Aviso No. 2018-044817 — Solicitud de registro de marca de fábrica IO MABE
Registro de la Propiedad Industrial
- Decreto: 2018-044817
- Publicación: 10 de abril de 2019
- Órgano emisor: Registro de la Propiedad Industrial
- Gaceta: 34,918
- Categoria: Mercantil
Texto completo
[1] Solicitud: 2018-044817 [2] Fecha de presentación: 23/10/2018 [3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
- A)
TITULAR [4] Solicitante: EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V. [4.1] Domicilio: AVENIDA DE LAS PALMAS No. 100, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000 MÉXICO, D.F., MÉXICO. [4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
- B)
REGISTRO EXTRANJERO [5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
- C)
ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN [6] Denominación y [6.1] Distintivo: IO MABE [7] Clase Internacional: 11 [8] Protege y distingue: Secadoras de ropa, estufas, hornos, hornos de microondas, campa nos extractoras, parillas, refrigeradores, congeladores, enfriador y calentados de agua, calefactores, aires acondicionados.
- D)
APODERADO LEGAL [9] Nombre: LEONARDO CASCO FORTÍN USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. [11] Fecha de emisión: 22 de marzo del año 2019. [12] Reservas: No tiene reservas. Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA Registro de la Propiedad Industrial 10, 29 A. y 15 M. 2019.
Leyes relacionadas
- Resolución No. 903-2019 — Concesión de Personalidad Jurídica a la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Tizate — Esta resolución otorga personalidad jurídica a la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Tizate, ubicada en Santa Ana, La Paz. La junta puede ahora actuar legalmente como organización para administrar, operar y mantener el sistema de agua potable de la comunidad, cobrando tarifas a usuarios y ejecutando proyectos de saneamiento e infraestructura hídrica. (Decreto 903-2019, 2019)
- Decreto No. 97-2019 mediante el cual se ordena la asignación de una partida presupuestaria para la implementación y desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de Sula — Este decreto asigna 35 millones de lempiras al gobierno para crear e implementar un plan ordenado de crecimiento urbano y rural en la Zona Metropolitana del Valle de Sula, que incluye 20 municipios. El dinero debe usarse únicamente para planificar el desarrollo territorial de esta región que aporta el 63% del PIB nacional, siguiendo la Ley de Contratación del Estado. (Decreto 97-2019, 2019)
- Decreto Legislativo No. 109-2019 — Reforma a la Ley General de Minería - Artículos 22-A, 27-A, 56-A, 67-A, 68-A, 76-A, 76-B y 76-C — Esta ley reforma la Ley General de Minería para reactivar el sector minero tras decisiones de inconstitucionalidad. Establece nuevos plazos para concesiones mineras (20 años para no metálicos, 30 para metálicos), exige licencias ambientales obligatorias, define el canon territorial a pagar por las empresas mineras y fortalece los controles técnicos y ambientales en todas las operaciones de exploración y explotación. (Decreto 109-2019, 2019)
- Decreto Legislativo No. 186-2018 — Aprobación de Acuerdo de Término Anticipado del Contrato de Concesión Corredor Turístico — Esta ley aprueba el acuerdo que termina anticipadamente el contrato de concesión del Corredor Turístico. Honduras pagará al concesionario aproximadamente US$16 millones en compensación por los daños causados durante protestas sociales en 2017 que impidieron cobrar peajes y destruyeron infraestructura. (Decreto 186-2018, 2018)
- Resolución No. NR014/17 — Reglamento Específico de Protección al Usuario y/o Suscriptor de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y TIC — Esta regulación establece los derechos y obligaciones de usuarios y empresas de telecomunicaciones en Honduras. Protege a los usuarios garantizando acceso sin discriminación, servicios de calidad, información clara sobre tarifas, procedimientos gratuitos para reclamar ante CONATEL, y derecho a cambiar de operador conservando su número telefónico. Las empresas deben respetar contratos, informar cambios con anticipación y no incluir cláusulas abusivas que limiten derechos de los usuarios. (Decreto NR014/17, 2017)