Administrativo
Artículo No. 171 — Inclusión de indicadores de seguimiento en SNIPH
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas que ejecuten proyectos de inversión a registrar y actualizar constantemente los avances físicos y financieros en el sistema SNIPH. Las instituciones deben supervisar sus proyectos y mantener la información actualizada durante todo el ciclo del proyecto; el incumplimiento genera sanciones administrativas.
Decreto Legislativo No. 105-2024 — Control interno para la aplicación de techos de contratación
Esta ley obliga a los gerentes administrativos a verificar que los contratos estén publicados en HONDUCOMPRAS y respeten los límites de gasto permitidos antes de autorizar pagos. Si se incumplen estos techos de contratación, se aplica una multa equivalente al valor total del contrato.
Decreto Legislativo No. 117-2024 — Publicación de procesos de contratación en HONDUCOMPRAS y portales de transparencia
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS y sus portales de transparencia todos los procesos de compra, contratos y selección de proveedores, desde el plan anual hasta las órdenes finales. Busca garantizar transparencia y combatir la corrupción en las compras estatales, con multas de 3 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan.
Decreto Legislativo No. 92-2010 — Ley Especial para el Control del Tabaco
Esta ley controla la producción, venta y consumo de tabaco en Honduras para proteger la salud pública. Establece restricciones en la publicidad de cigarrillos, protege a menores de edad y destina recursos de impuestos al tabaco para programas de salud, educación y protección de mujeres víctimas de violencia.
Decreto Legislativo No. 86-2024 — Prohibición de contratar personal no permanente cuando existan plazas aprobadas
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas contraten personal temporal cuando ya existen plazas permanentes aprobadas para esos mismos trabajos. También impide contratar como temporales a personas que, por ley, deben ser nombradas directamente por la Presidenta. El objetivo es evitar abusos y garantizar que se usen las plazas existentes.
Decreto Legislativo No. 111-2024 — Adquisición de bienes y servicios de urgencia por Secretaría de Seguridad y Salud
Este decreto permite que las Secretarías de Seguridad y Salud compren alimentos, medicinas, combustible y servicios médicos de urgencia sin la autorización usual de compras del Estado, si no están disponibles en el catálogo oficial. También autoriza a Salud a contratar servicios de diálisis por cotización cuando las licitaciones fracasan, garantizando atención a pacientes. La Seguridad puede pagar deudas de arrendamiento de 2023 si cumplen normas y precios justos.
Decreto Legislativo No. 109-2024 — Procesos para contratación de arrendamiento de bienes inmuebles
Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto Legislativo No. 112-2024 — Preferencia a proveedores locales y emprendedores en adquisiciones
El Estado debe preferir proveedores locales, emprendedores y pequeñas empresas al comprar bienes y servicios, documentando su ubicación geográfica. Solo permite contratación directa bajo condiciones especiales de la ley existente.
Decreto Legislativo No. 114-2024 — Pagos por anticipo de fondos en contratos de obra pública
Esta ley permite que los contratistas reciban anticipo de dinero en proyectos de obras públicas, pero solo hasta el 20% del valor total del contrato. Para empresas extranjeras, se permite anticipo solo si el proyecto está financiado al menos 80% con dinero de fuentes externas.
Artículo No. 159 — Contratación de servicios profesionales o consultoría con consultores nacionales o internacionales
Las instituciones públicas pueden contratar consultores nacionales o internacionales para tareas especializadas que su personal no pueda realizar. Los consultores nacionales residen en Honduras, mientras que los internacionales trabajan desde el extranjero. Se prohíbe usarlos para funciones administrativas o directivas que corresponden a empleados regulares.
Artículo No. 161 — Autorización para financiar seguro médico de funcionarios en el servicio exterior
El gobierno pagará el 50% del seguro médico para diplomáticos y funcionarios que trabajan en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores financia esta cantidad desde su presupuesto operativo mientras estos empleados estén asignados al servicio exterior.
Decreto Legislativo No. 228-2024 — Subsidio para mantener estabilidad en tarifa de transporte urbano
El gobierno destina 250 millones de lempiras para subsidiar el transporte urbano de buses y mantener las tarifas accesibles para los ciudadanos. El dinero se entrega al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que las personas puedan pagar menos por sus pasajes.
Decreto Legislativo No. 260-2024 — Informe sobre servidores públicos en puestos de decisión
Esta ley obliga al ministerio de Finanzas a enviar reportes trimestrales al ministerio de la Mujer sobre cuántos hombres y mujeres ocupan puestos directivos y de decisión en el gobierno. El propósito es monitorear la representación de género en cargos de liderazgo y contar con datos para el Observatorio Nacional de Género.
