Edición No. 37,273 - La Gaceta

Resumen

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Esta edición de La Gaceta incluye una Política Nacional de Vivienda para facilitar acceso a vivienda digna a familias de bajos ingresos mediante subsidios y créditos. También autoriza a AMHON comprar vehículos sin licitación, reforma procedimientos de conciliación laboral en entidades descentralizadas, aprueba regulaciones sobre transparencia de propietarios reales de empresas, y autoriza a Banco Ficohsa aumentar capital con inversión del INJUPEMP. Además contiene decenas de solicitudes y registros de marcas comerciales, nombres comerciales y servicios de diversas empresas nacionales e internacionales.

Decreto Ejecutivo

Decreto Ejecutivo No. PCM-018-2026 — Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Presidencia de la República

1.
Que de conformidad al Artículo 245 Numerales 2) y 11) de la Constitución de la República, corresponde al Presidente de la República entre otras atribuciones, dirigir la política general del Estado y representarlo, emitir Acuerdos y Decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a la Ley.
2.
Que de conformidad al Artículo 252 de la Constitución de la República, el Presidente de la República convoca y preside el Consejo de Secretarios de Estado, el cual se reunirá para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional.
3.
Que el derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido en el Artículo 178 de la Constitución de la República y, sus Artículos 179 y 180, a su vez, establecen clara y expresamente que el Estado promoverá, apoyará y regulará la creación de sistemas y mecanismos para la utilización de recursos internos y externos a ser canalizados hacia la solución del problema habitacional y, que los créditos y préstamos internos o externos que el Estado obtenga para fines de vivienda serán regulados por la Ley en beneficio del usuario final del crédito, respectivamente; derecho fundamental que también forma parte de los compromisos reconocidos en los tratados y convenios de Derechos Humanos suscritos por el Estado de Honduras.
4.
Que el acceso a una vivienda digna constituye uno de los principales instrumentos para la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, el fortalecimiento del patrimonio familiar, la inclusión financiera, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible,
ABG. JUAN MANUEL GALVEZ ORDONEZ DIOSSANA GUADALUPE FLORES LEIVA Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ´ ͂ produciendo efectos positivos sobre la productividad, la salud, la educación y la cohesión social.
5.
Que mediante Decreto Legislativo No. 173-2019, de fecha 23 de enero de 2020 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 18 de febrero de 2020, se aprobó la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos, cuyo objeto es establecer el marco jurídico, regulatorio e institucional del sector vivienda y asentamientos humanos en Honduras, orientado a fortalecer la rectoría del Estado, promover una gestión integral, articulada y sostenible del sector, así como generar los mecanismos, instrumentos y condiciones necesarias para la formulación, implementación y ejecución de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.
6.
Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 25 de febrero de 2026, se incorporó dentro de la Administración Pública, a la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH).
7.
Que conformidad con su mandato institucional, corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) diseñar, proponer y rectorar la Política Pública del Sector Vivienda, así como definir, desarrollar e impulsar los instrumentos normativos, financieros, técnicos e institucionales que faciliten el acceso progresivo de las familias, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad y con escasos recursos económicos, a una vivienda adecuada, segura y digna, en el marco de los principios de equidad, inclusión y desarrollo sostenible.
8.
Que Honduras enfrenta un déficit habitacional superior a un millón quinientas mil (1,500,000) soluciones habitacionales, comprendiendo tanto el déficit cuantitativo como el cualitativo, situación que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos y en condición de vulnerabilidad, limitando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a una vivienda adecuada y digna.
9.
Que, conforme a los estudios técnicos realizados por las instituciones competentes del sector, se evidencia que una proporción significativa de la población económicamente activa no reúne las condiciones necesarias para acceder al financiamiento hipotecario tradicional, debido a su limitada capacidad de pago y a las restricciones existentes en el mercado crediticio. En ese sentido, resulta necesario promover e implementar mecanismos de apoyo, tales como subsidios habitacionales focalizados, esquemas de garantías
recíprocas e instrumentos innovadores de financiamiento, que contribuyan a reducir las barreras de acceso al crédito para vivienda, ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso de las familias hondureñas a una vivienda adecuada y digna.
10.
Que el Estado de Honduras ha asumido compromisos internacionales orientados a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, promover ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles, reducir las desigualdades y fortalecer la inclusión financiera, en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y demás instrumentos internacionales aplicables.
11.
Que resulta necesario la implementación de una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos que constituya el instrumento rector del Estado de Honduras para orientar, coordinar y articular las acciones públicas y sociales destinadas a garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna y a promover asentamientos humanos ordenados, seguros, inclusivos, sostenibles y resilientes.
12.
Que la Política Nacional de Vivienda está dirigida prioritariamente a hogares de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad que requieren acceso a una solución habitacional adecuada, mejoramiento de vivienda, regularización, asistencia técnica y apoyo para integrarse a mecanismos de financiamiento.
13.
Que la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos se implementará mediante tres (3) grandes mecanismos, cuales son:
- 1)
  Asistencia Directa;
- 2)
  Asistencia al Financiamiento; y,
- 3)
  Asistencia al Desarrollo de Proyectos.
14.
Que la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, a través de su instrumento de intervención de asistencia al financiamiento, denominado Plan Nacional de Inclusión Financiera, permitirá establecer una política pública permanente orientada a fortalecer la inclusión financiera en materia de vivienda de los hogares hondureños, incrementar la inversión pública y privada en vivienda, mejorar la eficiencia del gasto público mediante mecanismos de apalancamiento financiero y consolidar un sistema nacional de financiamiento habitacional con criterios de sostenibilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas.

Articulo 1

Aprobar en toda y cada una de sus partes la POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS como la Política de Estado y Marco Rector en materia de vivienda habitacional a nivel nacional para promover el acceso de la población a soluciones habitacionales mediante tres (3) grandes mecanismos

inclusivos, sostenibles, focalizados y desarrollados en la misma, cuales son:

1)
Asistencia Directa;
2)
Asistencia al Financiamiento; y,
3)
Asistencia al Desarrollo de Proyectos, teniendo como organismo ejecutor a la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH).

Articulo 2

El principal mecanismo Técnico y Financiero de implementación de la presente política será el Plan Nacional de Inclusión Financiera, el cual será aprobado y modificado, en su caso, mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República o por medio de Acuerdo Ejecutivo de nivel presidencial emitido por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), debiendo atender la instrucción presidencial para ese efecto.

Articulo 3

Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a efectuar las operaciones financieras, administrativas, presupuestarias y contables necesarias a fin de asignar recursos, a favor de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), para la efectiva ejecución de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. La Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) suscribirá para tal efecto el correspondiente Contrato de Administración e Inversión de Fondos con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), lo anterior en tanto se reglamenta y entra en funcionamiento el Fondo Hondureño de la Vivienda (FONHVIVIENDA) establecido en la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos vigente. Lo anterior, en el marco de los límites de financiamiento autorizados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, pudiendo utilizar la fungibilidad de la deuda para disminuir el rubro Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo e incrementar el rubro Obtención de Préstamos Sectoriales del Sector Externo a Largo Plazo para el financiamiento de estos recursos, conforme al marco legal vigente. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), podrá suscribir con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), un Convenio de Préstamo Reasignado para transferir los recursos.

Articulo 4

Se instruye, a su vez, la publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, por su orden, del presente Decreto Ejecutivo y, un Resumen Ejecutivo de la POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS y, el contenido completo de la misma deberá ser publicado en la página web de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH).

Articulo 5

El presente Decreto Ejecutivo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. NASRY JUAN ASFURA ZABLAH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JUAN CARLOS GARCÍA MEDINA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA FANNY MEJÍA FLORES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL, POR LEY ROBERTO CHANG SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS; POR LEY SULMY YAMILETH ORTÉZ MALDONADO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, POR LEY MIREYA DEL CARMEN AGÜERO TREJO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EDDY JOHANS ORDÓÑEZ RUBÍ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO ALBA YANIRA GUERRA MÉNDEZ SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER, POR LEY GERZON ONÁN VELÁSQUEZ AGUILERA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD JUSTO RAFAEL CANO MARTÍNEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA, POR LEY JOSÉ MIGUEL CASTILLO HURTADO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, POR LEY JUAN CARLOS RAMOS RAMÍREZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

IVETTE ARELY ARGUETA PADILLA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN LEDA LIZETHE GARCÍA PAGÁN SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS RICARDO ARTURO PEÑA RAMÍREZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; POR LEY EDUARDO OVIEDO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA ANÍBAL ALBERTO EHRLER MARTÍNEZ SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DANIEL HUMBERTO DISCUA GUIFARRO SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LEY ANDRÉS DE JESÚS EHRLER MARTÍNEZ SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO YASSER ABDALAH HANDAL CÁRCAMO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS LUIS RENÉ SUAZO PEÑA SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES, POR LEY ADA MARÍA MEJÍA SIGNORELLI SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Resolución

Resolución — Resumen Ejecutivo - Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo RESUMEN EJECUTIVO POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROPÓSITO Y ALCANCE La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos constituye el instrumento público de Estado que establece los principios, lineamientos, objetivos, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se orienta la acción nacional en materia de vivienda digna, asentamientos humanos, desarrollo urbano, inclusión financiera, habitacional y desarrollo territorial sostenible. Su implementación estará a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) mediante programas, reglamentos, manuales, registros, instrumentos financieros y mecanismos de coordinación interinstitucional, con criterios de legalidad, progresividad, transparencia, sostenibilidad y focalización objetiva La aplicación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos será de carácter permanente y duración indefinida. Sin menoscabo de lo anterior, estará sujeta a revisión periódica, la cual permitirá actualizar prioridades, metas, instrumentos y manuales. La falta de revisión no suspenderá su vigencia, ni la continuidad de los programas legalmente aprobados. OBJETIVO GENERAL Establecer el marco rector para la planificación, regulación, coordinación, financiamiento, focalización, ejecución, seguimiento y evaluación de programas e instrumentos vinculados con el acceso a vivienda digna, mejoramiento de asentamientos humanos, inclusión financiera habitacional y desarrollo territorial ordenado, sostenible y resiliente. POBLACIÓN OBJETIVO Y SEGMENTACIÓN Es responsabilidad del Estado brindar a las personas de ingresos limitados la posibilidad de acceder a una solución habitacional digna con el fin de proporcionar hogares saludables, seguros y estables; contribuyendo a la inclusión social, reducción de desigualdades y mejora de la calidad de vida de las comunidades, permitiéndoles establecer las bases de su desarrollo. La vivienda social favorece la cohesión social y la inclusión, al ofrecer un techo seguro a quienes enfrentan vulnerabilidad económica. Además, contribuye a la planificación urbana y al desarrollo de comunidades sostenibles, promoviendo la diversidad y la equidad en el acceso a la vivienda. El accionar de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos deberá orientarse a ampliar la oferta de soluciones habitacionales adecuadas, accesibles y sostenibles, especialmente para los hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. La segmentación se realizará según ingresos expresados en Salarios Mínimos de Referencia (SMR), permitiendo definir niveles diferenciados de apoyo, subsidios, garantías y financiamiento de acuerdo con el siguiente detalle:

