Decreto Legislativo — Suspensión del Artículo 7 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública

El Congreso Nacional ratifica la suspensión de garantías constitucionales por 45 días en Honduras (del 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025) para combatir la criminalidad organizada. Afecta a ciudadanos en 226 municipios del país, permitiendo detenciones sin las protecciones normales. Busca reducir homicidios, extorsión y delitos graves mediante operativos de la Policía y Fuerzas Armadas.

Este decreto autoriza la suspensión de derechos constitucionales por 45 días (del 6 de enero al 20 de febrero de 2023) en zonas específicas de Honduras para combatir la criminalidad organizada, extorsiones y violencia. Permite a la policía y fuerzas militares detener personas sospechosas en barrios identificados del Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios, respetando principios de necesidad y proporcionalidad.

El Congreso Nacional aprueba la suspensión de ciertos derechos constitucionales (garantías) por 45 días en Honduras para combatir la criminalidad organizada, especialmente la extorsión. Esta medida permite a la policía y fuerzas de seguridad detener sospechosos en municipios específicos del país, respetando derechos humanos internacionales.

Este decreto permite que durante 2021 y la emergencia sanitaria del COVID-19, los municipios realicen sus cinco cabildos abiertos anuales de forma presencial o virtual, según las condiciones de cada localidad. Protege a los alcaldes de sanciones por no cumplir esta obligación durante la pandemia y permite socializar proyectos municipales a solicitud de los interesados.

Este decreto suspende temporalmente la obligación de realizar cinco cabildos abiertos anuales en las municipalidades durante la pandemia COVID-19, permitiendo que se realicen virtualmente si es necesario. También extiende el período de los Comisionados Municipales de Transparencia hasta que se puedan celebrar nuevos cabildos abiertos, evitando que los alcaldes sean sancionados por incumplimientos fuera de su control durante la emergencia sanitaria.