Aviso No. 0801-2019-000458 — Demanda de ilegalidad y nulidad de acto administrativo respecto a derechos de químicos farmacéuticos
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo
- Decreto: 0801-2019-000458
- Publicación: 1 de julio de 2021
- Órgano emisor: Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo
- Gaceta: 35,644
Texto completo
República de Honduras A V I S O La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales correspondientes, HACE SABER: Que en fecha once (11) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Juzgado el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, representante procesal de los señores SABY SAABEDRA MONTOYA, NORMA MARIA RIVERA SUAZO, JUIETH KARINA GALEAS OLIVERA, LESLY LIZETH CUEVA MALDONADO Y ALBA LUZ SALGADO SALINAS, contra el Estado de Honduras a través de la COMISION INTERVENTORA DEL HOSPITAL ESCUELA, demanda con orden de ingreso número 0801-2019-000458, contraída para solicitar la declaración de ilegalidad y de nulidad del acto administrativo impugnado. Se solicita el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas indispensables para su pleno restablecimiento entre ellas que se le ordene a la demandada el pleno cumplimiento del artículo 6 numerales 7 y 8 del Capítulo IV del Reglamento de la Ley del Estatuto Laboral del Químico Farmacéutico Empleado de Honduras, referente al derecho que tienen los químicos farmacéuticos de gozar de un aumento salarial del 25% sobre el salario que en ese momento esté devengando si desempeñe cargos técnicos o administrativos, y percibir aumento del 20% por cada año de antigüedad en el desempeño de sus funciones en el mismo cargo.- Derechos que le adeudan a mis representados durante los años 2013,2014,2015 y 2016 y años sugsiguientes de forma permanente.- se acompaña documentos.- Peticion.- ABG. KELLY JULISSA FILLUREN IZAGUIRRE SECRETARIA ADJUNTA 1 J. 2021.
Leyes relacionadas
- Acuerdo Ejecutivo — Contrato de Préstamo entre BCIE y República de Honduras para financiamiento de programa
- Decreto Ejecutivo PCM-037-2020 mediante el cual se reforman los Artículos 2 y 24 del Decreto Ejecutivo Número PCM-030-2020, relativo a medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria — Este decreto reforma medidas para garantizar la seguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19. Autoriza a instituciones del gobierno a promover producción masiva de alimentos con tecnificación, e instruye al Banco Central a orientar recursos hacia financiamiento agrícola, usando un Fondo de Garantía para respaldar nuevos créditos al sector agropecuario. (Decreto 33-2020, 2020)
- Aviso No. 0801-2019-000458 — Aviso de demanda contencioso administrativa contra Comisión Interventora del Hospital Escuela — Cinco químicos farmacéuticos demandan al Hospital Escuela para que le paguen aumentos salariales que les adeuda desde 2013: un 25% por cargos técnicos y un 20% anual por antigüedad. El juzgado notifica la presentación de esta demanda contencioso-administrativa para que se declare ilegal el acto administrativo que negó estos derechos laborales. (Decreto 0801-2019-000458, 2021)
- Aviso No. 0801-2019-00125 — Notificación de demanda contencioso administrativa por Jorge Aníbal Morales Alvarado — Este aviso notifica tres demandas presentadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo por trabajadores que reclaman la nulidad de sus despidos. Los demandantes solicitan ser reintegrados a sus cargos, recibir salarios adeudados e indemnizaciones por daños sufridos al haber sido separados del trabajo sin seguir los procedimientos legales correctos. (Decreto 0801-2019-00125, 2021)
- Aviso No. 0801-2019-00327 — Aviso de Demanda Contencioso Administrativa - Bessy Yolanda Bustamante Sánchez — Este es un aviso judicial que notifica el inicio de un proceso legal contra el Estado de Honduras a través de CONATEL. La empresa Cable Color, S.A. solicita que se anulen decisiones administrativas que considera ilegales, que se reconozcan sus derechos y se le restaure su situación legal. El caso inició en mayo de 2021 y cuestiona resoluciones de 2015 y 2020. (Decreto 0801-2019-00327, 2021)