DIARIO OFICIAL LA GACETA No. 36,967

Considerandos

1. 1.Que de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos: 1, 235, 245 numerales: 2), 5), 35) y 45) de la Constitución de la República, Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como una república libre, democrática e independiente en la cual la titularidad del Poder Ejecutivo es ejercido, en representación y para beneficio del pueblo por la Presidenta de la República, a quien corresponde dentro de sus atribuciones dirigir la Política General del Estado y representarlo, nombrar y separar libremente a los Secretarios y Sub Secretarios de Estado y a los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades. Así como, el de crear, mantener y suprimir servicios públicos y tomar las medidas que sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismos.
2. 2.Que el artículo 63 de la Constitución de la República garantiza que las declaraciones, derechos y garantías contenidas en la misma no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derecho y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.
3. 3.Que, en concordancia con lo previamente señalado, la Presidenta de la República, mediante Decreto Ejecutivo PCM 05-2022 el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta 35,892 de fecha 06 de abril de 2022, procedió, en el ejercicio de las facultades nominadas en los artículos: 4 y 28 de la Ley General de la Administración Pública a realizar una reestructuración de la Administración Pública, mediante la supresión y creación de algunas Secretarías de Estado u otros órganos, con el objeto de cumplir con la responsabilidad estatal de planificar todas sus políticas y -- 1 of 36 -- EDIS ANTONIO MONCADA ELSA XIOMARA GARCIA FLORES Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL actividades hasta alcanzar el desarrollo social equitativo. Acto mediante el cual creó la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica (SPE), a la cual se encuentra adscrita, como un órgano de la Administración Centralizada, la Dirección General de Información y Prensa del Gobierno de la República.
4. 4.Que, como consecuencia de la reestructuración del Estado, del proceso de intervención de la Dirección Nacional de Servicio Civil (DGSC) y de la transición de este último a la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), han provocado ciertos atrasos en los procesos de nombramiento del personal permanente de las Secretarías de Estado, de los Órganos Desconcentrados y demás instituciones que deben de administrar el recurso humano bajo el Régimen de Servicio Civil. Siendo consecuencia de dichas circunstancias el que las instituciones se viesen obligadas a precarizar la forma de contratación del recurso humano realizándolo de manera temporal bajo la modalidad de contrato, siendo renovados en algunos casos de manera consecutiva.
5. 5.Que de conformidad a lo establecido en el artículo 64 Constitucional, en relación con los artículos: 8 numeral 4), 116 y 124 literal c) de la Ley General de la Administración Pública, no se aplicarán leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier orden que regulen el ejercicio de las Declaraciones, Derechos o Garantías establecidos en la Constitución si los disminuyen, restringen o tergiversan, razón por la cual en el acto mediante el cual se creen, fusionen, supriman o escindan dependencias del Poder Ejecutivo deberá conservarse la antigüedad y los Derechos Adquiridos de los empleados o servidores públicos que ostenten Acuerdos Ejecutivos de nombramiento, los cuales continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute y en el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes y aquéllos que ocupasen puestos de confianza antes de la entrada en vigencia de leyes especiales que modifiquen la estructura organizativa de entes u órganos del Estado, continuarán en sus funciones hasta que finalicen el periodo para el cual fueron nombrados según el respectivo acuerdo y, en defecto de plazo o periodo, hasta que fueren cancelados.
6. 6.Que de conformidad con la norma jurídica contenida en el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo en relación con el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil y los artículos: 2 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 6 del Reglamento de Organización, -- 2 of 36 -- Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, las relaciones laborales de los Servidores Públicos de la Administración Centralizada se regirán bajo las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil, la cual tiene como finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público. Comprendiéndose que al utilizarse la expresión: “Administración Pública”, dentro de la misma se incluye a la Centralizada como la Descentralizada.
7. 7.Que la Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia mediante la circular 1-2014 de Unificación de Criterios en Materia Laboral, emitida el 05 de junio de 2014, estableció que: “la estabilidad laboral tiene sus fundamentos en la Constitución de la República y sustenta en el hecho de que mientras persista la materia del empleo deberá mantenerse la continuidad en el mismo y por ello, solo en casos particulares la duración del contrato de trabajo puede ser temporal…” . En tal sentido, y conforme al ordenamiento jurídico vigente, la permanencia en el trabajo dentro de una relación laboral debe ser la regla y no la excepción como lo establece el artículo 47 del Código del Trabajo, razón por la cual, si un trabajador ha prestado sus servicios a través de contratos por tiempo determinado para la misma clase de trabajo, se debe tomar en cuenta el principio protectorio del derecho laboral, especialmente en lo relativo a la aplicación de la norma más favorable, la irrenunciabilidad de derechos y el carácter de orden público de las disposiciones laborales, por lo que, no cabe aplicar criterios restrictivos, ni limitar derechos que el patrono debió reconocer sin necesidad de que el trabajador lo exigiese judicialmente. Criterio que ha sido reiterado en la sentencia CL-190-2014 de fecha 31 de marzo de 2016.
8. 8.Que uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento del Poder Ejecutivo y la recuperación del Estado de Derecho, es el respeto de la institucionalidad y la carrera administrativa, para lo cual es indispensable la reestructuración y modernización del sistema de administración de personal en el servicio público.
9. 9.Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones del Poder Ejecutivo, la titular del mismo se encuentra legitimada para emitir los actos administrativos que fuesen necesarios, tal como lo establece el artículo 245 numeral 11) de la Constitución de la República en relación con los artículos: 116, 117 y 118 de la Ley General de la Administración Pública.
10. 10.Que, tal como lo expresa el artículo 124 literal c) de la Ley General de la Administración Pública la Presidenta de la República se encontrará legitimada, para modificar, ampliar o variar por medio de la emisión de un Decreto Ejecutivo lo relativo a las situaciones laborales que surjan de la creación, fusión, supresión o escisión de dependencias del Poder Ejecutivo, cuando no existan disposiciones que regulen las mismas.

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