1)
Gestión de Riesgos y Salvaguardas
2)
Derecho a Vivienda Digna
3)
Gobernanza del Sector
4)
Focalización Objetiva
5)
Equidad Territorial
6)
Inclusión Financiera y Sostenibilidad
7)
Complementariedad
8)
Transparencia y Trazabilidad
9)
Neutralidad Tecnológica
10)
No discriminación
11)
Progresividad y Resiliencia
12)
Simplificación y Reducción de Costos PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Priorización de Beneficiarios de Menores Ingresos: La asignación de recursos deberá regirse por criterios de progresividad y desempeño, priorizando a los hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. En este sentido, SMR Salario Mínimo de Referencia: Se refiere al salario mínimo del año anterior en su valor más alto en las diferentes categorías de producción y servicios, definido en la tabla que emite la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS). POBLACIÓN DIFERENCIADA Se contemplan medidas específicas para personas con discapacidad, hogares monoparentales y mujeres jefas de hogar, adultos mayores, pueblos indígenas y afrohondureños, población fronteriza o insular, personas desplazadas por diferentes causas, migrantes retornados, personas en situación de calle y familias afectadas por emergencias o riesgos. PRINCIPIOS RECTORES Además de los principios de legalidad, celeridad y eficacia administrativa, la Política incorpora doce principios rectores: Segmento Ingresos Enfoque de Atención Estatal Ingresos limitados 0 – 1 SMR Asistencia total no reembolsable Ingresos bajos Menores 1 – 2 SMR Apoyo financiero NO reembolsable, de incidencia parcial o complementaria, orientados a apalancar esfuerzos individuales o colectivos para la compra, mejoramiento o ampliación de vivienda Bajos 2 – 3 SMR Moderados 3 – 4 SMR Ingresos medios 4 – 8 SMR Apoyo financiero mediante la implementación de incentivos para la compra, mejoramiento o ampliación de vivienda. Ingresos altos Más de 8 SMR Este segmento no recibirá asignaciones directas de fondos públicos, aunque podrán beneficiarse de disposiciones regulatorias, simplificación administrativa, información sectorial y otros instrumentos generales derivados de esta Política. SMR Salario Mínimo de Referencia: Se refiere al salario mínimo del año anterior en su valor más alto en las diferentes categorías de producción y servicios, definido en la tabla que emite la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS). POBLACIÓ N DIFERENCIADA Se contemplan medidas específicas para personas con discapacidad, hogares monoparentales y mujeres jefas de hogar, adultos mayores, pueblos indígenas y afrohondureños, población fronteriza o insular, personas desplazadas por diferentes causas, migrantes retornados, personas en situación de calle y familias afectadas por emergencias o riesgos. PRINCIPIOS RECTORES Además de los principios de legalidad, celeridad y eficacia administrativa, la Política incorpora doce principios rectores:
- 1)
  Gestión de Riesgos y Salvaguardas
- 2)
  Derecho a Vivienda Digna
- 3)
  Gobernanza del Sector
- 4)
  Focalización Objetiva
- 5)
  Equidad Territorial
- 6)
  Inclusión Financiera y Sostenibilidad
- 7)
  Complementariedad
- 8)
  Transparencia y Trazabilidad
- 9)
  Neutralidad Tecnológica
- 10)
  No discriminación
- 11)
  Progresividad y Resiliencia Ó
  el mecanismo de distribución mensual deberá considerar el desempeño de las instituciones financieras que otorguen créditos a familias con ingresos bajos menores (<2SMR). Priorización de Fondos NO Gubernamentales: Se fomentará la combinación de fondos públicos y privados para ampliar el acceso a una vivienda digna, de manera que el apoyo del Gobierno de Honduras funcione como apalancamiento de la inversión privada, siempre que esta se realice en condiciones preferenciales. Condiciones al Financiamiento: En la primera etapa de la implementación de la Política Nacional de Vivienda, para las operaciones de financiamiento se dará atención exclusiva a:
  - a)
    Primera vivienda
  - b)
    Vivienda nueva
  - c)
    Mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda
  - d)
    Liberación de lote con construcción simultánea
  - e)
    Arrendamiento con opción a compra Se excluyen las operaciones de Refinanciamientos y venta de vivienda a cónyuge, hijos o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. GARANTÍAS DE LAS OPERACIONES Garantía Recíproca: A fin de salvaguardar la integridad de las operaciones que involucren fondos del GOH cada operación deberá procurar el respaldo de una Garantía Recíproca que permita amortizar el nivel de riesgo en las operaciones de financiamiento de vivienda de interés social. CATEGORÍAS DE VIVIENDA Atendiendo a la segmentación socioeconómica, al valor de la solución habitacional, al tipo de asistencia pública y a las condiciones de acceso, las soluciones habitacionales comprendidas en esta Política se clasifican en: 1. Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Solución habitacional de provisión estatal. 2. Vivienda de Emergencia: Solución habitacional de provisión estatal destinada a atender de manera prioritaria hogares afectados por desastres naturales, siniestros, desplazamiento, colapso estructural, riesgos no mitigables, emergencias sanitarias, conflictos sociales u otras situaciones que comprometan la seguridad, habitabilidad o permanencia de las familias en sus viviendas. 3. Vivienda de Interés Social (VIS): Solución habitacional con estándares regulados cuyo valor no supera los ochenta Salarios mínimo de Referencia (80SMR). 4. Vivienda Media: Solución habitacional no regulada, cuyo valor está entre 80 y 220 SMR. 5. Vivienda Alta: Solución habitacional personalizada que responde a las necesidades particulares de un grupo familiar cuyo valor supera los 220SMR. MODALIDADES DE ACCESO A LA VIVIENDA A. Según los mecanismos de gestión, se reconocen las siguientes modalidades: 1. Gestión Institucional 2. Individual 3. Cooperativa 4. Promotores/Desarrolladores/Constructores 5. Otros grupos asociativos. B. Según las formas de acceso, se reconocen las siguientes modalidades: 1. En propiedad individual 2. En arrendamiento con opción a compra 3. En título Comunitario 4. En Dominio Útil PROGRAMAS Los Programas deberán articularse con instrumentos de ordenamiento territorial, planificación urbana, catastro, regularización predial, gestión de suelo y control de riesgos. Para ampliar la oferta de vivienda adecuada, SEVIAH podrá promover mecanismos de identificación de suelo apto, priorización de áreas con infraestructura existente,
    recuperación de suelo subutilizado, densificación sostenible, regularización de asentamientos consolidados cuando sea legal y técnicamente viable y prevención de nuevas ocupaciones en zonas de riesgo no mitigable. 10.1 Programas de Vivienda: SEVIAH podrá crear, modificar, fusionar o cerrar programas, siempre conforme a la normativa y disponibilidad presupuestaria, la creación de programas no supone la aprobación de compromisos de gasto plurianuales sin la autorización legal o institucional que corresponda. La implementación de los programas deberá desarrollarse conforme al Plan Operativo Anual, con metas, responsables, financiamiento, cronogramas e indicadores para evaluar cobertura, calidad, sostenibilidad, inclusión financiera, eficiencia y satisfacción de los beneficiarios. El principal mecanismo Técnico y Financiero de implementación de la presente política será el Plan Nacional de Inclusión Financiera y su Política Nacional de Subsidios y Garantías para el acceso a la Vivienda Social, desarrollados mediante programas y proyectos. Estos podrán incluir subprogramas, programas piloto, convocatorias, productos financieros e intervenciones territoriales, cuyos nombres, duración y cobertura podrán modificarse sin reformar la Política. El Plan Nacional de Inclusión Financiera y su Política Nacional de Subsidios y Garantías para el acceso al Financiamiento de la Vivienda Social, serán aprobados y modificados, en su caso, mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República o por medio de Acuerdo Ejecutivo de nivel presidencial emitido por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), debiendo atender la instrucción presidencial para ese efecto. La Política Nacional de Vivienda organiza la asistencia en tres grandes mecanismos: Asistencia Directa; Asistencia al Financiamiento; y Asistencia al Desarrollo de Proyectos. Estos mecanismos pueden aplicarse individualmente o de forma combinada.
    A)
    Asistencia Directa Está dirigida prioritariamente a hogares de ingresos limitados y hogares en alta vulnerabilidad o afectados por emergencia. Puede incluir vivienda, mejoramiento, reparación, materiales, asistencia técnica, acompañamiento social, regularización, titulación, traslado y arrendamiento temporal. Las modalidades de asistencia directa pueden ser:
    1)
    Provisión Estatal para Construcción en Lote Propio
    2)
    Provisión Estatal para Mejoramiento
    3)
    Programas Diferenciados
    4)
    Programas de Atención a Emergencias
    B)
    Asistencia Al Financiamiento Dirigida principalmente a hogares de ingresos bajos y medios. Comprende aporte al capital para la cuota inicial, subsidio a la cuota y condiciones preferenciales de tasas, plazos y montos de prima. El principal mecanismo técnico- financiero es el Plan Nacional de Inclusión Financiera junto con la Política Nacional de Subsidios y Garantías para el acceso al Financiamiento de la Vivienda Social. Las modalidades de asistencia al Financiamiento pueden ser:
    1)
    Aporte al Capital (ingresos bajos)
    2)
    Subsidio a Cuota (ingresos bajos y medios)
    3)
    Condiciones Preferenciales
    C)
    Asistencia al Desarrollo de Proyectos Para proyectos dirigidos a hogares de hasta cuatro Salarios Mínimos (4SMR) se contemplan apoyo financiero, simplificación administrativa, normativa de vivienda social, aplicación de incentivos y exenciones contemplados en la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos y programas que promuevan soluciones verticales, resilientes, bioclimáticas, eficientes energéticamente y con menor huella de carbono. 10.2 Asentamientos Humanos y Renovación Urbana: Complementario a los Programas de acceso a la Vivienda, se establecerán Programas y Proyectos de Construcción y mejora de los Asentamientos Humanos, los cuales contemplan
    diversos mecanismos de intervención e incorporan programas de Asistencia Social, Asistencia Comunitaria y Renovación Urbana. Las intervenciones pueden incluir agua, saneamiento, alumbrado, calles, parques, equipamiento comunitario, mejoramiento barrial, recuperación de espacios públicos, densificación sostenible, vivienda vertical, movilidad segura y adaptación al cambio climático. Estos programas tendrán como objetivos:
    1)
    Recuperar y rehabilitar barrios y centros urbanos deteriorados.
    2)
    Promover la reutilización y aprovechamiento eficiente del suelo urbano.
    3)
    Favorecer la densificación urbana sostenible y el desarrollo de vivienda vertical.
    4)
    Mejorar el espacio público, la movilidad urbana y la accesibilidad universal.
    5)
    Incrementar la disponibilidad de vivienda de interés social en áreas con infraestructura y servicios.
    6)
    Promover desarrollos urbanos de uso mixto que integren vivienda, comercio, servicios y equipamiento comunitario.
    7)
    Incorporar infraestructura y medidas de adaptación al cambio climático.
    8)
    Reducir la expansión urbana desordenada y contribuir al aprovechamiento sostenible del territorio. La ejecución de estos programas deberá realizarse en coordinación con las municipalidades y demás instituciones competentes. GESTIÓN DE REGISTROS E INFORMACIÓN SECTORIAL La implementación de la Política requiere coordinación entre la SEVIAH, FONHVIVIENDA y los distintos actores del Sistema Nacional de Vivienda, pudiendo para tal fin establecer mesas técnicas, convenios y mecanismos de intercambio de información. También se establecerán canales accesibles para consultas, quejas y denuncias, garantizando respuestas oportunas, protección del denunciante y remisión a las autoridades competentes cuando corresponda. La SEVIAH creará y administrará un registro físico y electrónico para identificar, clasificar y organizar a los actores que intervienen en el desarrollo de los programas de vivienda. Asimismo, coordinará un Sistema de Información físico y electrónico, interoperable, seguro y auditable. Para tal efecto, se establecerán tres registros: 1. Registro de Actores: Corresponde a aquellas instituciones, organizaciones, empresas, profesionales y técnicos que participan en el desarrollo, construcción, promoción y/o comercialización y financiamiento de proyectos de vivienda en sus modalidades VIP y/o VIS. 2. Registro de Proyectos Habitacionales: Todo proyecto grupal o concentrado y cualquier proyecto que reciba recursos, suelo o asistencia pública deberá registrarse antes de la asignación masiva de beneficios, los proyectos registrados tendrán prioridad y se tendrán por verificados los requisitos de la vivienda para la inclusión en programas. Para el registro de proyectos se deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el “Reglamento para la Planificación de Urbanizaciones y Diseño de Viviendas en Asentamientos Humanos de Interés Social”. 3. Registro de Beneficiarios: Se deberá llevar un Registro Único de Beneficiarios donde se constate toda la información estadística que permita el adecuado control y evaluación del cumplimiento de los objetivos de cada programa. La SEVIAH tendrá las facultades de:
    1)
    Autorizar o denegar una solicitud de registro.
    2)
    Renovar, cancelar y suspender de manera temporal o permanente un registro.
    3)
    Registrar en la base de datos los cambios conforme a los ajustes o modificaciones del marco normativo emitido por SEVIAH.
    4)
    Definir un plazo de vigencia del registro, conforme al tipo de registro.

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo No. 213-2026 — Autorización de compra directa de vehículos automotores para la Asociación de Municipios de Honduras

Congreso Nacional

1.
Que la Constitución de la República de Honduras reconoce al Congreso Nacional la atribución de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, correspondiéndole, en el ejercicio de dicha potestad legislativa, establecer mediante ley las medidas que resulten necesarias para atender finalidades de interés nacional y fortalecer el funcionamiento de las instituciones vinculadas al desarrollo del país.
2.
Que la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) es una entidad civil, representativa, de carácter nacional, sin fines de lucro y con personalidad jurídica, patrimonio propio y libre administración, que agrupa a las municipalidades del país y tiene entre sus objetivos la representación de sus asociados, el fortalecimiento del gobierno local, la promoción de la descentralización y la prestación de asistencia y asesoría técnica a las autoridades municipales.
3.
Que el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos locales requiere mecanismos de asistencia y acompañamiento que puedan desarrollarse de manera efectiva en el territorio nacional, por lo que la disponibilidad de medios de transporte constituye una herramienta necesaria para que el personal técnico, jurídico y especializado de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) pueda trasladarse a las municipalidades y atender las necesidades de sus agremiados.
4.
Que la documentación presentada para sustentar la adquisición identifica de cuatro (4) vehículos automotores destinados a las actividades institucionales de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), consistentes en tres (3) vehículos Toyota Hilux 4x4 doble cabina, año 2026, y un vehículo Toyota Station Wagon Land Cruiser Prado 4x4, año 2027, cuyas características, números de preforma, lotes, números de motor y serie/VIN se individualizan expresamente en el presente Decreto.
5.
Que el Artículo 17 del Código Tributario, Decreto No.170-2016, establece que la exoneración es la dispensa total o parcial del pago de una obligación tributaria o aduanera aprobada por el Congreso Nacional, cuya tramitación· individual corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN); y que el Artículo 19 del mismo Código exige que las leyes que otorguen exoneraciones determinen con claridad el objetivo, los sujetos beneficiarios, los requisitos formales y materiales, el plazo o término del beneficio y los tributos dispensados.
6.
Que de conformidad con el Artículo 19 del Código Tributario, las medidas de beneficio tributario deben encontrarse delimitadas y permitir la cuantificación de su impacto; y que, tratándose de instituciones no lucrativas, la normativa contempla la presentación de un informe
técnico, correspondiendo a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) emitir la opinión técnica que proceda y realizar la tramitación administrativa individual del beneficio.
7.
Que la exoneración solicitada debe circunscribirse exclusivamente al Impuesto Sobre Ventas (ISV) generado por la adquisición de los cuatro (4) vehículos individualizados en este Decreto, por una sola vez, sin extenderse a otros bienes, operaciones o tributos distintos de los expresamente señalados, quedando su aplicación sujeta a las verificaciones y controles que correspondan conforme al Código Tributario y demás legislación aplicable.
8.
Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Articulo 1

AUTORIZACIÓN DE COMPRA DIRECTA. Autorizar a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para realizar, por una sola vez, la compra directa de cuatro (4) vehículos automotores, destinados exclusivamente al fortalecimiento de sus actividades de asistencia, acompañamiento y apoyo técnico, jurídico y administrativo a las municipalidades del país, conforme a las siguientes especificaciones individualizadas: PRIMER VEHÍCULO: PROFORMA NO. 1000117257; LOTE NO. 2000096378. - VEHÍCULO: TOYOTA PICK UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA AUTOMÁTICA 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS. - AÑO: 2026. - MODELO: GUN126L-DGTHXF. - CILINDRAJE: 2755 CC. - MOTOR: 1GD-1967127. - SERIE: 8AJBA3CD408006129. - COLOR: SUPER BLANCO 2. - CAPACIDAD: 5 PASAJEROS. - COMBUSTIBLE: DIESEL. - CAPACIDAD 0.86 TONELADAS. DE CARGA: - NÚMERO 8704.21.59.00.00. ARANCELARIO: - VIN: 8AJBA3CD408006129. - PESO DEL 2,240 KGS. VEHÍCULO: - PRECIO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHO- CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 1,322,834.59).

15% ISV: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO- CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L198,425.19). TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L 1,521,259.78). EQUIVALENTE EN DÓLARES: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 56,300.00). SEGUNDO VEHÍCULO: PROFORMA NO. 1000117254; LOTE NO. 2000096374. - VEHÍCULO: TOYOTA PICK UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA AUTOMÁTICA, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS. - AÑO: 2026. - MODELO: GUN126L-DGTHXF. - CILINDRAJE: 2755 CC. - MOTOR: 1GD-1958639. - SERIE: 8AJBA3CD808003413. - COLOR: SUPER BLANCO 2. - CAPACIDAD: 5 PASAJEROS. - COMBUSTIBLE: DIESEL. - CAPACIDAD DE CARGA: 0.86 TONELADAS. - NÚMERO ARANCELARIO: 8704.21.59.00.00. - VIN: 8AJBA3CD808003413. - PESO DEL VEHÍCULO: 2,240 KGS. - PRECIO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHO- CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 1,322,834.59). 15% ISV: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEIN- TICINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L 198,425.19). TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L 1,521,259.78). EQUIVALENTE EN DÓLARES: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 56,300.00).

