Decreto Legislativo número 57-2020 mediante el cual se autoriza modificación presupuestaria a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el COVID-19

Este decreto autoriza a INVEST-H a reasignar L58.6 millones de un fondo de infraestructura vial hacia gastos urgentes de emergencia sanitaria por COVID-19. El cambio presupuestario permite pagar medicinas, suministros médicos y servicios necesarios para atender la pandemia, usando dinero ya destinado para carreteras.

Que es atribución del Presidente de la República, conforme al mandato del artículo 245 de la Constitución de la República, el poder administrar la hacienda pública, dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional, dirigir la política económica y financiera del Estado, crear y mantener los servicios públicos y tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los mismos.

Que el Presidente de la República tiene dentro de sus facultades constitucionales emitir, entre otro tipo de actos administrativos, acuerdos y decretos, conforme a los Artículos 116 y 118 a la Ley de la Administración Pública.

Que mediante Decreto Legislativo número 033-2020 de fecha 2 de abril de 2020 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,217 en fecha 3 de abril de 2020, que contiene la LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19; se autoriza a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), la contratación de obras, bienes y servicios que se consideren necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia provocado por la virus (COVID-19).

Que en cumplimiento a la LEY DE AUXILIO AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LOS TRABAJADORES ANTE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19, por parte de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), se procedió a la adquisición de obras, bienes y suministros en atención a la pandemia, requiriéndose ineludiblemente proceder a honrar las obligaciones de pago contraídas por el Estado de Honduras. ABOG. THELMA LETICIA NEDA JORGE ALBERTO RICO SALINAS Coordinador y Supervisor Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Que para cumplir con las obligaciones contraídas por los proveedores que otorgaron obras, bienes y suministros a favor Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), actuando en representación del Estado de Honduras, se debe proceder a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para honrar dichos compromisos, por lo que resulta imperativo atender estas obligaciones con recursos del propio presupuesto mediante una reprogramación física y financiera de sus objetivos y resultados de acuerdo con las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto, requiriéndose una modificación presupuestaria, la cual cuenta con la opinión favorable de la Comisión Intrainstitucional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, conforme a los artículos 23 y 33 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2020.

Que de conformidad con el Acuerdo Ejecutivo Número 043-2020, de fecha 01 de octubre de 2020, el Presidente de la República, ciudadano JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO, delegó la facultad de firmar modificaciones presupuestarias, en el Secretario de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno, CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO.

Que el Presidente de la República tiene dentro de sus facultades constitucionales emitir, entre otro tipo de actos administrativos, acuerdos y decretos conforme a la Ley.

Que el Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, ha convenido suscribir el Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión No. GRT/WE-18107-HO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su calidad de Administrador del Fondo de Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi), para la ejecución del Proyecto “ A d o p c i ó n d e Te c n o l o g í a s Climáticamente Inteligentes en MIPYMES Agrícolas Lideradas por Mujeres”.

Que el objetivo general del Proyecto es contribuir al aumento de resiliencia, medida como incremento en ventas de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) agrícolas lideradas por mujeres ubicadas en el Corredor Seco de Honduras (CSH).

Que los Secretarios de Estado son los colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia.

Que los citados funcionarios les corresponden el conocimiento y resolución de los asuntos competentes a su ramo, de conformidad con la Ley, pudiendo delegar en los Subsecretarios de Estado, Secretario General y Directores Generales, el ejercicio de atribuciones específicas.

Que corresponde a los Secretarios de Estado emitir Acuerdos y Resoluciones en los asuntos de su competencia y en aquellos que les delegue el Presidente de la República y que la firma de esos actos será autorizada por el Secretario General respectivo.

Que la delegación de funciones se entiende posible siempre y cuando se dirija de manera expedita, económica y eficiente a satisfacer el interés general y que, en definitiva, resulte en una simplificación de los procesos que se llevan a cabo en la Administración Pública.

Que el Licenciado JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ, Director General de Presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, está incapacitado de salud (Covid19), por lo que no puede realizar sus labores como titular de la Dirección General de Presupuesto y en virtud que el Licenciado JORGE ALEXANDER F I A L L O S , q u i e n f u n g e c o m o Subdirector General de Presupuesto, padece enfermedades base (diabetes, hipertensión arterial), no puede asumir las funciones de Director.