Decreto Legislativo No. 246-2024 — Registro de modificaciones en SIARH
Las instituciones públicas deben registrar obligatoriamente en el sistema SIARH todos los cambios en sus estructuras de puestos durante el año fiscal en que se aprueban, o máximo dentro de 30 días antes del siguiente año fiscal. Esto aplica a todas las instituciones de Servicio Civil, independientemente de si el cambio afecta el presupuesto.
Decreto Legislativo No. 248-2024 — Reasignación de funciones y renombramiento de plazas
Este decreto establece que las instituciones descentralizadas pueden reorganizar funciones y renombrar puestos de trabajo, pero deben obtener aprobación de su máximo órgano de decisión, evitar duplicar funciones y mantener el salario de las plazas igual. Además, deben actualizar estos cambios en el sistema SIREP según la ley.
Decreto Legislativo No. 250-2024 — Prohibición de contrataciones en último trimestre del año
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas contratación nuevo personal, realicen nombramientos o cambios de salarios durante los últimos tres meses del año, porque ese período se dedica a preparar el presupuesto del siguiente año. Se permiten excepciones para trámites que iniciaron antes y aún están pendientes.
Decreto Legislativo No. 251-2024 — Responsabilidades de Secretaría de Planificación Estratégica
Esta ley designa a la Secretaría de Planificación Estratégica como responsable de ayudar y revisar los planes de todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Todas las secretarías e instituciones autónomas deben crear o actualizar sus planes alineados con el Plan de Gobierno Bicentenario y enviarlos para aprobación antes del 30 de abril de 2024.
Decreto Legislativo No. 258-2024 — Seguimiento de sueldos y salarios en Administración Descentralizada
Esta ley obliga a los directivos de instituciones públicas descentralizadas a enviar mensualmente a Finanzas un listado completo de su personal con salarios, dentro de 10 días después de terminar cada mes. Esto permite al gobierno supervisar y controlar los gastos de nómina en estas organizaciones públicas.
Decreto Legislativo No. 102-2024 — Autorización a instituciones para contratar bienes y servicios con procedimiento específico
Este decreto permite a instituciones públicas, empresas, institutos y municipalidades contratar bienes, servicios y obras a través de un procedimiento simplificado. El proceso requiere publicar los requerimientos en HonduCompras, recibir ofertas públicamente, y adjudicar al mejor oferente según precio y requisitos. Solo aplica para contratos mayores a L600,000.
Decreto Legislativo No. 110-2024 — Autorización para SEDENA ejecutar asignaciones presupuestarias bajo descentralización operativa
Esta ley autoriza a SEDENA a gastar directamente su presupuesto en alimentos, combustibles, repuestos y servicios militares sin pasar por trámites centralizados, agilizando así la defensa nacional. Los responsables de compras deben demostrar que estas contrataciones son urgentes. La ley beneficia a las Fuerzas Armadas permitiéndoles actuar más rápidamente.
Decreto Legislativo No. 115-2024 — Rescisión o resolución de contrato por suspensión o cancelación de préstamo o donación
Esta ley establece que si un préstamo o donación externa se suspende o cancela, el Estado puede rescindir el contrato pagando solo lo ejecutado hasta ese momento. También obliga a todas las compras públicas a hacerse a través del catálogo electrónico HONDUCOMPRAS, anulando compras que se hagan fuera si el producto está disponible en el sistema.
Decreto Legislativo No. 118-2024 — Responsabilidad del Gerente Administrativo en cumplimiento de publicación de información
Esta ley ordena a los gerentes administrativos de instituciones públicas publicar y controlar información sobre compras y contrataciones en el sistema HONDUCOMPRAS. Obliga a instituciones públicas a publicar sus planes anuales de compras, documentar modificaciones y permitir que el Estado supervise cómo gastan el dinero público. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) verificará el cumplimiento y aplicará sanciones si no se publica la información.
Decreto Legislativo No. 173-2012 — Contrato de Arrendamiento con opción a Compra
Esta ley autoriza al Estado a arrendar 8 lanchas para la Armada (2013-2026) y obliga a instituciones públicas a pagar servicios básicos mensualmente, contratar con empresas estatales si sus precios son competitivos, y sanear deudas pendientes. También regula la contratación de consultores y prohíbe ampliaciones presupuestarias innecesarias.
Artículo No. 181 — Análisis de Alineamiento Estratégico para programas y proyectos
Todo programa o proyecto financiado con dinero público en Honduras debe obtener un certificado que demuestre que se alinea con las prioridades del Gobierno. La Dirección de Planificación debe emitir este certificado en máximo 10 días hábiles. Si no lo hace en ese plazo, la institución puede continuar con el trámite de financiamiento de todas formas.