TERCER VEHÍCULO: PROFORMA NO. 1000117256; LOTE NO. 2000096474. - VEHÍCULO: TOYOTA PICK UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA AUTOMÁTICA, 4 PUERTAS, 5 PASAJEROS. - AÑO: 2026. - MODELO: GUN126L-DGTHXF. - CILINDRAJE: 2755 CC - MOTOR: 1GD-1971875. - SERIE: 8AJBA3CD608007427. - COLOR: SILVER METÁLICO. - CAPACIDAD: 5 PASAJEROS. - COMBUSTIBLE: DIESEL. - CAPACIDAD DE CARGA: 0.86 TONELADAS. - NÚMERO ARANCELARIO: 8704.21.59.00.00. -VIN: 8AJBA3CD608007427. - PESO DEL VEHÍCULO: 2,240 KGS. -PRECIO: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHO- CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 1,322,834.59). 15% ISV: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEIN- TICINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS (L 198,425.19). TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L 1,521,259.78). EQUIVALENTE EN DÓLARES: CINCUENTA SEIS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 56,300.00). CUARTO VEHÍCULO: PROFORMA NO. 1000117255; LOTE NO. 2000098082. - VEHÍCULO: TOYOTA STATION WAGON L/C PRADO 4X4 AUTOMÁTICA, 5 PUERTAS, 7 PASAJEROS. - AÑO: 2027. - MODELO: GDJ250L-GNZLY. - CILINDRAJE: 2755 CC. - MOTOR: 1GD 9830934. - SERIE: JTEARCAJX0K060113. - COLOR: NEGRO NEUTRAL. - CAPACIDAD: 7 PASAJEROS. - COMBUSTIBLE: DIESEL. - NÚMERO ARANCELARIO: 8703.33.80.00.00. - VIN: JTEARCAJX0K060113. - PESO DEL VEHÍCULO: 2,555 KGS.

- PRECIO: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L2,389,560.89). 15% ISV. TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L358,434.13). TOTAL: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L2,747,995.02). EQUIVALENTE EN DÓLARES: CIENTO UN MIL SETE- CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 101,700.00).

Articulo 2

EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (ISV). Exonerar a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), por una sola vez y exclusivamente respecto de las operaciones descritas en el Artículo 1 del presente Decreto, del pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y todo tipo de impuesto, tasa o tributo correspondiente a la adquisición de los cuatro (4) vehículos ahí individualizados.

Articulo 3

TRAMITACIÓN Y CONTROL. Instruir a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con el Código Tributario, realice las actuaciones administrativas, tributarias y de control necesarias para hacer efectiva la exoneración autorizada, verificando que el beneficio se limite a los bienes, sujeto, tributo y finalidad establecidos en el presente Decreto. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) deberá presentar la documentación que corresponda para la tramitación individual del beneficio.

Articulo 4

FISCALIZACIÓN. La autorización de compra directa y la exoneración tributaria otorgadas mediante el presente Decreto no eximen a la Asociación de Muncipios de Honduras (AMHON) del cumplimiento de las obligaciones de documentación, registro, control, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables conforme al ordenamiento jurídico hondureño.

Articulo 5

El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veintiséis. LISSI MARCELA MATUTE CANO PRESIDENTA FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA SECRETARIO JUÁN JOSÉ ZERÓN GONZALEZ SECRETARIO Al Poder Ejecutivo Por Tanto: Ejecútese Tegucigalpa, M.D.C., 1 de octubre de 2026 NASRY JUAN ASFURA ZABLAH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo No. 215-2026 — Reforma al Artículo 5 de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano

Congreso Nacional

1.
Que mediante el Decreto Legislativo No.17-2026, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 27 de Febrero de 2026, se emitió la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, con el propósito de implementar un régimen de medidas fiscales y financieras extraordinarias, excepcionales y temporales orientadas a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, promover el crecimiento económico sostenible, el desarrollo humano y el fortalecimiento institucional del Estado, todo ello en el marco de la racionalización del gasto público y la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado.
2.
Que el Artículo 5 de la referida Ley faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar conciliaciones judiciales y otros mecanismos alternativos de solución de controversias en los que participe el Estado, con el objeto de evitar perjuicios económicos mayores, sujetando tales acuerdos a la disponibilidad presupuestaria, dictámenes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y, en su caso, a la opinión de una Comisión Especial del Congreso Nacional, para luego ser homologados judicialmente.
3.
Que si bien el mecanismo previsto en el Artículo 5 contribuye a la eficiente gestión de los litigios estatales y a la reducción de contingencias económicas, su aplicación indiscriminada a los juicios laborales tramitados
trativa, financiera, técnica y se rigen por leyes orgánicas específicas que les otorgan órganos de dirección propios. Sujetarlas de manera obligatoria al procedimiento de conciliación judicial centralizado de la Procuraduría General de la República (PGR) en todos los tipos de litigios resulta contrario al principio constitucional de descentralización, genera capas adicionales de tramitación que retrasan la resolución de controversias y desconoce la capacidad de estas entidades para gestionar de forma responsable y ágil sus propios conflictos, bajo el control de sus órganos internos y con las debidas garantías financieras y jurídicas.
4.
Que, con el propósito de respetar la autonomía de las Instituciones Descentralizadas, preservar los regímenes especiales laborales y de personal y al mismo tiempo permitir la resolución pacífica y eficiente de las controversias, es necesario establecer un mecanismo de conciliación extrajudicial qué, bajo el control interno de las propias instituciones mediante dictámenes favorables de sus áreas financiera y legal, permita alcanzar acuerdos que garanticen la satisfacción de las pretensiones o el desistimiento de la acción, asegurando el cierre definitivo del proceso judicial de manera expedita, sin los requisitos más gravosos previstos para los acuerdos gestionados por la Procuraduría General de la República (PGR).
5.
Que este mecanismo de conciliación extrajudicial, combinado con una homologación judicial preferente y simplificada, permitirá resolver de forma ágil los conflictos, contribuyendo directamente a la descongestión de los tribunales de justicia, a la reducción de la mora judicial, a la racionalización del gasto público asociado a litigios prolongados y al fortalecimiento de la seguridad ante los Juzgados del Trabajo y a los asuntos de materia de personal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo genera procedimientos administrativos y judiciales extensos y complejos que resultan contrarios a los objetivos de celeridad, eficiencia y descongestión de los tribunales de justicia que inspiran la Ley, incrementando en lugar de reducir la mora judicial en materias que por su naturaleza requieren respuestas ágiles y protectoras de derechos fundamentales.
6.
Que la Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo obligación ineludible de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales, incluyendo los derechos laborales y de los servidores públicos. Asimismo, el Artículo 128 y siguientes de la Carta Magna, junto con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Honduras, imponen al Estado el deber de tutelar de forma efectiva los derechos de los trabajadores y de garantizar procesos justos, expeditos y con las garantías procesales específicas que corresponden a estas materias.
7.
Que resulta imperativo excluir de la aplicación del procedimiento de conciliación judicial del Artículo 5 de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, a los juicios laborales y a los de materia de personal contencioso administrativo, cualquiera que sea la institución demandada, a fin de preservar la integridad de los regímenes procesales especiales que protegen estos derechos y evitar que trámites burocráticos extensos menoscaben el acceso efectivo a la justicia de los trabajadores y servidores públicos.
8.
Que las Instituciones Descentralizadas poseen personalidad jurídica propia, autonomía adminis-
jurídica, todo ello en consonancia con los fines de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
9.
Que la presente reforma se dicta en uso de las facultades que confiere al Congreso Nacional el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras, que es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.

Articulo 1

Reformar el Artículo 5 del Decreto Legislativo No.17-2026, de fecha 25 de febrero de 2026, contentivo de la LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO HUMANO, el cual en lo sucesivo se leerá de la siguiente manera: "ARTÍCULO 5.- Se autoriza... Las instituciones ... Todos los procesos... Previo... Para los efectos ... Quedan excluidos de la aplicación del procedimiento de conciliación regulado en el presente Artículo:

a)
Los juicios laborales y en materia de personal tramitados ante los Juzgados de Letras del Trabajo y Contencioso Administrativo, respectivamente, cual- quiera que sea la institución demandada; y,
b)
Todas las controversias en las que sean parte las Instituciones Descentralizadas, independientemente de la materia de que trate. En los casos excluidos conforme al párrafo anterior, las Instituciones de la Administración Pública Central, las Instituciones Desconcentradas, las Instituciones Descentralizadas y las Municipalidades podrán celebrar conciliaciones de manera extrajudicial, siempre que cuenten con dictamen favorable del área legal interna que determine la inexistencia de elementos jurídicos válidos para la defensa de la institución y/o el alto riesgo de obtener una sentencia judicial adversa a los intereses del Estado, así como con la debida acreditación de la disponibilidad presupuestaria mediante dictamen del área administrativa o financiera interna de la institución que erogará el gasto correspondiente.
Los acuerdos conciliatorios extra- judiciales a que se refiere el párrafo precedente deberán formalizarse de tal forma que garanticen el cierre definitivo del proceso judicial, ya sea mediante la satisfacción extraprocesal de las pretenciones del demandante o mediante el desistimiento de la acción, del recurso o de las pretensiones por parte de éste, una vez alcanzado el acuerdo en sede administrativa. Para tal efecto, el acuerdo podrá ser presentado ante el Juzgado o Tribunal que conoce del asunto para su homologación, la cual deberá tramitarse de manera preferente y expedita, sin sujeción a los requisitos adicionales establecidos en los párrafos anteriores para los acuerdos gestionados por la Procuraduría General de la República (PGR). El acuerdo conforme a lo dispuesto en el párrafo que antecede tendrá el carácter de título ejecutivo y producirá los efectos de cosa juzgada, permitiendo la ejecución y el archivo inmediato del expediente. Las Instituciones que realicen conciliaciones extrajudiciales al amparo de este Artículo remitirán a la Secretaría del Congreso Nacional, cada seis (6) meses, un informe de las mismas, en los términos y con los requisitos establecidos en el Artículo 10 de la presente Ley. Estas disposiciones serán aplicables a las solicitudes que actualmente se encuentran en trámite en cada una de las instituciones.

Articulo 2

La presente reforma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de septiembre del dos mil veintiséis. LISSI MARCELA MATUTE CANO PRESIDENTA FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA SECRETARIO JUAN JOSÉ ZERÓN GONZALEZ SECRETARIO Al Poder Ejecutivo Por Tanto: Ejecútese Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre 2026 NASRY JUAN ASFURA ZABLAH PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 Sección "B" CERTIFICACIÓN La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del Acta de la Sesión No.1978 celebrada en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis, con la asistencia de los Comisionados NICOLÁS JOSÉ GARCÍA PINEDA, Presidente; GUSTAVO RAFAEL SOLÓRZANO DÍAZ, Comisionado Propietario; ALEX ROBERTO LARA ENAMORADO, Superintendente de Seguros, designado por el Presidente para integrar la Comisión en calidad de Comisionado Suplente por disposición del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; EDILIA GODOY GODOY, Secretaria General; que dice: “… 5. Asuntos Varios: … literal b) …

Resolución

Resolución No. GEE No.617/18-09-2026 — Aprobación del Reglamento de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

1.
Que, de conformidad con el Artículo 13, numeral 24) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, corresponde a este Ente emitir los reglamentos y demás normas necesarias para su funcionamiento; asimismo, el Decreto Legislativo Número 127-2026, emitido el 17 de junio de 2026, contentivo de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final dispone en su Artículo 34 que la Comisión emitirá las disposiciones reglamentarias, procedimientos y directrices necesarios para su aplicación.
2.
Que mediante Decreto Legislativo No.144-2014 del 30 de abril de 2015, se emitió la Ley Especial contra el Lavado de Activos, la que tiene como finalidad establecer las medidas y acciones atinentes al sistema de prevención, control y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como forma de delincuencia organizada, así como dar cumplimiento a las obligaciones que sobre el tema se encuentren contenidas en los convenios e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República de Honduras.
3.
Que la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para garantizar la transparencia en la identificación de los beneficiarios finales de personas jurídicas y estructuras jurídicas, mediante la creación y regulación del Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF); así como, reforzar medidas tendientes a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada.
4.
Que de conformidad al Artículo 8 de la precitada Ley se crea el Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF), cuyo funcionamiento y administración estará a cargo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien deberá realizar las acciones organizacionales y de personal necesarias para su implementación.
5.
Que el Artículo 27 de la precitada Ley, establece que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros deberá emitir el Reglamento de sanciones correspondiente, en el cual se establecerá la clasificación
La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 y gradualidad de las faltas o infracciones, así como las sanciones aplicables, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso establecidos en la Constitución de la República.
6.
Que de conformidad con la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros regular la relación jurídica con las personas jurídicas y estructuras jurídicas obligadas, así como establecer las disposiciones necesarias para la gestión, administración y funcionamiento del Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF), garantizando que la información registrada sea adecuada, exacta, actualizada y resguardada bajo principios de autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática, en observancia de los estándares internacionales aplicables.
7.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, del 24 al 31 de agosto de 2026, este Ente publicó en su página web, en la sección de “Proyectos de Normativa” el Reglamento de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final.

Articulo 1

OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, en adelante la “Ley”, estableciendo los criterios, obligaciones, derechos, procedimientos, requisitos, mecanismos tecnológicos, condiciones de acceso, medidas de revisión y verificación, así como los mecanismos de supervisión y las disposiciones aplicables al régimen sancionador, derivado del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y en este Reglamento.

Articulo 2

DEFINICIONES Y SIGLAS. Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 2.1. DEFINICIONES: Base de Datos: Conjunto de información acerca del Beneficiario Final de una persona jurídica o estructura jurídica, recopilada, almacenada y organizada en el Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) a través de archivos electrónicos. Cadena de Propiedad: Secuencia de personas jurídicas, estructuras jurídicas u otros mecanismos legales, mediante los cuales se ejerce, directa o indirectamente, la propiedad o el control sobre una persona jurídica o estructura jurídica, hasta identificar a la persona natural que ostenta la condición de beneficiario final. Certificado de Declaración o Actualización: Documento emitido por el Registro Centralizado de Beneficiario Final, contentivo de la información que identifica al o los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas o estructuras jurídicas. Control Efectivo: Capacidad de una persona natural para ejercer, directa o indirectamente, una influencia determinante sobre las decisiones, administración, dirección, operación o funcionamiento de una persona jurídica o estructura jurídica, ya sea mediante derechos de propiedad, una cadena de propiedad o control. Cuenta de Usuario: Medio a través del cual las personas jurídicas o estructuras jurídicas tienen acceso a la plataforma del Registro Centralizado de Beneficiario Final. Domicilio Social: Es la dirección oficial y pública de la persona jurídica o estructura jurídica, donde se encuentra el centro de su administración o su establecimiento principal o casa matriz. Información Adecuada: Es aquella que es suficiente para identificar a la persona o personas naturales que sean beneficiarias finales, así como los medios y mecanismos a través de los cuales ejercen la propiedad o el control final. Información Básica: Conjunto de datos y documentos que permiten identificar e individualizar una persona jurídica o estructura jurídica, incluyendo según corresponda, su denominación o identificación: Registro Tributario Nacional (RTN) u otro número único de identificación; contrato o escritura pública; instrumento constitutivo o documento equivalente; objeto; finalidad o propósito; lista de directores; composición social o accionaria; identificación y domicilio del fiduciario, sociedad administradora, gestor, administrador o quien ejerza funciones equivalentes y el domicilio social de la persona jurídica o el domicilio de la administración de la estructura jurídica. Información Exacta: Aquella información que es verdadera, precisa, fiel a la realidad, completa y libre de errores o inexactitudes, de tal manera que refleje correctamente los hechos, datos o circunstancias a los que se refiere. Infracción: Toda acción u omisión que contravenga los preceptos de la Ley, el presente Reglamento y demás normativa que emita la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en materia de Registro de Beneficiario Final.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas, registros y plataformas tecnológicas de distintas instituciones para consultar y utilizar información de forma automatizada, segura y controlada, conforme a las competencias legales de las partes y a los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información. Objetos de un Poder: Son las personas naturales identificadas o por identificar respecto de las cuales una persona que interviene en la estructura jurídica tiene una facultad discrecional para conferirles un beneficio, derecho o interés, aun cuando esas personas todavía no sean beneficiarios con un derecho adquirido. Participación Societaria: Porcentaje o interés de propiedad que una persona natural o jurídica mantiene en una persona jurídica, ya sea de forma directa o indirecta, mediante acciones, cuotas, aportaciones u otros derechos equivalentes. Propiedad Directa: Participación o interés de propiedad que una persona natural mantiene, a título propio y sin intermediación de otra persona jurídica o estructura jurídica, en el capital, patrimonio, derechos de voto u otros derechos de propiedad. Propiedad Indirecta: Participación o interés de propiedad que una persona natural mantiene en una persona jurídica por medio de una o más personas jurídicas, estructuras jurídicas u otros vehículos interpuestos, determinada mediante el análisis de la cadena de propiedad hasta identificar a la persona o personas naturales que, en última instancia, posee dicha participación o interés. Recursos: Actos de impugnación promovidos por los interesados ante la Administración Pública con el propósito de que se revise, modifique, revoque o anule un acto administrativo que les cause agravio, antes de acudir a la vía jurisdiccional. Representante Legal: Persona natural debidamente facultada para actuar en nombre y representación de una persona jurídica, conforme a la ley, sus estatutos o el acto de designación correspondiente, con capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones y realizar actuaciones ante autoridades y terceros dentro del ámbito de las facultades conferidas. Sanción: Penalidad que se impone a una persona jurídica o estructura jurídica por cometer una infracción a lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones legales que emita la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en materia de Registro de Beneficiario Final. Usuario del Registro: Persona natural autorizada para acceder a la plataforma del Registro Centralizado de Beneficiario Final, mediante una cuenta de usuario, personal e intransferible. 2.2. SIGLAS: BF: Beneficiario Final. DJBF: Declaración Jurada del Beneficiario Final. LEY: Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 RCBF: Registro Centralizado de Beneficiario Final. UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.

Articulo 3

ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a todas las personas jurídicas, estructuras jurídicas y similares con o sin personería jurídica, nacionales o extranjeras, que se encuentren obligadas a registrarse conforme a la Ley.

Articulo 4

PRINCIPIOS RECTORES. La aplicación y ejecución del presente Reglamento se realizará con observancia de los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad, transparencia, buena fe, responsabilidad, confidencialidad, seguridad de la información, interés legítimo, gratuidad y cooperación interinstitucional. La administración, tratamiento, consulta e intercambio de la información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final deberá garantizar su autenticidad, integridad, confiabilidad, exactitud, actualización, disponibilidad, confidencialidad, seguridad y trazabilidad, asegurando que su acceso y utilización se realicen exclusivamente para las finalidades y en las condiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.

Articulo 5

FINALIDAD DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. El RCBF tendrá como finalidad:

1)
Registrar la información del Beneficiario Final declarada por la persona jurídica o estructura jurídica;
2)
Admitir, almacenar y brindar seguridad de la información suministrada, garantizando su integridad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática, utilizando los protocolos aceptados de conformidad a los estándares internacionales; y,
3)
Garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a información adecuada, exacta y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas. TÍTULO II DE LOS OBLIGADOS A REGISTRARSE Y RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO ÚNICO OBLIGACIONES, EXCLUSIONES Y RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Articulo 6

OBLIGADOS A REGISTRARSE. Están obligados a registrarse en el Registro Centralizado de Beneficiario Final: 1. Sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas o incorporadas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad;

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 2. Estructuras jurídicas con o sin personalidad jurídica o similares; y, 3. Entidades o empresas públicas en las que el Estado no tenga el cien por ciento (100%) de participación.

Articulo 7

EXCLUSIONES. Se excluyen de la obligación a registrarse en el Registro Centralizado de Beneficiario Final, las comprendidas en el Artículo 5 de la Ley; sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, podrá requerir la información y documentación necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones que sustentan la exclusión, cuando existan dudas razonables respecto de la naturaleza jurídica, estructura de propiedad o control, composición accionaria, participación estatal o cualquier otra circunstancia relevante para determinar si la persona jurídica o estructura jurídica se encuentra comprendida dentro de las exclusiones previstas en la Ley.

Articulo 8

RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. El suministro, registro, actualización y rectificación de la información ante el Registro Centralizado de Beneficiario Final será realizado por la persona natural que, conforme a la Ley, se encuentre facultada para actuar en nombre y/o en representación de la persona jurídica o estructura jurídica obligada a registrarse, o por la persona natural que esta designe para tales efectos. La designación de una persona natural para realizar dichas actuaciones no trasladará ni modificará las obligaciones atribuidas por la Ley y el presente Reglamento a la persona jurídica o estructura jurídica obligada a registrarse, la cual conservará la responsabilidad por el cumplimiento de dichas obligaciones y por la información suministrada al Registro Centralizado de Beneficiario Final.

Articulo 9

OBLIGACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Las personas jurídicas y estructuras jurídicas obligadas a registrarse deberán presentar, por medio del responsable del suministro de información, la Declaración Jurada de Beneficiario Final, asegurando que la información sea adecuada, exacta y actualizada, y que se encuentre sustentada documentalmente. La presentación de información falsa, incompleta, inexacta o desactualizada, así como aquella que carezca del respaldo documental, dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. TÍTULO III DE LA IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL CAPÍTULO ÚNICO CRITERIOS DE DETERMINACIÓN

Articulo 10

APLICACIÓN DE CRITERIOS. Las personas jurídicas y estructuras jurídicas deben identificar al beneficiario final mediante la aplicación sucesiva, complementaria y debidamente documentada de los criterios previstos en la Ley. Para tal efecto, deben evaluar,

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 en el orden establecido, los criterios de titularidad o propiedad y de control efectivo. Cuando no sea posible identificar al beneficiario final conforme a dichos criterios, debe registrarse a la persona natural que ocupe el cargo de funcionario administrativo superior. En estos casos, debe dejarse constancia de que la persona reportada se registra de manera excepcional, por no haberse identificado un beneficiario final conforme a los criterios de propiedad o control efectivo.

Articulo 11

BENEFICIARIO FINAL POR PROPIEDAD. Se considera beneficiario final por propiedad a la persona natural que posea, directa o indirectamente, a través de cualquier modalidad, el veinticinco por ciento (25%) o más del patrimonio o capital de una persona jurídica o estructura jurídica. Para determinar dicha condición, deberá identificarse la participación o interés de propiedad que corresponda a la persona natural, atendiendo a la naturaleza jurídica y forma de organización de la persona jurídica o estructura jurídica obligada, mediante acciones, partes sociales, participaciones, aportes, derechos económicos u otros derechos de propiedad que permitan establecer su participación directa o indirecta en el patrimonio. Cuando la propiedad se ejerza indirectamente a través de una o más personas jurídicas, estructuras jurídicas u otros mecanismos interpuestos, deberá analizarse y documentarse la cadena de propiedad hasta identificar a la persona natural que, en última instancia, alcance el porcentaje establecido en la Ley.

Articulo 12

BENEFICIARIO FINAL POR CONTROL EFECTIVO. Se considera beneficiario final a la persona natural que ejerza el control efectivo final de una persona jurídica o estructura jurídica por medios distintos a la propiedad, incluyendo, entre otros, la facultad de designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; el poder de decisión sobre acuerdos financieros, operativos o comerciales; o cualquier otra forma de influencia o control efectivo sobre la toma de decisiones de la entidad.

Articulo 13

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO SUPERIOR. Cuando no sea posible identificar al beneficiario final conforme a los criterios de propiedad o control efectivo, debe registrarse a la persona natural que ocupe el cargo de funcionario administrativo superior, tales como: El administrador, gerente general, el presidente ejecutivo o el presidente del consejo de administración o sus equivalentes. En estos casos, se debe dejar constancia expresa de que dicha persona se registra en su condición de funcionario administrativo superior y no como beneficiario final identificado conforme a criterios de propiedad o control efectivo. Asimismo, debe documentarse las razones por las cuales no fue posible identificar al beneficiario final bajo los criterios establecidos en los artículos anteriores.

Articulo 14

IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE PROPIEDAD Y CONTROL. Cuando la propiedad o el control se ejerzan directa o indirectamente, a través de una o varias personas jurídicas, estructuras jurídicas, vehículos de inversión, patrimonios autónomos, fideicomisos u

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Articulo 15

ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y SIMILARES. En el caso de estructuras jurídicas y similares obligadas a registrarse, deben identificar y registrar las personas naturales que ostenten la condición de fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, beneficiario, clase de beneficiario, objetos de un poder, administrador, gestor o cualquier otra condición equivalente o similar, así como toda persona natural que ejerza el control efectivo, directo o indirecto, sobre el patrimonio, la estructura, la administración, los resultados o las utilidades de la estructura jurídica.

Articulo 16

FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO. En el caso de las Fundaciones u Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), se considera como beneficiario final la persona natural que ejerza un cargo equivalente o similar a los contemplados en el Artículo 6, numeral 5) de la Ley. TÍTULO IV DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL CAPÍTULO I ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

Articulo 17

AUTORIDAD DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en su condición de autoridad de control y administración, tendrá a su cargo la titularidad, organización, operación y seguridad del Registro Centralizado de Beneficiario Final, así como la supervisión, la revisión y la verificación de la información y la documentación registrada por las personas jurídicas o estructuras jurídicas.

Articulo 18

GESTIÓN OPERATIVA DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros tendrá las funciones de gestión operativa y funcionamiento del Registro Centralizado de Beneficiario Final, adoptando las medidas técnicas, administrativas y de seguridad necesarias para garantizar su adecuada implementación, mantenimiento, actualización, seguridad y disponibilidad, de conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable. Para el cumplimiento de estas funciones, contará con una dependencia técnica, que tendrá las atribuciones siguientes:

1)
La gestión integral del Registro;
2)
La administración y operación del sistema;
3)
La revisión y verificación de la información registrada;
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Articulo 19

DE LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final tiene las siguientes funciones:

1)
Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el suministro, actualización, rectificación y mantenimiento de la información de beneficiario final, utilizando los medios técnicos, tecnológicos, documentales y legales que estime pertinentes;
2)
Almacenar, custodiar y proteger la información suministrada al Registro Centralizado de Beneficiario Final, garantizando su autenticidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática, mediante la aplicación de protocolos y procedimientos debidamente reconocidos y aceptados a nivel nacional e internacional para el tratamiento de datos sensibles y alineados con los más altos estándares de confidencialidad de la información;
3)
Verificar la exactitud, consistencia y razonabilidad de la información sobre beneficiarios finales suministrada por las personas jurídicas o estructuras jurídicas. Para tal efecto, podrá efectuar cruces, consultas, validaciones e interoperabilidad con registros, bases de datos y sistemas de información de entidades públicas o privadas, así como requerir la información necesaria para la verificación correspondiente, de conformidad con la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable;
4)
Requerir a las personas jurídicas o estructuras jurídicas la presentación, ampliación, aclaración, rectificación, actualización de la información y documentación relativa a sus beneficiarios finales, cuando se detecten inconsistencias, omisiones, errores materiales o indicios de incumplimiento
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5)
Facilitar el acceso a la información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final a las autoridades competentes facultadas por la Ley, ya sea mediante mecanismos de acceso directo, interoperabilidad, consultas electrónicas o mediante la atención de requerimientos específicos, garantizando que la información sea proporcionada de manera oportuna, expedita e inmediata; y,
6)
Cualquier otra función que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros determine en cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable.

Articulo 20

FUNCIONALIDADES DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. El Registro Centralizado de Beneficiario Final contará con las herramientas, funcionalidades y mecanismos tecnológicos necesarios para permitir el registro, actualización, conservación, consulta, validación y verificación de la información sobre beneficiarios finales, de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, determinará, conforme a las necesidades operativas, funcionales y de seguridad del Registro Centralizado de Beneficiario Final, su arquitectura tecnológica, componentes, módulos, niveles de acceso y demás especificaciones técnicas necesarias para su adecuado funcionamiento.

Articulo 21

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL. La persona jurídica o estructura jurídica obligada a registrarse debe:

1)
Acceder al Registro Centralizado de Beneficiario Final a través de la plataforma de registro correspondiente de acuerdo al procedimiento que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
2)
Crear la cuenta de usuario;
3)
Crear el perfil de registro de la persona jurídica o estructura jurídica;
4)
Realizar la declaración o actualización del beneficiario final, suministrando la información y documentación requerida en el formulario que para tal efecto proporcione la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
5)
Firmar la Declaración Jurada de Beneficiario Final, emitida de forma automática en la plataforma de Registro; y,
6)
Cualquier otra que determine la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en el ejercicio de sus atribuciones en cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y demás normativa aplicable. Cuando el responsable de suministrar la información no pueda efectuar el proceso de
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Articulo 22

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe adoptar medidas técnicas, administrativas, operativas y organizacionales que garanticen la autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad, disponibilidad, y seguridad de la información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final, conforme a las mejores prácticas en la materia de seguridad informática, gestión de datos y protección de información sensible.

Articulo 23

CONTINUIDAD OPERATIVA. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y disponibilidad del Registro Centralizado de Beneficiario Final, así como la recuperación oportuna de sus operaciones ante incidentes, fallas tecnológicas, contingencias o cualquier evento que pueda afectar su funcionamiento.

Articulo 24

TRAZABILIDAD. Toda inscripción, actualización, rectificación, consulta, acceso, modificación, validación, descarga o remisión de información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final debe quedar registrada mediante mecanismos de trazabilidad que permitan identificar, como mínimo, la fecha, hora, usuario, institución, finalidad del acceso, operación realizada y demás elementos necesarios para fines de auditoría, control y responsabilidad.

