Diario Oficial La Gaceta No. 37,105 — 27 de marzo de 2026

Esta edición publica una reforma a la Ley de Municipalidades que protege las transferencias estatales a los municipios limitando los embargos judiciales al 30% máximo. La medida garantiza que los municipios puedan continuar pagando salarios y servicios básicos incluso cuando enfrentan deudas por sentencias judiciales. Los jueces que violen este límite serán responsables civilmente, penalmente y administrativamente.

Que la Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 298, consagra la autonomía municipal como principio fundamental, garantizando a los municipios la capacidad para administrar sus recursos y prestar servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento, recolección de basura, mantenimiento vial y atención básica, los cuales dependen mayoritariamente de las transferencias del Gobierno Central.

Que el Artículo 91 de la Ley de Municipalidades regula las transferencias del Estado a las municipalidades, equivalentes al once por ciento (11%) de los ingresos tributarios nacionales, distribuidas mensualmente, constituyendo la principal fuente de financiamiento para la mayoría de los municipios, en especial los de Categorías C y D con escasa recaudación propia.

Que, en la actualidad, más de setenta (70) municipalidades enfrentan embargos judiciales por ejecución de sentencias firmes que superan los MIL DOSCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.1,200,000,000), según Informe actualizado de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), generando retenciones que en muchos casos alcanzan el cien por ciento (100%) de las transferencias, lo que paraliza el pago de salarios, servicios básicos y ejecución de obras, afectando gravemente a la población de cada municipio.

Que es necesario reducir y reforzar el límite a los embargos judiciales sobre dichas transferencias, estableciendo un tope máximo del treinta por ciento (30%) para garantizar la sostenibilidad financiera municipal, equilibrar el cobro de deudas consolidadas por Sentencias Firmes con la protección del interés público y la continuidad de los servicios esenciales, en armonía con los principios de proporcionalidad y bien común.

Que los jueces que ordenen embargos en contravención a límites legales incurren en abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por lo que deben responder civil, penal y administrativamente, pudiendo iniciar cualquier investigación en su contra de oficio o a denuncia de parte.

Que esta reforma fortalece la autonomía municipal, en armonía con la Descentralización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11) y experiencias regionales que protegen fondos públicos transferidos contra embargos excesivos, contribuyendo a mitigar la crisis financiera que afecta actualmente a decenas de alcaldías.

Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes.