Acuerdo Ejecutivo número 025-2022 mediante el cual se autoriza a la Procuraduría General de la República para actuar en representación del Estado en el caso Pedro Magdiel Muñoz Salvador ante organismos internacionales

Considerandos

1. 1.Que la Constitución de la República en su artículo 235 establece que la titularidad del Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente de la República.
2. 2.Que la Constitución de la República en su artículo 245 numerales 2 y 11 establece que el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado; dirigir la política general del Estado y representarlo; así como, emitir los acuerdos conforme a ley.
3. 3.Que según el artículo 228 de la Constitución de la República y el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), representa legalmente al Estado de Honduras.
4. 4.Que conforme al numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) comparecer en representación del Estado, conforme a las instrucciones del Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo y al otorgamiento de los actos o contratos en los que estuviere interesado el Estado.
5. 5.Que de conformidad al numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de la República (PGR) debe, promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que este fuere parte, para ese efecto actúa con las facultades de un apoderado general; pero, requiere autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendida mediante Acuerdo, en cada caso, para ejercer las facultades EDIS ANTONIO MONCADA JORGE ALBERTO RICO SALINAS Coordinador y Supervisor Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL designadas en el numeral 2 del artículo 81 y numeral 2 del artículo 82 del Código Procesal Civil, entre ellas desistirse de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios y delegar.
6. 6.Que el numeral 2 del artículo 81 del Código Procesal Civil, sobre Clases y modos de otorgar el poder, indica: “Sin embargo no podrá desistirse en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar a los recursos o términos legales, conciliar, tránsigir, aprobar convenios, percibir, sustituir y delegar sin que se le haya facultado expresamente para ello.” De igual forma los numerales 2 y 3 del artículo 82 determinan que: se precisa poder especial para ejercer las facultades de expresa mención, y que, el otorgamiento de facultades especiales se rige por la máxima de literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente.
7. 7.Que el presente caso versa sobre la presunta responsabilidad del Estado de Honduras por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial en el contexto del Golpe de Estado de 2009, en perjuicio de Pedro Magdiel Muñoz Salvador.
8. 8.Que el 25 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso 13.769, analizando la admisibilidad y el fondo en relación al caso Pedro Magdiel Muñoz Salvador – Honduras, emitió el informe No. 451/21 suscrito por Marisol Blanchard, en su condición de Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el referido informe indica: “Con base en las determinaciones de hecho y de derecho del informe, la Comisión Interamericana concluye que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión al derecho a reunión, a la asociación y a los derechos políticos y protección judicial establecidos en los artículos: 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 23 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Pedro Magdiel Muñoz Salvador. Igualmente, la Comisión encuentra que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y acceso a la información establecidos en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Pedro Magdiel Muñoz Salvador”.
9. 9.Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe No. 451/21 sobre el caso Pedro Magdiel Muñoz Salvador, RECOMIENDA al Estado de Honduras, 1.Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económicas y satisfacción. 2.Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de familiares de Pedro Magdiel Muñoz Salvador, de ser su voluntad y de manera concertada. 3.Continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.
10. 10.Que mediante análisis jurídico: AJ- DNDDHH-LI-PGR-008-2022, de fecha 28 de junio de 2022, emitido por la Abogada Sonia Azucena Escobar Rodríguez, en su condición de Asesora en Convencionalidad y el Abogado Nelson Gerardo Molina F., Director Nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales de la Procuraduría General de la República, indican: “…es evidente que del presente caso se desprende una aparente detención arbitraria, que dichas actuaciones al ser ilegítimas y emanadas por autoridad incompetente, actos de tortura y uso excesivo de la fuerza, que conllevó a la lamentable muerte de Pedro Magdiel Muñoz Salvador y por consiguiente la vulneración de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad de expresión), 15 (derecho de reunión), 16 (libertad de asociación), 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial); asimismo, concluye que el Estado es responsable por la violación al artículo 5 derechos a la integridad personal y acceso a la información de sus familiares”. (último párrafo de la página 13 y continuación en la página 14 del referido Análisis Jurídico).
11. 11.Que mediante análisis jurídico: AJ- DNDDHH-LI-PGR-008-2022, de fecha 28 de junio de 2022, emitido por la Abogada Sonia Azucena Escobar Rodríguez, en su condición de Asesora en Convencionalidad y el Abogado Nelson Gerardo Molina F., Director Nacional de Derechos Humanos y Litigios Internacionales de la Procuraduría General de la República, recomienda: “gestionar acuerdo ejecutivo mediante el cual se contengan las facultades de expresa mención de desistir, absolver posiciones, renunciar a los recursos y términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios de conformidad a los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, para que pueda hacer uso de las referidas facultades en lo relacionado al caso Pedro Magdiel Muñoz Salvador vr Honduras”.
