Decreto Ejecutivo número PCM 11- 2023 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 28 de febrero de 2023.
7. 7.Que las causas que motivaron dicha intervención siguen vigentes, encontrándose en desarrollo procedimientos fundamentales, tales como la auditoría institucional y los procesos de investigación penal para deducir la responsabilidad civil, penal y administrativa a quienes saquearon el erario público y utilizaron la institucionalidad con fines ajenos a la Administración Pública, por lo cual se hace necesario prorrogar el plazo de intervención de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911), con el objeto de garantizar la finalización de algunos procesos administrativos, legales y financieros, dentro del plan de trabajo de la Comisión.
8. 8.Que la Constitución de la República, establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir acuerdos y decretos conforme a Ley (artículos 235 y 245 numerales 2) y 11)).
9. 9.Que la Ley General de la Administración Pública dispone que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, y en el ejercicio de sus funciones podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
10. 10.Que mediante Decreto Legislativo No. 58-2015 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 07 de septiembre de 2015, edición 3,828, se creó el Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911), como un servicio público y de seguridad nacional, bajo la coordinación jerárquica del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
11. 11.Que mediante Decreto Legislativo No. 49-2021 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 02 de Agosto de 2021, edición 35,675, se adscribió la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911), a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia (artículo 1).
12. 12.Que un mes después de la referida adscripción de la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911) a la Secretaría de la -- 48 of 55 -- EDIS ANTONIO MONCADA DAGOBERTO ZELAYA VALLE Coordinador y Supervisor Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Presidencia, mediante Decreto Legislativo 73-2021 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de septiembre de 2021, edición 35,714; se autorizó al Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911), la suscripción directa de un Contrato fuera de los costos de mercado con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V., por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (U$154,449,375.36), por un plazo de siete (7) años y cinco (5) meses (01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2028), lo anterior, mediante un proceso que desconoce los supuestos establecidos en la Ley de Contratación del Estado (artículo 63).
13. 13.Que el precitado Decreto Legislativo establece que el contrato será financiado con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad Poblacional, o en su defecto con fondos propios del presupuesto nacional o transferencias por créditos o donaciones, exonerando el pago de los derechos arancelarios por la importación de mercancías y el pago de impuestos sobre ventas. Lo anterior, contraviniendo, lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, que establece que la asignación presupuestaria deberá constar en el expediente de contratación, y que serán nulos los contratos que al suscribirse carezcan de dicha asignación (artículo 27).
14. 14.Que de forma irregular y en desconocimiento de la norma constitucional, se estableció que la suscripción directa del Contrato con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V. que sobrepasaba dos periodos de gobierno, no requeriría de ulterior aprobación o autorización de naturaleza legislativa, ya que su suscripción, validez, vigencia y ejecución quedaría autorizada de pleno derecho mediante el Decreto. Lo anterior, violentando lo establecido en la Constitución de la República, que dispone que corresponde al Congreso Nacional la atribución de aprobar o improbar contratos que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República (artículo 205, numeral 19).
15. 15.Que al contener dicho contrato varios vicios de nulidad y ser lesivo al interés público, se ordenó realizar una revisión exhaustiva del caso, proponiéndose sin éxito y en repetidas ocasiones a la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V., proceder a legalizar la prestación del servicio público y de seguridad nacional. Ante la negativa de llegar a un acuerdo legal con el Estado de Honduras y la exigencia de la Empresa de hacer valer un contrato a todas vistas ilegal y lesivo, el servicio fue suspendido de parte de la Empresa la noche del 31 de agosto de -- 49 of 55 -- 2022, dejando totalmente incomunicado el Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911).
16. 16.Que, ante la suspensión de los servicios de vídeo vigilancia y suspensión de llamadas, el Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911), se encuentra en una situación de grave calamidad, poniendo en peligro los intereses generales de la sociedad y la seguridad nacional.
17. 17.Que la Ley General de la Administración Pública establece que el Poder Ejecutivo puede intervenir total o parcialmente, todos los entes, órganos o unidades de la Administración Pública que operen con pérdidas, no cumplan con sus funciones o no presten adecuadamente los servicios por los cuales fueron creados. De proceder la intervención, estará a cargo de una Comisión Interventora que se encargará de la administración de la entidad, órgano o unidad intervenida y realizará una evaluación de la misma, con la Asesoría del Tribunal Superior de Cuentas; dicha Comisión Interventora tiene las facultades que les correspondan a los administradores de las mismas ejerciendo su representación legal y tendrá las potestades necesarias para establecer las recomendaciones oportunas, que permitan a los Poderes del Estado tomar las acciones pertinentes y oportunas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales (artículos 98, 99 y 100).
18. 18.Que la Ley de Contratación del Estado establece que podrá realizarse la contratación directa cuando se trate de la adquisición de repuestos y otros bienes y servicios especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marca de fábrica registrada, así como cuando se trate de trabajos científicos o técnicos especializados (artículo 63 numerales 2 y 6). En este sentido, el Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911), ante la suspensión abrupta del servicio y por razones de interés público y seguridad nacional, requiere realizar el proceso de contratación directa de los bienes y servicios especializados que sean necesarios para restablecer el sistema de forma inmediata, adecuados a las instalaciones y el equipo existente, que requiere de características, marcas y conocimientos específicos.
19. 19.Que para la realización de las tareas correspondientes al objetivo del presente Decreto, es necesario el nombramiento de personas idóneas de reconocida integridad, civismo, profesionalismo y competencia en el cumplimiento de sus funciones, llamadas a integrar una Comisión Interventora que actúe bajo los principios de transparencia, eficiencia y racionalidad.

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