Articulo 25

CESE DE LA SUJECIÓN AL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL Y CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN. Cuando una persona jurídica o estructura jurídica deje de estar obligada a permanecer inscrita en el Registro Centralizado de Beneficiario Final como consecuencia de haber cumplido con su objeto social, su disolución, liquidación, fusión, absorción, extinción u otra causa prevista en la Ley, las personas jurídicas o estructuras jurídicas obligadas a registrarse deberá comunicar dicha circunstancia a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y presentar la documentación que la acredite, dentro del plazo establecido en la Ley. Verificada la procedencia del cese, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros efectuará el cierre de la inscripción, dejando constancia de la causa y fecha correspondiente. En los casos de fusión, absorción u otra forma de reorganización que implique sucesión, deberá identificarse, cuando corresponda, a la persona jurídica sucesora, quien asumirá las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento. El cierre de la inscripción no implicará la eliminación o supresión de la información y documentación registrada en el Registro Centralizado de Beneficiario Final, la cual conservará su carácter histórico y deberá mantenerse durante los

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Articulo 26

DERECHOS DE LOS DESIGNADOS COMO BENEFICIARIO FINAL. Las personas que hayan sido designadas como beneficiarios finales tienen los derechos siguientes:

1)
Que se le suministre, la información referida a su persona contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final;
2)
Solicitar la rectificación de la información que obre en poder del Registro Centralizado de Beneficiario Final, cuando la consignada presente inconsistencias;
3)
Que los funcionarios públicos autorizados debido a su cargo le garanticen la confidencialidad de sus datos; y,
4)
Presentar denuncias ante la autoridad competente cuando la información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final sea utilizada, divulgada o tratada para fines distintos de los establecidos en la Ley. Para ejercer los derechos consignados en los numerales 1 y 2, el interesado deberá acreditar previamente su identidad a través de los mecanismos físicos o electrónicos habilitados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Cuando actúe mediante apoderado legal, deberá acreditarse la representación correspondiente. Verificada la identidad, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros atenderá la solicitud dentro del plazo de diez (10) días hábiles, salvo que la naturaleza de la petición requiera la aplicación del procedimiento de rectificación establecido en el artículo siguiente. La información proporcionada al interesado se limitará a aquella que corresponda a su persona, observando las disposiciones sobre confidencialidad y protección de la información de terceros. Cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros reciba una denuncia relacionada con el uso, acceso, divulgación o tratamiento indebido de la información del Registro Centralizado de Beneficiario Final, realizará las actuaciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias. Si de los hechos denunciados se advierten indicios de responsabilidad cuyo conocimiento corresponda a otra autoridad, remitirá las actuaciones a la instancia competente, sin perjuicio del derecho del interesado de acudir directamente ante ésta.

Articulo 27

PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. La persona natural que advierta que la información registrada respecto de su persona en el Registro Centralizado de Beneficiario Final es inexacta, incompleta, desactualizada o inconsistente podrá solicitar su rectificación ante la Comisión

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Articulo 28

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS O ESTRUCTURAS JURÍDICAS. Son deberes y obligaciones de las personas jurídicas y estructuras jurídicas, las siguientes:

1)
Declarar la información del beneficiario final, de conformidad a los plazos establecidos en el Artículo 18 de la Ley;
2)
Actualizar la información contenida en la Declaración Jurada del Beneficiario Final a más tardar el treinta (30) de mayo de cada año. En caso de no haberse producido cambios en la información de sus beneficiarios finales, la persona jurídica o estructura jurídica debe informar dicha circunstancia mediante la plataforma de registro que habilite la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En estos casos, dicha plataforma emitirá un documento certificando tal efecto;
3)
Mantener actualizada la información del beneficiario final. En caso de que exista cualquier cambio o modificación, este deberá registrarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes siguiente a aquel en que ocurra la modificación;
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Articulo 29

DECLARACIÓN JURADA DEL BENEFICIARIO FINAL. La información de los beneficiarios finales debe ser suministrada mediante Declaración Jurada de Beneficiario Final en el formato electrónico proporcionado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Articulo 30

DISPOSICIONES GENERALES REFERENTE A LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. La información registrada en el Registro Centralizado de Beneficiario Final debe estar respaldada por documentos suficientes para acreditar la identidad del beneficiario final, la estructura de propiedad y control y la información declarada.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 La Comisión Nacional de Bancos y Seguros determinará, atendiendo a la naturaleza y procedencia de la información, los documentos que deberán presentarse en original, copia autenticada, documento electrónico verificable, apostillado, legalizado o mediante otros mecanismos que permitan comprobar su autenticidad. Todo documento debe presentarse en idioma español y/o traducido y autenticado en su caso.

Articulo 31

PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. Las personas jurídicas y estructuras jurídicas deben realizar su inscripción dentro de los plazos establecidos en la Ley, para lo cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitirá el acto administrativo, mediante el cual informará a las personas jurídicas y estructuras jurídicas el inicio del proceso del registro, los mecanismos de presentación de la información, los formularios aplicables y demás condiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley y este Reglamento.

Articulo 32

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL DE NUEVAS PERSONAS JURÍDICAS O ESTRUCTURAS JURÍDICAS. Las personas o estructuras jurídicas que se constituyan, inscriban, registren, autoricen u operen con posterioridad a la habilitación del Registro Centralizado de Beneficiario Final, deben presentar la Declaración Jurada de Beneficiario Final dentro del mes siguiente a su creación. TÍTULO VI ACCESO, USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO ÚNICO ACCESO, PROCEDIMIENTO, USO, CONFIDENCIALIDAD Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN

Articulo 33

ACCESO AL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final tendrá carácter confidencial y su acceso únicamente procederá en los casos, condiciones y finalidades previstas en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecerá los mecanismos de control, autenticación, seguridad y trazabilidad necesarios para garantizar el acceso seguro a dicha información.

Articulo 34

ACCESO DIRECTO AL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. El Ministerio Público y la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado podrán acceder o consultar la información del Registro Centralizado de Beneficiario Final mediante mecanismos de acceso directo, previa suscripción de un acuerdo interinstitucional que establezca como mínimo, los perfiles y niveles de acceso autorizados, las medidas de seguridad, confidencialidad y trazabilidad aplicables, las responsabilidades institucionales y las condiciones de uso de la información, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 En caso de no ser posible dicho acceso o falta de acuerdo con las instituciones antes descritas, podrán requerirla mediante oficio, debiendo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros proporcionarla en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibida la solicitud.

Articulo 35

ACCESO A INFORMACIÓN A OTRAS AUTORIDADES. Cuando no exista acceso directo al Registro Centralizado de Beneficiario Final, o cuando se trate de autoridades competentes distintas de las señaladas en el artículo anterior, la información deberá solicitarse por escrito ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, acreditando la existencia de un interés legítimo y la finalidad para la cual será utilizada la información requerida. La solicitud deberá contener, como mínimo, la información siguiente:

1)
Identificación de la autoridad o institución solicitante;
2)
Nombre y cargo del funcionario responsable de la solicitud;
3)
Fundamento legal que sustenta el requerimiento;
4)
Identificación detalla de la persona jurídica o estructura jurídica respecto de la cual se solicita información (nombre completo y documento de identificación);
5)
Descripción precisa de la información requerida;
6)
La finalidad, que deberá guardar congruencia con los objetivos establecidos en la Ley;
7)
Los hechos, circunstancias o documentos que acrediten el interés legítimo invocado; y,
8)
Cualquier otra información que requiera la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a fin de acreditar la existencia del interés legítimo. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe atender los requerimientos de información dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibida la solicitud, debiendo evaluar la procedencia de la solicitud conforme a las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, pudiendo requerir las aclaraciones, subsanaciones o documentación complementaria que estime necesaria para verificar la competencia, legitimación y finalidad del requerimiento. Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos, no se acredite el interés legítimo invocado o la información solicitada resulte contraria a las disposiciones legales aplicables, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros podrá denegarla mediante resolución debidamente motivada.

Articulo 36

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y ACREDITACIÓN DE INTERÉS LEGÍTIMO POR TERCEROS.

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Articulo 37

USO DE LA INFORMACIÓN. La información obtenida del Registro Centralizado de Beneficiario Final solo podrá ser utilizada para las finalidades previstas en la Ley, para la prevención, detección, análisis, investigación, persecución y juzgamiento del lavado de activos y sus delitos precedentes, del financiamiento del terrorismo, del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de la corrupción y de la delincuencia organizada, para la asistencia administrativa mutua, para el ejercicio de los derechos de las personas designadas como beneficiario final y para la cooperación internacional.

Articulo 38

CONFIDENCIALIDAD. Toda persona que, por razón de su cargo, función, contrato, autorización o relación institucional, tenga acceso a la información del Registro Centralizado de Beneficiario Final, estará obligada a guardar estricta confidencialidad sobre la misma, durante la relación con el Registro Centralizado de Beneficiario Final y aun después de finalizada. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Articulo 39

CONSULTA SOBRE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecerá un mecanismo seguro para que las personas naturales puedan consultar si han sido registradas como beneficiarios finales en el Registro Centralizado de Beneficiario Final.

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Articulo 40

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL REGISTRO CENTRALIZADO DE BENEFICIARIO FINAL. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros de oficio o a petición de autoridad competente, debe realizar acciones periódicas para revisar y verificar la información y documentación suministrada al Registro Centralizado de Beneficiario Final, a fin de constatar su exactitud, integridad, consistencia, actualidad y respaldo documental. Las inconsistencias detectadas durante procesos de validación o verificación no implicarán por sí mismas la determinación de una infracción, debiendo otorgarse, cuando corresponda según la naturaleza del hallazgo, oportunidad para aclarar, complementar o subsanar la información, sin perjuicio del inicio del procedimiento sancionador cuando existan elementos suficientes que indiquen un incumplimiento.

Articulo 41

INTEROPERABILIDAD, CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Con el propósito de verificar y validar la información relativa a los beneficiarios finales registrada en el Registro Centralizado de Beneficiario Final, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros podrá establecer mecanismos de interoperabilidad, consulta, cruce y contraste de información con las entidades de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, Órganos Constitucionales e instituciones privadas que posean información necesaria para dichos fines, de conformidad con lo establecido en la Ley. La información obtenida mediante dichos mecanismos deberá limitarse a aquella que resulte necesaria y pertinente para verificar y validar los datos contenidos en la Declaración Jurada del Registro Centralizado de Beneficiario Final, y su tratamiento estará sujeto a las disposiciones de confidencialidad, seguridad, integridad y trazabilidad establecidas en la Ley y el presente Reglamento. La implementación de mecanismos de interoperabilidad, no impedirá que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros formule requerimientos específicos de información o documentación cuando estos resulten necesarios para complementar, aclarar, contrastar o verificar la información registrada.

Articulo 42

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. Para el cumplimiento de la Ley y este Reglamento, la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, los Órganos Constitucionales y las Instituciones Privadas, están obligadas a atender, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento formal, las solicitudes de información que formule la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con el propósito de verificar y validar la información de los datos contenidas en la Declaración Jurada del Registro Centralizado

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Articulo 43

SUBSANACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros detecte inconsistencias, errores, omisiones, contradicciones o indicios de falsedad en la información registrada, podrá requerir a las personas jurídicas y estructuras jurídicas para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibida la solicitud proceda a subsanar, aclarar, rectificar o justificar la información correspondiente. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que imposibiliten la subsanación, aclaración, rectificación o justificación dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la persona jurídica o estructura jurídica podrá solicitar una ampliación del plazo, acreditando los motivos que impiden su cumplimiento oportuno. En estos casos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros podrá otorgar una prórroga de plazo de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando las inconsistencias, errores, omisiones, contradicciones o indicios de falsedad sean corregidos dentro del plazo otorgado, la Comisión podrá archivar las diligencias cuando se trate de requisitos meramente formales que no afecten los fines del Registro Centralizado de Beneficiario Final, o considerar la subsanación como una circunstancia atenuante para la determinación de la sanción correspondiente. La subsanación efectuada fuera del plazo concedido no eximirá de responsabilidad, pero podrá ser valorada como circunstancia atenuante. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en casos de reincidencia, suministro de información falsa, obstrucción a la supervisión o cuando la infracción comprometa la transparencia, confiabilidad o integridad de la información del Registro Centralizado de Beneficiario Final. TÍTULO VIII RÉGIMEN SANCIONADOR CAPÍTULO I INFRACCIONES

Articulo 44

DE LAS INFRACCIONES DE LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS. Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que incumpla las obligaciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, siempre que la conducta no constituya un ilícito penal. Las personas jurídicas y estructuras jurídicas responsables estarán sujetas a las sanciones administrativas previstas en el presente Título.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 No constituirá infracción el incumplimiento de las obligaciones, cuando este obedezca a un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado y valorado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Articulo 45

GRADUALIDAD DE LAS INFRACCIONES. Para efectos del presente Reglamento, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a la naturaleza de la obligación incumplida, la reincidencia, el grado de afectación en la identificación del beneficiario final, la existencia de dolo o negligencia, el tamaño y capacidad económica de la persona jurídica y estructura jurídica obligada a registrarse, el riesgo generado y la colaboración prestada para subsanar el incumplimiento.

Articulo 46

INFRACCIONES LEVES. Son infracciones leves los incumplimientos de carácter formal que no comprometan la integridad, exactitud, actualización o verificabilidad de la información sobre el beneficiario final, incluyendo errores materiales, omisiones no sustanciales e inconsistencias menores en el cumplimiento de obligaciones.

Articulo 47

INFRACCIONES GRAVES. Se consideran infracciones graves aquellas acciones u omisiones de carácter material que afecten la calidad, integridad, exactitud, actualización o verificabilidad de la información sobre los beneficiarios finales registrada en el Registro Centralizado de Beneficiario Final.

Articulo 48

INFRACCIONES MUY GRAVES. Se consideran infracciones muy graves aquellas conductas dolosas que imposibiliten o dificulten la identificación y verificación del beneficiario final, afecten la confiabilidad de la información registrada o menoscaben los fines del Registro Centralizado de Beneficiario Final, incluyendo el suministro de información falsa, el ocultamiento del beneficiario final.