12. 12.Que de conformidad al informe No. 451/21, de fecha 25 de diciembre de 2021, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso 13.769, de Pedro Magdiel Muñoz Salvador-Honduras, y al análisis jurídico: AJ-DNDDHH-LI-PGR-008-2022, de fecha 28 de junio de 2022, emitido por la Procuraduría General de la República, y con fundamento en: Los artículos 228 de la Constitución de la República, 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 81 numeral 2) y 82 numeral 2) del Código Procesal Civil; es procedente emitir el presente Acuerdo Ejecutivo para otorgar al Procura- dor General de la República Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas las facultades de expresa mención de desistirse de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar convenios y delegar, con el propósito de darle cumplimiento entre otras garantías, a la establecida en el artículo 1 de la Constitución de la República, en lo referente a asegurar a sus habitantes, en este caso en particular a los familiares de Pedro Magdiel Muñoz Salvador el goce de la justicia, reiterando que para esta administración tal y como lo establece la Constitución de la República en su artículo 59 la persona humana es el fin supremo.
13. 13.Que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada, y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. A ese efecto, el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.
14. 14.Que el artículo 248 de la Constitución de la República en su párrafo primero establece, que los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República, deberán ser autorizadas por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los Subsecretarios en su caso. Sin estos requisitos no tendrá fuerza legal.
15. 15.Que el Gobierno de la República ha expuesto la crítica situación en que recibió las finanzas públicas transcurridos 13 años del golpe de Estado que ocasionó perjuicios económicos y sociales de gran magnitud, como el endeudamiento, la corrupción y el empobrecimiento del pueblo, sumado al entorno internacional de EDIS ANTONIO MONCADA JORGE ALBERTO RICO SALINAS Coordinador y Supervisor Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL profundos desafíos por subsecuentes choques económicos, la pandemia COVID-19 y los desastres naturales provocados por el cambio climático particularmente los huracanes ETA e IOTA, así como el conflicto bélico en Europa que afecta los precios de los combustibles y la producción de alimentos a nivel mundial, aspectos exógenos que generan inflación (65% de ella importada) y afectan directamente las finanzas públicas.
16. 16.Que el Decreto Legislativo No.83- 2004 que contiene la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 73 establece que la negociación de los empréstitos del Sector Público corresponderá a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Dirección General de Crédito Público, de conformidad a los lineamientos contenidos en esta Ley y demás leyes aplicables. En la negociación se definirán las condiciones contractuales, como ser: Destino del financiamiento, plazos de amortización, período de gracia, tasas máximas de interés y moneda para el pago, sin perjuicio de las demás condiciones que son propias en esta clase de negociación. Esta negociación y la posterior formalización estarán determinadas por las prioridades del Programa de Inversión Pública, en consonancia con el Marco Macroeconómico y Programa Financiero de Mediano y Largo Plazo que defina el Gobierno de la República.
17. 17.Que mediante Decreto Legislativo No.46-2022, se aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social. Asimismo, instruyó a buscar los mecanismos para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, las cuales ascienden al 38% que representan aproximadamente US$23.6 millones de ingresos mensuales dejados de percibir.
18. 18.Que Honduras es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático y cuenta con un elevado perfil de riesgo ante fenómenos climáticos extremos y durante más de una década se abandonó la inversión pública en el sector energía que fue orientado hacia la privatización a través de contratos onerosos que impiden el acceso al subsidio eléctrico con tarifas económicas, así como el desarrollo de nuevos proyectos para llevar energía a sectores y comunidades que aún no cuentan con el servicio.
