Decreto Legislativo — Suspensión de párrafo segundo del Artículo 39 del Decreto No.56-2015

Este decreto autoriza la suspensión de derechos constitucionales por 45 días (del 6 de enero al 20 de febrero de 2023) en zonas específicas de Honduras para combatir la criminalidad organizada, extorsiones y violencia. Permite a la policía y fuerzas militares detener personas sospechosas en barrios identificados del Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios, respetando principios de necesidad y proporcionalidad.

Este decreto ratifica la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales en Honduras (como libertad de circulación y detención sin orden) desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023. La medida busca que la policía combata el crimen organizado y la extorsión en sectores específicos del Distrito Central y San Pedro Sula. Afecta principalmente a los habitantes de esas zonas y pretende restaurar la seguridad y el orden público.

El Congreso Nacional aprobó la suspensión de seis garantías constitucionales por 45 días (del 5 de julio al 19 de agosto de 2023) para que la policía y fuerzas armadas puedan detener a sospechosos de crímenes organizados, especialmente extorsión, en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esta medida busca combatir la violencia criminal mediante restricciones temporales de derechos como la libertad de circulación y de asociación.

El Congreso Nacional aprueba la suspensión de ciertos derechos constitucionales (garantías) por 45 días en Honduras para combatir la criminalidad organizada, especialmente la extorsión. Esta medida permite a la policía y fuerzas de seguridad detener sospechosos en municipios específicos del país, respetando derechos humanos internacionales.

El Congreso Nacional ratifica la suspensión de garantías constitucionales por 45 días en Honduras (del 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025) para combatir la criminalidad organizada. Afecta a ciudadanos en 226 municipios del país, permitiendo detenciones sin las protecciones normales. Busca reducir homicidios, extorsión y delitos graves mediante operativos de la Policía y Fuerzas Armadas.