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Esta ley asigna anualmente al menos 10 millones de lempiras al IHADFA para coordinar y fortalecer las acciones contra el tabaco. Los recursos financiarán el Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones (CENATRAH 24/7), que brindará atención de salud mental a personas con adicciones durante las 24 horas del día.
Decreto 200-2024
Esta ley designa a la Secretaría de Planificación Estratégica como responsable de ayudar y revisar los planes de todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Todas las secretarías e instituciones autónomas deben crear o actualizar sus planes alineados con el Plan de Gobierno Bicentenario y enviarlos para aprobación antes del 30 de abril de 2024.
Decreto 251-2024 | Poder Ejecutivo
Esta ley obliga al ministerio de Finanzas a enviar reportes trimestrales al ministerio de la Mujer sobre cuántos hombres y mujeres ocupan puestos directivos y de decisión en el gobierno. El propósito es monitorear la representación de género en cargos de liderazgo y contar con datos para el Observatorio Nacional de Género.
Decreto 260-2024
Decreto PCM-054-2023 | Poder Ejecutivo
Esta ley obliga a las instituciones públicas a garantizar que los proyectos de inversión sigan funcionando después de terminar. Deben planificar y presupuestar el personal y recursos necesarios para mantener las obras y servicios, informando a Finanzas tres meses antes del cierre del proyecto.
Decreto 187
El gobierno pagará el 50% del seguro médico para diplomáticos y funcionarios que trabajan en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores financia esta cantidad desde su presupuesto operativo mientras estos empleados estén asignados al servicio exterior.
Decreto 161
Las instituciones públicas pueden contratar consultores nacionales o internacionales para tareas especializadas que su personal no pueda realizar. Los consultores nacionales residen en Honduras, mientras que los internacionales trabajan desde el extranjero. Se prohíbe usarlos para funciones administrativas o directivas que corresponden a empleados regulares.
Decreto 159
Esta ley establece los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas para solicitar ampliar el plazo de ejecución de proyectos de inversión. Exigen documentos como análisis de escenarios, informe de avance, reprogramación de actividades y demostrar que al menos el 75% de los recursos están comprometidos, con gastos administrativos no mayores al 10%. La solicitud debe presentarse con 3 meses de anticipación.
Decreto 243-2024
Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto 109-2024
Este decreto permite que las Secretarías de Seguridad y Salud compren alimentos, medicinas, combustible y servicios médicos de urgencia sin la autorización usual de compras del Estado, si no están disponibles en el catálogo oficial. También autoriza a Salud a contratar servicios de diálisis por cotización cuando las licitaciones fracasan, garantizando atención a pacientes. La Seguridad puede pagar deudas de arrendamiento de 2023 si cumplen normas y precios justos.
Decreto 111-2024
Esta ley obliga al Instituto Forestal a depositar todos los ingresos que genera (por actividades propias o eventuales) en una cuenta del Banco Central de Honduras, a través de la Tesorería General. También establece que el ERSAP debe depositar el 100% de los ingresos por servicios de supervisión y vigilancia de agua potable en la misma cuenta estatal.
Decreto 156-2007
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS y sus portales de transparencia todos los procesos de compra, contratos y selección de proveedores, desde el plan anual hasta las órdenes finales. Busca garantizar transparencia y combatir la corrupción en las compras estatales, con multas de 3 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan.
Decreto 117-2024
Esta ley exige que cualquier cambio en los puestos de trabajo del gobierno central sea aprobado por la Secretaría de Finanzas y pagado con el presupuesto ya asignado a cada institución. Solo se exceptúan cambios internos de empleados públicos que no cuesten dinero extra y mantengan el mismo nivel de puesto.
Decreto 245-2024
Esta ley establece que si un préstamo o donación externa se suspende o cancela, el Estado puede rescindir el contrato pagando solo lo ejecutado hasta ese momento. También obliga a todas las compras públicas a hacerse a través del catálogo electrónico HONDUCOMPRAS, anulando compras que se hagan fuera si el producto está disponible en el sistema.
Decreto 115-2024
Los vehículos del Estado deben llevar la bandera nacional y el logotipo de su institución para identificarlos claramente. Esto aplica a ministerios, municipalidades y organismos públicos, excepto la Corte Suprema, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa y la dirección de inteligencia, que están protegidos por seguridad.
Decreto 166 | Poder Judicial
Esta ley autoriza a SEDENA a gastar directamente su presupuesto en alimentos, combustibles, repuestos y servicios militares sin pasar por trámites centralizados, agilizando así la defensa nacional. Los responsables de compras deben demostrar que estas contrataciones son urgentes. La ley beneficia a las Fuerzas Armadas permitiéndoles actuar más rápidamente.
Decreto 110-2024
Este decreto permite a instituciones públicas, empresas, institutos y municipalidades contratar bienes, servicios y obras a través de un procedimiento simplificado. El proceso requiere publicar los requerimientos en HonduCompras, recibir ofertas públicamente, y adjudicar al mejor oferente según precio y requisitos. Solo aplica para contratos mayores a L600,000.
Decreto 102-2024
Esta ley obliga a los directivos de instituciones públicas descentralizadas a enviar mensualmente a Finanzas un listado completo de su personal con salarios, dentro de 10 días después de terminar cada mes. Esto permite al gobierno supervisar y controlar los gastos de nómina en estas organizaciones públicas.
Decreto 258-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS los procesos para contratar empresas, garantizando transparencia y que cualquier ciudadano pueda conocer las contrataciones del gobierno. Solo hay excepciones en casos especiales por seguridad o emergencia.
Decreto 108-2024
Este decreto establece que las instituciones descentralizadas pueden reorganizar funciones y renombrar puestos de trabajo, pero deben obtener aprobación de su máximo órgano de decisión, evitar duplicar funciones y mantener el salario de las plazas igual. Además, deben actualizar estos cambios en el sistema SIREP según la ley.
Decreto 248-2024
Los contratos de consultoría no incluyen vacaciones, aguinaldo, compensación social ni otros beneficios de empleados regulares. Los directores institucionales que otorguen estos beneficios a consultores serán responsables civil, administrativa y penalmente. Esta norma protege el presupuesto público al mantener clara la diferencia entre consultoría y empleo.
Decreto 160
Este decreto establece cuánto dinero requiere cada tipo de contrato público (obras, consultorías, suministros) y qué proceso debe seguirse: desde licitación pública para los más costosos hasta una simple cotización para los pequeños. Así el Estado sabe cómo contratar de forma ordenada según el monto.
Decreto 104-2024
Las instituciones públicas deben registrar obligatoriamente en el sistema SIARH todos los cambios en sus estructuras de puestos durante el año fiscal en que se aprueban, o máximo dentro de 30 días antes del siguiente año fiscal. Esto aplica a todas las instituciones de Servicio Civil, independientemente de si el cambio afecta el presupuesto.
Decreto 246-2024
Este decreto encarga a DIGER (Dirección de Gestión por Resultados) monitorear y evaluar cómo trabajan las instituciones públicas para verificar si cumplen sus metas. DIGER creará directrices, registrará los avances en un sistema llamado SIGPRET y publicará los resultados anualmente. También será responsable de la transformación digital del gobierno.
Decreto 252-2024