19. 19.Que a la fecha el Gobierno de la República de Honduras, ha subsidiado el consumo de Energía mediante PCM-02-2022 a favor de las personas con consumo iguales o inferiores a 150kwh, beneficiando a más de 900 mil familias con un impacto aproximado de L.3,158.6 millones; mediante el PCM-03-2022 se aprobó la reducción del precio de la Gasolina Súper, Regular y Diésel en $0.4140 (aproximadamente L10.00) por cada galón y un subsidio adicional del 50% del aumento al precio del combustible Diésel, a través de la Secretaría de Energía (SEN) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
20. 20.Que la presente operación de Crédito se fundamenta en cuatro pilares: A) Mejora del desempeño operativo y financiero del subsector eléctrico: Busca impulsar la eficiencia operativa y financiera de la actividad de distribución de energía eléctrica, proponiendo medidas de política en reducción de pérdidas totales, revisión de los subsidios al consumo y las tarifas, mediante las cuales el Gobierno de la República de Honduras ha creado la estructura funcional para manejar el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) lo que daría un impulso a la mejora de la capacidad institucional y operativa de la ENEE. B) Transición Energética: Busca impulsar la transición energética ante el cambio climático del país a través de medidas de política que permitan aumentar la cobertura eléctrica, el impulso de la eficiencia energética en la demanda, la promoción de la electromovilidad, la diversificación de la matriz energética con fuentes limpias de generación de energía eléctrica a nivel local a través de la autogeneración en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como medidas para la expansión óptima del sistema de transmisión eléctrico de Honduras C) Impulso a la Descarbonización del Desarrollo: Contempla el apoyo directo a los procesos de planificación, gestión y financiamiento de la acción climática en Honduras, a través del cumplimento de acciones de política fundamentales para la generación de un ambiente habilitante que permita lograr la carbono neutralidad y mejorar la resiliencia en el país. D) Transparencia de la información pública para el Desarrollo Sostenible: Considera el fortalecimiento de los procesos de transparencia de la información pública para sectores que son de vital importancia para el desarrollo sostenible. Específicamente se ha priorizado la divulgación de información sobre los recursos destinados para fortalecer la acción climática a nivel nacional, así como el acceso a la información y mejora del control social para los usuarios de los servicios de agua y saneamiento en favor de la seguridad hídrica del país.
21. 21.Que el Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, ha convenido suscribir un Contrato de Préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ejecución de la “OPD en Apoyo al Fortalecimiento del Sector Energético y la Acción Climática”, el cual tiene como objetivo apoyar acciones de política y resultados de desarrollo que son prioritarios para promover crecimiento económico equilibrado, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y combate al cambio climático, al mismo tiempo que se fortalece el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
22. 22.Que el Artículo 1 de la Constitución de la República establece que Honduras es un Estado de Derecho, Soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
23. 23.Que la Constitución de la República en su Artículo 59 establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, en ese sentido deben emitirse las disposiciones y ejecutarse las acciones necesarias para protegerla y proteger sus bienes.
24. 24.Que de conformidad al Artículo 245 numerales 2,11, 19, 20 y 45 de la Constitución de la República, la Presidenta tiene a su cargo la Administración General del Estado, encontrándose entre sus atribuciones dirigir la política general del Estado y representarlo; emitir acuerdos y decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a la ley; administrar la Hacienda Pública; dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional, debiendo dar cuentas al Congreso Nacional; y, las demás que le confiere la Constitución y las Leyes.
25. 25.Que el Artículo 329 de la Constitución de la República establece que es deber del Estado promover el desarrollo económico y social. En este sentido, se deben crear condiciones de normativas que contribuyan al desarrollo de la producción y el empleo.
26. 26.Que el Artículo 333 de la Constitución de la República establece que la intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social.
27. 27.Que según el Análisis de inseguridad alimentaria aguda de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), implementada por el Programa PROGRESAN-SICA, a febrero de 2022 un total de 2.2 millones de personas en Honduras se encuentran en crisis alimentaria o peor. De estas personas, por lo menos 1, 987,000 se encuentran en crisis alimentaria y 241,000 en emergencia. Del total de la población hondureña, 2.6 millones de personas estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en junio a agosto de 2022, la cual se verá afectada por un alza en el precio de los productos de la canasta básica y combustibles.
28. 28.Que actualmente se atraviesa una crisis económica mundial producto de la pandemia de COVID-19, a lo cual se suma el conflicto Rusia-Ucrania, que ha provocado conmoción en los mercados financieros internacionales y ha aumentado drásticamente la incertidumbre sobre la recuperación de la economía mundial.
29. 29.Que los precios del petróleo y sus derivados se han mantenido al alza en los mercados internacionales, lo cual acentúa la crítica situación económica que atraviesa el país, cuyo erario público fue devastado en la anterior administración.
30. 30.Que el combustible líquido diésel es producto esencial en la economía de los hogares hondureños más vulnerables, e incide directamente en la economía nacional por constituirse como el combustible más utilizado en los vehículos de trabajo y transporte, por lo que es imperativo tomar medidas extraordinarias que permitan mitigar el impacto del alza de su precio en los consumidores y en la economía del país.
31. 31.Que el Artículo 31 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión comprendida en el Decreto Legislativo 278-2013 y publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 30 de diciembre de 2013, en su edición número 33,316, faculta a las Instituciones del Poder Ejecutivo que otorgan subsidios para que implementen los mecanismos necesarios para la focalización de éstos en los beneficiarios.

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