Articulo 49

TIPOS DE INFRACCIONES. La calificación de las infracciones y la determinación de las sanciones aplicables, se realizarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción cometida, tomando en cuenta las condiciones en que se cometa la infracción, de conformidad a las siguientes categorías: Infracciones Leves: a) Incumplir los requerimientos de rectificación o subsanación formulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dentro del plazo otorgado, cuando estos recaigan sobre errores formales, inconsistencias menores o deficiencias de carácter no sustancial que no impidan la identificación del beneficiario final ni afecten la determinación o verificabilidad de la información registrada; b) Omitir información complementaria requerida en la Declaración Jurada del Registro Centralizado de Beneficiario Final, siempre que dicha omisión no afecte la identificación, determinación o verificación del beneficiario final; c) Cualquier otro incumplimiento de carácter formal previsto en la Ley, el presente Reglamento o la normativa aplicable,

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 siempre que no comprometa la integridad, exactitud, actualización o verificabilidad de la información sobre el beneficiario final. Infracciones Graves:

a)
Presentar de manera extemporánea, la declaración de información sobre el beneficiario final ante el Registro Centralizado de Beneficiario Final;
b)
No actualizar, dentro de los plazos establecidos, la información del beneficiario final cuando se produzcan cambios que deban ser reportados conforme a la Ley y el presente Reglamento;
c)
No informar oportunamente al Registro Centralizado de Beneficiario Final la extinción, disolución, liquidación, absorción, fusión, transformación o inactividad de la persona jurídica o estructura jurídica, cuando proceda conforme a la Ley y el presente Reglamento;
d)
Incumplir las obligaciones de identificación y determinación del beneficiario final conforme a los criterios establecidos en la Ley y el presente Reglamento;
e)
Registrar o mantener como beneficiario final a una persona que no reúna dicha condición, como consecuencia del incumplimiento de los criterios de identificación y determinación establecidos en la Ley;
f)
No atender dentro del plazo establecido en la Ley y sin causa justificada, los requerimientos de información, documentación, aclaración, corrección o subsanación formulados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuando el incumplimiento impida o dificulte significativamente la verificación o validación de la información del Beneficiario Final;
g)
No conservar, durante el plazo de cinco (5) años, la información, documentación, registros, archivos y correspondencia que permitan acreditar o identificar adecuadamente a los beneficiarios finales; y,
h)
Cualquier otro incumplimiento previsto en la Ley, el presente Reglamento o la normativa aplicable y que no se encuentre expresamente tipificado como infracción leve o muy grave. Infracciones Muy Graves:
- a)
  Omitir la presentación de la Declaración Jurada de Beneficiario Final requerida por la Ley y el presente Reglamento;
- b)
  Proporcionar información incompleta, inexacta, inconsistente o insuficiente que afecte la verificación o validación del beneficiario final;
- c)
  Negarse injustificadamente a proporcionar la información o documentación requerida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuando dicha conducta imposibilite la identificación o verificación del beneficiario final;
  La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 d) Omitir la presentación de la información o documentación relativa a socios, accionistas, partícipes u otras personas o entidades que integran la cadena de propiedad o control cuando dicha información resulte necesaria para identificar o determinar el beneficiario final; e) Omitir, ocultar o declarar de manera incompleta la cadena de propiedad o control necesaria para identificar al beneficiario final; f) Obstaculizar, impedir o interferir las actuaciones de revisión, verificación o supervisión realizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; y, g) Cualquier otra conducta u omisión que, por su naturaleza o efectos, imposibilite o dificulte significativamente la identificación o verificación del beneficiario final, afecte la confiabilidad de la información registrada o menoscabe los fines del Registro Centralizado de Beneficiario Final.

Articulo 50

INDEPENDENCIA Y CONCURRENCIA DE LAS INFRACCIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. En un mismo procedimiento administrativo sancionador podrán determinarse una o más infracciones, las cuales serán sancionadas de manera independiente cuando correspondan a hechos, acciones u omisiones autónomos y diferenciables, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. La imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento de la obligación que dio origen a la infracción, por lo que deberá presentar, actualizar, corregir, completar o conservar la información o documentación correspondiente, según proceda. Cuando una misma conducta sea susceptible de ser calificada conforme a dos o más tipos infractores previstos en este Reglamento, se aplicará la sanción correspondiente a la infracción de mayor gravedad. Quedarán absorbidas aquellas infracciones que constituyan un medio necesario, una consecuencia inherente o un elemento integrante de la infracción principal. Las sanciones se impondrán por cada incumplimiento o inobservancia autónoma y debidamente acreditada, de conformidad con lo establecido en la Ley. CAPÍTULO II DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Articulo 51

SANCIONES. Las infracciones previstas en el presente Reglamento serán sancionadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con multa equivalente de veinte (20) a quinientos (500) salarios mínimos, atendiendo la gravedad de la infracción aplicable por cada inobservancia o incumplimiento, tomando en consideración el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona jurídica o estructura jurídica de que se trate.

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Articulo 52

ÓRGANO SANCIONADOR. Corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros conocer y resolver los procedimientos administrativos sancionadores derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones emitidas en el ámbito de sus competencias, así como imponer las sanciones administrativas que correspondan. La investigación e instrucción del procedimiento administrativo sancionador estará a cargo de la dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final, la cual realizará las actuaciones necesarias para establecer la posible existencia de una infracción y elevará el expediente a la autoridad competente para su resolución, con observancia del debido proceso y el derecho de defensa.

Articulo 53

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. El procedimiento sancionador debe garantizar el derecho de defensa, debido proceso, contradicción, motivación de las resoluciones, proporcionalidad de la sanción y demás garantías reconocidas por la Constitución de la República y las leyes aplicables.

Articulo 54

INFORME PRELIMINAR DE INCUMPLIMIENTO. Cuando la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, identifique hechos u omisiones que pudieran constituir infracciones a las disposiciones establecidas en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones emitidas por ésta, elaborará un informe preliminar de incumplimiento. El informe deberá contener, como mínimo, la identificación de los hechos u omisiones atribuidos; las disposiciones presuntamente infringidas; los elementos que sustentan la imputación; la calificación preliminar de la infracción y la sanción que pudiera corresponder, sin que dicha calificación implique una determinación definitiva de responsabilidad. La Secretaría General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros notificará el informe preliminar de incumplimiento a la persona jurídica o estructura jurídica presuntamente responsable, o a su representante legal, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, presente por escrito los descargos y medios de prueba que estimen pertinentes para el ejercicio de su derecho de defensa.

Articulo 55

FALTA DE PRESENTACIÓN DE DESCARGOS. Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, sin que la persona jurídica o estructura jurídica a quien se le atribuye el presunto incumplimiento haya presentado descargos, la Secretaría General hará constar dicha circunstancia en el expediente y de oficio tendrá por vencido el plazo concedido para tal efecto y procederá a caducar el término, comunicándolo a la dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final, para la continuación del procedimiento.

La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 Esta dependencia valorará los hechos y documentos que obren en el expediente y elaborará el informe técnico el cual deberá someterse a dictamen de la Gerencia Legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, posteriormente elaborará, el proyecto de resolución debidamente motivado, previo a su remisión a la autoridad competente para su aprobación.

Articulo 56

EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS. Presentados los descargos dentro del plazo establecido, la Secretaría General remitirá a la dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final, para que ésta proceda a analizar los argumentos, elementos probatorios presentados y demás antecedentes que obran en el expediente, a fin de determinar si estos desvirtúan total o parcialmente los hechos u omisiones imputados. La dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final elaborará un informe técnico debidamente motivado, en el que recomendará el archivo de las actuaciones cuando no exista mérito para determinar responsabilidad administrativa, o la continuación del procedimiento para la imposición de la sanción correspondiente. Cuando se determine la existencia de responsabilidad administrativa, emitirá dictamen técnico, donde conste la calificación preliminar de la infracción o la responsabilidad administrativa atribuida, para lo cual deberá tomar en cuenta las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes señaladas en el presente Reglamento; y de conformidad con lo establecido en el Artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo remitirá a la Gerencia Legal para la emisión del dictamen respectivo. Una vez emitido el dictamen legal y recibido en la dependencia responsable del Registro Centralizado de Beneficiario Final, ésta elaborará el proyecto de resolución y lo elevará a la autoridad competente para su aprobación.

Articulo 57

APLICACIÓN DE SANCIONES. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros impondrá las sanciones previstas en la Ley, tomando en consideración la gravedad de la infracción, reincidencia, daño ocasionado, riesgo generado, capacidad económica del infractor, colaboración prestada, corrección y/o subsanación voluntaria, y demás criterios de proporcionalidad.

Articulo 58

RESOLUCIÓN QUE IMPONE LA SANCIÓN. La resolución mediante la cual se impone la sanción deberá contener:

a)
Motivo y valor de la sanción;
b)
Detalle del procedimiento de pago a seguir;
c)
En los casos de retraso por pago tardío, la tasa de interés señalada en el Artículo 63 del presente Reglamento;
d)
La obligación de entregar los comprobantes de pago correspondientes; y,
e)
Otras formalidades establecidas en la Ley.
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Articulo 59

NOTIFICACIONES. Las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador, serán notificadas por la Secretaría General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad con las disposiciones y formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normativa aplicable.

Articulo 60

RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra las resoluciones sancionadoras emitidas, las personas jurídicas y estructuras jurídicas podrán interponer recurso de reposición ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por conducto de la Secretaría General, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. El recurso deberá ser interpuesto por medio del apoderado legal y será tramitado y resuelto de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. La resolución del recurso de reposición pondrá fin a la vía administrativa.

Articulo 61

PAGO DE LAS MULTAS. Las multas impuestas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a las personas jurídicas y estructuras jurídicas deberán hacerse efectivas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la correspondiente resolución del recurso. La interposición de recursos contra las resoluciones que imponga multas una vez agotada la vía administrativa no suspenderá el pago de éstas. Si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de haberse agotado la vía administrativa, no se hubiese acreditado el pago de la multa, la Procuraduría General de la República, a pedimento de la Comisión, hará la reclamación respectiva por la vía ejecutiva. La certificación de la resolución pertinente, emitida por la Comisión, tendrá fuerza ejecutiva. El cobro de esta multa constituye un acto de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por lo que, lo dispuesto en la Sección Primera del Capítulo Quinto del Título Cuarto de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no le será aplicable de conformidad a lo establecido en el Artículo 36 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El pago se hará efectivo en un fondo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en la institución bancaria autorizada por tal efecto.

Articulo 62

PRESENTACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO. Efectuado el pago de la multa, las personas jurídicas y estructuras jurídicas deberán presentar ante la Secretaría General, el comprobante de pago correspondientes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado el pago, a efecto de acreditar el cumplimiento de la sanción pecuniaria y proceder a su incorporación al expediente administrativo.

Articulo 63

RETRASOS EN EL PAGO DE LA MULTA. El incumplimiento del pago de las multas dentro del plazo establecido dará lugar, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento

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Articulo 64

REMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando en el ejercicio de sus funciones, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros advierta hechos o indicios que pudieran ser constitutivos de delito, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Público y remitirá los antecedentes correspondientes para que proceda conforme a sus atribuciones legales. La remisión de los antecedentes al Ministerio Público se realizará sin perjuicio de las actuaciones administrativas que correspondan conforme a la Ley y el presente Reglamento. CAPÍTULO IV OBLIGACIÓN DE CONVERSIÓN DE ACCIONES AL PORTADOR

Articulo 65

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONVERSIÓN DE ACCIONES AL PORTADOR. El incumplimiento de la obligación de conversión de acciones al portador en acciones nominativas, así como de las formalidades registrales derivadas de dicha conversión, dentro de los plazos establecidos en la Ley dará lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador señalado en el presente Reglamento, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de efectuar su regularización. Determinada la responsabilidad administrativa, para la graduación de la sanción correspondiente se considerarán el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de sociedad mercantil de que se trate, con una multa administrativa de diez (10) hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos promedio vigentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley y demás criterios aplicables previstos en el presente Reglamento. Para la imposición de la multa correspondiente, se aplicará el procedimiento administrativo sancionador establecido en el presente Reglamento.

Articulo 66

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONVERSIÓN. El incumplimiento de la obligación de convertir las acciones al portador en acciones nominativas, así como de las demás formalidades establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, producirá las consecuencias jurídicas previstas en la Ley.

Articulo 67

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Efectuada la conversión de acciones al portador en acciones nominativas, la sociedad deberá identificar a los titulares de las acciones nominativas, determinar y declarar, cuando corresponda, a las personas naturales que ostenten la condición de beneficiario final, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. CAPÍTULO V CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, AGRAVANTES Y ATENUANTES

Articulo 68

EXIMENTES. No hay lugar a la aplicación de las sanciones, por consiguiente,

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a)
Caso Fortuito o Fuerza Mayor: Cuando el acto sea consecuencia de eventos o situaciones ajenas al control de la persona jurídica o estructura jurídica relacionadas con la misma y que se produzcan sin mediar culpa o negligencia;
b)
Cumplimiento de Normas Legales: Cuando el acto de infracción a la Ley y a los ordenamientos jurídicos tutelados se haya realizado en cumplimiento de otra norma legal o porque esa otra disposición se lo autorice;
c)
Error Numérico: Cuando la falta sea consecuencia de un error numérico debidamente comprobado, toda vez que la valoración de los hechos determine que no se ha pretendido adulterar, falsear, encubrir u ocultar cifras verdaderas; y,
d)
Voto en Contra: Quedarán exentos de responsabilidad las personas naturales relacionadas con las personas jurídicas o estructuras jurídicas, cuando no hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes y manifestado su inconformidad antes de la rectificación del acta de la sesión correspondiente, o en su caso de haber asistido hubiesen votado en contra de las decisiones o acuerdos tomados que hayan dado lugar a las infracciones, lo cual debe constar en las actas correspondientes.

Articulo 69

AGRAVANTES. Tomando en cuenta la capacidad técnica y operativa de las personas jurídicas y estructuras jurídicas, se considerarán circunstancias agravantes las siguientes:

a)
Reincidencia: Entendiéndose como tal, cuando quien haya sido sancionado por resolución firme de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cometa una falta de la misma naturaleza, dentro del año siguiente a la fecha en que la correspondiente resolución adquirió el carácter de firme;
b)
La Habitualidad: Entendiéndose como tal, haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en más de tres (3) oportunidades, en un mismo ejercicio financiero, por faltas de distinta naturaleza;
c)
La Premeditación Conocida: Que se da cuando el autor ha manifestado su intención de cometer la falta;
d)
El Ocultamiento de la Información: Que se configura cuando el infractor haya evitado que se tome conocimiento de la infracción, bien sea al no brindar sin justa causa la información requerida, ocultándola o dilatando su entrega, así también, retrasando el registro de las operaciones u otros documentos, dificultando las acciones de control o de cualquier otra forma;
e)
Agravamiento de los Efectos: Se configura cuando se aumenta deliberadamente la gravedad de la infracción, o cuando el
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f)
La Desobediencia y Renuencia: Cuando las personas jurídicas y estructuras jurídicas, no acatan las instrucciones u órdenes emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a efecto de regularizar o corregir las consecuencias de una falta en el plazo establecido por esta; y,
g)
Mayor Riesgo: Cuando la infracción verificada, bien sea por su monto, gravedad o por consecuencias previsibles, aumente el riesgo sobre la identificación de los beneficiarios finales.

Articulo 70

ATENUANTES. Se considerarán circunstancias atenuantes:

a)
La corrección por iniciativa propia: Cuando las personas jurídicas o estructuras jurídicas, a iniciativa propia y sin mediar requerimiento, hayan corregido o normalizado la situación anómala, neutralizando los posibles efectos;
b)
Comportamiento: La ausencia de reincidencia y habitualidad; y,
c)
Cualquier otra circunstancia calificada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. TÍTULO IX COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CAPÍTULO ÚNICO COOPERACIÓN NACIONAL

Articulo 71

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Las entidades de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada, Descentralizada, Órganos Constitucionales y las Instituciones Privadas en el ámbito de sus atribuciones y competencias deben colaborar con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en la verificación, validación y actualización de la información contenida en el Registro Centralizado de Beneficiario Final, mediante el intercambio de información, la atención oportuna de requerimientos, el acceso a bases de datos, registros o sistemas de información, la remisión de documentos y antecedentes pertinentes, la implementación de mecanismos de interoperabilidad y cualquier otra acción necesaria para garantizar la veracidad, exactitud y actualidad de la información registrada, de conformidad con la Ley, Ley Especial Contra el Lavado de Activos y el presente Reglamento.

Articulo 72

OPERATIVIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Para la implementación de los acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, protocolos de acceso o mecanismos de cooperación previstos en el presente Reglamento, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecerá, en coordinación con las autoridades descritas en el artículo anterior, los procedimientos y mecanismos técnicos, tecnológicos y administrativos necesarios para garantizar el acceso, consulta e intercambio de información.

