Edicto — Autorización Judicial para Adopción de Menor Abigail Alejandra Hidalgo
Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán
- Publicación: 11 de enero de 2020
- Órgano emisor: Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán
- Gaceta: 35,146
Texto completo
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN A V I S O El infrascrito, Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de Familia, del departamento de Francisco Morazán, en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 176 del Código de Familia, reformado por Decreto Legislativo No. 137-87, para los efectos legales, al público en general, HACE SABER: Que ante este Juzgado se han presentado los señores CESAR RAMON CACERES GARAY Y KARLA PATRICIA ALVARADO RUBI, mayores de edad, casados, de nacionalidad hondureños, solicitando autorización Judicial para adoptar de la menor ABIGAIL ALEJANDRA HIDALGO.- Se hace del conocimiento al público en general para el efecto de que cualquier persona con interés contrario a la presente adopción, pueda comparecer ante este Juzgado antes de dictarse sentencia, exponiendo las razones de su inconformidad. Tegucigalpa, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. ELISA AUXILIADORA MARTÍNEZ Secretaria, Por Ley 11 E. 2020.
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- Código de Comercio de Honduras — Este Código de Comercio establece las reglas que rigen a los comerciantes, sus negocios y las operaciones mercantiles en Honduras. Define quiénes son comerciantes, qué son actos de comercio, regula diferentes tipos de sociedades mercantiles (como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y cooperativas), y establece sus obligaciones, derechos y responsabilidades ante terceros y entre socios. (Decreto 73-1950, 1950)
- Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito — Esta ley permite al Estado confiscar permanentemente bienes de origen ilícito sin necesidad de condenar penalmente al propietario. Aplica a bienes de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y otros delitos, incluso si no hay sentencia penal. Busca debilitar el crimen organizado eliminando sus ganancias económicas. (Decreto 26-2010)
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