Acuerdo Ejecutivo No. 564-2024 — Autorización para suscribir Convenio de Préstamo con FIDA y Convenio de Financiación con Fondo OPEP

Que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. A ese efecto, el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.

Que el artículo248de la Constitución de la República en su párrafo primero establece, que los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y providencias de la Presidenta de la República, deberán ser autorizadas por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los Subsecretarios en su caso. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal.

Que el Decreto No.83-2004 que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 73 establece que la negociación de los empréstitos del Sector Público EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia Miraf Iores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 corresponderá a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Dirección General de Crédito Público, de conformidad a los lineamientos contenidos en esta Ley y demás leyes aplicables. En la negociación se definirán las condiciones contractuales, como ser: destino del financiamiento, plazos de amortización, período de gracia, tasas máximas de interés y moneda para el pago, sin perjuicio de las demás condiciones que son propias en esta clase de negociación. Esta negociación y la posterior formalización estarán determinadas por las prioridades del Programa de Inversión Pública, en consonancia con el Marco Macroeconómico y Programa Financiero de Mediano y Largo Plazo que defina el Gobierno de la República.

Que la situación alimentaria y nutricional de la población hondureña está determinada por los comportamientos socioculturales, bajos ingresos en los hogares, bajo nivel educativo, poca cobertura de los servicios de salud y falta de condiciones higiénicas de la vivienda y de saneamiento en el área rural.

Que la interrelación de estos aspectos sociales y la baja resiliencia al cambio climático (CC) intensifican la inseguridad alimentaria y la malnutrición principalmente en mujeres, niños jóvenes y pueblos indígenas. Según el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras 2020, el 19,6% de los hogares rurales presentan inseguridad alimentaria moderada, el 8,5% inseguridad alimentaria severa y el 30,3% de los niños menores de 5 años en zonas rurales estaban crónica mente desnutridos. A inicios de 2023 el 28% de la población total están en estado de inseguridad alimentaria aguda.

Que desde el año 2020 se incrementaron los choques climáticos, económicos y sanitarios, acentuando la prevalencia de altos niveles de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria y nutricional de la población rural, en especial de los grupos más vulnerables del área rural.

Que el Gobierno de la República de Honduras, ha priorizado dentro de su programa de inversión pública utilizar los recursos con honestidad y responsabilidad y por tal razón se ha formulado con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional el “Proyecto para el fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en el Norte Centro de Honduras”, dirigido a mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional y la resiliencia al cambio climático de las familias de los pequeños productores rurales en condición de pobreza y población rural vulnerable, con el desarrollo de sistemas agroalimentarios sensibles a la nutrición y resilientes al cambio climático.

Que el “Proyecto para el fortalecimiento de la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en el Norte Centro de Honduras” estima mejorar las condiciones de vida de 58,856 personas de 34,688 familias de pequeños productores rurales en condición de pobreza y familias de la población rural vulnerable, reciban los servicios promovidos, los cuales corresponden a 138,752 miembros de familias; priorizando a las mujeres y jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad económica, social, alimentaria-nutricional, al cambio climático y desastres climáticos.