Articulo 73

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO

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Articulo 74

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LOS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA CON EL CLIENTE. Los sujetos obligados deberán requerir a las personas jurídicas y estructuras jurídicas, la constancia de inscripción en el Registro Centralizado de Beneficiario Final administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como parte de sus procesos de Debida Diligencia del Cliente (DDC). La constancia deberá incorporarse y conservarse en el expediente del cliente. Su presentación no sustituye la obligación del sujeto obligado de identificar y verificar al beneficiario final ni el cumplimiento de las demás medidas de DDC establecidas en la normativa aplicable.

Articulo 75

FORMATOS, MANUALES Y DISPOSICIONES TÉCNICAS. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitirá los formatos, manuales, guías, instructivos, circulares, resoluciones y demás disposiciones técnicas

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Articulo 76

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros podrá implementar progresivamente los módulos, funcionalidades, mecanismos de interoperabilidad, accesos automatizados, validaciones y demás componentes del Registro Centralizado de Beneficiario Final, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley.

Articulo 77

SUPLETORIEDAD. En lo no previsto expresamente en el presente Reglamento, serán aplicables de forma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo, la normativa emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y demás disposiciones legales que resulten aplicables.

Articulo 78

CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en el presente Reglamento o en la Ley serán resueltos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales, quienes podrán requerir cualquier documentación técnica o legal para pronunciarse sobre estos efectos.

Articulo 79

VIGENCIA. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 2. Instruir a la Secretaría General de esta Comisión para que realice las gestiones pertinentes a fin de que la presente Resolución sea remitida por los canales correspondientes a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), para efectos de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 3. Instruir a la Secretaría General para que proceda a comunicar la presente Resolución a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Pensiones y Valores, Gerencia de Riesgos, Gerencia Legal, Gerencia de Protección al Usuario Financiero, Gerencia de Educación e Inclusión Financiera y Género y Unidad de Inteligencia Financiera, para su conocimiento y demás efectos en el ámbito de sus respectivas competencias. 4. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. … Queda aprobado por unanimidad. … F) NICOLÁS JOSÉ GARCÍA PINEDA, Presidente; GUSTAVO RAFAEL SOLÓRZANO DÍAZ, Comisionado Propietario; ALEX ROBERTO LARA ENAMORADO, Comisionado Suplente; EDILIA GODOY GODOY, Secretaria General”. Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veintiséis. EDILIA GODOY GODOY Secretaria General 19 O. 2026.

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Certificación

Certificación No. 1978 — Certificación del Acta de la Sesión No. 1978 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

CERTIFICACIÓN La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del Acta de la Sesión No.1978 celebrada en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis, con la asistencia de los Comisionados NICOLÁS JOSÉ GARCÍA PINEDA, Presidente; GUSTAVO RAFAEL SOLÓRZANO DÍAZ, Comisionado Propietario; ALEX ROBERTO LARA ENAMORADO, Superintendente de Seguros, designado por el Presidente para integrar la Comisión en calidad de Comisionado Suplente por disposición del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; EDILIA GODOY GODOY, Secretaria General; que dice: “… 5. Asuntos Varios: … literal a) …

Resolución

Resolución No. GEE 616-2026 — Aprobación del Reglamento del Registro Centralizado de Beneficiario Final

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

1.
Que el Artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establece que la Comisión supervisará las actividades financieras, de seguros, previsionales, de valores y demás relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; y otras instituciones financieras y actividades, determinadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; además, vigilará que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades, con sujeción a los criterios siguientes: a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con las leyes de la República y con el interés público; b)…; c)…; d) Que las instituciones supervisadas cuenten con los niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; e) Que la supervisión en el área de su competencia, promueva la estabilidad del sistema financiero, en complemento a la labor del Banco Central de Honduras en dicha materia; f)…; g)…; y, h)…
2.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, numerales 1), 2) y 10) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, corresponde a este Ente Supervisor, revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas; dictar las normas que se requieran para el cumplimiento de los cometidos previstos en el Considerando anterior, lo mismo que las normas prudenciales que deberán cumplir las instituciones supervisadas, para lo cual se basará en la legislación vigente y en los acuerdos y prácticas internacionales. Asimismo, corresponde a esta Comisión establecer los criterios que deben seguirse para la valoración de los activos y pasivos y para la constitución de provisiones por riesgos con el objeto de preservar y reflejar razonablemente la situación de liquidez y solvencia de las instituciones supervisadas, para lo cual actuará de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas y prácticas internacionales.
La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273
3.
Que, de conformidad con los Artículos 328, 329 y 347 de la Constitución de la República, el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción; el Estado promueve el desarrollo económico y social, que debe estar sujeto a una planificación estratégica; y la producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor.
4.
Que, mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-04-2022 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 6 de abril de 2022, la Presidenta Constitucional en Consejo de Secretarios de Estado, decretó declarar al sector agropecuario como prioridad nacional y de interés público, señalando que el Poder Ejecutivo y los demás sectores relacionados, deben coadyuvar sus esfuerzos para la implementación de acciones eficientes y eficaces para el fortalecimiento de dicho sector, a fin de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en condiciones de pobreza extrema.
5.
Que, mediante notas de fechas 9 de abril de 2026, la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR) y 1 de julio de 2026, la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur (APEMASUR), expusieron ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Presidencia de la República las afectaciones que enfrentan el sector agropecuario y, particularmente, los pequeños y medianos productores de camarón de la zona sur del país; en dichas comunicaciones se señala que las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño, el incremento de los costos de producción e insumos, la disminución de la demanda y de los precios en los mercados internacionales, así como los cambios en las condiciones de acceso a determinados mercados externos, han provocado pérdidas productivas, reducción de ingresos y un deterioro temporal de la capacidad de pago de los productores; asimismo, el 1 de septiembre de 2026 la CCISUR remitió la información técnica soporte para la solicitud de adopción de mecanismos temporales de alivio en apoyo al sector agropecuario particularmente al sector acuícola, en atención al Oficio PDTE-610/2026. En ese contexto, CCISUR y APEMASUR solicitaron el acompañamiento del Estado de Honduras para atender la problemática de dicho sector.
6.
Que, mediante nota de fecha 31 de agosto de 2026, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), solicitó a esta Comisión evaluar la emisión de disposiciones o mecanismos temporales que permitan a las instituciones supervisadas implementar, bajo criterios técnicos, prudenciales y debidamente documentados, medidas de reprogramación o reestructuración de obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de plazos, tratamiento regulatorio temporal de las operaciones modificadas y otorgamiento de nuevos recursos para capital de trabajo y rehabilitación productiva, con el propósito de
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7.
Que conforme con la información publicada por el Banco Central de Honduras (BCH), con datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y cifras preliminares de exportación acumuladas a junio de 2026, la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca registró un crecimiento interanual de 4.6%; no obstante, la actividad específica de pesca, dentro de la cual se incluye la producción camaronera, presentó una contracción de 6.0%; asimismo, las exportaciones agropecuarias mostraron un incremento interanual de 13.3%, impulsado, entre otros productos, por el crecimiento de 9.0% en las exportaciones de camarones congelados; mientras que las exportaciones de camarones de cultivo, vivos, frescos o refrigerados disminuyeron 40.4%; lo anterior, evidencia un comportamiento diferenciado, en el que la recuperación observada en la actividad agropecuaria y en determinados productos de exportación coexiste con afectaciones en la pesca y en algunos rubros acuícolas, los cuales continúan expuestos a factores climáticos y a condiciones externas que pueden incidir en los ingresos, la capacidad de pago y la continuidad productiva de los productores afectados.
8.
Que, de conformidad con las cifras reportadas por las instituciones supervisadas con cifras al mes de julio de 2026, la cartera crediticia del sector agropecuario representa el 11.8% de la cartera total financiada por el sistema financiero, constituyéndose en un segmento de importancia para la actividad económica nacional; mostrando un crecimiento interanual de 2.6%, en contraste con el crecimiento de 7.9% observado en la cartera total del sistema financiero para ese mismo periodo. Asimismo, el índice de mora del sector agropecuario se situó en 3.5%, reflejando un leve incremento respecto al año anterior; adicionalmente, la experiencia del mecanismo temporal de alivio aprobado en 2024 evidenció que el sector de cultivo y exportación de camarón y langosta concentró el 79.4% de los montos readecuados o refinanciados, lo que demuestra su relevancia dentro de los sectores que requirieron medidas de apoyo. Asimismo, de los resultados obtenidos de los análisis de impacto en los niveles de solvencia derivado del deterioro de la cartera expuesta del fenómeno de El Niño, se determinó conveniente la emisión de medidas prudenciales que permitan a las instituciones supervisadas apoyar al sector agropecuario ante la emergencia climática, salvaguardando un equilibrio entre la gestión de riesgo y la estabilidad financiera.
9.
Que conforme con los Boletines de Alerta Nos. 013-2026 y 014-2026, emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) los días 23 y 26 de mayo de 2026 respectivamente, se declaró y amplió por tiempo indefinido la Alerta Verde ante la posible ocurrencia de sequía meteorológica, comprendiendo inicialmente 60 municipios y extendiéndose posteriormente a 75 municipios del país, dichas medidas se sustentaron en el retraso del inicio
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10.
Que, mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-016-2026 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 19 de agosto de 2026, el Presidente en Consejo de Secretarios de Estado declaró Estado de Emergencia en setenta y cinco (75) municipios de los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, afectados por el fenómeno de “El Niño” y la sequía meteorológica, así como en cualquier otro departamento, municipio o sector del territorio nacional que, durante la vigencia del referido Decreto Ejecutivo, sea incorporado mediante informes técnicos emitidos por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), en los que se determine la existencia de condiciones de sequía, déficit hídrico o afectaciones derivadas de fenómenos climáticos que requieran la intervención del Estado.
11.
Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera que con el propósito de contribuir con el desarrollo de la actividad agropecuaria para que coadyuve a garantizar la seguridad alimentaria del país, considera procedente aprobar nuevas medidas temporales de alivio para los deudores de ese sector, con la finalidad de que puedan atender, entre otros, los desafíos señalados en los Considerandos (5), (6), (8), (9) y (10) precedentes, y asegurar que las instituciones supervisadas provean de forma ordenada, los recursos necesarios para rehabilitar la capacidad productiva, sin repercusiones negativas en la estabilidad financiera.
12.
Que, mediante Dictamen Técnico- Legal SBOUA-DT-204/2026, GEEGE-DT-94/2026, GRIGR-DT-126/2026 y GLEAI-DL-305/2026, emitido conjuntamente por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera, la Gerencia de Riesgos y la Gerencia Legal,
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Resolución

Resolución No. 615-2026 — Autorización para modificar escritura de constitución de BANCO FICOHSA mediante aumento de capital social con emisión de acciones preferentes

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

1.
Que el 31 de julio de 2026, el Abogado Marco Antonio Ponce Valle, en su condición de Apoderado Legal de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), presentó ante la Secretaría General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el escrito intitulado “SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EN VIRTUD DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE EMISIÓN DE ACCIONES PREFERENTES. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PODER. –”, con el fin de que se le autorice lo siguiente:
- a)
  Aumento de capital social de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L8,981,522,500.00) a NUEVE MIL DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L9,017,522,500.00), lo que representa un aumento de TREINTA Y SEIS MILLONES DE LEMPIRAS (L36,000,000.00). Dicho incremento se realizaría mediante la emisión de TRESCIENTAS SESENTA MIL (360,000) acciones preferentes, con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L100.00) cada una, las cuales serían suscritas por un nuevo accionista. Asimismo, se indica que dicho inversionista pagará adicionalmente una prima de DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS (L2,400.00) por acción, monto que será registrado contablemente como superávit, resultando en una inversión total de NOVECIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L900,000,000.00);
- b)
  Incorporación del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) como nuevo accionista; y,
- c)
  Reforma de las Cláusulas SÉPTIMA y NOVENA de la Escritura de Constitución en virtud del precitado incremento de capital social.
2.
Que la solicitud de mérito se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 5, 12 y 40 de la Ley del Sistema Financiero, los cuales establecen, entre otros aspectos, que cuando la escritura social lo autorice, las instituciones podrán emitir acciones preferentes o con restricción al derecho de voto hasta por un porcentaje que no exceda de un tercio (1/3) de su capital social. Asimismo, dichas disposiciones señalan que toda modificación de la escritura pública de constitución y de los estatutos sociales de las instituciones sujetas a dicha Ley, así como los aumentos o reducciones de capital, requieren autorización previa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En relación con el límite establecido para la emisión de acciones preferentes, y considerando que el capital social autorizado de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) al 31 de julio de 2026
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3.
Que los acuerdos adoptados por BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), sobre el incremento de capital social sujeto de autorización a través de la emisión de acciones preferentes a ser pagadas por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) como nuevo accionista, y la reforma de las Cláusulas SÉPTIMA y NOVENA de la Escritura de Constitución en virtud del precitado incremento de capital social, fueron aprobados en los Puntos SEGUNDO y TERCERO del Acta No.107 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco, celebrada el 29 de julio de 2026, la cual fue protocolizada mediante Instrumento Público No.523 autorizado por el Notario Ever Danilo Várgas Copland en la fecha antes mencionada, mismo que se encuentra inscrito bajo el No.109904, matrícula 62938 del Registro Mercantil de Francisco Morazán.
4.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) mediante Resolución DI No.114-2026 certifica el Acta No.004- 2026 del Comité Ejecutivo de Inversiones de esta misma institución, en la cual se aprobó lo siguiente: “SEGUNDO: Dar por recibido y aprobado el Informe de Factibilidad sobre la Oferta de Inversión en Acciones Preferentes no acumulativas emitidas por Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA), presentado conjuntamente por las áreas de Finanzas, Riesgos, Actuaría y Servicios Legales.- TERCERO: Aprobar la inversión en acciones preferentes no acumulativas emitidas por Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (FICOHSA), por un monto de NOVECIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.900,000,000.00), considerando la rentabilidad ofrecida del nueve punto cincuenta por ciento (9.50%) anual, así como la solidez financiera del emisor, las proyecciones de flujo y el fortalecimiento del portafolio institucional. SÉPTIMO: Aprobar las decisiones de inversión presentadas al Comité Ejecutivo de Inversiones (CEI) consistentes en: a)… b)… c) REALIZAR LA INVERSIÓN NUEVA EN LEMPIRAS en acciones preferentes utilizando el total de vencimiento que es de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L825,900,000.00) y complementando con recursos disponibles en flujo de efectivo por un monto de SETENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.74,100,000.00), sumando un total de NOVECIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L900,000,000.00).”.
5.
Que del análisis preliminar efectuado a la documentación presentada, la Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera en conjunto con
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6.
Que BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) en el Acta No.107, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de julio de 2026, aprobó una emisión de acciones preferentes que se realizará bajo las siguientes condiciones: Emisor: Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. Monto de Emisión: L36,000,000.00. Acciones Emitidas: 360,000 acciones preferentes en distintas series. Valor nominal: L100.00, por acción. Prima sobre valor nominal: L2,400.00 por cada acción preferente. Este valor se registrará contablemente como "superávit". Precio de venta: L2,500.00 por cada Acción preferente. Pago Dividendos: Las Acciones Preferentes devengarán un dividendo anual (no acumulativo) del nueve punto cincuenta por ciento (9.50%) sobre el monto invertido. No permite la acumulación de dividendos, o su pago diferido en forma alguna, incluyendo el pago en otras acciones ordinarias o preferentes. Sin perjuicio de reconocer los derechos que establece el Artículo 149 del Código de Comercio. Modalidad de pago: La modalidad de pago será semestral, el treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre de cada año, iniciando el treinta (30) de junio de dos mil veintisiete (2027). Vencimiento: Son perpetuas (no tienen fecha de vencimiento) ni cuentan con cláusulas de remuneración escalonada crecientes, y otros incentivos para su amortización anticipada. Redención: Las Acciones Preferentes podrán ser recompradas a discreción de Ficohsa bajo un acuerdo de accionistas, de forma parcial o total, una vez transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión. Derechos: Las Acciones Preferentes no tendrán derecho a voto, pero con derecho económicos de
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Resolución

Resolución — Autorización de incremento de capital social de BANCO FICOHSA mediante emisión de acciones preferentes

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

1.
Que en caso de autorizarse el incremento de capital social propuesto mediante la emisión de acciones preferentes sin derecho a voto a ser suscritas por el INJUPEMP, dicho Instituto de Previsión pasaría a ser accionista de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) con una participación minoritaria equivalente a aproximadamente de cero punto cuarenta por ciento (0.40%). Lo anterior, según la siguiente tabla: Redención: Las Acciones Preferentes podrán ser recompradas a discreción de Ficohsa bajo un acuerdo de accionistas, de forma parcial o total, una vez transcurridos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión. Derechos: Las Acciones Preferentes no tendrán derecho a voto, pero con derecho económicos de preferencia sobre utilidades distribuidas. Colocación: Las Acciones Preferentes serán colocadas de forma privada mediante negociación directa con el INJUPEMP.
2.
Que en caso de autorizarse el incremento de capital social propuesto mediante la emisión de acciones preferentes sin derecho a voto a ser suscritas por el INJUPEMP, dicho Instituto de Previsión pasaría a ser accionista de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) con una participación minoritaria equivalente a aproximadamente de cero punto cuarenta por ciento (0.40%). Lo anterior, según la siguiente tabla: Nombre o Razón Social País de Domicilio / Nacionalidad No. Acciones Valor Total Acciones 1/ Porcentaje Acciones Comunes Grupo Financiero Ficohsa PANAMA 84,393,891 8,439,389,100.00 93.96% Interamericana de Seguros, S.A. HONDURAS 1,275,414 127,541,400.00 1.42% Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa, S.A. HONDURAS 2,440,600 244,060,000.00 2.72% Delemont Financial Inc. PANAMÁ 895,153 89,515,300.00 1.00% Synergy Investments of Iberoamerica, Inc. PANAMA 191,312 19,131,200.00 0.21% Investment Working Group PANAMA 127,541 12,754,100.00 0.14% Distribuciones Universales, S.A. de C.V. HONDURAS 127,541 12,754,100.00 0.14% L.G.K Investment Corporation PANAMA 63,772 6,377,200.00 0.07% Luis Atala Faraj HONDURAS 1 100.00 0.000001% Acciones Preferentes 2/ Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) HONDURAS 300,000 30,000,000.00 0.33% INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) HONDURAS 360,000 36,000,000.00 0.40% TOTAL 90,175,225 9,017,522,500.00 100.00% 1/ cada acción tiene un valor de L100.00 2/ acciones preferentes sin derecho a voto
3.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), es una entidad previsional contributiva de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa; teniendo por objeto la prestación de los beneficios establecidos en su Ley, mediante la captación, administración, inversión de sus recursos económicos. En el año de 1971 se emitió el Decreto No.138 de fecha 7 de abril de 1971, contentivo de la Ley de Jubilaciones y Pensiones
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4.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONESYPENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), es una entidad previsional contributiva de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa; teniendo por objeto la prestación de los beneficios establecidos en su Ley, mediante la captación, administración, inversión de sus recursos económicos. En el año de 1971 se emitió el Decreto No.138 de fecha 7 de abril de 1971, contentivo de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, creándose el INJUPEMP para que mediante la percepción de los aportes patronales y cotizaciones individuales, la administración e inversión de sus recursos económicos, otorgue las prestaciones de invalidez, vejez y muerte a los participantes de El Instituto.
5.
Que las inversiones que realiza el INJUPEMP son autorizadas por el Directorio de Especialistas, en atención a las atribuciones establecidas en el Artículo 18 numeral 28) de la Ley orgánica de dicho Instituto Previsional; asimismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 del “Reglamento de Inversiones de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de los Institutos Públicos de Previsión Social”, es obligación de los Órganos de Dirección Superior, evaluar las inversiones tomando en consideración la oportunidad, conveniencia, rentabilidad y mitigantes del riesgo, por lo cual, no es facultad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, emitir opinión sobre las inversiones que realiza dicho Instituto Previsional.
6.
Que el análisis realizado por la Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera con base en la documentación que acompaña la solicitud de mérito determinó que la petición de incremento de capital social por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE LEMPIRAS (L36,000,000.00), a realizarse mediante la emisión de Trescientas Sesenta Mil (360,000) acciones preferentes a ser suscritas por el nuevo socio, INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), es procedente en virtud que dicho aumento de capital social contribuirá al fortalecimiento del patrimonio de la Institución Bancaria y a consolidar la estabilidad de los depósitos de los clientes, lo que se alinea con el crecimiento de esta. Asimismo, la evaluación realizada en relación con la idoneidad y solvencia del nuevo socio determinó que este cumple con los requisitos que establece la legislación vigente para ser accionista de la Entidad Financiera, al ser este un Instituto de Previsión que además es supervisado por esta Comisión, quien a su vez a la fecha cumple con los límites de inversión que establece la normativa vigente sobre la materia. Por otra parte, considerando que la solicitud de mérito planteada por la Entidad Peticionaria comprende también la reforma de las Cláusulas SÉPTIMA y NOVENA de la Escritura de Constitución, referentes al capital social y la composición accionaria de este, con base en el dictamen emitido por la Gerencia Legal de esta Comisión, se concluye que las reformas planteadas, se enmarcan en los lineamientos legales vigentes, incluyendo entre otras, lo establecido en los Artículos 5, 12 y 40 de la Ley del Sistema Financiero y en consecuencia se consideran como bien hechas y conforme a derecho.
7.
Que la Superintendencia de Pensiones y Valores, mediante Memorando SPVUA-OP-2-2026 del 20 de agosto de 2026, en relación con la petición de mérito, refiere que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), al cierre del mes de junio de 2026, no refleja excesos respecto al cumplimiento de los límites de inversión por Sector, Instrumento y Emisor, establecidos en los Artículos 42, 43 y 44 del “Reglamento de Inversiones de los Fondos Públicos de Pensiones por parte de los Institutos Públicos de Previsión Social”, contenido en la Resolución GEE No. 549/18-08-2025; además, en caso que el INJUPEMP realice la inversión de L900,000,000.00 en la adquisición de acciones preferentes del BANCO FICOHSA, los límites reglamentarios continúan cumpliéndose.
8.
Que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante Memorando SBOUA-OP-13-2026 del 17 de agosto de 2026, en relación con la petición de mérito, concluye que es procedente autorizar el incremento de capital y la modificación de la Escritura de Constitución por la emisión de trescientas sesenta mil (360,000) acciones preferentes con un valor nominal de L100.00 cada una, equivalente a un total de TREINTA Y SEIS MILLONES
La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273 DE LEMPIRAS (L36,000,000.00) con prima de dos mil cuatrocientos lempiras (L2,400.00) por acción, para un total de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS (L864,000,000.00) a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), lo anterior sin perjuicio de las opiniones emitidas por las demás áreas técnicas de la Comisión.
9.
Que la Gerencia Legal, mediante Dictamen GLEAI-DL-291-2026 del 8 de septiembre de 2026, concluye: PRIMERO: Previo a la respectiva comparecencia ante Notario para el otorgamiento del instrumento público correspondiente, el solicitante deberá incorporar la referencia al último instrumento de protocolización de la rectificación del Acta No. 107, celebrada el 29 de julio de 2026: INSTRUMENTO NO. 644 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026, AUTORIZADO POR EL NOTARIO EVER DANILO VARGAS COPLAND. SEGUNDO: Realizada la incorporación precitada y conforme al principio de economía y celeridad administrativa, procede que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros autorice la modificación de la Escritura de Constitución Social solicitada por el Abogado Marco Antonio Ponce Valle, en su condición de apoderado legal de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), relativa al aumento de capital social mediante la emisión de acciones preferentes, por haberse subsanado los requerimientos legales formulados en la providencia del 24 de agosto de 2026. Lo anterior se entiende sin perjuicio del análisis que, respecto de los requerimientos de naturaleza técnica, efectúen la Superintendencia de Pensiones y Valores y la Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera. Sin embargo, la referida Gerencia, luego de revisar la documentación adicional presentada el 8 de septiembre de 2026 por la Institución Peticionaria mediante escrito intitulado “MANIFESTACIÓN. SE APORTAN DOCUMENTOS ADICIONALES. –” suscrito por el Apoderado Legal del Banco, emitió el memorándum GLEGE-ME-252-2026 de fecha 9 de septiembre de 2026 en el cual expresa que de la revisión realizada al documento identificado como “DOCCR-DI-69275- 2026.docx” e incorporado al expediente SEGEX-SS-143-2026, se determinó que este contiene el borrador del instrumento mediante el cual se ejecutarán la modificación de las cláusulas SÉPTIMA y NOVENA de la escritura de constitución. Tras su análisis, se verificó que dicho borrador satisface lo dispuesto en la conclusión primera del Dictamen Legal GLEAI-DL-291- 2026 antes mencionado.
10.
Que el Dictamen Técnico GEEGE-DT-89- 2026 de fecha 10 de septiembre de 2026, emitido por la Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera, concluye y recomienda a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, autorizar a BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA) lo siguiente: 1) Incrementar su capital social de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L8,981,522,500.00) con que cuenta en la actualidad a NUEVE MIL DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L9,017,522,500.00) equivalente a un aumento de TREINTA Y SEIS MILLONES DE LEMPIRAS (L36,000,000.00) a realizarse mediante la emisión de Trescientas Sesenta Mil (360,000) acciones preferentes a ser suscritas por el nuevo socio, INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); y, b) Reformar las Cláusulas SÉPTIMA y NOVENA de la Escritura de Constitución en virtud del precitado incremento de capital social y de cambios en la estructura accionaria del Banco; de conformidad con los acuerdos adoptados en los Puntos SEGUNDO y TERCERO del Acta No.107 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esa Institución Financiera, celebrada el 29 de julio de 2026.
11.
Que con fundamento en los Dictámenes emitidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Superintendencia de Pensiones y Valores, Gerencia de Estudios Económicos, Regulación, Competencia e Innovación Financiera y la Gerencia Legal, es procedente que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros resuelva autorizar la solicitud de mérito a BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA).

Licitación

Licitación No. LPN-TJE-001-2026 — Contratación de Póliza de Seguro de Vida para Cinco (5) Magistrados y Seguro Colectivo Médico Hospitalario

Tribunal de Justicia Electoral

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Aviso de Licitación Pública No. LPN-TJE-001-2026 INVITACIÓN A OFERTAR El Tribunal de Justicia Electoral, por este medio y en cumplimiento con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia, invita a Potenciales Oferentes a presentar oferta para el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-TJE-001-2026, "Contratación de Póliza de Seguro de Vida para Cinco (5) Magistrados y Seguro Colectivo Médico Hospitalario para todo el Personal del Tribunal de Justicia Electoral". El financiamiento para la realización del proceso proviene de fondos nacionales y se efectuará de conformidad a la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. Las ofertas se presentarán en físico en sobre cerrado debidamente rotulados de conformidad a las condiciones indicadas en el Pliego de Condiciones, el 1 de diciembre 2026, en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral, ubicado en el Boulevard Centroamérica, Edificio Anexo IPM, 5to. nivel. Código postal: 11101 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. La oferta deberá estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta Original a nombre de El Tribunal de Justicia Electoral, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir del día de la fecha de apertura de la oferta y por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta. La hora límite para la recepción de las ofertas será a las 10:00 a.m. Acto seguido se procederá a la apertura de los sobres que contengan las ofertas, a las 10:15 a.m., el día 1 de diciembre de 2026, en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral, ubicado en el 5to. nivel del edificio anexo del IPM, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Mario Alberto Flores Urrutia Magistrado Presidente Tribunal de Justicia Electoral 19 O. 2026

La G aceta

Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273

Licitación

Licitación No. IHT-LPN-GC-2026-07 — Rehabilitación del Tren Turístico de la Línea Férrea de Cuero y Salado Lote 1 – Etapa 1 y Lote 2 – Etapa 2

Instituto Hondureño de Turismo

REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IHT-LPN-GC-2026-07 El Instituto Hondureño de Turismo, invita a las empresas interesadas en participar en Licitación Pública Nacional No. IHT-LPN-GC-2026-07, a presentar ofertas selladas para la “REHABILITACIÓN DEL TREN TURÍSTICO DE LA LÍNEA FÉRREA DE CUERO Y SALADO LOTE 1 – ETAPA 1 y LOTE 2 – ETAPA 2”. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos de Donación Externa. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente Licitación, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Finanzas y Administración, torre 2, piso 7 de las Oficinas del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), ubicadas en Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, teléfono (504) 22427920, a partir del día lunes diecinueve (19) de octubre del 2026 en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., previo al pago de la cantidad no reembolsable de Doscientos Lempiras exactos (200.00), los que deberán ser entregados en la Receptoría de Fondos del IHT, ubicada en el torre 2, piso 7. Podrán participar empresas constructoras en categorías EDIFICACIÓN EN GENERAL y OBRAS VIALES, precalificadas por el Instituto Hondureño de Turismo según proceso de precalificación PREC-IHT-GC-2025-02 y PREC- IHT-GC-2026-02. Los documentos de esta licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Oficinas del Instituto Hondureño de Turismo, torre 2, piso 7, Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, a más tardar a las diez de la mañana en punto (10:00 a.m.) del día martes tres (03) de noviembre del 2026, las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de cualquier persona que decida asistir al acto de Apertura de Ofertas en la dirección indicada, a las diez y quince de la mañana (10:15 a.m.) del día martes tres (03) de noviembre del 2026. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación. Tegucigalpa, M.D.C., octubre, 2026 DR. ANDRÉS DE JESÚS EHRLER MARTÍNEZ Presidente Ejecutivo Instituto Hondureño de Turismo 19 O. 2026

La G aceta

Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M. D . C . , 19 D E O C T U BRE D E L 2026 N o . 37,273

Aviso