Que el Artículo 59 de la Constitución de la República establece que “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”. A su vez el derecho a la defensa constituye un pilar axiológico del Estado de Derecho consagrado en la Ley primaria del Estado, deviniendo en la obligación de verificar su respeto en todos los procesos judiciales.

Que los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal (CPP) establecen el Órgano Competente y el Procedimiento que debe seguirse para el depósito, comiso y secuestro de los objetos del delito, documentos relacionados con éste, haciendo un tratamiento diferenciado entre depósito, comiso y secuestro, sin embargo, a pesar de la claridad de dichos artículos en la práctica se presentan interpretaciones ambiguas. CO N S I D E R A N D O : Q u e p a r a e vitar posibles interpretaciones erróneas de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal (CPP) que se han detectado en la práctica y para evitar que se distorsione la voluntad e intención del legislador, es oportuno y necesario que el Congreso Nacional interprete de manera auténtica o legislativa, el sentido y alcance de los referidos artículos.

Que para evitar interpretaciones contrarias al espíritu del legislador, también es importante que el Congreso Nacional realice una interpretación auténtica en relación al plazo en que las instituciones obligadas deben resguardar la información de las transacciones que realicen sus clientes.

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que las autoridades Municipales del Municipio de Trinidad, en el departamento de Santa Bárbara, desarrollan una intensa actividad municipal, para el mejoramiento del municipio por lo que tiene a bien comprar dos (2) vehículos de trabajo que le sean útiles para cumplir con los objetivos de mejoramiento de infraestructura del municipio y brindar servicios públicos necesarios, que contribuirán al desarrollo de sus comunidades, por ello la necesidad de la compra de un vehículo tipo Volqueta 4x4 y un vehículo de trabajo tipo pick Doble Cabina 4x4, ambos de utilidad pública.

Que invertir en la adquisición de equipo para la Municipalidad de Trinidad, es una decisión sabia, ya que anualmente se desembolsa grandes cantidades de fondos municipales para el mejoramiento del municipio.

Que es necesario apoyar iniciativas municipales, para el bien común, el desarrollo municipal y la autonomía local, para dar una respuesta oportuna a necesidades de la población que requieren atención urgente o inmediata por parte de sus autoridades locales.

Que de conformidad al Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que de conformidad con la Constitución de la República, en su artículo 248, párrafo segundo, establece que “los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, serán solidariamente responsables con el Presidente de la República por los actos que autoricen”.

Que de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, establece en su “Artículo 36. Son atribuciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado: ….19. Delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios Generales; …” y en el “Artículo 37.- Los Subsecretarios de Estado, además del Cometido previsto en el artículo 34, tendrán las siguientes funciones: 1. Colaborar con el Secretario de Estado en la formulación de la política y planes de acción de la Secretaría, así como en la formulación, coordinación, vigilancia, y control de las actividades de la misma Secretaría de Estado; 2. Decidir sobre los asuntos, cuyo conocimiento le delegue el Secretario de Estado; y, 3. Las demás que el Secretario de Estado le asigne”.

Que el Artículo 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establecen expresamente que el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones en determinada materia al órgano inmediatamente inferior y, que el acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación, podrá contener instrucciones obligatorias para este en materia procedimental. En los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No obstante, la responsabilidad de que se derivare de la emisión de los actos será imputable al órgano delegado.

Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, establece en su “Artículo 26.- Los Subsecretarios son los colaboradores inmediatos de los Secretarios de Estado, siendo responsables de las funciones a su cargo y de la coordinación de las áreas sustantivas que les están atribuidas, de acuerdo con la estructura administrativa prevista en el presente Reglamento”, y en su “Artículo 27. Las Secretarías Generales son los órganos de comunicación de las Secretarías de Estado; sus titulares tienen funciones de fedatarios, correspondiéndoles las siguientes atribuciones: 1. Asistir al Secretario de Estado y a los Subsecretarios de Estado; 10. Resolver en los asuntos que le delegue el Secretario de Estado;…”.

Que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado, emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM-037-2018, de fecha 18 de junio del año 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 06 de julio 2018, en el cual se establece: “

Que mediante Acuerdo No. 116-2020 del Secretario Privado y Jefe de Gabinete Presidencial con rango de Secretario de Estado, de fecha 8 de octubre del año 2020, se nombra al ciudadano RICARDO VILLACORTA HADDAD, quien ostenta el cargo de Subsecretario de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social.