8975 resultados en Categoria: Administrativo
La empresa Syngenta solicita renovación del permiso para vender Bravonil 72 SC, un fungicida a base de chlorothalonil usado en agricultura. Cualquier persona tiene 10 días hábiles para presentar objeciones basadas en riesgos para la salud o ambiente. El aviso es válido por tres meses.
Decreto 2308-2855 | Poder Judicial
Estos avisos publicitan demandas judiciales y trámites legales en Honduras: empleados demandan por cancelaciones injustas y deudas salariales; una pareja estadounidense solicita adoptar a una menor; y ciudadanos solicitan reposición de títulos valores (certificados de depósito) perdidos. Los avisos notifican a las personas involucradas sobre estos procesos legales.
Decreto 0801-2022-00481 | Poder Judicial
Se publican dos demandas contencioso administrativas contra el Estado de Honduras. La primera busca anular resoluciones del Instituto de la Propiedad sobre derechos de autor. La segunda pide anular un acto que canceló a un empleado público y exige su reinstalación con pago de salarios. Ambos casos están en tramitación judicial.
Decreto 0801-2023-00061 | Poder Judicial
Estos avisos notifican demandas ante juzgados contencioso-administrativos contra el Estado de Honduras. Las personas demandantes reclaman que actos administrativos (cancelaciones de empleos, silencios en pagos) fueron ilegales y piden su anulación, reinstitución en sus puestos, pago de salarios adeudados, beneficios laborales e intereses desde las fechas de los despidos hasta su resolución judicial.
Decreto 0801-2023-01024 | Poder Judicial
Este acuerdo autoriza al gobierno a obtener varios préstamos internacionales (de Japón, BID y Banco Mundial) por más de 400 millones de dólares para financiar programas de transparencia anticorrupción, agua potable, salud, hospitales y apoyo a pequeños negocios de mujeres. El dinero se usará para mejorar servicios públicos y combatir la corrupción en Honduras.
Decreto 310-2023 | Congreso Nacional
Este documento publica varios avisos legales de juzgados hondureños sobre demandas administrativas. Ciudadanos demandan al Estado por cancelaciones de empleos, decisiones de gobierno y resoluciones consideradas ilegales, buscando que se anulen estos actos y se les restituyan derechos, salarios y beneficios.
Poder Ejecutivo
Un empleado demanda a la Secretaría de Seguridad para anular su despido, alegando que fue cancelado ilegalmente sin seguir el procedimiento correcto. Solicita ser reintegrado a su puesto, recibir los salarios no pagados y otros beneficios dejados de percibir desde su despido.
Decreto 0801-2025-00695 | Poder Judicial
Una empleada del Instituto de la Propiedad demanda al Estado por su despido ilegal e injustificado, solicitando que se anule el acuerdo de cancelación, se la reintegre a su puesto y se le paguen todos los salarios, vacaciones y prestaciones adeudadas desde su despido. El juzgado abre el proceso contencioso administrativo para resolver si el despido fue conforme a la ley.
Decreto 0801-2025-00755 | Poder Judicial
Este es un aviso judicial sobre una demanda que presentó Héctor Antonio Reyes González contra el Ministerio Público para anular su despido por retiro voluntario. Reyes reclama que el despido fue ilegal, y solicita que se le paguen todos sus salarios, prestaciones, vacaciones y otros derechos desde que fue despedido hasta que el juez resuelva el caso, más intereses y costos del juicio.
Decreto 0801-2025-00681 | Poder Judicial
Un juzgado recibe una demanda de Pier Angeli Borjas Ortiz contra la Secretaría de Finanzas para anular una resolución administrativa que considera ilegal. Ella solicita el reconocimiento de su puesto como Jefa del Departamento de Administración de la Tesorería General, el pago retroactivo de salarios desde 2007 y todos los derechos laborales asociados hasta que se resuelva el caso.
Decreto 0801-2025-00586
Un juzgado administrativo recibe una demanda de una ciudadana (representada por su abogada) para anular un acuerdo de cancelación emitido por el Instituto Nacional de Migración el 26 de enero de 2026. La ciudadana busca que se declare ilegal esta decisión y se restituya su situación legal. El Estado de Honduras es demandado a través de la Procuraduría General de la República.
Decreto 0801-2026-00211
Este edicto publica dos demandas contenciosas administrativas contra el Estado de Honduras. La primera busca anular la cancelación ilegal de un empleado de DINAF y su reintegro laboral con salarios adeudados. La segunda demanda cuestiona la legalidad de un acto administrativo de la Secretaría de Seguridad y solicita el reconocimiento de derechos del demandante.
Decreto 0801-2023-00605 | Poder Judicial
Este aviso notifica que se presentó una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra el Ministerio Público de Honduras, pidiendo que se declare nula una sanción disciplinaria (Resoluciones FGR-613-2025 y FGR-651-2025) por considerar que viola derechos constitucionales. También solicita la restitución de derechos y el pago de costas judiciales.
Decreto 0801-2025-00805 | Poder Judicial
Este acuerdo ejecutivo establece el marco legal para que la Presidenta de la República dirija la administración pública y dicte decretos, acuerdos y resoluciones. Requiere que los Secretarios de Estado autoricen estas decisiones en sus respectivos ministerios, asegurando control y coordinación en la gestión gubernamental.
Decreto 335-2023 | Poder Ejecutivo
SENASA notifica que la empresa Bellrod solicita registrar el producto fitosanitario ECOMIC 2 SL, un nematicida biológico basado en Bacillus firmus y Micorrizas. Cualquier ciudadano puede presentar objeciones técnicas o científicas en 10 días hábiles si considera que el producto representa riesgos para la salud o ambiente.
Decreto EXP-GER-SENASA: 2511-3545 | Poder Judicial
El Poder Judicial abre una licitación pública para contratar servicios de seguridad informática. Las empresas interesadas pueden comprar los documentos desde marzo 2 de 2026 pagando L.200 no reembolsables, presentar preguntas hasta marzo 16, y entregar ofertas antes del 13 de abril de 2026 a las 9 a.m. Cada oferta debe incluir una garantía del 2% del monto ofertado.
Decreto 17-2025 | Poder Judicial
Este reglamento obliga a los Técnicos Forestales Calificados a llevar una Bitácora (cuaderno oficial) para registrar todas las actividades durante la ejecución de planes de aprovechamiento forestal. La Bitácora sirve como documento de control, protege al profesional ante acusaciones y permite que autoridades ambientales, propietarios e inspectores dejen constancia de sus observaciones sobre el cumplimiento de normas forestales.